Tras las gestiones y el reclamo formal presentado por el gremio de judiciales ante la Administración General del Poder Judicial, se logró revertir la medida intempestiva que pretendía quitar la totalidad del estacionamiento al personal. Si bien el reclamo exigía la restitución de las 17 cocheras originales, la asignación de 12 espacios representa un importante avance en favor de la equidad.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) obtuvo una respuesta favorable al planteo presentado ante la Administración General, asegurando que se mantengan 12 espacios de estacionamiento destinados a las y los trabajadores en la sede judicial de Villa Carlos Paz.

El conflicto se originó a partir de la intempestiva orden de cese de uso de las 17 cocheras que la planta de empleados venía utilizando desde la inauguración del nuevo edificio. Frente a este avasallamiento, nuestro gremio actuó de inmediato en defensa de las condiciones de trabajo y el bienestar de los compañeros y compañeras.

Aunque la resolución oficial no restituye la totalidad de las 17 cocheras solicitadas, desde AGEPJ valoramos esta asignación de 12 lugares como un triunfo parcial y un avance concreto fruto de la organización colectiva.

La decisión de la patronal implica un reconocimiento explícito a los argumentos presentados por la conducción gremial, los cuales enfatizan:

  • La grave problemática del tránsito y estacionamiento: La enorme dificultad para estacionar en las inmediaciones del edificio judicial de Carlos Paz es una situación crítica que AGEPJ viene advirtiendo y gestionando desde el día uno de la apertura del inmueble.
  • El principio de equidad: La distribución de los espacios y recursos de la infraestructura del Poder Judicial debe regirse siempre por la justicia distributiva y la equidad entre magistrados, funcionarios y trabajadores, y no por privilegios de jerarquía.

Este logro demuestra una vez más que la organización y unidad en el reclamo y la presencia gremial son las herramientas fundamentales para defender nuestros derechos y exigir el respeto que cada trabajador y trabajadora judicial merece.