La Federación Judicial Argentina (FJA) realizó el miércoles 27 de agosto un nuevo Plenario Nacional de Trabajadoras y trabajadores Judiciales, con la participación de más de 130 dirigentes, delegadas y delegados judiciales de todo el país. La apertura estuvo a cargo del secretario general de la FJA, Matías Fachal, quien repasó la historia de luchas de la Federación y reafirmó la centralidad del reclamo por la negociación colectiva. Al finalizar el encuentro, se aprobó una medida de acción a realizar en los próximos días.

Durante el Plenario se debatió sobre la situación salarial, las desigualdades entre jurisdicciones, condiciones de trabajo y ejes de salud laboral en el marco de las nuevas tecnologías para el trabajo y la necesidad de medidas nacionales que unifiquen la lucha de las y los judiciales por la negociación colectiva.

El secretario adjunto de la FJA, Federico Corteletti, expuso acerca de la experiencia de Córdoba para lograr la equiparación escalonada situándola en un contexto nacional para las y los judiciales de mucho ajuste en donde la mitad de las y los judiciales provinciales del país tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido concluyó: “No es casualidad que superan la línea de pobreza las y los judiciales de provincias donde hay paritarias, porque tienen más herramientas para negociar. Hay una necesidad de lucha por la negociación colectiva para tener un salario de ingreso igual para todas las provincias”. Participaron del plenario delegados y delegadas de AGEPJ del interior de la provincia de Córdoba, de capital e integrantes de la Comisión directiva provincial de AGEPJ.

 

En el Plenario expusieron, también, las y los Secretarios Generales e integrantes de Comisiones directivas de las y los judiciales de Rio Negro, Neuquén, Santiago del Estero, La Pampa, Chubut, Chaco, CABA, Buenos Aires, San Juan, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, además de Córdoba.
Existe una realidad común y es que la gran mayoría de las jurisdicciones no cuentan ni con instancias paritarias ni convenio colectivo, que se suma a una acuciante situación salarial. En ese marco desde el Plenario se concluyó con la decisión de dar continuidad al Plan Nacional de Lucha por la negociación Colectiva, que en las próximas semanas llevará a cabo una ‘Caravana Federal por la Negociación Colectiva Judicial’ desplegándose en los Tribunales Superiores de cada provincia y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese contexto, Fachal afirmó al finalizar que: “La FJA la integran las tres centrales sindicales del país, por lo que sabemos de unidad, de trabajar juntos, en beneficio de todos los judiciales. Vamos a seguir peleando por la democratización del Poder Judicial y construyendo un plan de lucha federal, porque necesitamos una paritaria nacional que achique las desigualdades”.

La Federación Judicial Argentina (FJA) recibió un respaldo internacional significativo a su denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que exige al Estado argentino que garantice el derecho constitucional a la negociación colectiva para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. Organizaciones regionales destacan que se vulneran compromisos internacionales

 

La presentación, realizada en abril de 2024 con el acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores, se encuentra actualmente en etapa de análisis de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Cuatro destacadas organizaciones regionales avalaron formalmente el reclamo ante la Comisión: la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE) y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL)

 

En relación con este apoyo, Matías Fachal, secretario General de la FJA, señaló: “Nuestro reclamo va más allá de la negociación colectiva en cada provincia, que es fundamental extender en todo el país. También buscamos una paritaria nacional donde no sólo la Corte Suprema, como parte empleadora, deba rendir cuentas, sino que podamos sentar a todos los Superiores Tribunales provinciales para discutir condiciones mínimas comunes: un escalafón único, mecanismos de concursos entre jurisdicciones y un ingreso verdaderamente democrático, no discrecional. Por esto acudimos a la CIDH: porque este derecho nos es negado tanto por el Estado nacional como por los provinciales.”

 

Desde la CLATE, su secretario General Julio Fuentes subrayó que el Estado argentino incumple instrumentos internacionales con jerarquía constitucional al no garantizar este derecho derivado de la libertad sindical. En ese sentido, instaron a la CIDH a avanzar con el tratamiento de la denuncia para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del sector judicial.

 

Por su parte, la ALAL, a través de Guillermo Ferriol Molina y Matías Cremonte, destacó que el planteo de la FJA se fundamenta en el sistema interamericano de derechos humanos y en obligaciones internacionales asumidas por Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios de la OEA.

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), con la firma de su presidenta Vanessa Ramos, sostuvo que la posibilidad de negociar colectivamente es una garantía esencial de la libertad sindical, y que su negación en el ámbito judicial argentino representa una vulneración de los compromisos internacionales del país.

 

Finalmente, la CSA —que agrupa a las principales centrales sindicales del continente— fue contundente en su apoyo: “Exhortamos a esta Comisión a avanzar con la denuncia presentada y a considerar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores judiciales en Argentina”, expresa el documento firmado por su secretario General, Rafael Freire Neto.

 

La denuncia ante la CIDH fue elaborada por el equipo jurídico de la FJA, conformado por Guillermo Gianibelli, Marcelo Bustos Fierro y Ulises Gorini, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde la Federación destacaron que este respaldo internacional fortalece un reclamo histórico por condiciones laborales justas y por el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en el Poder Judicial argentino.