El viernes 8 de marzo AGEPJ decretó el estado de Alerta y Movilización en las unidades judiciales de toda la provincia previo haber realizado el jueves 7 de marzo una asamblea de sumariantes en capital y comunicación con delegados, delegadas y sumariantes de las sedes del interior.
El alerta es el paso previo a medidas de fuerza más contundentes si no hay respuesta a los reclamos de ingreso de personal, respeto de los topes de horas legales y descansos entre jornadas. Lo subyacente es el cambio de una ecuación: la dotación de personal de las unidades judiciales y el CRPPA (centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas) se tornó insuficiente frente a una realidad que muestra un aumento exponencial del delito al compás del deterioro económico y social que viene arrastrando el país y la provincia, profundizado a niveles nunca vistos con la devaluación de más del 120 %, ajuste, estampida de precios y caída de los ingresos desde diciembre de 2023.
Por citar algunos datos: el mismo MPF (Ministerio Público Fiscal) reconoce un aumento del 40 % más de detenciones en flagrancia (declaraciones a diario perfil el 10/03/2024), correspondiente con lo recabado por AGEPJ relevando, en dicha dependencia que para enero y febrero de 2023 se iniciaron 1643 sumarios con 1662 presos en tanto que para los mismos meses de este año 2024 los sumarios fueron 1866 con 2291 presos). A su vez, tomando por ejemplo los datos de la unidad judicial número 10 (porcentajes que se reiteran en la casi totalidad de las demás unidades judiciales de la provincia) el 7/03/2023 acumuló 800 sumarios iniciados en tanto que para los mismos meses de este año los sumarios iniciados fueron 1518 o sea un 94,87 por ciento de incremento. Anteriormente AGEPJ ya puso en conocimiento del MPF el estado de las unidades judiciales del interior, ejemplificando en la muy crítica falta de personal de la Unidad Judicial de San Francisco.
Como se ve el panorama es grave. Las empleadas y empleados sumariantes vienen haciendo mucho esfuerzo para sostener el servicio de justicia en las actuales condiciones, (tal como lo hicieron durante la pandemia donde no se suspendieron sus tareas mientras en otros sectores se hizo teletrabajo) pero ello no debe realizarse a costa de sus derechos laborales y su salud por lo que requerimos al MPF acciones urgentes para afrontar la crisis. Es más, tenemos una realidad en la vecina Santa Fe en la que no queremos caer como provincia, por lo que se torna ineludible también el auxilio del Poder Ejecutivo al presupuesto del Poder Judicial para afrontar los déficits planteados.
Al respecto rechazamos de plano las declaraciones de mandos medios del Ministerio Público Fiscal vertidas al diario Perfil el domingo 10 de marzo donde se achaca “falta de compromiso” de las y los sumariantes frente a la ola delictiva. Por el contrario, si existiera dicha falta ya hubiera estallado el sistema en Córdoba, porque los que están corporizando la respuesta judicial a la inseguridad y la crisis social son las y los sumariantes.
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