AGEPJ cuestionó el anuncio del Fiscal General Rubén Lezcano sobre la incorporación de becarios para cubrir funciones permanentes en las Unidades Judiciales.
Cada vez que el Poder Judicial enfrenta cuestionamientos públicos aparecen anuncios aislados presentados como la solución. Sin embargo, los problemas estructurales no se resuelven con respuestas coyunturales ni con declaraciones para los medios. Se resuelven con planificación, inversión y una verdadera política de fortalecimiento del servicio de justicia.
Las recientes declaraciones del Fiscal General, Rubén Lezcano, anunciando la incorporación de becarios para las Unidades Judiciales vuelven a poner en evidencia una forma de abordar problemas estructurales con soluciones precarias, en lugar de impulsar las transformaciones profundas que el Poder Judicial necesita.
El anuncio se produce mientras las y los trabajadores judiciales llevamos adelante un plan de lucha en reclamo de una recomposición salarial y de mejores condiciones para garantizar un servicio de justicia de calidad.
Si las propias autoridades reconocen que existen dificultades para cubrir guardias, organizar adecuadamente los turnos y brindar una correcta atención a la ciudadanía, la respuesta no puede ser incorporar becarios para cubrir funciones permanentes. El Poder Judicial necesita más trabajadores y trabajadoras, no más precarización.
El Poder Judicial de Córdoba fue pionero en construir un sistema de ingreso por concursos, basado en los principios de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad. Si hacen falta más trabajadores y trabajadoras, la respuesta debe ser fortalecer ese modelo mediante nuevos ingresos concursados, respetando la carrera judicial y garantizando condiciones laborales dignas.
Desde AGEPJ venimos reclamando desde hace años una discusión seria sobre la organización del trabajo, la dotación de personal y el funcionamiento de distintas áreas del Poder Judicial. Los problemas estructurales no se resuelven administrando la emergencia. Se resuelven con planificación, inversión y decisiones de fondo.
Nos preocupa además que la utilización de figuras precarias para sostener funciones permanentes termine debilitando el efecto de la huelga y constituyendo una practica patronal desleal. En un contexto en el que las y los judiciales ejercemos legítimamente el derecho constitucional de huelga para reclamar por nuestros salarios y condiciones de trabajo, resulta especialmente preocupante que se recurra a modalidades precarias y que debilitan la protesta para garantizar tareas permanentes del servicio.
Las y los judiciales no queremos personal precarizado. Reclamamos más inversión, más concursos, más trabajadores y trabajadoras, mejores salarios y un Poder Judicial fortalecido.
Fortalecer el servicio de justicia no es incorporar becarios para cubrir necesidades permanentes. Es invertir en quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Poder Judicial, respetando la carrera judicial, el ingreso por concurso y los derechos laborales conquistados.
