La Comisión Directiva de AGEPJ y el Consejo Consultivo del Interior exigen el fin de los aportes extraordinarios y del diferimiento jubilatorio. Para las y los trabajadores judiciales, el ajuste tiene doble autoría: Nacional por retacear fondos y Provincial por descargarlo sobre nuestros salarios y jubilaciones.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ) manifiesta su más enérgico rechazo a las políticas de ajuste que vulneran los derechos de las y los trabajadores y jubilados estatales cordobeses, entre los que estamos las y los judiciales y exigimos su inmediata reversión.
En el mes de diciembre de 2023, el Gobierno de la Provincia de Córdoba impuso aportes extraordinarios al conjunto de los trabajadores estatales. Esta medida, constituyó un verdadero descuento salarial, un ajuste directo al bolsillo de quienes sostenemos el funcionamiento del estado y la justicia. Frente a este atropello, AGEPJ respondió con la medida de fuerza contundente que correspondía –un paro activo–, en conjunto con la lucha emprendida por los demás gremios.
Este conflicto no se entiende sin el deliberado contexto de asfixia financiera impulsado desde el Gobierno Nacional. Es una política de hecho: la Nación retacea o directamente no envía los fondos que corresponden a la Provincia para que ésta pueda funcionar y cumplir con sus obligaciones. Una de las cosas que se retacea sistemáticamente son los fondos específicos para cubrir el déficit de la caja de córdoba que es una obligación del estado nacional. AGEPJ se opone radicalmente a esta política que conduce a la destrucción del Estado, de sus funciones básicas y la protección de los derechos laborales y sociales.
Sin embargo, es imperativo señalar con claridad la doble responsabilidad en esta injusticia:
La responsabilidad primaria y mayoritaria recae en el Gobierno Nacional, con su ajuste salvaje señalado y objetivos declarados de achicar el Estado a cualquier costo (por ej. la infame crueldad que se está consumando alrededor de las políticas hacia la discapacidad) con el fin de obtener superávit para pagar una deuda externa creciente.
Pero hay otra responsabilidad, no menos importante que recae en el Gobierno Provincial, quien eligió la opción política de descargar el peso de este ajuste sobre los salarios de los trabajadores activos y persiste en el diferimiento jubilatorio. Existían y existen otras alternativas. Podría haber elegido afectar otros intereses sectoriales o privilegiados, pero optó por recortar el ingreso de sus propios empleados, profundizando la desigualdad y el daño económico a las familias.
Por todo lo expuesto, EXIGIMOS:
1. El cese inmediato de los denominados «aportes extraordinarios», que no son más que una retención salarial ilegítima.
3. Que se ponga fin al Diferimiento Jubilatorio vigente en la Provincia de Córdoba. Respecto a esto, AGEPJ sostiene que este mecanismo, que posterga el cobro de los haberes de los trabajadores estatales jubilados, es una doble condena: después de una vida de trabajo, se les niega el derecho a percibir su ingreso en tiempo y forma. Es una práctica injusta que agrava la situación económica de quienes ya han dado lo mejor de sí para el servicio público.
Además no es menor el dato que las y los judiciales somos superavitarios para la Caja de jubilaciones teniendo una relación de más de cuatro activos por cada jubilado o jubilada judicial.
Las y los trabajadores judiciales no estamos dispuestos a ser la variable de ajuste de ningún gobierno.
