AGEPJ repudia el recorte salarial y el diferimiento de pago. Se iniciarán acciones jurídicas y gremiales junto a los demás sindicatos estatales
El gobierno provincial finalmente descontó sumas de los salarios de empleados jubilados del Poder Judicial que excedan el tope de lo que percibirá el gobernador (110.000 pesos ), tal como lo había anunciado para jubilados de todo el sector público.
Con el fin de repeler jurídicamente esta exacción, AGEPJ estudia junto a abogados previsionalistas que tipo de acción interponer, al igual que los demás gremios afectados contra dicha medida por inconstitucional y por importar “…un resultado regresivo en la calidad de vida de las personas que tengan acordada jubilación o pensión…” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sentencia Nº 2758 XXXVIII, en autos «Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS S/ reajuste varios», de fecha 17 de mayo de 2005). Recordamos que no se encuentran corriendo plazos para deducir recursos administrativos o acciones judiciales.
Dicha medida es repudiable porque toca el salario que, no hay que justificarlo, tiene carácter alimentario. Pero en el ámbito del Poder Judicial esta injusticia tiene una arista más: el sector de magistrados, el que más gana, el que en un estado democrático y de derecho ostenta un sistema salarial y jubilatorio de privilegio no sufre menoscabo. Los empleados jubilados sí, un recorte ahora que se suma al recorte de facto que tanto los activos como los jubilados judiciales venimos padeciendo desde hace seis meses ya que no hemos cobrado aún el último tramo de aumento de 2019 que por acuerdo suscripto por la Provincia y el Poder Judicial nos corresponde.
Esto es la consecuencia del sistema de doble estándar salarial que el TSJ ha instaurado en el Poder Judicial. Equiparación para funcionarios y magistrados excluyendo de la misma a las empleadas y empleados aún cuando nos asiste el mismo derecho invocado por ellos: “a igual tarea, igual remuneración”. El TSJ y los magistrados continúan actuando sólo en beneficio de su bolsillo y pensando que su realidad es la misma que la de un trabajador o un jubilado. “Resignaron”, según sus propias palabras el aumento del 10% de diciembre a cambio de no sufrir descuento salarial. Negociaron con el ejecutivo consolidar el recorte salarial que estamos sufriendo porque claramente ellos no lo necesitan. Los trabajadores si necesitamos compensar lo que la inflación de 2019 redujo de nuestro poder adquisitivo.
El Secretario General Federico Cortelletti expresó que: “Repudiamos este injustificable descuento salarial así como el diferimiento de pago dispuesto. Está claro que la pandemia y la consiguiente cuarentena para controlarla están generando una crisis sin precedentes. Sin embargo, los fondos para solventarla deben salir de los sectores que siempre han ganado y nunca pierden, ni aún en crisis como esta. El sector financiero es un ejemplo y la Provincia de la Pampa con acierto ha establecido un gravamen transitorio sobre la actividad. El proyecto de gravar las grandes fortunas es otra línea correcta para hacer recaer el costo de la crisis en otros sectores que no sean los trabajadores.”
El Secretario Adjunto Adrián Valán también dijo que: “vamos a cuestionar judicialmente y con medidas, junto a todos los estatales este nuevo atropello a los jubilados. Es indignante que con la excusa de la crisis económica se toque el salario de trabajadores jubilados mientras los privilegiados de siempre no aportan un peso.”
