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Ante la situación de público conocimiento en la que nos encontramos, en el día previo a una medida de fuerza dispuesta por 48 hs., la Comisión Directiva de la Seccional Rio Cuarto de AGEPJ manifiesta que no desconoce que el accionar gremial y las medidas de acción directa pueden generar malestar en los usuarios, es parte integrante de cada medida, y los mismos pueden tener las opiniones que crean convenientes, pero ello no los autoriza a cuestionar la oportunidad de la misma. El Concejo Consultivo Provincial desarrollado la semana pasada, constituido por la totalidad de los delegados de las sedes de la Provincia y los integrantes de la Comisión Directiva Provincial, analizó la situación en la cual nos encontramos los empleados de la justicia provincial, teniendo en cuenta el complejo contexto, efectuó las valoraciones del caso y examinó el mérito y la conveniencia de efectuar una medida de fuerza; dando cumplimiento, de esa manera, a su función orgánica, a través del debate amplio y democrático. Entre las razones que motivan la medida de acción directa se encuentra la deuda salarial que nuestro empleador mantiene desde el mes de diciembre de 2019, la falta de discusión salarial correspondiente al año en curso, los inconvenientes generados por el trabajo a distancia y el cumplimiento de los respectivos protocolos, la modificación a la ley de jubilaciones.

Asimismo, sostenemos que durante el receso sanitario los empleados de la justicia provincial estuvimos prestando servicio. Una parte desarrollamos tareas de manera presencial en las oficinas de tribunales, en las unidades judiciales de nuestra ciudad y demás dependencias, con los riesgos y miedos propios que la exposición al público representaba al comienzo de la cuarentena obligatoria y que aún representa al día de la fecha. Los demás integrantes de la justicia provincial realizamos tareas de manera remota, desde nuestros hogares, utilizando nuestros propios recursos; ejecutamos las tareas encomendadas atravesando las dificultades que plantea hacernos cargo del hogar y trabajar al mismo tiempo, sobre todo aquellos agentes que tienen personas a cargo y/o deben afrontar el cuidado de niños.

Igualmente, debemos mencionar que el avance de las causas y el tiempo que insume la conclusión de las mismas merece una profunda autocrítica en pos de beneficiar la celeridad del servicio de justicia, autocrítica que no solamente debemos realizar los integrantes del Poder Judicial. Los auxiliares de la justicia deben asumir la responsabilidad que les incumbe, sobre todo en los procedimientos dispositivos que solamente avanzan a pedido de parte.

Finalmente, remarcamos nuestro compromiso con los justiciables que necesitan hacer valer sus derechos y con la sociedad entera. Desde nuestro espacio, exhortamos a la confraternidad de quienes componemos la Justicia y, en estos complejos momentos de crisis, rechazamos manifestaciones provocadoras que solamente inducen al conflicto.

Los gremios que representan a aportantes y beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la Provincia presentaron, hoy miércoles 10 de junio en forma conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia, la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 10.694, que impuso la última Reforma Previsional Provincial.

En la presentación los gremios agrupados en la CGT Regional Córdoba argumentamos que los derechos conquistados están resguardados en la Constitución Nacional y Provincial en cuanto a lo que refiere a la intangibilidad del salario y las jubilaciones. Este principio representa una protección constitucional ya que protege a los ingresos de los asalariados contra cualquier medida regresiva.


En un plenario realizado, el martes a las 11 hs. en la sede de la Casa Histórica de CGT, los Secretarios Generales de catorce Organizaciones suscribieron el texto de la presentación que, en virtud de las disposiciones vigentes, se realizó en forma electrónica el miércoles 10 de junio.

Los gremios que presentamos en conjunto el recurso de inconstitucionalidad son  la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ),  el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Asociación Bancaria, Unión Obrera Gráfica (UOGC), Federación de Municipales, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), el Sindicato de Docentes Privados (SADOP), ADEME, el Sindicato de Empleados Legislativos (SELC), Sindicato Vial Córdoba (SIVIALCO), unión de Empleados de Lotería, Bingos y Juegos de Azar de Córdoba, APSE, , CASINOS. Todos ellos, aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

 

El paro de AGEPJ los días 26 y 27 de mayo, que entre sus principales consignas de convocatoria enarboló la oposición y repudio a la reciente reforma jubilatoria tuvo un buen acatamiento en toda la provincia. A su vez la CGT Regional Córdoba convocó a jornadas de repudio para las mismas fechas en las que cada gremio realizó acciones. En la misma línea desde el conjunto de los gremios aportantes a la caja se planean nuevas medidas.

La nueva ley n 10.694 implica entre otras cuestiones, una reducción del haber jubilatorio, diferimiento del pago de aumentos, establecimiento de topes y hasta la creación de una retención ante la acumulación de beneficios acordados por ley.

Es por eso que además de la medida de fuerza realizada y las que puedan disponerse en el futuro  desde AGEPJ estamos acercando a las jubiladas y jubilados las gestiones con un estudio jurídico de reconocida trayectoria en materia previsional. Ello a los fines de iniciar las acciones administrativas y jurídicas necesarias para ponerle límite a la injusticia a que asistimos.

Las compañeras y compañeros que deseen interiorizarse más de dichas acciones deben comunicarse al teléfono de AGEPJ 351 7656417 de 8 a 15 hs.

Cumpliéndose hoy el segundo día del paro de 48 horas podemos decir que el mismo ha tenido un muy buen acatamiento, aunque dispar en algunas sedes del interior. Por ejemplo hubo una alta adhesión, tanto de los trabajadores/as que hacen trabajo presencial como en el teletrabajo, en Villa Dolores, Villa María, Oliva y La Carlota, a su vez fue baja en sedes como Cosquín, Alta Gracia y Carlos Paz.

En tanto que en la Capital provincial el acatamiento ha sido alto en algunas Unidades Judiciales y demás sectores que estuvieron trabajando presencialmente desde la declaración de la pandemia. Respecto del teletrabajo, según lo relevado por nuestra entidad gremial también tuvo un importante acatamiento con gran número de empleadas y empleados que no se conectaron durante los dos días de paro o en uno de ellos.
Además del pago del 10% adeudado desde diciembre de 2019, anunciado por el Tribunal Superior muy pocas horas antes del comienzo de la medida de fuerza, también recibimos del empleador la noticia de renovación de 38 contratos de empleados que estaban con amenaza de rescisión. De hecho, la defensa de esos puestos de trabajo fue uno de los motivos del paro expresado en las consignas convocantes junto al reclamo por deuda salarial y la oposición a la reciente reforma previsional del gobierno provincial.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó: “En medio de las inmensas dificultades para la organización que impone la pandemia, hemos llevado adelante una ejemplar medida de fuerza contra las arbitrariedades que despliega nuestra patronal. No es coincidencia, sino fruto de la incansable lucha de todas y todos los judiciales que a las 17 horas de un día feriado y en la víspera de un paro de 48 horas nos comuniquen el pago del 10 % adeudado que venimos reclamando hace cinco meses y medio”

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que: “Este paro de 48 horas también es contra la nefasta ley de reforma jubilatoria que, aprovechando el momento, el gobierno provincial ha hecho sancionar conculcando derechos de los actuales y futuros jubilados. Anunciamos que vamos a continuar con acciones al respecto. El paro ha sido muy bueno a pesar del trillado intento de la patronal de anunciar buenas noticias horas antes de cada medida”

Desde AGEPJ repudiamos el dictado de la nueva ley de reforma jubilatoria y llamamos a un paro para el 26 y 27 de mayo, que entre otros motivos ennumera la oposición a la misma. El Paro coincide con las jornadas que convocó CGT Regional Córdoba en resistencia a la ley.


A su vez, junto a los gremios aportantes a la caja estamos coordinando una estrategia legal para impugnar judicialmente la misma. Independientemente de dicha acción conjunta que reúne varios gremios, AGEPJ pondrá en breve a disposición de las jubiladas y jubilados afiliados el instrumento que indique el estudio del Dr. Carena para defender judicialmente nuestros derechos previsionales.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: «estamos ante la más regresiva reforma jubilatoria desde el regreso de la democracia, arteramente sancionada aprovechando las restricciones que la pandemia impone a la acción colectiva. Aun así le estamos ofreciendo resistencia, con el paro del 26 y 27, con las acciones en conjunto de los gremios aportantes y el recurso judicial que en breve AGEPJ pondrá a disposición de nuestras afiliadas y afiliados. Las jubiladas y jubilados judiciales nos han marcado un camino de lucha que vamos a honrar con un gran paro el martes y miércoles.»


A su vez el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan acotó: «estamos convocando a todas y todos los empleados judiciales a plegarse al paro decretado para el 26 y 27 contra la nueva ley de reforma jubilatoria. En defensa de los actuales jubilados y de los que alguna vez seremos hay que demostrar que la justicia no funciona sin sus trabajadores por tanto en esas 48 horas no debe haber concurrencia a los lugares de trabajo ni conexión para realizar teletrabajo.»

Se abonará el 10% de diciembre 2019 a partir del mes de junio de 2020

La Administración General del Poder Judicial informó, alrededor de las 17 horas del 25 de mayo que incorporará al básico el 10% de aumento de diciembre de 2019 a partir del mes de junio.

Esta decisión de la patronal nada dice sobre los retroactivos debidos de sendos tramos de 10% ordenados a fin de año, de manera que la deuda con sus trabajadores y trabajadoras sigue siendo enorme aunque con la incorporación al básico dejará de acrecentarse.

No es nada casual que el Tribunal Superior durante un feriado patrio y a muy pocas horas del comienzo de un paro de 48 horas difunda esta noticia. La finalidad es evitar la ejecución de la medida de fuerza.

Sin embargo la misma se mantiene, por los retroactivos debidos, contra la amenaza constante de bajas de contratos, el recorte jubilatorio y la eliminación del receso de julio 2020.

La Comisión Directiva de AGEPJ convocó a un paro de 48 horas en el Poder Judicial para los días 26 y 27 de mayo. El momento del paro se decide en paralelo a la paulatina vuelta al funcionamiento del trabajo presencial en la mayoría de las sedes del interior, tal como lo había advertido AGEPJ si no había cumplimiento salarial.

El consenso de los cuerpos orgánicos de AGEPJ es unánime en cuanto a que la mala fe y destrato del Tribunal Superior alcanza ya límites intolerables. Mientras una gran parte de la planta hace teletrabajo y numerosos compañeros y compañeras haciendo trabajo presencial le han puesto el cuerpo a la pandemia, el Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus.

Como la gota que colma nuestra paciencia el 20 de mayo el gobierno provincial (elmismo que junto al TSJ nos debe parte de nuestro salario) hizo aprobar en trámite sumario una nueva ley que recorta las jubilaciones actuales y futuras de la Caja de Jubilaciones provincial.

Frente a todos estos atropellos del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial las y los judiciales DECIMOS BASTA y convocamos a parar por 48 hs. en toda la provincial los días 26 y 27 de mayo, sin presencia en los lugares de trabajo y desconexión-deslogueo en la modalidad de teletrabajo. Además, se advierte que no habrá regreso con normalidad a la actividad del Poder Judicial si nuestra patronal continúa violentando derechos y ninguneando a quienes sostenemos con nuestro trabajo el funcionamiento del Poder Judicial.

El Paro comienza a las 0 horas del día 26 de mayo y culmina a las 24 hs. del día 27 de mayo o hasta la finalización del turno donde existe trabajo nocturno.

Desde el gremio de Empleados Judiciales de Córdoba expresamos nuestro enérgico rechazo a la posible modificación de una ley provincial que ajuste y/o recorte el monto de las jubilaciones provinciales.

Ante el hecho casi consumado que hoy, miércoles 20 de mayo, se aprobaría sin ningún tipo de discusión previa una modificación en las leyes jubilatorias vigentes que afectaría el cálculo de haberes nos mantenemos en Estado de Alerta y nos reuniremos con el conjunto de gremios aportantes a la caja para definir una estrategia de lucha para enfrentar esta medida.

El Secretario General Federico Cortelleti expresó: “Repudiamos este nuevo ataque a los trabajadores. Estamos ante la reforma más regresiva desde el inicio de la democracia y volviendo a los 90 previsionalmente hablando. Los estatales y gremios aportantes a la caja, en unidad vamos a enfrentar este nuevo ajuste

En tanto que el secretario Adjunto agregó: “En momentos en que el gobierno nacional hace denodados esfuerzos para que la crisis económica afecte lo menos posible a trabajadores y jubilados, el gobernador Schiaretti parece ensañarse con los mas débiles. Si verdaderamente representara intereses populares, el gobierno provincial avanzaría con impuestos a los sectores económicos que más ganaron en los últimos años, como por ejemplo los bancos y el agronegocio

El día 3 de mayo un diario de gran circulación de la provincia, realizó un informe periodístico sobre los privilegios del Poder judicial. En dicha nota se coloca en el mismo lugar  al conjunto de empleados y empleadas judiciales con el sector de magistrados y al Tribunal Superior de Justicia. En esa oportunidad desde AGEPJ emitimos nuestra respuesta institucional, aclarando quienes son los únicos que detentan verdaderos privilegios.

Nuestra aclaración gremial: https://agepj.org.ar/la-felicidad-es-del-tsj-no-de-los-judiciales/

 

Tres días después de haber desinformado a la sociedad sobre la situación que atravesamos los y las trabajadoras judiciales, el mismo diario, vuelve a publicar una nota, sin siquiera intentar comunicarse con el sindicato para chequear la información, volviendo en consecuencia a caer en las mismas imprecisiones.

En efecto, El  6 de mayo el matutino publica en su editorial, la nota “Un desequilibrio inaceptable” y allí, sostiene que el promedio salarial de los empleados de planta es casi lo mismo que lo que gana actualmente el gobernador.

Mas allá de la absurda comparación que no resiste el menor análisis (resulta increíble que alguien piense eso), lo que el medio no dice, por ignorancia o malicia, es que en la actualidad el 70% de la planta de trabajadores se encuentra en las tres primeras categorías del escalafón, que están verdaderamente lejos del promedio que publica el diario. Pero no solo eso, al día de la fecha entre el TSJ y el MPF, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han decidido que casi el 20% de este colectivo de empleados y empleadas se encuentren absolutamente precarizados revistiendo la calidad de contratadxs. No obstante, el tema no termina allí.

Lo descripto, sumado a la nuevas condiciones de ingreso dispuestas por la patronal, esto es, cada vez más jóvenes para ahorrarse las bonificaciones por título y por inhabilitación de matrícula, hace que una persona que ingresa a trabajar al Poder Judicial lo hace bajo la línea de la pobreza. Y esto sin contar a compañeros y compañeras que no están en la planta jurisdiccional y cuya situación es aún peor, como el caso de los sectores de mantenimiento y obrero y maestranza.

 

La ignorancia sobre estas particularidades pueden subsanarse comunicándose con AGEPJ. Es tan simple como realizar una llamada telefónica o mandar un correo electrónico. Lo que es más difícil o casi imposible de enmendar, es la malicia con la que vuelven a sostener que “Cuando la Corte Suprema de Justicia dictamina un aumento, Córdoba se los otorga de modo automático”. El diario no desconoce, porque ha realizado cobertura de cada uno de los más de 10 paros (con ocupación de tribunales incluida) que este Gremio dispuso durante 2019 y los 5 paros que realizamos este año, hasta la irrupción de la pandemia por coronavirus. Todas estas medidas se hicieron porque el poder ejecutivo se niega a otorgar los aumentos que se comprometió expresamente desde el año 2016.

Solo a manera de sugerencia, y puesto que el diario parece muy preocupado por la administración del dinero público, podría investigar cuánto se ahorra el Ejecutivo con el recorte del 10% dispuesto sobre este colectivo de trabajadores y trabajadoras desde diciembre del 2019. O cuanto se ahorra con un nuevo ajuste sobre nuestros jubilados y jubiladas estatales.

 

 

AGEPJ repudia el recorte salarial y el diferimiento de pago. Se iniciarán acciones jurídicas y gremiales junto a los demás sindicatos estatales

 

El gobierno provincial finalmente descontó sumas de los salarios de empleados jubilados del Poder Judicial que excedan el tope de lo que percibirá el gobernador (110.000 pesos ), tal como lo había anunciado para jubilados de todo el sector público.

Con el fin de repeler jurídicamente esta exacción, AGEPJ estudia junto a abogados previsionalistas que tipo de acción interponer, al igual que los demás gremios afectados contra dicha medida por inconstitucional y por importar “…un resultado regresivo en la calidad de vida de las personas que tengan acordada jubilación o pensión…” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sentencia Nº 2758 XXXVIII, en autos «Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS S/ reajuste varios», de fecha 17 de mayo de 2005). Recordamos que no se encuentran corriendo plazos para deducir recursos administrativos o acciones judiciales.

Dicha medida es repudiable porque toca el salario que, no hay que justificarlo, tiene carácter alimentario. Pero en el ámbito del Poder Judicial esta injusticia tiene una arista más: el sector de magistrados, el que más gana, el que en un estado democrático y de derecho ostenta un sistema salarial y jubilatorio de privilegio no sufre menoscabo. Los empleados jubilados sí, un recorte ahora que se suma al recorte de facto que tanto los activos como los jubilados judiciales venimos padeciendo desde hace seis meses ya que no hemos cobrado aún el último tramo de aumento de 2019 que por acuerdo suscripto por la Provincia y el Poder Judicial nos corresponde.

Esto es la consecuencia del sistema de doble estándar salarial que el TSJ ha instaurado en el Poder Judicial. Equiparación para funcionarios y magistrados excluyendo de la misma a las empleadas y empleados aún cuando nos asiste el mismo derecho invocado por ellos:  “a igual tarea, igual remuneración”. El TSJ y los magistrados continúan actuando sólo en beneficio de su bolsillo y pensando que su realidad es la misma que la de un trabajador o un jubilado. “Resignaron”, según sus propias palabras el aumento del 10% de diciembre a cambio de no sufrir descuento salarial. Negociaron con el ejecutivo consolidar el recorte salarial que estamos sufriendo porque claramente ellos no lo necesitan. Los trabajadores si necesitamos compensar lo que la inflación de 2019 redujo de nuestro poder adquisitivo.

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que: “Repudiamos este injustificable descuento salarial así como el diferimiento de pago dispuesto. Está claro que la pandemia y la consiguiente cuarentena para controlarla están generando una crisis sin precedentes. Sin embargo, los fondos para solventarla deben salir de los sectores que siempre han ganado y nunca pierden, ni aún en crisis como esta. El sector financiero es un ejemplo y la Provincia de la Pampa con acierto ha establecido un gravamen transitorio sobre la actividad. El proyecto de gravar las grandes fortunas es otra línea correcta para hacer recaer el costo de la crisis en otros sectores que no sean los trabajadores.”

El Secretario Adjunto Adrián Valán también dijo que: “vamos a cuestionar judicialmente y con medidas, junto a todos los estatales este nuevo atropello a los jubilados.  Es indignante que con la excusa de la crisis económica se toque el salario de trabajadores jubilados mientras los privilegiados de siempre no aportan un peso.”