Gracias a la intervención gremial de AGEPJ iniciada en 2024 y al acompañamiento a las trabajadoras de Cruz del Eje, el Tribunal Superior de Justicia multó al vocal de la Cámara del Crimen por violencia laboral y le recomendó buscar asistencia profesional.
Tras años de reclamos, presentaciones administrativas y la firme intervención de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió imponer la máxima sanción disciplinaria prevista en el ámbito administrativo al camarista Javier Rojo, vocal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, por hechos comprobados de maltrato laboral hacia empleadas judiciales y una asesora letrada.
La medida, formalizada mediante el Acuerdo N° 35 (fechado el 6 de noviembre y notificado este miércoles 11), establece una multa de 45 Jus y constituye un antecedente fundamental en la lucha sindical contra la violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial de Córdoba.
El rol clave de la organización gremial de las trabajadoras judiciales
El fallo del Alto Cuerpo es el resultado de un proceso sostenido de denuncias y visibilización de estas situaciones de violencia en el Poder Judicial. Si bien los primeros episodios datan de finales de 2020 e inicios de 2021 —que motivaron una intervención previa del Tribunal de Ética Judicial en 2023—, fue la incorporación de nuevas denuncias impulsadas por AGEPJ en 2024 por malos tratos hacia empleadas lo que terminó de consolidar el sumario administrativo en la Secretaría de Sumarios del TSJ.
Desde el colectivo judicialas valoramos positivamente que las instancias institucionales den respuesta a los reclamos de las y los trabajadores, reafirmando una convicción irrenunciable de nuestra organización: ninguna jerarquía ni investidura habilita el destrato, la hostilidad o el abuso de autoridad.
Sin embargo enfatizamos nuevamente que independientemente de haberse aplicado la máxima sanción prevista por el reglamento disciplinario para un magistrado, creemos que no son medidas suficientes para reparar el daño causado y tampoco son acordes a la exigencia de moral y decoro que se exige de forma constante a las y los magistrados del Poder Judicial que son funcionarios públicos. Más allá de medidas individuales respecto del magistrado sancionado es importante avanzar en acciones reparatorias más integrales junto con un trabajo coordinado de todas las áreas involucradas del Poder Judicial y elaborar planes de prevención generales y destinados especialmente a quienes ostentan cargos de jefatura.
Los hechos acreditados y la resolución del TSJ
Durante la investigación previa del Tribunal de Ética Judicial, ya se había advertido al magistrado para que cesara en su trato hostil hacia mujeres del ámbito tribunalicio. Entre los antecedentes del caso se encuentran:
- Amenazas en audiencia: La denuncia de la asesora letrada Alejandra Heredia, quien fue amenazada en malos términos por Rojo durante una audiencia en tribunales, situación que fue dejada en actas y denunciada por el entonces fiscal Raymundo Barrera.
- Maltrato a personal a su cargo: Las presentaciones de una funcionaria judicial y de empleadas de su dependencia que sufrieron hostigamiento laboral, sumadas a la comprobación de que el camarista delegaba la totalidad de la confección de las sentencias de su sala en sus dependientes.
El TSJ aplicó la sanción económica máxima y además recomendó expresamente a Rojo que “procure un espacio profesionalmente adecuado para abordar las dificultades relacionadas al modo de vincularse con el personal con el que comparte el entorno laboral, a fin de evitar la reiteración de las inconductas aquí constatadas”.
Fortalecer la prevención y el acompañamiento
Desde AGEPJ y el espacio de Judicialas valoramos positivamente este pronunciamiento, pero subrayamos que la sanción posterior no alcanza si no se profundizan las políticas de prevención y reparación integrales hacia adentro del Poder Judicial.
Resta aún, en particular, la creación del Observatorio de VLyG también previsto en el Ac. Nro 1706/21 de sanción del Protocolo, organismo pensado específicamente para idear, a partir de diagnósticos concretos, políticas de prevención que se vuelven muy necesarias para evitar la escalada de casos como estos.
Esta resolución reafirma, además, la urgencia de garantizar y fortalecer los mecanismos de prevención, resguardo y acompañamiento para quienes se animan a denunciar ya previstos por el Protocolo de Violencia Laboral y de Género.
Seguimos defendiendo la organización colectiva como herramienta indispensable para construir un Poder Judicial verdaderamente libre de violencias. La justicia es con nosotras!!!
Sí sufrís o presenciás situaciones de violencia laboral o de género en el Poder Judicial podés comunicarte con el gremio para recibir asesoramiento y respaldo sindical, o solicitar orientación y acompañamiento al Equipo interdisciplinario del Protocolo escribiendo a: protocoloVLG@justiciacordoba.gob.ar
