AGEPJ presentó formalmente una nota al presidente del TSJ y al Fiscal General en la que se manifiesta la preocupación ante la falta de certezas y claridad en torno a la nueva ley que contempla la creación de nuevas Fiscalías de Instrucción y de Narcotráfico tanto en Córdoba Capital como en el interior provincial.

En dicha presentación, el gremio advirtió la preocupación en tanto no surge, de la escasa información al respecto, que dicha multiplicación de Fiscalías y Juzgados de control vaya acompañada de la creación de nuevas oficinas también determinantes para un buen servicio de justicia. Se habla de creación de Fiscalías específicas y de Instrucción sin prever la ampliación de las Asesorías letradas penales, como así tampoco nada se dice sobre la ampliación de los cuerpos Operativos de la Policía Judicial ni de los Equipos técnicos de capital y del interior provincial, vinculados a la investigación penal.

Todas estas dependencias son relevantes para acompañar un aumento de las causas judiciales, tanto equipos que acuden al lugar del hecho y recogen la prueba científica, pasando por profesionales que realizan informes para colaborar en la toma de decisión judicial como por la defensa pública que garantiza un correcto acceso a la justicia. Tampoco existe información cierta sobre si se prevé o no una ampliación de las Unidades Judiciales que, como se sabe, son las oficinas que de manera continua receptan denuncias y tramitan los primeros pasos de la investigación penal.

Capítulo aparte, pero de suma gravedad, es la disposición de la citada ley que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a contratar – bajo cualquier modalidad- personal para desempeñar tareas en el Poder Judicial. Esta inclusión nos alerta por la intromisión del ejecutivo en el poder judicial, así como la precarización que ello conlleva, la alteración del ingreso por concursos y por lo tanto esta asociación gremial rechaza de plano.

Si bien desde AGEPJ se entiende la necesidad en ampliar cada vez más el sistema de justicia y atender a la demanda social en materia de seguridad, se advierte que el aumento de Fiscalías sin el correlato de todas las oficinas que también intervienen en la investigación penal solo generará un cuello de botella y un atraso cada vez mayor en la respuesta final, tan necesaria para este tipo de problemáticas.