El jueves 12 de febrero se realizó una nueva reunión en la sede de SIVIALCO (Viales Córdoba) con los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, en la que se ultimaron los detalles técnicos y operativos para la presentación del amparo colectivo contra la mal llamada Ley de “Equidad Jubilatoria” (Ley 11.087), que declara la emergencia previsional en la provincia.

La iniciativa judicial forma parte de una estrategia gremial integral en defensa de los derechos previsionales y laborales del conjunto de las y los trabajadores estatales tanto activos/as como jubilados/as, ante un escenario de ajuste que ha significado incrementos en los aportes personales y un fuerte impacto en los salarios y jubilaciones.
Durante todo el mes de enero se sostuvo un proceso de organización y acción coordinada, con reuniones periódicas entre los gremios aportantes y sus equipos jurídicos, articulando estrategias gremiales y legales para consolidar un plan de acciones común frente al ajuste previsional.

En tal sentido se acordó convocar a una jornada de protesta el próximo viernes 20 de febrero, en el marco de la presentación formal del amparo colectivo a las 11 hs. Desde AGEPJ la Comisión Directiva dispuso acompañar la movilización con un paro desde las 10 hs. sin retorno en toda la provincia:

🕚 10 hs. – Paro provincial: con abandono de tareas sin retorno y concentración en Tribunales I (El paro comienza a las 10 hs. del día 20/02 en toda la provincia. Finaliza a las 24 hs. del dia 20/02 o a la culminación del turno donde exista trabajo nocturno).
🕚 11 hs. – Concentración en Tribunales I, junto al resto de los gremios aportantes, para acompañar la presentación judicial.

Reafirmamos que vamos a seguir fortaleciendo la unidad, la movilización y todas las acciones gremiales y legales necesarias para frenar el ajuste previsional.

Al mismo tiempo, seguimos apostando a la conformación de una mesa provincial de diálogo que permita avanzar en soluciones estructurales al problema previsional cordobés, sin que la variable de ajuste sean las y los trabajadores activos y jubilados.

El Gremio de Judiciales de Córdoba junto a todas las centrales de trabajadores de la provincia encabezaron una gran movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral que se trata el Senado. En el marco de la discusión de la ley en el Senado nacional, AGEPJ decreto paro provincial desde las 10 hs. Y movilización a la Casa Historica de la CGT Córdoba.

La Federación Judicial Argentina, participó de la movilización en la ciudad autónoma de Buenos Aires al Congreso de la Nación.

La “histórica casa” de la CGT de Córdoba, ubicada en Vélez Sarsfield 137 fue la sede de la concentración para luego marchar por las calles de Córdoba hasta concentrar en al acto central en el que  Federico Corteletti Secretario General de AGEPJ y de la CGT pronunció el discurso de cierre. 

 

En un comunicado conjunto los gremios de Córdoba expresaron que la reforma laboral «Atenta contra nuestros derechos laborales más elementales» y que la movilización expresó un gran malestar «para que nuestros diputadas y diputados y senadores y senadoras sepan que rechazamos una ley que atenta contra el pueblo y sus fuentes de trabajo».

Por su parte desde AGEPJ advirtieron que la iniciativa mal llamada de “modernización laboral” constituye en realidad un gran retroceso en los derechos de las y los trabajadores que tendrá consecuencias también en la Justicia de Córdoba.

En la primera semana hábil del año, y tras la publicación del calendario judicial con los días de receso invernal correspondientes a julio de 2026, AGEPJ presentó un reclamo formal ante la Administración General del Poder Judicial por la incorrecta previsión de los días de feria.

Desde el gremio se advirtió que el calendario judicial no respeta lo establecido en la Acordada Reglamentaria N° 1445 Serie “A” del 31 de agosto de 2017, que reglamenta el artículo 47 del Reglamento de Administración Laboral (R.A.L.). Dicha normativa determina que el receso invernal debe extenderse durante ocho días hábiles, en concordancia con el receso escolar de invierno previsto en la Ley Provincial N° 8435.
Sin embargo, según el cómputo publicado, sólo se contempló como día inhábil el 9 de julio, omitiéndose el 10 de julio, declarado día no laborable conforme al calendario oficial nacional publicado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley Nacional N° 27.399.

Esta omisión implica que no se complete la totalidad de los ocho días hábiles de receso invernal previstos por la acordada del Tribunal Superior de Justicia, motivo por el cual AGEPJ solicitó que se incorpore un día más de feria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

La Administración General del Poder Judicial recibió el reclamo y comunicó a AGEPJ que el planteo se encuentra actualmente en estudio, comprometiéndose a brindar una respuesta en los próximos días.

Desde AGEPJ continuamos realizando el seguimiento del reclamo, en defensa del cumplimiento de los derechos laborales y las condiciones de trabajo de las y los judiciales.

Como venimos informando desde AGEPJ, la aplicación de la mal llamada “Equidad Jubilatoria” (Ley 11.087) generó nuevos descuentos en los haberes de trabajadoras y trabajadores judiciales y también en jubilaciones al aumentar los aportes personales impactando de manera directa en el salario de bolsillo.

Frente a esta situación, durante enero seguimos movilizándonos junto al resto de los gremios aportantes y el miércoles 4/2 participamos de una masiva caravana de protesta. En paralelo, trabajamos de manera conjunta con los gremios y sus estudios jurídicos en la confección de un amparo colectivo, junto con amparos individuales testigo, para cuestionar la constitucionalidad de la norma y reclamar la devolución de los fondos descontados a activos/as y jubilados/as.

En este marco, se informan dos vías judiciales complementarias:
🔹 Amparos individuales (opción particular)
Se encuentra disponible la posibilidad de iniciar acciones de amparo individuales, tanto para agentes activos/as como jubilados/as, solicitando la inconstitucionalidad de la ley, el cese del incremento de aportes, la devolución de lo descontado y una medida cautelar para frenar los descuentos de manera inmediata. Esta acción puede realizarse con cualquier estudio jurídico que la persona interesada elija.

Para ello se indican los plazos legales:
• Amparo: 15 días hábiles (vence el 24/2).
• Impugnación del recibo con cautelar: 10 días hábiles (vence el 13/2).

Desde AGEPJ ofrecemos dos opciones de estudios jurídicos que han elaborado propuestas para el caso:

a) Por un lado, el Estudio Jurídico Carena-Menvielle , de especialidad previsionalista.
Costos
• Activos/as: el valor equivalente a una retención aplicada por la nueva ley, o $640.000 (16 JUS) si la retención fuera menor, más 15% (cuota litis).
• Jubilados/as: $500.000 para haberes superiores a $2.500.000 y $375.000 para haberes inferiores.
Los montos incluyen además del amparo y su medida cautelar toda la tramitación judicial hasta la CSJN y pueden abonarse en 2 o 3 cuotas por transferencia.
Operativa: Se debe tramitar una Carta Poder con firma certificada (envío escaneado y luego físico).
Contacto Estudio Carena-Menvielle
• 📧 secretaria@carenamenvielle.com.ar
• 📱 WhatsApp: 3518 04-5784
• 🕗 Horario de atención: 8 a 17.30 hs
• 📍 Miguel del Corro 309 – Córdoba

b) Por otro, se ofrece el Estudio Granillo Pueyrredón, que elaboró una propuesta para el sector.
Costos
• Activos/as y Jubilados/as: un costo de $250.000, puede ser abonado en 3 cuotas por transferencia.
Los montos incluyen además del amparo y su medida cautelar toda la tramitación judicial hasta la CSJN.
Para determinar la operativa y más información contacto Estudio Granillo Pueyrredón:
• 📱 WhatsApp: 3513513178 – 3513144537
• 📍 Duarte Quirós 620 (2 P, Of. 5) – Córdoba.

🔹 Amparo colectivo de los gremios
En paralelo, los gremios aportantes impulsaremos un amparo colectivo, elaborado en conjunto por los estudios jurídicos que representan a las organizaciones sindicales.

El planteo cuestiona la constitucionalidad de la ley:
• Para activos/as, por su carácter confiscatorio cuando la suma de descuentos supera el 30% del salario.
• Para jubilados/as, porque afecta el haber previsional y el cálculo original sobre el 82% del haber bruto, sumado a la urgencia propia de la edad del sector.
Nuestro gremio, está proponiendo al conjunto de gremios estatales una movilización con motivo de su presentación.

El miércoles 4 de febrero se llevó adelante una caravana de autos impulsada por todos los gremios estatales aportantes a la Caja de Jubilaciones, en defensa de los derechos jubilatorios y salariales y para exigir al Gobierno provincial la derogación de la Ley 11087.

En un marco de unidad sindical, las organizaciones estatales reafirmamos la decisión de sostener un plan de lucha común frente al ajuste que impacta sobre salarios y jubilaciones. AGEPJ acompañó activamente la medida, con una importante presencia de cuerpos orgánicos, Comisión Directiva y delegadas y delegados de Capital.

Finalizada la caravana, en la sede del sindicato se realizó una reunión conjunta de Comisión Directiva y del Plenario de delegadas y delegados de Capital, donde se compartió un análisis del contexto nacional y provincial, se reflexionó sobre el proceso de unidad de los gremios estatales y se debatieron las acciones a desarrollar frente al ajuste y al proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional.
En ese marco, los gremios estatales resolvieron avanzar con una movilización para la presentación de un amparo colectivo, junto con amparos individuales de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados contra la Ley 11087, prevista para la próxima semana, y ratificaron la necesidad de un paro posterior, cuya fecha será definida oportunamente.

La caravana se inscribe en un proceso de organización y acción sostenido durante enero, con reuniones periódicas entre gremios aportantes y equipos jurídicos, coordinación de estrategias gremiales y legales, y acciones de protesta en distintos puntos de la provincia, que fortalecieron la unidad de acción frente al ajuste previsional.

Finalmente, los cuerpos orgánicos de AGEPJ expresaron su solidaridad con las compañeras y compañeros del Hospital Garrahan, frente a la persecución sindical que atraviesan. Estos hechos alertan sobre el debilitamiento de la tutela y la libertad sindical, en un contexto agravado por el proyecto de reforma laboral, que avanza sobre derechos fundamentales de las y los trabajadores.

En el día de ayer, los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba realizamos una acción de visibilización del conflicto previsional en el peaje provincial de Carlos Paz, en el marco del plan de lucha gremial y jurídico definido colectivamente.

La medida se llevó adelante de manera pacífica y sin impedir en ningún momento la libre circulación por la ruta, garantizando el derecho al tránsito. El objetivo fue visibilizar el rechazo a la ley de ajuste previsional impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que vuelve a descargar el ajuste sobre las y los trabajadores activos y pasivos.

Repudiamos enérgicamente la denuncia realizada por Caminos de las Sierras, que intenta judicializar una protesta legítima y criminalizar el derecho constitucional a reclamar. Frente al ajuste, la protesta social no es un delito: es la única herramienta que tenemos las y los trabajadores para defender el salario y una jubilación digna.

Exigimos la derogación inmediata de la ley previsional impulsada por el Gobierno provincial, que incrementa los aportes de las y los trabajadores activos y reduce de manera directa los haberes jubilatorios, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos.

Al mismo tiempo, reclamamos al presidente Javier Milei y al Gobierno Nacional la devolución urgente de los fondos previsionales adeudados a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, recursos que pertenecen a las y los trabajadores y cuya retención agrava el desfinanciamiento del sistema previsional provincial.

Denunciamos además que en un medio público de Córdoba se decidió dar de baja la difusión que permitía visibilizar en los medios el reclamo de los gremios aportantes contra la reforma previsional en los Festivales de verano. Esta decisión constituye un grave ataque a la libertad de expresión, al pluralismo informativo y al derecho de las y los trabajadores a que su reclamo sea escuchado.

Estas prácticas buscan silenciar y censurar a quienes se organizan y luchan por una jubilación digna, utilizando herramientas administrativas y recursos públicos para disciplinar el conflicto social. Rechazamos cualquier intento de censura y advertimos sobre la gravedad institucional que implica callar voces en los medios públicos y espacios culturales financiados por el Estado.

Seguimos apostando a una mesa provincial de diálogo para avanzar de manera conjunta con el gobierno provincial en relación a posibles soluciones al problema previsional cordobés, sin ajustar a las y los trabajadores y a las y los jubilados.
Los gremios aportantes reafirmamos que vamos a seguir fortaleciendo la unidad, la movilización y todas las acciones gremiales y legales necesarias para frenar el ajuste previsional. No nos van a disciplinar ni con denuncias, ni con censura, ni con recortes: vamos a seguir defendiendo el salario, las jubilaciones y el derecho a reclamar.

SEP – SELC (LEGISLATIVOS) – UEPC – ACEC (CASINOS) – SUOEM – GRÁFICOS – ADEME – LUZ Y FUERZA REGIONAL – LUZ Y FUERZA CBA – LUZ Y FUERZA RÍO CUARTO – SIVIALCO – MÚSICOS – UPS – JUDICIALES – FEDERACIÓN DE MUNICIPALES – AMET – APSE – BANCARIA CÓRDOBA – BANCARIA RÍO CUARTO – BANCARIA VILLA MARÍA – BANCARIA MARCOS JUÁREZ – BANCARIA SAN FRANCISCO – SADOP

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) estuvo presente en la nueva reunión realizada en la sede de UEPC el 8 de enero junto a representantes de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones y los cuerpos jurídicos de cada entidad gremial. El encuentro estuvo destinado a seguir delineando el rumbo político – gremial del reclamo en contra de la nueva denominada “de Equidad Jubilatoria” (Ley 11.087) que declara la emergencia previsional, y con ello, las estrategias jurídicas que puedan acompañarse.

Más allá de la protesta en las calles, los gremios estatales acordaron avanzar con una estrategia judicial coordinada para cuestionar la Ley de Equidad Jubilatoria (Ley 11.087), considerada lesiva para las y los aportantes y el conjunto de jubilados y jubiladas de esos sectores. El objetivo es presentar una acción judicial colectiva al retorno de la feria con representación de las distintas organizaciones sindicales, entre ellas AGEPJ, con la vista puesta en resguardar el poder adquisitivo futuro de los haberes y jubilaciones.

La iniciativa no sólo queda circunscripta a la provincia. Los sindicatos cordobeses diseñan una acción colectiva con sus pares de otras 12 jurisdicciones que aún no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación, con miras a coordinar reclamos nacionales tanto contra la administración provincial como contra el gobierno nacional por los fondos adeudados a las cajas previsionales provinciales. También se evaluaron opciones para acudir a la Corte Suprema de Justicia en el reclamo por la devolución de los fondos previsionales a la Caja de Jubilaciones previsional.

Además de marchas y acciones judiciales, las organizaciones sindicales planean campañas de comunicación en espacios con alcance federal, aprovechando festivales y eventos culturales de gran audiencia en Córdoba, como Festivales como los de Jesús María, Cosquín y Villa María, para amplificar el rechazo a las reformas y reclamar soluciones concretas al desfinanciamiento de la Caja.
AGEPJ reafirma su compromiso con la defensa de los derechos previsionales y laborales del conjunto de estatales. En un escenario de ajuste y de incrementos en los aportes, el sindicato se coloca al frente de la unidad gremial, la protesta social y la vía judicial como herramientas de lucha para proteger el salario y la jubilación.

En el día de la fecha, lunes 5 de enero,  se realizó una nueva reunión de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba, en la sede de SIVIALCO (Sindicato de viales), con una amplia y contundente participación de organizaciones sindicales de distintos sectores del Estado y la actividad privada.

Durante el encuentro se realizó un balance de la última marcha provincial, que fue masiva y expresó con claridad el rechazo de las y los trabajadores activos y pasivos a la nueva ley de ajuste previsional impulsada por el Gobierno provincial. A partir de allí, se debatieron y definieron los pasos a seguir para profundizar el plan de lucha.

Movilización  diciembre 2025

En el plano gremial, las organizaciones sindicales resolvieron avanzar con medidas sorpresivas durante enero de forma de visibilizar el conflicto y denunciar públicamente al Gobierno de Córdoba por la suba de los aportes previsionales, que vuelve a descargar el ajuste sobre quienes viven de su salario y su jubilación.

En el plano jurídico, se resolvió realizar una reunión con los asesores legales de los gremios aportantes a los fines de evaluar las acciones jurídicas a seguir de forma conjunta entre todos los sindicatos contra la nueva ley previsional, que impone aumentos escalonados de aportes a las y los trabajadores activos y una merma directa en los haberes jubilatorios. La normativa establece que los futuros aumentos para las y los pasivos quedarán absorbidos por los nuevos porcentajes de aporte, consolidando un esquema de licuación permanente de ingresos.

También se discutieron ideas conjuntas para acercar el reclamo de todos los gremios aportantes a las instancias de mediación que hoy se tramitan ante la CSJN a fin de acompañar el reclamo de la provincia por la devolución de los fondos previsionales adeudados. Y, además, se discutió la posibilidad de realizar reuniones nacionales de todos los gremios afectados con Cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación a fin de trazar acciones gremiales y jurídicas comunes.

Los gremios aportantes hemos denunciado y seguiremos denunciando este nuevo esquema de aumentos previsionales, exigiendo la eliminación inmediata de los nuevos porcentajes, ya que no sólo recortan el salario y las jubilaciones actuales, sino que seguirán impactando negativamente en los sueldos futuros si no se actualizan las escalas, tal como ya ocurrió con la ley previsional del año 2023.

La unidad de las organizaciones gremiales, la lucha en las calles y el avance por todas las vías legales son hoy herramientas indispensables para frenar un ajuste que pretende consolidarse a costa de las y los trabajadores activos y pasivos.

 

SEP – SELC (LEGISLATIVOS) – UEPC – ACEC (CASINOS) – SUOEM- GRAFICOS – ADEME – LUZ Y FUERZA REGIONAL – LUZ Y FUERZA CBA- LUZ Y FUERZA RIO CUARTO – SIVIALCO – MÚSICOS – UPS – JUDICIALES- FEDERACIÓN DE MUNICIPALES – AMET- APSE-BANCARIA CORDOBA- BANCARIA RIO CUARTO- BANCARIA VILLA MARIA- BANCARIA MARCOS JUAREZ- BANCARIA SAN FRANCISCO- SADOP

 

Desde AGEPJ informamos que, a partir de las reuniones mantenidas con el área Administración del Poder Judicial, el Gobierno dispuso una modalidad de liquidación que aplica de manera inmediata los nuevos aumentos de los descuentos previsionales establecidos por la ley de emergencia previsional aprobada la semana pasada en la Legislatura.

Se trata de la misma ley contra la que las y los judiciales ya nos manifestamos y movilizamos, junto a los gremios aportantes a la Caja, y que hoy comienza a impactar directamente en los salarios, confirmando que el ajuste sigue recayendo sobre las y los trabajadores.

¿Qué se paga el 5 de enero?

Ingresa, como estaba previsto, el 2,3% de octubre y se adelanta el ingreso al básico y el pago de los retroactivos generados por el último aumento salarial (5,33%), correspondiente a:

  • 2,5 % a noviembre
  • 2,83 % también a noviembre, en concepto de recupero salarial

En tu recibo aparece con el concepto: “Total Retroactivos con Aportes”. La Administración del Poder judicial confirmó a AGEPJ que a partir de desmanejos del Gobierno provincial se generó un error material que implicó que 900 recibos (se trata de magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as) resultaran mal liquidados sin este concepto. Exigimos que ese error se subsane ya que se trata del salario de las y los compañeros que se agrava por el malestar generalizado por el ajuste del Gobierno provincial. Estos ítems faltantes se abonarían a esas personas a mediados de enero por planilla suplementaria. Este grupo será el único que percibirá un retroactivo a mediados de enero.

Aún resta que se abone para todos y todas la incidencia de dicho aumento en el SAC, lo que se abonará con los haberes de enero.

¿Qué se va a descontar?

Con la actualización de los nuevos básicos:

  • Se aplica de manera retroactiva el incremento del 1 % en APROSS para todas las categorías (incluida la incidencia de ese descuento en el SAC).
  • Además, se comienzan a aplicar los descuentos previsionales establecidos por la nueva ley de emergencia previsional, calculados sobre los sueldos brutos actualizados.

Desde AGEPJ planteamos ante la Administración del Poder Judicial la irregularidad de aplicar de manera anticipada los nuevos aportes previsionales sobre los retroactivos correspondientes al mes de noviembre.

Exigimos la devolución de los montos descontados a retroactivos de noviembre, ya que esta práctica vulnera el salario y consolida un nuevo avance del ajuste sobre las y los trabajadores judiciales. Desde la Administración del Poder Judicial nos informaron que esos descuentos sobre retroactivos de noviembre serán devueltos con los haberes de enero a quienes con la nueva ley de emergencia previsional pasaron a aportar 6% o un 8%.

Según la información brindada por sueldos, los descuentos que afectan a los empleados y empleadas del Poder Judicial son:

  • Aproximadamente 2700 empelados/as pagaría 4 % (es decir, sin nuevos descuentos previsionales).
  • Aproximadamente 2300 empelados/as pasaría a pagar 6 %, es decir suma un 2 % más de descuento.
  • Aproximadamente 2250 empelados/as pagaría un 8 %, es decir, suma un 4 % adicional de descuento previsional.

Sobre este punto, los gremios aportantes hemos denunciado y seguiremos protestando para la eliminación de estos nuevos porcentajes de aumentos previsionales porque, además, seguirá impactando en los sueldos futuros de no actualizarse las escalas como ya ocurrió con la ley del 2023.

Desde AGEPJ denunciamos que esta decisión implica que el descuento se aplique al mismo tiempo que el aumento, neutralizando su impacto real y volviendo a trasladar el costo del ajuste sobre el salario de las y los trabajadores judiciales.

Reafirmamos nuestro rechazo a que cada recomposición salarial venga acompañada de mayores descuentos, mientras no se discuten soluciones de fondo, progresivas y justas para el sistema previsional.

Desde AGEPJ reafirmamos que no aceptamos ajustes encubiertos ni decisiones unilaterales que siguen descargando el costo de la crisis sobre quienes vivimos de nuestro salario. Exigimos diálogo real, transparencia y el fin del saqueo previsional que pretenden consolidar.

Vamos a seguir en las calles, en unidad con los gremios aportantes, luchando por la eliminación de los aportes previsionales. Cerramos el 2025 enfrentando el ajuste y arrancaremos el 2026 con más organización, unidad y lucha.

Tras las presiones que han llegado a nuestro conocimiento respecto del requerimiento de guardias mínimas en algunos sectores, como el Fuero de Violencia Familiar – edificio San Jerónimo, desde el sindicato aclaramos:

El servicio de justicia es importante para la sociedad, pero NO es un servicio esencial según la Ley Nacional Nº 25.877, que enumera de manera taxativa cuáles actividades lo son, no incluyendo a la administración de justicia.

Asimismo, la ley establece que, aun en los servicios esenciales, las guardias mínimas deben ser acordadas en el marco de una negociación colectiva, con intervención del Ministerio de Trabajo.

En el Poder Judicial, la prestación mínima del servicio se encuentra garantizada por la alta dotación de magistrados y funcionarios.

👉 Les recordamos a las funcionarias que ejercen presión que el Poder Judicial no puede legislar, convive dentro de un sistema democrático donde reina la división de poderes y esa ley nacional no se ha modificado por el Poder Legislativo nacional.
👉 Toda limitación al derecho de huelga, para ser válida, debe ser acordada, no impuesta de forma unilateral . Sin negociación colectiva, toda disposición unilateral es ilegal e ilegítima.

AGEPJ ratifica la defensa del derecho de huelga. La Caja y nuestros derechos se defienden con organización y unidad.