En el día de ayer, domingo 17 de mayo, el TSJ en pleno junto a dos fiscales adjuntos del MPF, decidieron dejar sin efecto la feria de julio 2020.
A esta altura, es evidente que lo hicieron un poco para aliviar la presión del colectivo de abogados, otro poco para la tribuna mediática y otro tanto, para no perder la costumbre de recortar derechos a sus trabajadores y trabajadoras.
A la patronal, que duerme al resguardo de salarios que rondan el medio millón de pesos, poco le importa su actitud genuflexa frente al recorte que sus trabajadores y trabajadoras padecen desde diciembre de 2019, menos le importa estar dando de baja contratos en medio de la pandemia, y ahora deja en claro una vez más: que le importa nada, la salud de la planta de empleadas y empleados.
A contrario de lo que vino sosteniendo desde que a nivel nacional se dispuso el ASPO, esto es: que no se estaba de vacaciones, que las trabajadoras y trabajadores seguían laborando de manera presencial y remota. Ahora decide dejar sin efecto el receso dispuesto para julio de este año.
Es sabido, que el derecho a las vacaciones y al descanso, encuentra su fundamento en un derecho más importante aún, que es el derecho a reconstituir la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras. Si esto es fundamental en tiempos de “normalidad”, cobra una especial relevancia en este contexto en el que se ha estado trabajando bajo situaciones de presión, angustia y estrés, nunca antes vividas por nadie.
Basta como ejemplo, el solo hecho de pensar en sumariantes receptando denuncias, compañerxs de los cuerpos operativos concurriendo a trabajar en condiciones insalubres, integrantes de equipos técnicos realizando entrevistasy diagnosticos o incluso, muchos prosecretarios o prosecretarias concurriendo a tribunales a seguir sosteniendo el derecho de acceder a la justicia que asiste a la ciudadanía.
¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron concurriendo de manera normal y habitual a sus puestos de trabajo? ¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron trabajando desde su casa, poniendo a disposición todos los medios necesarios para realizar el trabajo remoto?
Es otra actitud vergonzante de parte de una patronal muy interesada no solamente, en no molestar al poder ejecutivo provincial sino en seguir sosteniendo ese cúmulo de privilegios sobre los que descansan, sin que nada ni nadie los perturbe.
Desde AGEPJ advertimos que si la deuda salarial que se tiene con este sector desde 2019 persiste, los trabajadores y trabajadoras no volveremos a garantizar como siempre lo hicimos, el funcionamiento normal del poder judicial.
