En un contexto de reforma previsional por parte del gobierno provincial, ajuste a nivel nacional y deterioro sostenido del poder adquisitivo de las y los estatales en general y de las y los judiciales en particular ante una CSJN que se allanó al congelamiento de los salarios del Estado y que nos lleva a una pérdida con la inflación 23/24 de alrededor del 40%, la Comisión Directiva de AGEPJ convoca a Asamblea General Extraordinaria de afiliados y afiliadas con el objetivo de debatir colectivamente la situación que atraviesa el sector y definir un plan de acción gremial.

La convocatoria se inscribe en un proceso de organización y movilización que las y los judiciales cordobeses venimos sosteniendo durante el último período: la lucha por la reestructuración e igualación de los escalafones con la justicia federal y luego el acuerdo de equiparación salarial escalonada que conseguimos en el 2025, las acciones impulsadas junto al Frente de Gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones primero exigiendo la devolución de la suba de aportes impuesta unilateralmente por el Gobierno provincial en el 2023 y luego en contra de la reforma previsional provincial que ajustó salarios y jubilaciones, y la participación en las acciones de la CGT Histórica de Córdoba contra la reforma laboral sancionada a nivel nacional ya que también impactará negativamente en condiciones de trabajo y derechos sindicales de las y los judiciales.

En este marco, proponemos que en la Asamblea Extraordinaria se desarrolle una discusión de una agenda común frente al empleador y definir las medidas gremiales necesarias para defender nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones de trabajo.

La convocatoria se realiza con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Análisis de la situación social, económica y política a nivel nacional y provincial. Definición de objetivos gremiales.
3. Definición del plan de acción.
4. Elección de dos compañeros/as para refrendar el acta de la asamblea.

A tal fin, desde Comisión Directiva se ponemos a consideración dos puntos deliberación sobre los objetivos gremiales y el plan de acción:

1) Objetivos gremiales (agenda de reclamos):

a) Defensa del salario ante la acusante pérdida del poder adquisitivo y cumplimiento integral del acuerdo de equiparación salarial, revisando los tiempos de implementación, los porcentajes pendientes y las modalidades de pago en el nuevo contexto previsional.
b) Defensa de nuestras jubilaciones, continuando la lucha junto a los gremios aportantes a la Caja para exigir la suspensión de los efectos de la mal llamada Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11087 y acompañando las acciones provinciales previstas que se dispongan desde ese espacio, así como las iniciativas de alcance nacional impulsadas por las filiales de la Federación Judicial Argentina con Cajas provinciales.
c) Fortalecimiento de la carrera judicial y recomposición salarial, abordando temas como permanencia en categoría, ascensos y mecanismos de reconocimiento del trabajo judicial.
d) Mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo, incluyendo la regulación del teletrabajo o modalidades híbridas, la sobrecarga laboral existente en muchas oficinas, mejores condiciones edilicias e infraestructura, ampliación y creación de licencias por cuidado y políticas para prevenir el desgaste psicosocial.
e) Generación de espacios de diálogo institucional permanente, para discutir cambios organizacionales, incorporación de nuevas tecnologías en la organización del trabajo y reformas en el funcionamiento del Poder Judicial con participación del sindicato.

2) Plan de acción gremial

a) Ratificar las medidas provinciales el Frente de Gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones viene llevando a cabo en contra de la mal llamada Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11087 y que disponga en el futuro.
b) Impulsar acciones de protesta todos los días de cobro hasta lograr la suspensión de los efectos de la mal llamada Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11087, en coordinación con el conjunto de los gremios estatales.
c) Promover acciones de alcance nacional junto con la Federación Judicial Argentina y sus filiales con Cajas provinciales para exigir a la Nación la regularización de los fondos previsionales.
d) Avanzar con medidas gremiales propias frente al Tribunal Superior de Justicia, particularmente en relación con la equiparación salarial, la permanencia en categoría y el resto de los reclamos del sector.
Como medidas iniciales se propone:
– La realización de retiros provinciales los días viernes a las 12 hs. hasta que se abra una instancia formal de negociación con el TSJ.
– La realización de acciones gremiales de visibilización y protesta
e) Establecer que las medidas con abandono de tareas y movilización que se definan en Capital se traduzcan en el interior en paros provinciales de 24 hs., a fin de garantizar el traslado y participación de las sedes en las movilizaciones.

Nos dirigimos al conjunto de trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y jubiladas, y a la opinión pública en general, en representación de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, para expresar nuestra posición frente al último acuerdo entre el Estado Nacional y la Provincia por el cual se duplicarían los envíos de fondos mensuales para la Caja de Jubilaciones, alcanzando los $10.000 millones mensuales a partir de mayo de 2026 a cuenta de la determinación de deuda que ser haría recién en 2027.

Recibimos con atención la confirmación del ministro de Economía de la Nación de que existe un entendimiento entre la Administración Nacional y la Provincia para incrementar el flujo de recursos destinados a la Caja de Jubilaciones. Estos fondos se enmarcan en una conciliación que se tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se trata de fondos a cuenta, todo en el contexto de demandas presentadas por nuestra Provincia ante la falta de actualización de los giros previsionales. Este acuerdo induce a pensar que ya la Corte Suprema no resolverá la cuestión de fondo y el sistema previsional de Córdoba seguirá esperando que la Nación pague lo adeudado.

Si bien valoramos que se avance en la recomposición de los recursos adeudados por Nación, recordamos que estos recursos no son donaciones ni gestos políticos sino fondos que legítimamente corresponden a las y los trabajadores cordobeses y que la provincia transfirió recursos al sistema nacional previsional al momento de la armonización; por lo tanto, su devolución es una obligación ineludible del Estado Nacional.

Además, debe considerarse especialmente la perdida de poder adquisitivo sostenida que tanto activos/as como jubilados/as vienen padeciendo lo que hace que sea cada vez más difícil sostener los gastos mensuales con el mismo salario.

En consecuencia, los gremios aportantes exigimos que los recursos comprometidos por Nación:
• Se utilicen para la derogación inmediata de los efectos de la Ley de Equidad Jubilatoria N° 11.087 , que ha sido objeto de rechazo tanto gremial como legal por parte de nuestro sector por recortar los haberes de jubiladas, jubilados y trabajadores activos, y habilitar aumentos de aportes sin negociación previa.
• Se revierta la suba de aportes impuesta, que significó una transferencia regresiva de ingresos desde las y los trabajadores hacia las arcas fiscales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones.

Los gremios aportantes hemos desarrollado un plan de lucha gremial y denunciado judicialmente el ajuste previsional impuesto por esta normativa, que incrementa los aportes personales y reduce la capacidad real de los haberes jubilatorios. Estas medidas no solo descargan el peso de la crisis sobre quienes vivimos del salario y de la jubilación, sino que consolidan un esquema de licuación permanente de ingresos que es socialmente injusto y económicamente regresivo.

Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los planteos realizados en el ámbito paritario por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que ha reclamado la derogación de los efectos de la Ley 11087. Entendemos que esta es una demanda del conjunto de las y los estatales provinciales, afectados por el mismo esquema de ajuste previsional.

Por todo lo anterior, exigimos:
1. La derogación de la Ley N° 11.087 y un análisis integral de la equidad y sostenibilidad del régimen previsional.
2. La apertura de una mesa de negociación real y vinculante , en la que participen las organizaciones gremiales aportantes, el Gobierno Provincial y representantes de la Caja de Jubilaciones, con el objetivo de construir soluciones sostenibles, equitativas y socialmente justas para el sistema previsional cordobés.

Sólo con diálogo social y reconocimiento de derechos podremos avanzar hacia un sistema de jubilaciones sólido, equitativo y respetuoso de quienes aportamos y dependemos de él.
Por la defensa de nuestros derechos previsionales y laborales. Unidos y unidas en la lucha, no retrocedemos.

Los representantes de los gremios estatales y aportantes nos convocamos el próximo lunes 9 del corriente a fin de analizar la situación y pasos a seguir.

Córdoba, marzo de 2026

SIVIALCO – BANCARIA CÓRDOBA – UEPC – SELC (LEGISLATIVOS)– SUOEM – GRÁFICOS – SADOP – ADEME – LUZ Y FUERZA REGIONAL – SEP – LUZ Y FUERZA CBA – LUZ Y FUERZA RÍO CUARTO – JUDICIALES – ACEC (CASINOS) – MÚSICOS – UPS – FEDERACIÓN DE MUNICIPALES – AMET – APSE – BANCARIA CÓRDOBA – BANCARIA RÍO CUARTO – BANCARIA VILLA MARÍA – BANCARIA MARCOS JUÁREZ – BANCARIA SAN FRANCISCO

Gremios judiciales provinciales nos unimos el pasado jueves 5 de marzo para reclamar contra el ajuste salarial y previsional: le exigimos al gobierno nacional los fondos adeudados a las cajas y expresamos nuestra oposición a una posible reforma previsional.

 La reunión congregó a una decena de gremios judiciales, correspondientes a las 13 provincias argentinas que no transfirieron sus cajas previsionales junto con provincias que tienen integran el sistema jubilatorio nacional. Le exigimos al gobierno nacional la inmediata disposición de los fondos adeudados por la nación para esas cajas previsionales. Deuda que está ocasionando problemas graves de reducciones salariales y jubilatorias en las provincias. Además, los sindicatos judiciales provinciales evaluamos la situación previsional de cada localidad y el panorama general ante la posible reforma nacional del sistema jubilatorio. Este encuentro surge a partir de la discusión diagnóstica que se realizó en la última Mesa Directiva de la Federación Judicial Argentina (FJA) encabezada por Matías Fachal, Secretario General de la FJA, que se realizó a mediados de febrero de este año. La reunión del pasado jueves estuvo coordinada por Federico Cortelleti, en su calidad de Secretario Adjunto de la Federación Judicial Argentina (FJA) y Secretario General de Judiciales de Córdoba (AGEPJ).

Estuvieron presentes, además de Córdoba, los gremios judiciales AJER de Entre Ríos, AJB de Buenos Aires, AJUCHA de Chaco, la Asociación Judicial de Catamarca, SITRAJUCH de Chubut, SITRAJ Corrientes, AJUFSA de Formosa, SITRAJLP de La Pampa, Judiciales de Misiones, SEJUN de Neuquén, Judiciales de Santa Cruz, Judiciales de Tierra del Fuego, además de los sindicatos cuyas cajas son nacionales como AEJBA de Caba, SITRAJUR de Rio Negro, Judiciales de San Juan, SIJUPU de San Luis y Judiciales de Santiago del Estero. Todos ellos están nucleados en la FJA que reúne a 23 gremios judiciales de todo el país.

 

El Secretario Adjunto de la FJA y Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó: “La acción configura una gran esfuerzo de coordinación y resistencia ante el ajuste al que se está sometiendo a los judiciales en particular y estatales en general que por ejemplo en Córdoba ha derivado en una nefasta ley, mal denominada de “Equidad Previsional” que lisa y llanamente es un recorte salarial que afecta a trabajadores, trabajadoras, jubiladas y jubilados. Las y los judiciales cordobeses junto con el resto de los estatales no vamos a descansar hasta ver eliminada esa ley y por eso hemos articulado acciones gremiales, judiciales y políticas. Este encuentro es parte de esa resistencia que ya toma relevancia nacional. “

 

El Secretario de Capacitación de la FJA y Secretario General de AJER Entre Ríos, José Segura, agregó: “En este importante encuentro pudimos consolidar algo que veníamos advirtiendo: las y los judiciales junto con las y los estatales de Cajas no transferidas a la Nación estamos en conflictos gremiales graves por nuestros aportes jubilatorios, y eso afecta al bolsillo de las y los trabajadores y jubilados. En Entre Ríos ya nos subieron los aportes personales y ahora estamos en lucha también porque no nos saquen el 82% móvil. Es momento de unir fuerzas a nivel nacional para exigir la devolución de los fondos jubilatorios de la Nación a las provincias.”

 

El Secretario General de la FJA y Adjunto de AEJBA de Caba, Matías Fachal concluyó: “El escenario actual de ajuste y avasallamiento de nuestros derechos laborales con la reforma laboral y la baja de salarios nos exige una respuesta articulada y urgente. Abordar la situación previsional en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, nos permite prever acciones nacionales para buscar soluciones ante la emergencia de las Cajas previsionales no transferidas, pero también poner un freno a la futura reforma jubilatoria que a nivel nacional se quiere implementar que no es más que menos derechos para jubilados y jubiladas y peores jubilaciones”.

En un contexto de reforma previsional Provincial, ajuste del Gobierno Nacional y deterioro sostenido del poder adquisitivo de las y los estatales en general y de las y los judiciales en particular, desde AGEPJ convocamos a una Asamblea Extraordinaria de afiliados y afiliadas el jueves 12 de marzo a las 13 hs. (con tolerancia estatutaria de 1 hora) en la sede de la CGT Histórica (Vélez Sarsfield 137, Córdoba).

La convocatoria se inscribe en la continuidad del proceso de organización y movilización que venimos sosteniendo durante todo el último período. Desde comienzos de 2025, las y los judiciales estuvimos en lucha por el acuerdo de equiparación salarial y luego movilizados y movilizados junto al Frente de Gremios Aportantes a la Caja de Jubilaciones frente al impacto de la reforma previsional y la suba de los aportes extraordinarios que nos impuso el Gobierno provincial. A su vez, acompañamos las acciones impulsadas desde la CGT Histórica de Córdoba contra la reforma laboral que afecta derechos de las y los trabajadores y tambien a las y los judiciales.

En este marco, la Asamblea Extraordinaria tendrá como objetivo debatir la situación actual, construir una agenda común frente al empleador y definir colectivamente el plan de acción del sindicato para la defensa del salario, las jubilaciones y las condiciones de trabajo.

Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) informamos que continúa sin resolución la investigación sumarial iniciada a partir de la denuncia presentada por nuestro gremio en octubre de 2024 contra la fiscal Isabel Reyna, titular de la sede de Bell Ville.

La denuncia impulsada por AGEPJ documentó conductas graves y sostenidas en el tiempo, entre ellas malos tratos, amenazas, comentarios ofensivos y expresiones discriminatorias hacia trabajadoras y trabajadores judiciales. Asimismo, se señalaron manifestaciones gordofóbicas, xenófobas y situaciones de maltrato hacia personas que acudían a la Fiscalía como usuarias del servicio de justicia.

En la causa dieron su testimonio empleadas y empleados judiciales, funcionarias/os e incluso abogadas y abogados que fueron víctimas y testigos de sus conductas, porque su accionar se extendió desde el personal de ordenanzas hasta magistrados.

Han transcurrido más de dieciséis meses desde la presentación formal, y a la fecha —marzo de 2026— aún no existe una resolución definitiva.

El trámite permaneció durante meses en la Fiscalía General a la espera de dictamen, y recién en esta etapa se encuentra pendiente de resolución final por parte del Tribunal Superior de Justicia. Esta dilación resulta inadmisible frente a la gravedad institucional de los hechos denunciados.

Durante todo este tiempo, la magistrada continuó en funciones dentro de la oficina. La situación fue de tal magnitud que debió trasladarse a prácticamente la totalidad del personal, ante la imposibilidad de sostener condiciones mínimas de convivencia laboral. Sin perjuicio de la necesaria y oportuna intervención del Equipo Interdisciplinario de prevención de Violencia Laboral, quien acompañó a las personas afectadas mientras se tramitaba el sumario.

Desde AGEPJ reiteramos que la violencia laboral no puede naturalizarse ni relativizarse, menos aún cuando proviene de quien ejerce una función de conducción. La demora en la adopción de decisiones también impacta en la calidad institucional y en la confianza de quienes trabajan y de quienes acuden al servicio de justicia.

Esperamos que el Tribunal Superior de Justicia dicte una resolución ejemplar, acorde a la gravedad de los hechos acreditados, y que se envíe un mensaje claro: en el Poder Judicial no hay lugar para la violencia, el maltrato ni la discriminación.

AGEPJ continuará acompañando a las personas afectadas y sosteniendo el reclamo hasta que exista una definición.

El 3 de Marzo la CSJN estableció un incremento salarial del 2,9 a Enero. Inmediatamente AGEPJ se comunicó con la Administración del Poder Judicial que ya comenzó las gestiones para la implementación del mismo y retroactivos correspondientes de acuerdo al sistema salarial vigente.

 

 

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), a través de su Secretario General, Federico Cortelletti, presentó una nota formal al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dr. Domingo Juan Sesín, solicitando una reunión institucional de inicio del año judicial 2026.

El pedido tiene como objetivo establecer una agenda de trabajo común que permita abordar de manera integral la situación salarial, previsional y las condiciones laborales de las y los trabajadores judiciales, en un contexto signado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el impacto de la reforma previsional.

Desde AGEPJ se planteó como eje central el cumplimiento integral del acuerdo de equiparación salarial, incluyendo los porcentajes pendientes, la compensación del incremento de aportes personales dispuesto por la Ley Provincial N° 11.087 y la definición de plazos y modalidades concretas de implementación. El sindicato reafirmó que la equiparación constituye una herramienta estructural de defensa del salario, indispensable tanto para trabajadores activos como para jubiladas y jubilados judiciales.

Además de la urgencia salarial, AGEPJ propuso avanzar en una agenda institucional que incluya:
• Medidas vinculadas a la Carrera Judicial como herramienta complementaria de recomposición salarial (adelanto de la permanencia, completar los ascensos para toda la planta, participación en Tasa de Justicia).
• Regulación estable del teletrabajo o modalidad híbrida de trabajo, con criterios de voluntariedad, derecho a la desconexión y provisión de equipamiento.
• Abordaje de la sobrecarga y el estrés laboral.
• Participación y control gremial en la reformulación de las nuevas formas de organización del trabajo que se prevean a partir de TGAs, procesos de automatización y/o de incorporación de nuevas tecnológicas. Ampliación y creación de licencias de cuidado
• Mejora de infraestructura, insumos y herramientas institucionales de trabajo.
• Implementación de horario flexible.
• Descentralización territorial de los exámenes jerárquicos.
• Situación de Jueces y Juezas de Paz.
• Institucionalización de espacios de diálogo periódico con actas y seguimiento de compromisos.
• Puesta en funcionamiento del Observatorio previsto en el Protocolo de Violencia Laboral y de Género.
• Creación del Comité Mixto de Salud Laboral de Policía Judicial.

Desde AGEPJ venimos sosteniendo una agenda gremial intensa que no se interrumpió en la feria en reclamo por la reforma previsional y exigiendo recomposición salarial. La reunión con el TSJ constituye una instancia propicia para consolidar canales formales de diálogo institucional y anticipar conflictos en un escenario económico particularmente complejo.

Con la participación de 14 delegaciones y seccionales del interior provincial las y los compañeros del Concejo Consultivo compartieron diagnósticos y enriquecieron las propuestas para la agenda gremial 2026 que ya se vienen manifestando en las asambleas realizadas en el marco del contexto de profunda preocupación por la situación económica, salarial y previsional con especial atención a su impacto sobre las trabajadoras y los trabajadores judiciales.

El encuentro contó con la presencia de delegadas y delegados de Cruz del Eje, Deán Funes, Villa Dolores, Río Segundo, Río Cuarto, Arroyito, Laboulaye, Río Tercero, Oliva, Bell Ville, Villa María, Cosquín y Jesús María, quienes compartieron las realidades de cada sede y aportaron miradas y experiencias para enriquecer la agenda gremial.

El compañero Secretario del Interior Pablo Sabas expresó que es muy importante la primera reunión del Concejo Consultivo a sólo tres semanas de haber regresado de la feria ya que el diálogo directo de delegadas y delegados del interior con las y los afiliados, constituye una de las bases sobre la cual se asentarán las definiciones de la próxima Asamblea General Extraordinaria del gremio.

En tanto que el compañero Secretario General Federico Cortelleti agregó que “en el cada vez más adverso contexto de restricción económica y retroceso de los derechos laborales y sociales es necesario profundizar la unidad y fortalecer la herramienta gremial”

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), integrante de la Federación Judicial Argentina, expresa su total solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo ante la ocupación del edificio ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760 y el paro total de actividades dispuesto en defensa de la Justicia Nacional del Trabajo.

El posible desmantelamiento del Fuero y su transferencia a la órbita porteña, incorporado en la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados y que debe discutirse en el Senado el próximo viernes, constituye un hecho de extrema gravedad institucional. Una decisión de esta magnitud no puede adoptarse de manera unilateral ni mediante procedimientos apresurados que pongan en riesgo la estabilidad laboral de las y los judiciales ni la tutela efectiva de los derechos de las y los trabajadores.

Cualquier modificación estructural del sistema judicial debe garantizar la participación efectiva de las organizaciones sindicales en instancias formales de diálogo, respetar la continuidad laboral incondicional de quienes hoy cumplen funciones en el Fuero Nacional del Trabajo y el resguardo del Derecho del Trabajo como herramienta esencial de protección de los sectores más vulnerables.
Rechazamos enfáticamente cualquier intento de criminalizar la protesta y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del Derecho del Trabajo, de las fuentes laborales y del sistema democrático.

La solidaridad entre trabajadoras y trabajadores judiciales de todo el país es fundamental frente a medidas que afectan derechos conquistados.

El jueves 19 de febrero, el Gremio de judiciales de Córdoba adhirió al Paro General Nacional contra la reforma laboral convocado por la Confederación General del Trabajo. El viernes 20 se decretó también un paro provincial a partir de las 10.00 con movilización junto a todos gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones para la presentación del amparo colectivo contra la Ley 11.087. El paro provincial es en defensa de los derechos jubilatorios y salariales y para exigir al Gobierno provincial la derogación de la misma.

Con un muy alto nivel de acatamiento, los gremios de Córdoba protestaron este jueves 19 de febrero contra el proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. Sobre la avenida Vélez Sarsfield, frente a la Casa Histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), numerosos gremios se dieron cita para compartir una concentración en el marco del paro general contra la reforma laboral del gobierno nacional.

La concentración en la ciudad de Córdoba y en otras capitales del país estuvo marcada por la ausencia de colectivos en las calles debido a la adhesión nacional de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA).

El próximo viernes 20 de febrero se realizará un paro provincial de empleadas y empleados judiciales a partir de las 10:00 sin retorno. La medida de fuerza es en defensa de los derechos jubilatorios y salariales para exigir al Gobierno provincial la derogación de la jubilatoria 11087. AGEPJ junto a los gremios aportantes a la caja realizaremos una movilización conjunta para la presentación de un amparo colectivo. Dicho amparo es una de las estrategias de lucha que venimos llevando adelante los gremios aportantes y los respectivos equipos jurídicos, articulando esfuerzos gremiales y legales para consolidar un plan de acciones común frente al ajuste previsional.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó “Las trabajadoras y trabajadores estamos demostrando en las calles la unidad y organización para rechazar tanto en el plano nacional como provincial todas las iniciativas, leyes y proyectos que bajo distintos eufemismos intentan esconder lo que verdaderamente significan: recortes de derechos y ajustes que impactan de lleno en nuestras familias trabajadoras, quitándonos derechos adquiridos que han llevado  décadas de lucha y esfuerzo colectivo de todo el movimiento obrero argentino”.

Por su parte Adrián Valán Secretario Gremial de AGEPJ expresó “El próximo viernes 20 las trabajadoras y trabajadores judiciales volvemos a parar y movilizarnos contra la mal llamada ley de “Equidad Jubilatoria”. Presentaremos junto a los gremios aportantes a la caja un amparo colectivo. Esta acción judicial es parte de una estrategia gremial integral para defender los derechos previsionales y laborales de trabajadoras y trabajadores activos/as y jubilados/as frente al ajuste del gobierno provincial.