En un marco político sumamente conflictivo y un panorama económico totalmente adverso a las y los trabajadores se reunieron los cuerpos orgánicos de AGEPJ. Con eje en la defensa del salario se realizaron respectivas reuniones. El jueves 1 de febrero fue Comisión Directiva Provincial, el viernes 2 de febrero  el Consejo Consultivo del Interior y hoy (6 de febrero) el cuerpo de delegados y delegadas de capital.

Como fuera señalado, hay una coincidencia unánime en la preocupación por el brutal ataque a nuestro salario propiciado por un lado por la descomunal devaluación de nuestra moneda (que no tiene precedentes en la historia de nuestro país) y su posterior traslado a precios y por otro por los recortes salariales (vía aumento de aportes y APROSS) propiciados por el gobierno provincial. -Además, resta saber la forma y tiempo en que el TSJ dispondrá a partir de las negociaciones alcanzadas con el gobierno provincial provincial, el pago de los retroactivos generados por el ultimo aumento del 12.5% imputable a diciembre del 2023-. Lógicamente a ese diagnóstico le siguió la discusión colectiva de la estrategia defensiva que llevará adelante nuestro gremio que continuará con la convocatoria al cronograma de asambleas de base detallado a continuación.

Asambleas en Interior
– En días y horarios a definir por cada sede

Asambleas en Capital
– Jueves 8/02 Polo Laboral 12 hs.
– Viernes 9/02 Familia 13 hs.
– Miércoles 14/02 Tribunales 2 y Policía Judicial 9 hs. (En Tribunales 2)
– Jueves 15/02
. Administración, Electoral, Ejecuciones Fiscales y Contencioso Administrativo ( en Administración) 12 hs
. San Jerónimo y 27 de Abril ( en San Jerónimo) 9 hs.
– Viernes 16/02 Tribunales 1 12hs.
– Unidades Judiciales: en fecha y horarios a determinar.

Este 24 de enero todos los sindicatos paramos y movilizamos en contra de las políticas de ajuste contra los y las trabajadoras que se están llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel provincial.

Este 24 de enero será el marco de la discusión legislativa a nivel nacional sobre la Ley ómnibus y el DNU 70/24 enviado por la presidencia que, entre muchas cosas, ataca gravemente a los y las trabajadoras. Es sabido que las previsiones del DNU70/2024 intenta reformar en forma prejudicial el régimen de trabajo actual, favoreciendo que las patronales no hagan sus respectivos aportes, que se modifique a la baja el cálculo para las indemnizaciones, extendiendo el periodo de prueba para justificar los despidos sin causa, modificando la jornada laboral, eliminando la protección contra el despido arbitrario, a la mujer embarazada y la maternidad, atacando severamente el derecho a huelga y el accionar de las asociaciones sindicales con la declaración de servicios imprescindibles.

Pero, además, la Ley Ómnibus prevé privatizaciones de recursos y empresas estratégicas del Estado, la entrega de la soberanía nacional, la liberación de importaciones en detrimento de la industria nacional y especialmente de PYMES, ataque a las economías regionales, entre muchas cosas más.

En Córdoba estamos ya viviendo las consecuencias de los ajustes. Entre gallos y medianoche, el nuevo gobierno provincial, en contra de los acuerdos salariales vigentes y haciéndose eco de un discurso de un ahorro urgente exigido a nivel nacional, decidió apretar en primer término contra los y las trabajadoras estatales que somos los que mantenemos las políticas públicas para la sociedad. El 27/12/2023 se configuró un enorme recorte salarial, vía aumentos en los aportes previsionales y los destinados a la obra social APROSS. Los estatales, luego de la devaluación a nivel nacional que golpeó duramente nuestros bolsillos, vimos de golpe disminuidos en un 4% nuestros salarios con la posibilidad de que se agrave aún más ese porcentaje en el 2024.

Pero, además, los y las judiciales sufrimos los descuentos por esos nuevos porcentajes de aportes también en los retroactivos correspondientes a meses anteriores a la sanción de la ley, haciendo retroactiva una ley de forma discrecional y arbitraria.

De ser Córdoba del desarrollo y la prosperidad presentada en las elecciones nacionales, pasamos en pocos días a un discurso de crisis fiscal y económica provinciales que “justificaron” de manera brutal un ajuste a los salarios de los y las trabajadores estatales. Sumado a eso se sucedieron luego masivamente bajas de contratos a nivel provincial de personas que llevaban años de antigüedad en el estado.

Los y las trabajadores sabemos que cualquier crisis o dificultad económica nunca se soluciona ajustando a los sectores más desfavorecidos sino ampliando derechos y horizontes democráticos, en base a diálogo y consenso. Apelamos a que las autoridades legislativas a nivel nacional y en Córdoba honren los valores democráticos que tanto costaron conseguir.