Mediante una ardua tarea de gestión y negociación con la patronal desde AGEPJ logramos que se asigne un nuevo espacio de descanso para los compañeros y compañeras de la Base Operativa.

La falta de un lugar de descanso para esa oficina representaba un problema grave debido a varios factores como son las largas jornadas de trabajo, que fluctúan entre las 14 y las 24 horas, la alta circulación de empleados y empleadas de otras áreas en la oficina de la Base Operativa, como así también la posible contaminación del espacio debido a la presencia de materiales de trabajo provenientes del lugar del hecho.

Es sabido que la Base Operativa es un área neurálgica para el correcto funcionamiento y desempeño de los Cuerpos Operativos de Policía Judicial. Son los trabajadores y trabajadoras de la Base quienes receptan los pedidos de intervención desde las Unidades Judiciales y Fiscalía para luego organizar y distribuir el trabajo de la mejor forma posible, entre otras tareas. Su trabajo tiene un alto desgaste mental, ya que implica la logística y coordinación de los recursos, no solo materiales, sino también humanos de la institución.
Desde el gremio celebramos esta nueva conquista que representa una importante mejora en la calidad del tiempo que pasan en la oficina más de 30 trabajadores y trabajadoras.

La defensa de la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras judiciales es una bandera que sostenemos desde AGEPJ, cuya máxima expresión es el reclamo histórico por la insalubridad de los cuerpos operativos. En ese sentido seguiremos bregando para que cada empleado y empleada del Poder Judicial, pero especialmente quienes están en contacto de forma directa o indirecta con las peores violencias de esta sociedad, cuenten con todas las herramientas necesarias para preservar su salud.

Durante esta semana, AGEPJ presentó ante el TSJ dos denuncias por violencia laboral contra funcionarios y magistrados de dos sedes del interior provincial. Como desde hace muchos años, nuestra organización trabaja sin descanso contra esta cultura de violencia institucional haciendo lugar a la escucha y recepción de quienes lamentablemente padecen estas situaciones y efectuando luego las denuncias si lo ameritan los hechos y está presente el consentimiento de las o los afectados.
Sin perjuicio de ello exigimos, una vez más, al Tribunal Superior de Justicia ponga en funcionamiento el órgano previsto por el protocolo para el correcto encuadre y trámite de este tipo de hechos: el equipo interdisciplinario de prevención y actuación cuyos cargos ya están concursados.

Cabe destacar que de acuerdo a los principios de confidencialidad y no revictimizacion, en el estadío actual del proceso no brindamos los nombres de las personas afectadas ni un detalle de los hechos denunciados.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Nocciolli expresó que: Sin perjuicio de considerar que hemos avanzado mucho en relación a la visibilización de la violencia laboral y de género que se dan dentro del Poder Judicial y haber llevado a las máximas autoridades de la Justicia Provincial a que aprueben un protocolo de Violencia Laboral y de género aún falta mucho para erradicar definitivamente este tipo de práctica de nuestra cultura institucional. Es por esto que exigimos una vez más al TSJ que ordene la aplicación definitiva del protocolo de violencia laboral y de género con los órganos correspondientes para que el canal de abordaje de este tipo de situaciones tan delicadas sea cada vez más accesible y adecuado.

En tanto que la Secretaria de Organización de AGEPJ Lucía Bonafé agregó, referido a las denuncias realizadas que “Hace ya un tiempo las compañeras y compañeros de estas dos sedes del interior nos venían manifestando el malestar generado por conductas inapropiadas y maltratos de algunos funcionarios y magistrados. Es así que desde AGEPJ ya veníamos interviniendo y acompañando a las compañeras y compañeros en los reclamos, pero dado que dichas conductas no han cesado se decidió de manera colectiva hacer las presentaciones correspondientes al Tribunal Superior de Justicia para que sea la propia institución la que tome medidas al respecto.