Mediante un comunicado de prensa los gremios estatales de Córdoba expresaron su rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de vetar las leyes de aumento a jubilados y jubiladas, moratoria previsional y emergencia en discapacidad recientemente sancionadas por el Congreso de la Nación. Además, AGEPJ celebró la insistencia legislativa con media sanción del pasado miércoles de la Ley de financiamiento universitario dispuesta por la Cámara de Diputados. En este marco los gremios estatales exigieron a los diputadas y diputados cordobeses que no acompañen el veto presidencial a las leyes de discapacidad y de aumento a jubilados/as.

El conjunto de gremios estatales insistimos que el veto del gobierno nacional agrava las dificultades cotidianas de miles de familias en todo el país. En este contexto de crisis actual, los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad deben ser una prioridad.

En el caso de la emergencia en discapacidad la ley establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad y es una respuesta a la crítica situación que atraviesan las organizaciones, instituciones, profesionales, docentes y trabajadores que acompañan procesos de inclusión social, cultural y educativa de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Por otra parte, el veto al aumento de las jubilaciones es una muestra más del abandono al que somete este gobierno a las y los adultos mayores.

Es en ese marco también que desde AGEPJ reiteramos una vez nuestro rechazo a los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones impuestos discrecionalmente a las y los estatales en diciembre del 2023 por la provincia, como así también la ley de diferimiento de los aumentos a las y los jubilados estatales.

El gremio, junto a las y los trabajadores de la DIO (Dirección de Investigaciones Operativas del Ministerio Público Fiscal) estamos rechazando una mudanza provisoria de la repartición por no cumplirse condiciones laborales mínimas, ni de seguridad. Referido a ello alertamos por el riesgo para pruebas judiciales en causas penales sensibles. La mudanza provisoria afecta de forma directa no solo las condiciones laborales del personal, sino también el resguardo de pruebas judiciales sensibles y los elementos de trabajo específicos de la Dirección.

En el petitorio acompañado al Fiscal General, en el que también solicitamos audiencia se ha dejado constancia de múltiples irregularidades en relación al edificio propuesto, como por ejemplo que no cuenta con ascensores habilitados, los sanitarios son insuficientes para la dotación de más de 70 personas, hay un estado de abandono y falta de higiene, incluyendo la presencia de aves y nidos, el espacio es disfuncional para el desarrollo del trabajo y no garantiza ni privacidad ni seguridad para el tratamiento de causas complejas.
También, algo que no desconocen las autoridades del MPF pero que parece ser soslayado con estos erráticos y poco estratégicos intentos es que la DIO, como parte de la Policía Judicial, realiza investigaciones sensibles, incluyendo delitos complejos, ciberdelitos, análisis de material vinculado a abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y hechos vinculados a organismos estatales. La mudanza entonces afectaría gravemente el desarrollo normal de estas tareas, al distanciar a la Dirección de otras áreas con las que trabaja de forma articulada, entorpeciendo la dinámica investigativa diaria. Pero que por sobre todo el nuevo edificio no ofrece condiciones adecuadas para el almacenamiento de material probatorio delicado ni para el ingreso y egreso del personal fuera del horario habitual, tal como sucede con frecuencia por la naturaleza del trabajo.

AGEPJ reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud y seguridad en el trabajo, y la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía. Exigimos al Ministerio Público Fiscal que, en caso de ser inevitable una mudanza la misma se haga a un lugar definitivo que reúna condiciones dignas y seguras de trabajo, tanto para las personas como para la actividad que se desarrolla y que no se insista en el actual intento de mudanza provisoria.

El Secretario General de AGEPJ Adrian Valan expresó que: “Nos oponemos a la mudanza provisoria porque las condiciones edilicias no están dadas para resguardar los derechos de las y los trabajadores: no hay sanitarios adecuados, espacios seguros ni instalaciones mínimas para el trabajo cotidiano. Pero además —y esto es igual de grave— se está poniendo en riesgo el servicio de justicia: no hay garantías para el resguardo de pruebas judiciales en causas muy sensibles, ni para el almacenamiento seguro de elementos de trabajo indispensables, como chalecos antibalas o equipamiento técnico especializado”.