El Gremio de Judiciales de Córdoba denunció persecución sindical hacia un grupo de trabajadores judiciales por haber convocado a una asamblea.

AGEPJ denunció que la dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial ordenó el traslado compulsivo de uno de los choferes del Poder Judicial como represalia ante la convocatoria de una asamblea en el sector.  Expresa que la medida es inconstitucional y atenta contra los tratados internacionales de Derechos Humanos suscripto por la República Argentina.

En la nota que la entidad gremial presentó al Tribunal Superior  de Justicia se enuncia una serie de hechos que comienzan y terminan el mismo día viernes 16 de agosto y se suceden en cuestión de horas. La secuencia tiene inicio con la distribución de un boletín gremial donde se anuncia la realización de asambleas, luego el coordinador del cuerpo de choferes Juan Vidal profiere a un grupo de choferes la amenaza de traslados por haber convocado la asamblea y por último una resolución dictada por el Director de Servicios Judiciales Contador Raúl Sánchez que efectivizó la amenaza  y dispuso el traslado compulsivo de uno de los choferes.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “si el Tribunal Superior no revierte el traslado del compañero chofer, dispuesto en las condiciones descriptas estaría sentando un gravísimo precedente de violación a la libertad sindical. Lisa y llanamente están coercionando a un grupo de trabajadores para que no ejerzan el derecho de huelga garantizado por la Constitución Provincial, Nacional y tratados de Derechos Humanos con rango constitucional”

 

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que “es vergonzoso  que en el Palacio de Justicia los trabajadores y trabajadoras tengamos que reclamar que se cumpla la constitución y las leyes. Esperamos que el Tribunal Superior no avale la resolución arbitraria e ilegítima que ha tomado un dependiente suyo de trasladar a un empleado por el mero hecho de ejercer un derecho.”

Viernes 16 de Agostp. Reunión Consejo Consultivo del Interior

El Viernes 16 de Agosto se reunió el Consejo Consultivo del Interior de AGEPJ y junto a la Comisión Directiva analizaron con gran preocupación la evolución de la situación económica/ política y sus consecuencias (traslado a precios de los productos básicos y pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios producto de la última devaluación).

Se propuso una jornada provincial con asambleas simultáneas el día 22 de agosto (en coincidencia con las acciones de los empleados de la justicia federal), un abandono de tareas para el día 3 de Septiembre y continuara con nuevas acciones con fechas a publicar.

Las medidas se definen porque hacia adentro del poder judicial se mantiene una desigual distribución de la masa salarial al tiempo que a los empleados y empleadas se nos paga el retroactivo en cuotas. Al respecto se reiteró la exigencia al TSJ de tomar medidas urgentes que eviten el deterioro del poder adquisitivo, que se opere una redistribución equitativa de la masa salarial que elimine el doble estándar, el pase a planta de contratadas y contratados y la reincorporación de los compañeros cesanteados. Mereció especial atención la falta de personal que produce sobrecarga y violencia laboral.

El gremio de judiciales de Córdoba dio a conocer que existe un gran malestar entre las profesionales de los equipos técnicos de Tribunales II por la reubicación del Psiquiatra Diego Cardo al frente del Equipo Técnico de Violencia Familiar. AGEPJ solicitó al Tribunal Superior que revea esa designación y el funcionario no esté a cargo de equipos dado el antecedente de violencia laboral en que incurrió y un nuevo hecho, conocido pero no denunciado por la víctima.

Mediante un comunicado de prensa el gremio recordó que «en 2015 AGEPJ denunció al funcionario mencionado por haber incurrido en graves hechos de violencia laboral y de género contra al menos 23 empleadas y empleados. Ello derivó en una instancia pre-sumarial que fue cerrada con una vergonzosa resolución en la que el Tribunal Superior utilizó testimonios de personas ajenas al ámbito laboral para absolver al funcionario y no llevar adelante un sumario. Tan bochornosa fue la resolución que en un hecho inédito los integrantes del Tribunal Superior tuvieron opiniones encontradas que se plasmaron por escrito. Sin embargo el Tribunal Superior y el Administrador General Ricardo Rosemberg en un reconocimiento tácito de las graves faltas incurridas por el funcionario , lo desplazaron y excluyeron de la conducción del equipo, asumiendo en la práctica lo que no quisieron reconocer en un sumario».

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti  expresó que: «El Tribunal Superior de Justicia debe dejar de encubrir a funcionarios violentos. Cada hecho de estos hace caer un poco más la ya débil credibilidad de la justicia porque muestra el enorme abismo entre las declaraciones públicas de miembros del TSJ de estar comprometidos con asumir la cuestión de género y lo que realmente sucede que los funcionarios gozan de impunidad».

La Pro-Secretaria de Cultura Agostina Noccioli acotó que: «El problema de la violencia laboral y de género debe ser resuelto por el TSJ, desde AGEPJ presentamos un Proyecto de Protocolo que todavía no ha sido tratado. Mientras tanto seguirán sucediendo hechos como estos donde llegamos al absurdo de que un funcionario que ejerció violencia laboral y de género y al parecer reincidió en ello es puesto a cargo de un equipo de violencia familiar. »    

 

El requerimiento presentado el miércoles 14 de Agosto al TSJ le manifiesta que ante la nueva devaluación y su traslado a precios de los productos básicos el poder adquisitivo está sufriendo un brutal  recorte.

A consecuencia de ello se le reiteró al empleador la exigencia que aplique las propuestas hechas anteriormente por la organización sindical, a saber: a) Igualación de los aportes previsionales de las empleadas y empleados (18%) al nivel de esfuerzo previsional de funcionarios y magistrados (12 %); b) restitución de la bonificación por antigüedad al nivel previo a la emergencia de 1995, esto es 3% por año de antigüedad; c) aumento de la bonificación por título.

Se le planteó además que la solicitud encuentra el marco en que el sector de magistrados y funcionarios se hizo otorgar,  vía ley de equiparación una monumental recomposición salarial que ha llevado las diferencias salariales a niveles que nunca tuvo el Poder Judicial de la provincia en la historia reciente. 14 sueldos de un ingresante conforman el sueldo de un vocal del Tribunal Superior.

En ese sentido se recalcó que la existencia hoy de la equiparación para un sólo estamento del poder judicial se constituye en un privilegio irritante que AGEPJ va a seguir combatiendo. Sobre todo porque para que la misma exista, en los niveles actuales se sustrae de la masa salarial del poder judicial lo que equitativamente debiera distribuirse con los empleados y empleadas.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti sostuvo que «La nueva devaluación en curso está destruyendo, en sólo dos días el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras del país. En nuestro caso, el último aumento recibido, que ni siquiera compensó la inflación producida ya fué afectado totalmente. Ante este agravamiento de la crisis volvemos a reiterar al TSJ que deje de tener como única preocupación sostener los privilegios del sector que encabeza y promueva una justa distribución de la masa salarial al interior del Poder Judicial. Tiene las herramientas para hacerlo y en estos momentos dramáticos puede tomar de la masa salarial un porcentaje de lo que hasta aquí viene beneficiando sólo a su sector para mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores.»

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valan expresó que  «La situación es muy grave, toda la economía está afectada y las trabajadoras y trabajadores no vamos a quedarnos sentados viendo como cada día compramos menos con nuestro salario mientras los exportadores y especuladores ven multiplicadas sus ganancias con cada suba del dólar. Habrá asambleas sorpresivas por sectores y edificios, continúa el conflicto en mantenimiento,  este viernes se reúne el consejo consultivo del interior y la semana que viene  el Cuerpo de delegad@s de Capital para definir la fecha de una medida provincial.»

#LucharTieneSentido #AcordadaConcursos

Por pedido de AGEPJ el TSJ modificó la acordada que establecía caducidad de 8 años para antecedentes

Luego que AGEPJ presentara un recurso administrativo y participara de una instancia de negociación el TSJ dictó nueva acordada que deja sin efecto la caducidad de 8 años para antecedentes dispuesta anteriormente (Acuerdo Reglamentario N° 1566 serie «A»).
El acuerdo N° 1576 serie «A», que además de las presentaciones gremiales también reconoce como antecedentes un gran número de recursos individuales que AGEPJ puso a disposición de las empleadas y empleados, estableció una nueva modalidad de valoración de los antecedentes sin fijar un límite de caducidad temporal. A su vez establece una ponderación diferenciada de antecedentes atendiendo a la especificidad de los mismos

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que: «Gracias a la acción gremial y los numerosísimos recursos individuales se abrió una instancia de negociación. Allí desde una pésima situación inicial donde se tiraban por la borda todos los esfuerzos en capacitación invertidos mayores a 8 años se avanzó a un nuevo esquema más justo que valora la mayor o menor vinculación con el fuero.»

 

La Pro-Secretaria de Cultura Agostina Noccioli acotó que «El gremio no se quedó solo en la protesta sino que efectuó una propuesta y tomó la demanda de la planta en cuanto a una valoración mayor de la especialidad en el fuero por el cual se concursa. Sin embargo rechazamos que el TSJ mantenga en la acordada sumar puntaje por no usar el derecho de tomar faltas por motivos personales, cuando incluso muchas de ellas se toman para capacitación.»

 

#Asambleas Sorpresivas  #Alerta y Movilización  #Medidas de Acción Directa

Ante el agravamiento del ajuste en el Poder Judicial, que entre otros datos incluye la cesantía de tres compañeros y el vergonzoso pago en cuotas del retroactivo de mayo La Comisión Directiva de AGEPJ en su reunión del día martes 6/08/2019 resolvió profundizar el estado de alerta y movilización. Decretó asambleas sorpresivas por edificios, oficinas o sectores y propone la adopción de medidas de acción directa en las fechas de cobro de septiembre y octubre.

Ajuste en el Poder Judicial…menos para el TSJ

El ajuste que está aplicando el Poder Judicial es una realidad que día a día suma datos preocupantes. El vergonzoso pago en dos cuotas del retroactivo adeudado de mayo se suma a lo que ya venimos padeciendo: tres empleados a los que no se les renovó el contrato (compañeros Dran, Monteros y Leguizamon), falta de ingreso de personal, no cobertura de licencias, falta de insumos en algunas áreas, demora en la entrega de ropa de trabajo, paralización de obras etc. Esto no está desconectado de la tremenda crisis económica que la política económica del gobierno nacional Y Provincial le están infligiendo a l@s Trabajador@s, con perdida diaria de puestos de trabajo, una inflación que no cede y pérdida de poder adquisitivo del salario.

 

Mientras esto está en marcha los privilegios del TSJ no sufren recorte ya que magistrados y funcionarios siguen gozando de una equiparación de la que excluyen a empleados y empleadas,  hacen un menor esfuerzo previsional y disfrutan de una jubilación privilegiada. Como si esto fuera poco su última “acción gremial para su propio bolsillo” impidió que las trabajadoras y trabajadores judiciales cobremos el retroactivo de mayo de una sola vez. La situación es clara, para pagar el aumento incluyendo a funcionarios y magistrados hacía falta un 71% más de dinero que en el caso de cobrarlo sólo empleados y empleadas.

Movilización para frenar el ajuste

Al conflicto sectorial que ya estalló en mantenimiento le seguirán otros porque el recorte actual se suma a todas las justas reivindicaciones de las empleadas y empleados judiciales que no han sido satisfechas por el TSJ. Una justa distribución de la masa salarial sin doble estándar, el pase a planta de tod@s l@s contratad@s, la Declaración de Insalubridad en Policía Judicial, la democratización de las relaciones laborales con un convenio colectivo y condiciones dignas de trabajo.

Frente a esto el panorama es de un conflicto creciente y la Comisión Directiva de AGEPJ ha propuesto continuar con el estado de alerta y movilización intensificando la lucha con asambleas sorpresivas por sectores y oficinas. A su vez se ha convocado a los cuerpos orgánicos (Consejo Consultivo del Interior y Cuerpo de Delegados de Capital) con la propuesta de decretar medidas de acción directa en las fechas de cobro de septiembre y octubre.

#LucharTieneSentido  #AmbienteLaboralLibreDeViolencia

Por denuncia de AGEPJ y sumariantes MPF trasladó ayudante fiscal

El Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial 14, fue separado de la misma y trasladado a la Unidad Judicial Móvil de Malvinas Argentinas. La medida se dispuso luego que la unanimidad de las y los sumariantes de la UJ 14 Articularan una denuncia por violencia laboral desplegada por el funcionario y la Comisión Directiva de AGEPJ expusiera la situación al MPF.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expreso que ¨Valoramos positivamente el proceso de organización de los empleados y empleadas de la UJ que conscientes de que es un derecho de las y los trabajadores desempeñarnos en un ambiente laboral libre de violencia tomaron el problema en sus manos y comenzaron a reclamar. Primero en forma verbal, luego, con el acompañamiento de AGEPJ en forma escrita. También, esta vez el MPF ha obrado con celeridad y sin esconder el problema disponiendo el traslado del funcionario a muy pocos días de haber tomado conocimiento formal de la situación

 

A su vez, la Pro Secretaria de Cultura Agostina Noccioli acotó que: ¨en este caso la organización de las trabajadoras y trabajadores en la herramienta sindical le puso freno a una clara y grave situación de violencia laboral. Pero el problema en el Poder Judicial no se agota en un solo caso, por eso le seguimos insistiendo al Tribunal Superior que la aprobación del proyecto de Protocolo presentado por AGEPJ el 8 de Marzo otorgaría el marco y procedimiento para la prevención y eliminación de este flagelo.¨

Hoy se realizó nueva asamblea con movilización del sector Mantenimiento en reclamo de la bonificación por especialidad y en protesta por el recorte que están sufriendo en su salario.

Los compañeros del sector, acompañados por integrantes de la comisión directiva, llevaron adelante una jornada de protesta por segunda semana consecutiva que incluyó además de la asamblea, una movilización tanto por afuera como adentro de su espacio de trabajo.

Asimismo dejaron fijado para las 08.00 hs del viernes 9 agosto una nueva protesta si no hay respuesta de la patronal.

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan expresó: Junto a los compañeros de mantenimiento estamos enfrentando el ajuste que se aplica en el Poder Judicial y reclamando una cada vez mas postergada bonificación por especialidad. Sólo en esta área el ajuste y un mal informe del Arquitecto Rafael Feltes, (responsable del sector) ya se ha cobrado dos fuentes de trabajo. Si no hay respuesta de la patronal el viernes 9 de agosto a las 8 hs. se llevará a cabo una nueva asamblea

Luego de la intimación de pago, la movilización de cuerpos orgánicos y la amenaza de un paro provincial, la Administración finalmente informó hoy que se pagará el retroactivo adeudado. Será en dos cuotas iguales con los salarios de agosto y septiembre.

Lamentablemente para obtener el cumplimiento de los acuerdos que el propio TSJ y la Provincia han firmado siempre nos vemos obligados a realizar medidas de fuerza, exigir el cumplimiento de los acuerdos con reclamos administrativos (intimación de pago) y la movilización.

El TSJ es el gremio de los equiparados

Con esta medida, pago necesario para nuestros salarios pero que llega tarde y en cuotas el TSJ evidencia una vez más que la defensa de sus intereses económicos  está al tope de sus prioridades (mucho más que su responsabilidad como cabeza de un Poder del Estado). No les es suficiente con estar equiparados al 90 % de la Justicia Federal, tener un régimen jubilatorio de privilegio, hacer un esfuerzo previsional menor a las empleadas y empleados sino que también impiden que l@s trabajador@s judiciales cobremos el retroactivo de mayo de una sola vez. La situación es clara, para pagar el aumento incluyendo a funcionarios y magistrados hace falta un 71 % más de dinero que en el caso de cobrarlo sólo empleados y empleadas.

El ajuste nos pega a las y los judiciales

Este pago desdoblado está enmarcado en la injusta distribución de la masa salarial  ya  señalada, pero además se inscribe en el ajuste que se está llevando a cabo en el Poder Judicial. No se ha renovado el contrato de tres empleados judiciales (Compañeros  Dran, Monteros y Leguizamón), a ello se suman la falta de ingreso de personal, la no cubertura de licencias, la falta de insumos en algunas áreas, la demora en la entrega de ropa de trabajo, paralización de obras etc.

 

En la medida que continúe la actual política económica del gobierno nacional que ajusta las cuentas públicas para pagar intereses de deuda cada vez mayores, deprime salarios que pierden frente a una inflación creciente y destruye el mercado interno con cierres de pymes y comercios provocando caída del consumo y desempleo, esto se va a agravar. La Provincia de Córdoba ya evidencia signos alarmantes como la caída de la recaudación que está directamente relacionada con el pago de los salarios en tiempo y forma de los empleados públicos.

Caída de la actividad económica, ingresos salariales  y crecimiento de la pobreza: Ver nota periodística Diario Clarin

https://www.clarin.com/economia/crecio-pobreza-empleo-afecta-millones-personas_0_5V2c7oblJ.html

Caída de Recaudación: Ver nota periodística CBA 24n

https://www.cba24n.com.ar/cayo-la-recaudacion-provincial-el-gobierno-de-cordoba-culpa-a-la-nacion/

Alerta y Movilización

Al ajuste, dentro  y fuera del poder judicial, lo vamos a continuar enfrentando.  AGEPJ se mantiene en estado de alerta y movilización y  luego de la reunión de Comisión Directiva del día del martes 6 de Agosto se convocará al Consejo Consultivo del Interior y Cuerpo de Delegados de Capital   para definir los pasos a seguir. Ello sin perjuicio de continuar con los conflictos sectoriales ya iniciados, como en el Área de Mantenimiento donde ha sido convocada una asamblea con corte de calle para el 6 de Agosto a los 8:30 horas.

 

 

El Viernes 26 de noviembre se realizó en Tribunales II Anexo una masiva Asamblea en el Sector de Mantenimiento. Se abordaron los impactos del actual proceso de recorte presupuestario y las graves consecuencias sobre los trabajadores con más bajo nivel salarial del Poder Judicial.

En este marco en la Asamblea realizada por Agepj se planteó que hace más de un año que no se entrega la ropa de trabajo y la organización gremial considera vencidos los plazos para que la Administración de una respuesta concreta a nuestro reclamo para bonificar salarialmente la especificidad que conlleva el trabajo que realizan los trabajadores del área de mantenimiento.

El Secretario Adjunto de Agepj  Adrián Valán expresó que “el área cuenta con  electricistas, plomeros, pintores, albañiles, carpinteros, herreros, vidrieros, cerrajeros, técnicos en seguridad e Higiene, arquitectos e ingenieros y en el plano operativo realiza una tarea completamente diferenciada del sector obrero maestranza. La responsabilidad, ciertos riesgos (trabajo con electricidad, en altura, con cloacas etc), la idoneidad o aptitud técnica  configuran una especificidad que a nuestro juicio debe ser reconocida salarialmente. El reclamo del sector de mantenimiento ya no puede esperar más. La próxima semana realizaremos una nueva asamblea para evaluar la situación y de no mediar respuestas concretas comenzaremos con medidas de fuerza”.

El área de mantenimiento hoy está a cargo de 220.000 m2 correspondiente a 74 edificios distribuidos entre capital y las 23 sedes del interior. La cantidad de “horas extras” que fueron recortadas conllevará mayores prejuicios que los que pretende solucionar en cuanto al funcionamiento del servicio de justicia y a las mayores erogaciones que a la postre resultarán de posponer o no realizar las tareas de mantenimiento solicitadas. Es claro que la llamada tercerización del mantenimiento y reparación, al mediano plazo es mucho más oneroso para el poder judicial que mantener un equipo estable, capacitado y equipado que conoce fehacientemente la realidad donde trabaja.