La reunión de Comisión Directiva de AGEPJ del día 8/10/2025 confirmó la estrategia conjunta para llevar adelante el reclamo por la eliminación de los aportes extraordinarios que injustamente nos fue impuesto al sector estatal en diciembre del 2023 por el gobierno provincial.

La situación económica es realmente acuciante. El problema de fondo es la enorme pérdida salarial de nuestra pauta, misma que la nacional determinada por la CSJN (como sucede también por ejemplo para judiciales de Entre Ríos).

Desde judiciales de Córdoba hicimos este año un avance: la concreción de la equiparación progresiva y en etapas que está en ejecución. Esta fue una estrategia acordada democráticamente por mayorías para mantenernos dentro del sistema de enganche (única posibilidad de que los aumentos a funcionarios y magistrados no ahondaran la brecha que generó la equiparación de 2012 sólo para ese sector).

Pero es evidente que la urgencia económica continúa apretando y cada vez más. Por eso, a la par, sigue vigente el reclamo por la devolución de los aportes extraordinarios que la provincia nos impuso anticipadamente en 2023 —un reclamo colectivo que ya nos llevó a la Legislatura en el 2023 y a las calles junto a otros gremios en diciembre de ese año.

Tal como hicimos con otros temas, como la ley que nos difería los retroactivos, estamos desplegando una estrategia en varios frentes en torno a la exigencia de la devolución de los aportes extraordinarios:

– Gremiales
* Convocamos a reunión conjunta de Cuerpos Orgánicos: Plenario de delegados/as de capital y Consejo Consultivo del Interior de forma presencial el día viernes 17/10/2025 en a sede de la CGT Histórica (a realizarse al finalizar la capacitación interna obligatoria) para concertar el plan de acción y diseñar un cronograma de asambleas.
* Estamos articulando con otros sindicatos, especialmente con los gremios que aportamos el 22% como La Bancaria para continuar en el armado de una agenda común.

– Política: nos encontramos coordinando acciones con la Asociación de Magistrados.

– Mesas de trabajo en materia presupuestaria y previsional. Para por un lado profundizar en nuestro ámbito en la temática y por otro apuntar al impacto público de la cuestión. Se convocará al armado de una actividad con especialistas en economía y abogados/as previsionalistas para consulta (de los sectores afectados por la emergencia –suba de aportes-), análisis, reflexión, discusión de la situación de la Caja de Córdoba y la situación previsional Nacional.

La imposición de los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones afecta a más de 195.000 aportantes provinciales, por lo que resulta imprescindible construir alianzas dentro del conjunto de sectores alcanzados. Entendemos que la única salida es organizarnos entre los sectores afectados, construir unidad y fuerza colectiva para que el reclamo tenga contundencia real.

Desde AGEPJ reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del salario, de los derechos previsionales y de la salud de las y los trabajadores del Poder Judicial.

El pasado martes 7 de octubre se llevó adelante una conferencia de prensa en el SUM de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), para brindar detalles sobre las acciones gremiales que se realizarán en Córdoba y en todo el país en el marco del plan de lucha en defensa de la educación pública y el derecho a la negociación colectiva. De la conferencia de prensa participaron referentes provinciales y nacionales de gremios docentes y representantes de la CGT Córdoba y CTA.

Las medidas de fuerza de este plan de lucha incluyen una caravana para visibilizar el reclamo y un paro nacional docente el próximo 14 de octubre con movilización en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la Conferencia de Prensa el Secretario General de UEPC, Roberto Cristalli afirmó: “En esta jornada nacional de protesta vamos a visibilizar nuestro rechazo al presupuesto presentado por el gobierno nacional. Toda la sociedad se tiene que poner al frente de esta lucha”. Además, agregó: “Lo mismo que hicimos con el presupuesto educativo para las universidades, lo tenemos que hacer para la educación pública, porque lo que está consolidando el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional es el corrimiento del rol del Estado como garante del servicio educativo en todo el país, y básicamente lo que hace este presupuesto en el artículo 30 es anular todos los artículos por los cuales se garantiza el financiamiento del sistema educativo a nivel nacional”.

Por su parte el Secretario General de AGEPJ, Federico Corteletti, señaló: “Traemos el apoyo incondicional de la CGT Córdoba y de todos los gremios a la lucha docente en rechazo a un presupuesto que sigue ajustando a la educación y a los salarios de las y los trabajadores.»

A su vez un grupo de compañeros y compañeras judiciales, desde el sindicato acompañaron el 8 de octubre la inmensa caravana por la educación pública convocada por UEPC porque entendemos que sin educación no hay justicia”.

Para AGEPJ es muy grave y preocupante el fallo que sobreseyó al ex magistrado, argumentando que no tenía la calidad de funcionario público al violar información secreta y filtrar preguntas del examen. Si bien el ex magistrado renunció, lo cual indica que la falta ética existió y fue muy grave, el mensaje que queda es desolador: la Justicia avala las ventajas ilegítimas, lo cual es a todas luces insostenible.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) manifiesta su profunda preocupación y rechazo hacia la sentencia judicial dictada por la Cámara de Acusación que sobreseyó a Caeiro en la causa penal por la filtración de preguntas del examen para funcionarios del Poder Judicial. Lejos de cualquier pretensión punitivista, el gremio alerta que el fallo no solo consolida la impunidad, sino que socava los pilares de igualdad, idoneidad y transparencia en que debe basarse todo sistema de concursos.

El gremio plantea que lo más alarmante es que la Cámara entiende que el hecho penal es típico en su accion, en la calidad de doloso y que la informacion que se acusa de haber revelado era secreta. Pero la preocupación se despierta cuando la operación lógica de la sentencia avanza escindiendo el carácter de funcionario público del imputado de su rol de Tribunal Examinador. La Cámara entiende que al poder integrar el Tribunal examinador otras personas como académicas y jubiladas y la selección es por idoneidad y voluntaria, no se advierten las notas típicas del deber de funcionario público. Pero ese razonamiento es a todas luces artificioso y contrario a la doctrina ética sostenida por el propio Tribunal de Ética del Poder Judicial y por producción doctrinaria de sus integrantes, que enfatiza que magistrados y funcionarios deben conducirse con transparencia, honestidad y ejemplaridad en todos los ámbitos de su actuación. Además, la sentencia olvida que la persona bajo cuestión era Defensor Público y trabajaba en el mismo edificio que la gran mayoría de las y los aspirantes a rendir ese concurso, es decir que, para el órgano juzgador, las personas pueden tener dos roles y dividirse artificiosamente cuando en realidad operan bajo uno que es un todo y es el marco del ejercicio de la labor judicial pública y estatal.

Al respecto AGEPJ plantea que no se puede ser magistrado ejemplar en el despacho y actuar con opacidad en un concurso. La ética judicial es indivisible y las obligaciones de probidad se exigen en toda circunstancia, precisamente para mantener la credibilidad y confianza ciudadana. Este fallo, al permitir esa escisión, daña gravemente la imagen de la Justicia.

Insistimos en que se indica que es motivo de reproche penal que el magistrado integrante del jurado, haya entregado preguntas del examen a determinadas concursantes y la información acusada de ser divulgada era secreta, lo que les permitió a las favorecidas prepararse de manera ventajosa y artificial, todo conforme la acusación. Estos hechos muy gráficos, que con mucha razón el sentido común lo puede encuadrar en lo que sencillamente se denomina como corrupción, ahora quedarían impunes mediante una argumentación que, más allá de sus tecnicismos, normaliza lo inaceptable.

Al respecto el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Los hechos  de la filtración de preguntas del examen y ahora este fallo, mandan un mensaje desolador a todas y todos los trabajadores judiciales que creemos en el esfuerzo y la preparación como la base para acceder a los cargos del funcionariado: da lo mismo estudiar que contar con un ‘contacto’ en el jurado. Eso no sólo es injusto, sino que desalienta la excelencia y profesionalismo que desde el sindicato queremos y que toda la sociedad necesita para el Poder Judicial”, por añadidura agregó que “Cuando la ciudadanía ve que los hechos de corrupción probados se diluyen en argumentos intrincados, la desconfianza se instala y la institución judicial pierde autoridad moral. Nos preocupa el precedente y el daño institucional que esto genera”.

AGEPJ informa que el 24 de septiembre presentamos un pedido de información pública sobre la estructura jerárquica del Ministerio Público de la Defensa.

Como gremio, rechazamos que se utilicen cargos de la carrera judicial para construir estructuras políticas.

La posición histórica de AGEPJ ha sido la extensión de los concursos a todas las áreas. En ese marco, hemos exigido también que los cargos institucionales en el TSJ, MPF y MPD sean concursados.

Rechazamos el uso de los cargos de nuestra carrera administrativa con fines políticos. Defenderemos sistemáticamente el sistema de concursos y el orden de mérito administrativo. No a las designaciones a dedo. Nuestra postura siempre fue clara: hemos denunciado cada intento de avanzar sin concursos.

Seguimos defendiendo la carrera judicial y la transparencia en nuestro sistema de concursos.