Nuestro sindicato adhiere a la jornada de paro nacional convocada para el día de mañana 9 de mayo por la CGT. Las condiciones nacionales que llevaron al paro de enero no sólo no se han revertido sino que se han profundizado.

A la situación de licuación de los salarios vía inflación que se mantiene porque los aumentos salariales no logran cubrirla se agrega el continuo intento, ahora mediante la denominada ley bases de romper el sistema de derecho del trabajo. Como si ello no bastara también se pretende avanzar con un esquema de inversiones extranjeras que de llevarse a cabo redundará en importaciones sin control y primarización de la economía, por ende, destrucción del ya afectado entramado industrial y la consecuencia directa de aumento del desempleo. Referido a todo esto preocupa enormemente la posibilidad cierta de la pérdida de estabilidad de las y los empleados públicos y el restablecimiento del impuesto a las ganancias dónde también estaríamos incluidos los y las empleadas judiciales.

El ámbito provincial no es menos adverso hacia las y los trabajadores, al menos hacia quienes pertenecemos al sector estatal ya que si bien hay cumplimiento salarial se nos ha impuesto un enorme recorte de haberes vía conceptos por el APROSS y aumento de aportes jubilatorios, todo lo cual agrava el ya señalado panorama nacional.

Convocamos a concentrar mañana 9 de mayo en Arturo M. Bas 339 a las 10 hs. para marchar junto a la unidad de todas las centrales sindicales cordobesas.

El día miércoles 24 de abril AGEPJ mantuvo reunión con el Tribunal Superior de Justicia. A la misma concurrieron el Secretario General, la Secretaria Adjunta y el Secretario Gremial, respectivamente Federico Cortelletti, Agostina Noccioli y Adrián Valán, en tanto que por el TSJ estuvo su presidente Luis Eugenio Angulo.

La representación gremial le reiteró las urgencias que plantea la situación económica actual a las y los asalariados y la erosión en el salario que implican los actuales niveles de inflación. En este sentido, AGEPJ solicitó continuar, como en lo que va de 2024 con la rápida resolución de los aumentos salariales una vez que los determine la Corte Suprema, de acuerdo al sistema salarial vigente.

En relación a la carrera judicial, el sindicato reiteró la necesidad de utilizar todas las herramientas existentes para la permanente reestructuración de la planta, para que la misma no se movilice sólo con ascensos por vacantes, sino también a través de las promociones de cargos, por ejemplo. Asimismo, se acercó un proyecto para reducir la cantidad de cargos del escalafón, a los fines de equiparar el mismo al de la justicia federal.

Otro planteo y reclamo gremial fue la situación de contratadas y contratados para que se materialice un cronograma de pase a planta de los mismos. Además, se presentó un proyecto para reducir la cantidad y periodicidad de evaluaciones dado que el sistema actual implica un desgaste administrativo innecesario y además porque se han constatado abusos en el uso de dicha herramienta, en detrimento de la estabilidad y las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras que revisten esta situación laboral.

Por otra parte, se reiteró el planteo sectorial de declaración de insalubridad para los Cuerpos Operativos de Policía Judicial y el conjunto de reclamos que desde hace tiempo se viene solicitando para los Equipos técnicos del Poder Judicial, cuyas resoluciones son urgentes e imprescindibles. Se pidió también acelerar la implementación de la Oficina de Violencia Laboral, siendo el último paso que resta para la aplicación integral del Protocolo de Violencia Laboral. Se recalcó el arduo trabajo realizado durante estos años en esta materia, especialmente el desarrollo del concurso para la designación del personal externo y especializado, en cumplimiento con lo ordenado por dicho Protocolo.

El Tribunal Superior se comprometió a mantener una mesa de diálogo y trabajo permanente para abordar el conjunto de planteos gremiales y realizar las gestiones ante las instancias administrativas que correspondan.