El dÃa miércoles 3 de septiembre AGEPJ tomó conocimiento de que el Asesor Letrado Eduardo Santiago Caeiro presentó su renuncia al Poder Judicial. Respecto de él pesaba una investigación sumarial y penal por haber sido denunciado por AGEPJ por presuntas irregularidades en el concurso de auxiliares colaboradores de la defensa pública.
La Asociación Gremial de empleados y empleadas del Poder Judicial de Córdoba tomó conocimiento de que Eduardo Santiago Caeiro presentó su renuncia como Asesor del Poder Judicial en el dÃa de la fecha.
Esto sucede luego de que AGEPJ el 4 de noviembre del 2024 realizara una presentación ante el TSJ respecto de la sospecha de posibles irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo Nro. 375/24 para cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a destinados a desempeñar funciones de Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital . Ello motivó la apertura de una investigación sumarial por parte de la Oficina de Sumarios del TSJ. Además, producto de esa investigación interna y denuncia gremial, se abrió una investigación penal jurisdiccional en el Poder Judicial. El 3 de abril de este año la FiscalÃa a cargo de dicha investigación jurisdiccional solicitó la imputación del Asesor . Dicha imputación se encuentra, actualmente, para resolver junto con el inicio de la causa penal por parte del Juzgado de Control a cargo de la investigación jurisdiccional.
Desde AGEPJ en diciembre del año pasado instamos ante el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, que se determinara si las conductas desplegadas por el Asesor Eduardo Santiago Caeiro, en relación al concurso para Auxiliar colaborador de la Defensa Pública, habÃan constituido un accionar encuadrable en mal desempeño y/o negligencia grave. Ante la falta de novedades al respecto, desde el sindicato volvimos a insistir a principios de agosto de este año con preocupación sobre la demora en la resolución sobre nuestra denuncia .
Desde AGEPJ reiteramos que todas nuestras acciones en este caso han sido en la defensa del sistema público de concursos de la provincia, que debe ser respetado en aras a la democracia y a la igualdad en el acceso a cargos públicos. Por eso instamos a la justicia penal cordobesa a que avance con la investigación criminal sobre el caso, se determinen las responsabilidades si existieran y se proceda conforme lo determina la ley, para llevar claridad y tranquilidad a toda la comunidad judicial que dÃa a dÃa se esfuerza para mejorar la justicia que se le brinda a la sociedad.Â
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