Ante la falta de respuestas por parte de la patronal respecto a las malas condiciones de trabajo a la que son sometidos los empleados y empleadas del predio de Accidentología Vial, especialmente aquellos que prestan tareas en las oficinas de Pericias Numéricas y Mecánicas cuando tienen que trabajar en el potrero del Estado, desde AGEPJ convocamos a asamblea para el día 27 de marzo desde las 7am.

Desde la asociación gremial de empleados judiciales reclamamos hace años soluciones estructurales respecto al nulo mantenimiento del predio, el cual perjudica y vulnera la salud de quienes tienen que acceder al lugar para llevar a cabo su trabajo.
Concretamente exigimos que, como primera medida, se implemente un plan sostenido en el tiempo para desmalezar y cortar los pastos del predio, los cuales usualmente superan la altura de los vehículos allí alojados. Es inconcebible pensar que se puede llevar a cabo algún tipo de pericia dentro del predio cuando los compañeros y compañeras ni siquiera pueden encontrar los móviles a peritar.

Esta situación se torna doblemente grave en el contexto sanitario actual, en donde los casos de dengue se multiplican día a día incluyendo a varios trabajadores del sector que se encuentran transitando la enfermedad. Dentro de las recomendaciones de los Gobiernos Nacional y Provincial se destacan la necesidad de mantener patios y jardines limpios y desmalezados, por un lado, y el uso de repelente por otro.

Como segunda medida creemos urgente distribuir repelente para insectos entre los empleados y empleadas que realizan trabajo en la calle, tanto en Accidentología Vial, pericias numéricas y pericias mecánicas, cómo así también entre los cuerpos operativos de Policía Judicial. Es inconcebible que, dado el estado de situación, la patronal haya decidido cortar el abastecimiento del mismo, no solo negando la entrega a quienes lo solicitan a suministros, si no también amenazando con no reconocer los gastos a aquellos jefes y jefas que usen el dinero de la caja chica para comprar repelentes en pos de cuidar la salud de sus empleados y empleadas. Desde el gremio nos es difícil entender la lógica para distribuir los recursos económicos de la institución, pero también sabemos que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se vulneren los derechos y la salud de quienes desempeñan tareas como agentes de justicia.