El 14 de diciembre se llevó a cabo con una gran concurrencia el encuentro provincial de Equipos Técnicos. Fue notoriamente significativa la presencia de las compañeras del interior y se contó con la participación de la abogada Romina Lerussi, investigadora del CONICET (campo: teoría feminista del derecho).

Los aportes realizados por todas las asistentes sirven para articular un plan de lucha el año que viene por todas las reivindicaciones de los equipos técnicos empezando por el orden de mérito propio.
En el encuentro se reflexionó sobre los innumerables problemas que hoy aquejan a los equipos por deliberadas políticas de la patronal. Particularmente se abordó la discriminación de género que se sufre en los equipos con la imposición de un techo de cristal.

Dicho techo de cristal en los Equipos Técnicos se manifiesta en que los cargos en expectativa no se concursan y son asignados a la mayoría de los varones que gozan de ese privilegio. Expresado en números implica que del total de trabajadoras y trabajadores en los equipos el 93,5 % son mujeres en tanto que el 6,5 % son hombres pero dicha proporción no se observa los puestos de conducción ya que un 50 % del total de hombres en los equipos acceden a cargos de dirección mientras que solo un 14,72 % de las mujeres lo hacen.

La Secretaria de Acción Social de AGEPJ Andrea Zuliani expresó que “Indudablemente hay una política del poder judicial de sostener un sistema jerárquico, patriarcal, antidemocrático y sin perspectiva de género. Los números son elocuentes al respecto y lo más grave es que nosotras lo pagamos poniendo nuestro cuerpo. Esto tiene que cambiar, este año termina con un encuentro y si no hay respuestas del TSJ el año que viene comenzará con un plan de lucha.”

La Pro Secretaria del Interior de AGEPJ Patricia Pepicelli sostuvo que “Los equipos técnicos cumplimos un rol importantísimo en el trámite de muchas causas judiciales al punto que tenemos firma y en esa firma va nuestra responsabilidad profesional. Sin embargo no recibimos el reconocimiento correspondiente desde la patronal que posterga nuestra carrera, nos desvaloriza y nos mantiene con malas condiciones de trabajo. Una de las expresiones de esto son los espacios físicos inadecuados o deficientes que se nos asigna como son los subsuelos.”

AGEPJ expresó su repudio ante la  propuesta  de designación como profesores eméritos de la UNC a dos abogados que colaboraron con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Además  exhortó  al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba a rechazar la misma. Es sabido que ambos docentes se desempeñaron como funcionarios públicos en lugares claves de la gestión de la última dictadura cívico, militar y eclesiástica que sembró el terror en nuestro país. En el caso de Jorge Edmundo Barbará, fue funcionario de la administración de Rubén Juan Pellanda, interventor municipal desde abril de 1981 hasta enero de 1982, momento en el que pasó a ser interventor de la provincia. El vínculo de José Luis Palazzo con el gobierno de facto tiene como evidencia haber sido subsecretario de Estado de la provincia en junio de 1979.

Pero no solo eso: en la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura La Perla se aportó como prueba una carta de puño y letra que dirigió Menéndez al entonces Ministro de Gobierno de la gobernación de facto. En ella Menéndez le dice al destinatario que Palazzo “ha sido un luchador frontal y abierto” contra los “elementos izquierdistas” que “infestaron” la provincia de Córdoba, “y en particular en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica”. Podría ser una simple recomendación pero hay un triste contexto que la convierte en una especie de “condecoración”: los alrededor de siete desaparecidos y desaparecidas de EPEC. Precisamente por dicha carta en el mencionado juicio se lo ha señalado como partícipe civil de la desaparición de Tomás Di Toffino, referente del Sindicato de Luz. El 30 de noviembre de 1976, Di Toffino fue secuestrado por la patota de La Perla, a la salida de su trabajo en la Epec, época en la que Palazzo, se desempeñaba como gerente de Personal de la empresa de energía de la provincia de Córdoba, cargo en el que había sido designado por el propio Menéndez.

Las y los trabajadores fueron los principales blancos de la represión dictatorial que para imponer su plan económico utilizó la desaparición física e intentó desarticular las organizaciones sindicales. Por ello como sindicato somos parte del inmenso movimiento social que año a año renueva su compromiso de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La magnitud de lo sucedido en la última dictadura, hechos que aún no han sido juzgados en su totalidad y cuyo daño social se prolonga hasta nuestros días impone que la tarea de construcción de memoria sea permanente y en todos los ámbitos, la UNC tiene una larga trayectoria en esa misma línea que todos los actores sociales le valoramos.

Por todo ello y la memoria de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas solicitamos exhortamos al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba a rechazar la propuesta de designación de profesores eméritos de la Universidad Pública a José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará.