El jueves 7 de Julio compañeras y compañeros de la Comisión Directiva de AGEPJ estuvieron en los Tribunales de La Carlota a raíz de la denuncia presentada a la Administración del Poder Judicial por el gremio ante una pretendida guía laboral impuesta de manera unilateral por un magistrado que es violatoria de la Constitución Provincial y otras leyes

En la Asamblea realizada con las compañeras y compañeros de la Sede participaron el delegado de La Carlota Ricardo Romero, el Secretario General Federico Cortelletti, el Secretario Gremial Adrián Valán, la Pro Secretaria de Agrupamientos Especiales Gabriela Arribillaga y Mario Rojo Secretario del Interior. Allí el gremio reiteró su rechazo total a la imposición del juez Civil y Comercial de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz dado que se extralimitó en sus funciones al pretender, a través de una “guía laboral” de su autoría,  cercenar el derecho a la jornada limitada en clara violación de la ley que rige la jornada de las empleadas y empleados judiciales, establecida por ley provincial N° 8575 pretendiendo que los empleados y empleadas a su cargo excedan dicha jornada.

Asimismo el Juez se extralimita al intentar reglar unilateralmente la relación laboral que lo vincula con las y los trabajadores del juzgado, tratando de imponer el trabajo a destajo o por productividad, algo que AGEPJ rechaza de plano, y en todo caso debería ser materia de negociación colectiva entre el sindicato y el empleador.

Por otra parte, durante la Asamblea se planteó una grave situación en el edificio donde funciona el Juzgado Civil y el Juzgado de Control ya que hay un solo baño para ambos juzgados en donde trabajan casi veinte personas. También se constató que  para todo el público que asiste a esos juzgados hay un solo baño en muy malas condiciones.

Otra situación completamente irregular  constatada por el gremio en la sede  es que las empleadas y empleados deben pagar con sus propios ingresos salariales los costos de Internet para que se puedan realizar audiencias, testimoniales y otros actos jurídicos en dichos juzgados, algo que debe garantizar la patronal y que a esta altura es inconcebible que no lo haga.

 

 

 

AGEPJ se dirigió al TSJ solicitando que garantice el derecho a la Carrera para las y los empleados judiciales y que para ello se disponga de manera urgente una promoción de cargos para toda la planta del Poder Judicial, tanto en la parte dependiente del T.S.J como la del M.P.F.

En nota dirigida al presidente del cuerpo Sebastián López Peña el gremio manifestó que la carrera judicial significa para las empleadas y empleados un reconocimiento de la actividad y esfuerzo puesta en la labor judicial, tal como fuera manifestado por el mismo en el discurso de apertura del año judicial. Se recordó asimismo que la carrera administrativa es un derecho reconocido en la Constitución provincial por el artículo 23 inciso 13.


Sin embargo, advirtió AGEPJ que a pesar de dichos reconocimientos y las reestructuraciones de planta efectuadas, como la reciente de 2021 la carrera judicial está siendo relegada: existe una gran cantidad de contratados y contratadas esperando el pase a planta (a pesar que también está reconocido como un derecho), y la pirámide de ascensos tiene una base muy ancha en los tres cargos más bajos lo que conspira contra la posibilidad de avanzar.


Se le señaló también que causó mucha indignación que en medio de dichos problemas, para cuya solución se alegan restricciones presupuestarias el empleador informe que de manera inminente se nombrarán 40 pro-secretarios más para el fuero civil recurriendo a la reconversión de cargos de la carrera judicial administrativa a los fines de la creación de cargos de funcionarios.

El secretario general de AGEPJ Federico Cortelletti señaló que “es necesaria la decisión de parte del TSJ para implementar el mecanismo de la promoción y garantizar el derecho a la Carrera Judicial para las y los empleados. En el actual estado de situación de la carrera judicial se torna imprescindible y justo producir un movimiento de ascensos y efectivizaciones.”


En tanto que la secretaria adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli advirtió sobre “El efecto catastrófico que tendrá en la carrera judicial la reconversión de cargos para generar los nombramientos de 40 prosecretarios en el fuero civil ya que ello hará que demoren más tanto ascensos como pases a planta generando a la vez, una mayor precarización de la situación de contratados y la jubilación de compañeros y compañeras sin llegar a los cargos finales del escalafón como ya está sucediendo en los equipos técnicos del poder judicial”

 

Con fecha 30/06/2022, el TSJ suscribió el ACUERDO REGLAMENTARIO 1771, el cual establece los requisitos necesarios para que, quienes estén interesados (sean sumariantes y/o empleadas y empleados de la DIO) puedan solicitar el traslado a las Fiscalías, tanto de capital como del Interior. Por tal motivo la Fiscalía General mediante Resolución S -84/22 convocó de manera excepcional a la inscripción de empleados para cubrir dichas vacantes, disponiendo que las mismas deberán realizarse desde el día 4 al 7 de julio.

 

Según el Secretario Gremial se AGEPJ Adrián Valán dicho acuerdo, «fue fruto de las distintas reuniones que esta conducción mantuvo con las autoridades de la Fiscalía General, tras la exigencia de transparentar el proceso de selección y pase de las y los sumariantes interesados, el que hasta ahora se regía por acordadas que no se cumplían y se traducían en una mera discrecionalidad, amiguismo o ¿Por qué no?, en un casting donde unas pocas y pocos resultaban beneficiados.» Fue con ese contexto que AGEPJ presentó un proyecto  que, según la Pro secretaria Administrativa de AGEPJ Romina Martinez «entendíamos, permitía cumplir con el objetivo de publicitar como se hacían estos pases y que entre las y los candidatos interesados todos reunieran al menos, los requisitos mínimos necesarios para hacerlo. »

 

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Además, en esa línea, a partir de la letra de la nueva acordada AGEPJ contará con un veedor o veedora para la confección de los distintos listados de aspirantes a pasar a Fiscalía.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que «Celebramos la apertura de las y los funcionarios del MPF para la negociación de la cual surgió esta acordada y la voluntad política en establecer un sistema que sea transparente, justo,  oportuno y que brinde las mismas posibilidades a todas y todos los empleados.»

En tanto que la Secretaria de Prensa de AGEPJ Daniela Duimich agregó que «Desde la veeduría AGEPJ contará con la posibilidad de realizar sugerencias, aportes e ir controlando el cumplimiento de lo acordado, al comprometerse la patronal a publicar el listado con el orden de prelación al que también tendrán acceso las y los interesados. En general, lo conseguido es un gran avance porque le pone reglas y transparencia al sistema.

AGEPJ rechazó una pretendida guía laboral de un magistrado de la Carlota por ser violatoria de la Constitución Provincial y otras leyes.

 

En un escrito presentado al Tribunal Superior de Justicia, AGEPJ denunció que el juez Civil y Comercial de la Carlota, Rubén Alberto Muñoz se extralimitó en sus funciones al pretender, a través de una “guía laboral” de su autoría,  instrumentar la violación de la ley que rige la jornada de las empleadas y empleados judiciales, establecida por ley provincial N° 8575 y hacer que los empleados y empleadas a su cargo excedan dicha jornada.

 

De igual gravedad reviste el hecho que a través del escrito originado en el juez se pretende también delegar funciones en los empleados y empleadas. Por ejemplo hace responsables a las y los empleados de las causas judiciales en su tramitación integral, desde su inicio hasta el dictado de la sentencia, en abierta violación a las funciones establecidas en la constitución y las leyes en cabeza de los magistrados y funcionarios y por las cuales los mismos perciben un salario diferenciado.

 

AGEPJ solicitó al Tribunal Superior haga cesar este proceder ilegal del juez y a su vez se reservó iniciar acciones gremiales para obtener el fin de las mismas.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “el juez de La Carlota incurre en ignorancia de la ley o en un gravísimo error al considerar que el trabajo judicial se computa por productividad o a destajo y no por jornada horaria como efectivamente se encuentra legislado en la ley provincial 8575. Si el personal o las horas diarias no son suficientes para afrontar el trabajo son precisamente los funcionarios y magistrados con el juez a la cabeza quienes tienen la responsabilidad funcional de llevar el despacho al día. Es inaudito, inaceptable y un bochorno social que un juez descargue en un empleado la responsabilidad del dictado de una sentencia. Es interesante preguntarse por qué concepto cobraría el juez y los funcionarios si delegan todo en los empleados. ”

 

En tanto que el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán agregó que “también se extralimita el juez al pretender reglar unilateralmente la relación laboral que lo vincula con las y los trabajadores del juzgado cuándo ello es materia que debe ser objeto de negociación colectiva entre el sindicato y el empleador tal como lo manda la constitución nacional en su artículo 14 bis.” Indicando además que “si el Tribunal superior no detiene esta barbaridad que viene haciendo el juez, nuestro sindicato dispondrá todas las medidas gremiales y de movilización que legítimamente puede instrumentar para ponerle fin”.

 

Desde AGEPJ entendemos y creemos que el cuidado es un derecho pero también una responsabilidad colectiva.

Por ello, y en el marco de construir una sociedad más inclusiva, nos interesa saber cómo perciben los y las trabajadoras judiciales el ejercicio de las tareas de cuidado.

A nivel nacional ya se ha planteado la necesidad de cambiar las normativas para democratizar las tareas de cuidado. Desde el sindicato creemos que es imperativo modificar el R.A.L. para ir en este mismo sentido, ampliando, por ejemplo, la licencia por paternidad, y por eso, te invitamos a responder está breve encuesta para conocer la realidad las y los trabajadores quienes ejercen tareas de cuidado en el Poder Judicial.

La encuesta es anónima y está destinada a todos los y todas las judiciales de Córdoba

Para responder la encuesta hacer click acá

Durante la semana pasada se realizaron asambleas de Equipos Técnicos convocadas a los fines de informar sobre el diálogo con el empleador sobre la agenda gremial del sector.

Hubo asambleas el lunes 6 en CATEMU, miércoles 8 en Equipo Técnico de tribunales 2 y Equipo Técnico de anexo tribunales 2 y el viernes 10 la asamblea de los Equipos Técnicos del interior junto con compañeras y compañeros de capital en la sede de AGEPJ.

 

El gremio de Judiciales de Córdoba anunció que el juzgado de Violencia de Cuarta Nominación admitió la demanda entablada por AGEPJ en contra del Poder Judicial de Córdoba por violencia laboral y de género hacia las trabajadoras de los Equipos Técnicos.

Se trata del primer caso en Córdoba y tal vez, uno de los primeros en el país de una acción colectiva por violencia de género en el marco laboral donde se le otorga legitimación activa a una organización, en este caso al sindicato judicial como representante de las trabajadoras afectadas. El sindicato ya se reunió con el equipo legal a cargo para continuar diseñando la estrategia a seguir en este proceso judicial.

Cristina Bussone, trabajadora de equipos técnicos y Prosecretaria de Acción social de AGEPJ planteó que la demanda es una de las múltiples acciones que nuestra organización gremial articuló para motorizar las reivindicaciones históricas de los equipos técnicos frente a una discriminación sistemática de la patronal.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que “constituye un antecedente de suma importancia para nuestra organización, ya que es la primer vez que la justicia se avoca para analizar un contexto de violencia laboral colectivo, no individual y nada más y nada menos que contra uno de los tres poderes del estado. Esta presentación pone en crisis el concepto tradicional de víctima ya que pone el acento en procesos de discriminación estructurales por parte del poder judicial.”

En tanto que el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti remarcó y celebró que “es la primera vez que en sede judicial se admite al sindicato para representar colectivamente a las y los trabajadores. A su vez, en relación a la agenda de reclamos de los equipos técnicos se mostró confiado en poder continuar con el proceso de negociación con la patronal para avanzar en la solución de diversas problemáticas como la falta de personal, la reestructuración de la planta del sector, el pase a planta de contratadas y contratados y la instrumentación de concursos.”

 

Como consecuencia de las distintas modificaciones legales implementadas a la fecha, las Asesorías de Familia de la sede capital atraviesan una compleja situación, la que repercute en las condiciones laborales y personales de las y los compañeros en su labor diaria y en la calidad del servicio de justicia que se otorga.

Ante ello y luego de una asamblea llevada a cabo en el fuero, AGEPJ presentó nota a la patronal solicitando la designación con carácter urgente de un sexto empleado o empleada en cada una de las asesorías, la dotación de recursos tecnológicos necesarios para un efectivo desempeño laboral y la puesta en funcionamiento de manera plena de la Asesoría 8°. Así como también la proyección a futuro de la ampliación del fuero de familia, en el marco de una próxima mudanza del edificio que tenga en cuenta la creación de cuatro nuevas asesorías. A su vez se solicita la revisión de los protocolos de violencia y el cumplimiento cabal de la fijación de un plan de parentalidad provisorio en la sede del fuero de Violencia Familiar cuando corresponda.


La comisión directiva de AGEPJ continuará llevando adelante el reclamo, a efectos de una pronta solución que atienda las necesidades del sector.

El Martes 31 de mayo AGEPJ realizó asamblea en Tribunales uno con el sector Obrero Maestranza para abordar diversas problemáticas que atraviesa el sector.

A raíz del infarto de un compañero del sector se reiteró la necesidad que haya personal médico en tribunales uno desde las 7:00 hs. ya que ese es el horario de entrada de los compañeros Obrero Maestranza. También se trató el tema de la ropa de trabajo para la temporada invernal y una situación de gravísima discriminación que están sufriendo en el edificio algunos compañeros y compañeras del sector,  ya que determinados funcionarios y funcionarias a cargo permiten el uso del baño de los juzgados sólo al personal jurisdiccional.

Por la Comisión Directiva de AGEPJ participaron los compañeros Adrian Valan, “Zorra” Sanchez, Daniel Ceballos y Cristian Guzmano, quienes se comprometieron a trasladar estos planteos a la patronal.

Un nuevo incidente, potencialmente peligroso para la salud de las y los trabajadores y población se produjo con un móvil de la Policía Judicial. Esta vez, se trató de un vehículo de la Dirección de Investigaciones Operativas que en camino a una cooperación en la ciudad de Jesús María debió afrontar el arreglo de un neumático encontrándose con la sorpresa que el lado interno de otra rueda (delantera derecha) tenía al descubierto los alambres de la cámara y que por tanto era muy peligroso continuar el camino con esa cubierta colocada. Por tanto se procedió a utilizar el auxilio quedando el vehículo a partir de ese momento sin rueda auxiliar para otra eventualidad recién habiéndose iniciado la cooperación.


Asimismo, además de la falta grave de seguridad que configura lo relatado las empleadas y empleados deben afrontar esos “gastos” de su propio bolsillo ya que sólo pueden justificarse con factura. Ello sumado a que los viáticos que se abonan para cubrir la comida no han sido actualizados desde el año 2021 y han quedado desfasados por la inflación.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti reiteró al MPF «la imperiosa necesidad de proporcionar móviles en condiciones y extremar el mantenimiento de los mismos.»

Por su parte el Secretario Gremial de AGEPJ Adrián Valán expresó que » desde el gremio repudiamos que encima de tener que padecer estos eventos que ponen en riesgo su seguridad por exclusiva responsabilidad de la patronal, las y los trabajadores tengan que hacerse cargo de los gastos.»