Los trabajadores judiciales retomamos las tareas habituales luego de transcurrida la feria judicial, y corroboramos que el TSJ y el Gobierno de la provincia mantienen la situación ilegal de recorte al salario otorgado por la Corte Suprema. Desconociendo el sistema salarial ratificado en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo, el TSJ y el sindicato del aumento del 12% acumulativo, pagaron poco más de un 8%. Exigimos el cumplimiento inmediato de lo pautado (Ac 191 “c”) en el mes de octubre de 2016.

Es así que en el día martes 31/1 se reunió la Comisión Directiva del gremio que analizó el difícil contexto que atravesamos los trabajadores en general y en particular los Judiciales. Al desconocimiento del Ejecutivo de la provincia de acuerdos salariales con sindicatos estatales y docentes, se siguen sumando incumplimientos de Convenios Colectivos recientemente firmados, y el avance sobre la legislación laboral protectoria y el vergonzoso techo del 18% que impulsan los gobernadores. Por ello, se ratificó el estado de alerta y movilización elaborando un cronograma de reuniones y asambleas en capital e interior, para dar cumplimiento a las medidas resueltas por la asamblea extraordinaria del 16-12-2016.

Esta ilegal, arbitraria y caprichosa actitud el TSJ y el Gobierno de la Provincia para con los trabajadores, desconociendo los acuerdos firmados, nos obligan a tomar medidas de acción en defensa del salario y su poder adquisitivo que pondrán en riesgo el normal funcionamiento de la justicia durante el presente año.

Rechazo al proyecto oficial que suprimiría la Feria

El Gremio de Judiciales de Córdoba rechazó enfáticamente el proyecto oficial del Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano que propone eliminar la Feria Judicial. La iniciativa es una verdadera “intromisión del ejecutivo” en otro Poder del Estado. Señalamos que ya se advertían en el proyecto de “Justicia 2020” que bajo una aparente búsqueda de eficiencia se escondía un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo y avasallar derechos adquiridos por los trabajadores judiciales sin ser un verdadero abordaje de los problemas de la justicia.

Desde el gremio analizamos esta medida en el marco de un contexto nacional de un permanente deterioro del empleo público y privado, despidos masivos y pretensión de eliminar convenios colectivos y derechos laborales. Esta iniciativa debe comprenderse como parte de ese contexto que ahora intenta avasallar condiciones laborales a los trabajadores judiciales. Nos oponemos rotundamente a esta iniciativa y le recordamos al Ministro que todos los servicios primordiales de policía judicial, denuncias de delitos y cuestiones vinculadas a restricciones en hechos de familia permanecen activos en sus respectivos juzgados durante la Feria. Cualquier proyecto serio, en relación a la justicia debe incluir temas ineludibles: recursos presupuestarios para dotar de mayor personal, infraestructura  y herramientas de trabajo, junto a la creación de nuevos juzgados. La feria es útil e insustituible en términos ordenatorios de la actividad que desarrollan los diversos actores que se desempeñan en la actividad judicial.