En el día de hoy míércoles 16 de octubre se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Eugenio Angulo, la jurista Marisa Herrera, María Inés Giménez, Secretaria Adjunta del Gremio judiciales de la provincia de Bs. As. y Secretaria de Géneros de la Federación Judicial Argentina, junto con las licenciadas Susana Cuadro en psicología y Érica Velázquez Burgos en trabajo social, pertenecientes a la AJB y Federico Corteletti, Agostina Noccioli y Adrian Valan, Secretarios General, Adjunta y Gremial de AGEPJ.

En dicha reunión las representantes de la AJB expusieron acerca del reclamo de su sindicato que finalmente la corte suprema bonaerense concretó en torno al reconocimiento profesional de la labor pericial dentro de la justicia bonaerense. En tanto que Marisa Herrera le acercó al Dr. Angulo sus puntos de vista acerca de la importancia de la interdisciplina en el Poder Judicial.

El día 5 de agosto ocurrió un hecho de extrema gravedad cuando un policía efectuó por accidente un disparo de arma de fuego, intentado demostrar que la misma no se encontraba operativa. El accidente ocurrió dentro de una de las oficinas del Centro de Recepción de Personas Aprendidas, poniendo en riesgo la vida de uno de los sumariantes que no fue alcanzado por el disparo por pura casualidad.

A raíz de este grave incidente AGEPJ mantuvo reuniones con las autoridades del MPF para exigir un protocolo de actuación en relación a la entrega de armas de fuego por parte del personal policial.

Como resultado de dichas reuniones la patronal dispuso que las armas que ingresan tanto al CRPPA como a la mesa de entrada del MPF serán recepcionadas por personal de Balística. Así mismo se dispuso la creación de un depósito de armas en donde se dejarán las mismas cuando no haya personal de Balística disponible, para evitar así que tanto las y los sumariantes, como así también los empleados y empleadas de la mesa de entrada, tengan que manipular armas de fuego.

Desde AGEPJ seguiremos gestionando para que cada uno de las y los empleados del Poder Judicial puedan desempeñar sus funciones en un ambiente laboral adecuado en donde su integridad psicofísica no se vea vulnerada.

El viernes 27 de septiembre se llevó adelante una asamblea en el predio donde funcionan la unidad judicial de accidentología vial, pericias numéricas y mecánicas y sección de Accidentologia vial.


AGEPJ le anunció a las compañeras y compañeros que ya hay disponibilidad de repelentes para mosquitos de acuerdo a lo planteado hace más de un mes a las autoridades del MPF. La intención es que no suceda lo mismo que a principios de año donde AGEPJ tuvo que decretar medidas de fuerza para que se adquirieran repelentes.

También se informó sobre el último aumento salarial y el cobro completo de retroactivos así como también se difundieron los alcances del nuevo Programa Complementario de Salud que el gremio está desplegando para afiliadas y afiliados.

Mediante una ardua tarea de gestión y negociación con la patronal desde AGEPJ logramos que se asigne un nuevo espacio de descanso para los compañeros y compañeras de la Base Operativa.

La falta de un lugar de descanso para esa oficina representaba un problema grave debido a varios factores como son las largas jornadas de trabajo, que fluctúan entre las 14 y las 24 horas, la alta circulación de empleados y empleadas de otras áreas en la oficina de la Base Operativa, como así también la posible contaminación del espacio debido a la presencia de materiales de trabajo provenientes del lugar del hecho.

Es sabido que la Base Operativa es un área neurálgica para el correcto funcionamiento y desempeño de los Cuerpos Operativos de Policía Judicial. Son los trabajadores y trabajadoras de la Base quienes receptan los pedidos de intervención desde las Unidades Judiciales y Fiscalía para luego organizar y distribuir el trabajo de la mejor forma posible, entre otras tareas. Su trabajo tiene un alto desgaste mental, ya que implica la logística y coordinación de los recursos, no solo materiales, sino también humanos de la institución.
Desde el gremio celebramos esta nueva conquista que representa una importante mejora en la calidad del tiempo que pasan en la oficina más de 30 trabajadores y trabajadoras.

La defensa de la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras judiciales es una bandera que sostenemos desde AGEPJ, cuya máxima expresión es el reclamo histórico por la insalubridad de los cuerpos operativos. En ese sentido seguiremos bregando para que cada empleado y empleada del Poder Judicial, pero especialmente quienes están en contacto de forma directa o indirecta con las peores violencias de esta sociedad, cuenten con todas las herramientas necesarias para preservar su salud.

AGEPJ se movilizó hoy con cuerpos orgánicos de Capital en defensa de las y los jubilados. La movilización convocada por CGT Córdoba y otras entidades gremiales fué para expresarse en contra del veto presidencial a la nueva ley de movilidad jubilatoria que en lo inmediato implica sólo un aumento de 15.000 pesos en los haberes jubilatorios mínimos que hoy se ubican en 225.454 pesos.

 

Integrantes de las Comisiones Directivas Provincial y de la Seccional Villa María de AGEPJ se reunieron con la Administración General del Poder Judicial de Córdoba para plantear la grave situación edilicia que afronta dicha sede. Respectivamente estuvieron los compañeros Federico Cortelletti, Adrian Valan por la provincial y Guillermo Geremía, Leandro Torti y Rafael Rodríguez Tissera por la seccional.

 

En particular sobre el problema más acuciante que es hoy el que afecta a la Unidad judicial tanto el Administrador General Luis Sosa Lanza Castelli como el Director de infraestructura Francisco Picchio se comprometieron en lo inmediato a realizar una mudanza de las pruebas, los sumarios de la parte más comprometida del edificio. A su vez se va a hacer desratización, limpieza profunda, pintura y demolición de una parte del edificio. Todo ello con el debido control gremial.

Para una segunda etapa se realizaran mayores obras también en el edificio aledaño a la unidad judicial y en el edificio principal. Obras que por su envergadura requieren licitación y por tanto no pueden ejecutarse de inmediato.
AGEPJ solicitó que las tareas conprometidas como inmediatas se efectúen con la mayor premura porque es insostenible el trabajo en tales condiciones y que de manera urgente se pongan en marcha los mecanismos licitatorios pertinentes a fin de encontrar una solución definitiva a toda la cuestión edilicia.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti  expresó que «obviamente hasta tanto esté el nuevo edificio comprometido para la sede Villa María deben efectuarse las reparaciones necesarias en las instalaciones existentes para que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas.»

En tanto que el Secretario General de la Seccional Villa María Guillermo Geremía llamó la atención sobre la falta de ejecución del presupuesto 2024 para la ejecución de las obras comprometidas para el nuevo edificio. Señalando «que es inconcebible que en las calamitosas condiciones en que hoy se trabaja en la sede no se aplique dinero para obras que ya estaba destinado a ese fin».

Durante esta semana, AGEPJ presentó ante el TSJ dos denuncias por violencia laboral contra funcionarios y magistrados de dos sedes del interior provincial. Como desde hace muchos años, nuestra organización trabaja sin descanso contra esta cultura de violencia institucional haciendo lugar a la escucha y recepción de quienes lamentablemente padecen estas situaciones y efectuando luego las denuncias si lo ameritan los hechos y está presente el consentimiento de las o los afectados.
Sin perjuicio de ello exigimos, una vez más, al Tribunal Superior de Justicia ponga en funcionamiento el órgano previsto por el protocolo para el correcto encuadre y trámite de este tipo de hechos: el equipo interdisciplinario de prevención y actuación cuyos cargos ya están concursados.

Cabe destacar que de acuerdo a los principios de confidencialidad y no revictimizacion, en el estadío actual del proceso no brindamos los nombres de las personas afectadas ni un detalle de los hechos denunciados.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Nocciolli expresó que: Sin perjuicio de considerar que hemos avanzado mucho en relación a la visibilización de la violencia laboral y de género que se dan dentro del Poder Judicial y haber llevado a las máximas autoridades de la Justicia Provincial a que aprueben un protocolo de Violencia Laboral y de género aún falta mucho para erradicar definitivamente este tipo de práctica de nuestra cultura institucional. Es por esto que exigimos una vez más al TSJ que ordene la aplicación definitiva del protocolo de violencia laboral y de género con los órganos correspondientes para que el canal de abordaje de este tipo de situaciones tan delicadas sea cada vez más accesible y adecuado.


En tanto que la Secretaria de Organización de AGEPJ Lucía Bonafé agregó, referido a las denuncias realizadas que “Hace ya un tiempo las compañeras y compañeros de estas dos sedes del interior nos venían manifestando el malestar generado por conductas inapropiadas y maltratos de algunos funcionarios y magistrados. Es así que desde AGEPJ ya veníamos interviniendo y acompañando a las compañeras y compañeros en los reclamos, pero dado que dichas conductas no han cesado se decidió de manera colectiva hacer las presentaciones correspondientes al Tribunal Superior de Justicia para que sea la propia institución la que tome medidas al respecto.

 

 

Los Equipos Técnicos del Poder Judicial de Córdoba junto a la Comisión Directiva de AGEPJ se movilizaron hacia Tribunales Uno y se presentó petitorio al TSJ reclamando una instancia de negociación.
El 4 de septiembre los equipos técnicos de capital, junto a integrantes de la comisión directiva de AGEPJ, delegadas y delegados se movilizaron hacia Tribunales Uno y entregaron un petitorio con más de 140 firmas de integrantes del sector en toda la provincia.
En dicho Petitorio, el sindicato, junto a las y los peritos está solicitando se constituya una mesa de negociación para que bajo los principios de buena fe y a través del dialogo se pueda avanzar en un reclamo que viene de larga data sin respuestas en el punto más problemático que es el reconocimiento de la firma de las y los profesionales.

Si bien AGEPJ reconoce que hubo avances en algunos aspectos relacionados a los equipos técnicos, como la apertura de concursos de ingreso de personal, concursos para cargos de coordinación, refuerzos de personal en el interior sigue sin reconocerse por el empleador la responsabilidad profesional que las y los peritos juegan en cada oficio judicial que evacúan.

La Secretaria de Acción social de AGEPJ Cristina Bussone expresó que “es inconcebible que en pleno siglo XXI las y los trabajadores judiciales no dispongamos de un ámbito negocial para el sector y no podamos intercambiar con el empleador los distintos puntos de vista sobre el largo conflicto que atravesamos.”

En tanto que la prosecretaria de Acción Social de AGEPJ Alejandra Raya agregó que “Las sanciones informales o las amenazas de represalias que venimos sufriendo por reclamar algo que otros sectores del Poder Judicial ya tienen, como es el reconocimiento de su responsabilidad funcional sigue marcando el carácter discriminario de la mirada que el TSJ tiene hacia las profesiones distintas al derecho que se desempeñan en la justicia.”

La situación edilicia de los tribunales de Villa María es un problema de vieja data a la que el empleador no pone solución. Entre otras cuestiones AGEPJ logró en 2018 que el ministerio de trabajo de la nación realizara una minuciosa inspección al edificio que derivó en una intimación a la patronal. Aún así y reparaciones menores que pueden haberse realizado en el momento el problema persiste porque el principal obstáculo es estructural y lo representan las condiciones de un edificio que ya tiene más de 70 años, como también lo reflejó otra denuncia pública de AGEPJ , esta vez de 2021.

A su vez nuestro sindicato reiteradamente plantea en las audiencias anuales sobre presupuesto la necesidad de asignar los fondos necesarios para la construcción de la ciudad judicial de Villa María como la solución definitiva a los problemas edilicios de larga data que afectan tanto a la ciudadanía que concurre a los edificios, abogados, abogadas, magistrados, magistradas, funcionarias, funcionarios y nuestras compañeras y compañeros trabajadadores judiciales.

En las semanas previas AGEPJ ha solicitado nuevamente a la Administración General del Poder Judicial se encuentre una solución (en reiteración de lo solicitado hace ya un año) a los graves problemas de filtraciones de agua, humedades, de cloacas, presencia de roedores y destrucción de archivos de las dependencias donde funcionan la Unidad Judicial, Policía Científica y la Fuerza Policial Antinarcóticos. Ello fué incluso reflejado por un de comunicación de la ciudad de Villa María.

También la Comisión Directiva de la Seccional Villa Maria ha hecho los reclamos durante todos estos años, ante la superintendencia de la sede en reiteradas oportunidades. Es por ello que desde la Comision provincial estamos nuevamente solicitando respuesta a la Administracion General y sosteniendo el reclamo historico por un edificio judicial nuevo para la sede de Villa Maria»

La Administración General del Poder Judicial anunció 150 efectivizaciones de empleados y empleadas judiciales de los programas 920 y 921.
En primer lugar y como siempre lo hacemos felicitamos a las compañeras y compañeros que reciben hoy esta grata noticia de pasar a planta en medio del adverso contexto económico que atraviesa nuestro país.

Como todo logro laboral se trata de una conquista que debemos a la lucha que las y los judiciales incansablemente llevamos adelante para que no exista esa forma de contratación en el Poder Judicial. Así lo planteamos año tras año en las audiencias por el presupuesto y forma parte de cada planteo que efectuamos al empleado