AGEPJ participó durante los días 28 y 29 de junio del XV Encuentro Nacional de Mujeres y personas LTTNB Judiciales de la Federación Judicial Argentina en la ciudad de Buenos Aires. 

El encuentro, del que Córdoba participa cada año, tuvo lugar en el emblemático Anfiteatro Eva Perón, ubicado en la sede de ATE Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. 

El evento congregó cerca de un centenar de participantes procedentes de distintas regiones del país y de Uruguay, con el objetivo central de profundizar en el en el rol y los desafíos del sindicalismo feminista en un contexto global marcado por el avance de las fuerzas conservadoras 

El panel inaugural del viernes contó con la destacada presencia de líderes sindicales de renombre nacional, representantes de tres centrales obreras nacionales: Leonor Cruz (Secretaria de Géneros de CTA Autónoma), Yamile Socolovsky (Secretaria de Géneros de CTA de lxs Trabajadorxs) y Lucía Bonafe (Secretaria de Organización y de Relaciones Institucionales de AGEPJ – Córdoba CGT Histórica). Este panel destacó el compromiso del movimiento obrero en su lucha por alcanzar la unidad en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

 

Por su parte, el día sábado, se contó con la participación de Verónica Gago (docente –UBA- e investigadora –CONICET-, Claudia Viviana Rocca (presidenta de la Asociación Americana de Juristas – Rama Argentina) y Valeria Vallejos (Secretaria de Géneros de AEJBA – CABA).

 

Como resultado del encuentro la Federación Argentina Judicial se comprometió a presentar un proyecto ante cada uno de los Tribunales Superiores de las provincias, solicitando la implementación de un sistema de licencias único para todos los Poderes Judiciales de Argentina. Asimismo, se hizo hincapié en la urgencia de garantizar el cumplimiento efectivo del cupo laboral travesti-trans y del cupo por discapacidad, medidas cruciales para avanzar hacia una justicia inclusiva y equitativa.

 

 

 

El pasado viernes 28 junio se cumplió una nueva jornada de lucha de los Equipos Técnicos del Poder Judicial con una asamblea y radio abierta en la explanada sobre calle Caseros de Tribunales 1. Desde AGEPJ repudiamos la actitud de ciertos mandos medios de la patronal de intentar amedrentar a las compañeras y compañeros por el legítimo ejercicio del derecho de huelga.

Se anunciaron más de 550 ascensos para capital e interior de los Programas 920 y 921. Como efecto debieran producirse nuevos pases a planta de contratadas y contratados por lo que solicitamos a la Administración que se comience a trabajar en ello de inmediato.

Los ascensos son la materialización del derecho a la carrera administrativa consagrada en la Constitución Provincial. Que sean permanentes e impliquen un avance es un logro colectivo de las y los empleados judiciales por la permanente lucha que se da en tal sentido y en pos de la efectivización de quienes están bajo contrato y no en planta.

Los equipos técnicos del Poder Judicial continúan reteniendo tareas diariamente en el marco del reclamo por el reconocimiento del carácter profesional de sus tareas. Dichas medidas comenzaron el 10 de junio pasado.

El pasado miércoles 19 de junio se realizó nuevamente una multitudinaria asamblea con pasilleada de los equipos de capital en tribunales uno. Ante la fralta de respuestas del Tribunal Superior de Justicia para convocar a un dialogo al respecto, mañana miercoles habrá asamblea virtual provincial a las 12 hs. en tanto que el viernes 28/06 habrá una concentración en tribunales uno de 11 a 14 hs.
Recordemos que el reclamo de los equipos es de larga data y que para ingresar al Poder Judicial a los equipos técnicos se les exige, además del concurso público de oposición y antecedentes como la gran mayoría de la planta, acreditar el título habilitante, matrícula profesional vigente, experiencia en el ejercicio profesional y conocimiento y formación especializada. Teniendo en cuenta los requisitos formales de postulación, las y los profesionales de los equipos técnicos ingresan con una edad promedio de 30 años como peritos oficiales al mismo agrupamiento administrativo que el resto de la planta jurisdiccional, a quienes actualmente solo se les exige tener aprobado el 40% de la carrera de abogacía, quienes ingresan con menos de 25 años. Eso a la larga genera que la mayoría de profesionales del sector no llega con el cargo más alto a la edad jubilatoria.
Pero, además, los equipos técnicos realizan tareas que conllevan responsabilidad por la firma en sus pericias. Pueden recibir sanciones graves por ejemplo por incurrir en mora injustificada en el desempeño funcional, retacear colaboración, no brindar diligencia debida, y no guardar el debido secreto profesional, como así también se prevé la posibilidad de ser excusadas y recusadas, conforme las normas de procedimiento en la materia tal como sucede con quienes integran la magistratura.

Los gremios estatales de Córdoba, entre los que revista AGEPJ emitieron ayer una declaración apoyando la lucha de los docentes y el paro que hoy 25 de junio están llevando adelante.

A su vez se volvió a reclamar en conjunto al gobierno provincial:

a) la recuperación del poder adquisitivo del salario,

b) la eliminación del fondo para APROSS denominado FOSAET,

c) que la actualización del fondo de enfermedades catastróficas se continúe efectuando de acuerdo al mismo porcentaje de variación salarial del sector público cordobés,

d) el fin del diferimiento salarial que pesa sobre el cobro de jubilaciones y pensiones de la caja provincial, e) elevación de la base salarial para aumento de aportes.

f) tomar la mínima previsional (pesos 230.000) para el descuento del 20 por ciento a quienes cobran, de acuerdo a la ley vigente una jubilación y una pensión.

 

El día viernes 14 de junio, después del mediodía se congregaron en tribunales 1 un gran número de compañeras y compañeros de los equipos técnicos de la capital. En asamblea, por unanimidad y con el acompañamiento de integrantes de la comisión directiva de AGEPJ se decidió continuar con la retención de tareas de 2 hs. (De 12 a 14 hs.) también la próxima semana, que tiene dos días hábiles, martes 18 y miércoles 19 de junio. Recordemos que esta medida de fuerza ya se viene sosteniendo de lunes a viernes, desde el pasado lunes 10 de junio.

Luego de la asamblea se recorrieron los pasillos del tribunal dando a conocer el reclamo al resto de las empleadas, empleados, funcionarios y magistrados. De no haber novedades en los días venideros por parte del empleador habrá una nueva asamblea presencial en Tribunales 1 el día miércoles 19 de junio a las 12 hs.

El conjunto de gremios estatales, entre los que se encuentra AGEPJ envió nota al gobernador referida a las cuestiones previsionales y del seguro de salud APROSS que afectan al sector público provincial. Se efectuó además un pedido de audiencia.

En concreto, en lo previsional los gremios exigieron el fin del diferimiento salarial que pesa sobre el cobro de jubilaciones y pensiones de la caja provincial, elevación de la base salarial para aumento de aportes y tomar la mínima previsional (pesos 230.000) para el descuento del 20 por ciento a quienes cobran, de acuerdo a la ley vigente una jubilación y una pensión.

En tanto que en lo atinente al seguro de salud APROSS se reitera la oposición y se pide eliminación del denominado «FOSAET», que se continúe utilizando el índice de variación salarial del sector público para actualizaciones ( y no el IPC ) y se cumpla con lo acordado sobre la normalización progresiva de prestaciones y atención por parte de APROSS.

Las y los profesionales psicólogas, trabajadoras sociales y psiquiatras del poder judicial de la provincia reclaman el reconocimiento de su responsabilidad profesional ya que, al igual que funcionarios y magistrados “firman” sus informes y requieren para ello la matrícula profesional habilitante.

 

Las profesionales de los Equipos técnicos del Poder Judicial comenzaron el pasado lunes 10 de junio retención de tareas en reclamo por el reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, de la responsabilidad de su tarea. La retención se continuará toda la semana de no mediar respuestas favorables y consiste en la no realización de las tareas propias del sector por 2 hs. cada día, de 12 a 14 hs.
El reclamo data de mediados de los años 90 y nace a raíz de una desigualdad estructural que se generó en perjuicio de los y las profesionales que ingresan a trabajar en los Equipos Técnicos de toda la provincia. Para ingresar al Poder Judicial a los equipos técnicos se les exige, además del concurso público de oposición y antecedentes como la gran mayoría de la planta, acreditar el título habilitante, matrícula profesional vigente, experiencia en el ejercicio profesional y conocimiento y formación especializada. Teniendo en cuenta los requisitos formales de postulación, las y los profesionales de los equipos técnicos ingresan con una edad promedio de 30 años como peritos oficiales al mismo agrupamiento administrativo que el resto de la planta jurisdiccional, a quienes actualmente solo se les exige tener aprobado el 40% de la carrera de abogacía, quienes ingresan con menos de 25 años. Eso a la larga genera que la mayoría de profesionales del sector no llega con el cargo más alto a la edad jubilatoria.
Pero, además, los equipos técnicos realizan tareas que conllevan responsabilidad por la firma en sus pericias. Pueden recibir sanciones graves por ejemplo por incurrir en mora injustificada en el desempeño funcional, retacear colaboración, no brindar diligencia debida, y no guardar el debido secreto profesional, como así también se prevé la posibilidad de ser excusadas y recusadas, conforme las normas de procedimiento en la materia tal como sucede con quienes integran la magistratura.
El encuadramiento profesional de los equipos técnicos viene reclamando desde hace años un escalafón o estructura administrativa propia, acorde a las funciones y responsabilidades que asumen las profesionales, como así también el reconocimiento económico por la responsabilidad de la firma de los informes, dictámenes y pericias.
El Secretario Gremial de AGEPJ Adrian Valan expresó que “ya es hora que el Poder Judicial ponga fin a la discriminación que sufren las compañeras de equipos Técnicos y se avance en el reconocimiento del carácter profesional de sus tareas.”
En tanto que Alejandra Raya, integrante de la comisión directiva de AGEPJ y referenta del sector agregó que: “Ante las dilaciones del empleador en ofrecer soluciones a nuestro legítimo reclamo o siquiera constituir una mesa de negociación sectorial hemos iniciado medidas de fuerza que van a resentir el servicio.”

La modificación de la ley de impuesto a las ganancias que acompaña la ley bases afecta de manera directa a las y los trabajadores judiciales. Recordemos que la última modificación que se hizo a finales del 2023, prácticamente significó el anhelado cumplimiento de aquella máxima que reza “El salario no es ganancia” puesto que sólo quedaban alcanzados por el tributo salarios verdaderamente exorbitantes.

Ahora bien, de la manera como se está planteando en este momento (ya tiene media sanción en diputados) va a alcanzar a un universo cercano a 1,2 millones de personas, ( incluyendo en los términos de su actual redacción a las y los empleados judiciales) pero al mismo tiempo como no prevé actualización por lo que queda de 2024 (recién la prevé para el ejercicio 2025) podrían terminar el año pagando unos 2 millones de trabajadores si es que el poder ejecutivo decide no actualizar los mínimos no imponibles o actualizarlos de forma escasa.
En estos momentos, ya encuentran pagando ganancias las y los judiciales de Chubut, Provincia de Buenos Aires y Rio Negro, lo cual ya ha motivado dos reuniones conjuntas de Federación Judicial Argentina con Junta Federal de Cortes (reúne a los superiores tribunales de todo el país).

La norma además elimina muchas de las eximiciones previstas en la ley anterior (aguinaldo, horas, guardias médicas, ropa de trabajo, etc.) que permitían al trabajador o trabajadora deducir a la hora de afrontar este impuesto.
El proyecto de ley bases también pretende afectar la “estabilidad del empleado público”. Concretamente, en materia de empleo público, el Titulo II de Reforma del Estado, capítulo IV de la Ley bases, es absolutamente regresivo. Ahora se puede pasar a un trabajador/a a situación de disponibilidad hasta por 12 meses, y si no es reubicado queda automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional. Al mismo tiempo, se eliminan protecciones de despido para aquellas trabajadoras o trabajadores que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio.

Si bien la norma se refiere a lo que depende de la Nación, estamos en alerta porque en caso de aprobarse potencialmente ello puede trasladarse a los ámbitos provinciales. Los discursos de de minimización del estado nos atañen directamente a las y los judiciales. La administración de justicia es una función muy importante del estado y se sostiene por el diario trabajo de las empleadas y empleados judiciales desde unidades judiciales, policía judicial, fiscalías, juzgados, asesorías, cámaras, equipos técnicos, personal de maestranza. La alta conflictividad social lejos estará de resolverse si se achica el poder judicial, a tono con el discurso oficial de reducción del estado.

A su vez, en relación indirecta con el tratamiento del proyecto en cuestión está la falta de cumplimiento de los envíos que el gobierno federal debe realizar para la Caja de Jubilaciones (no girados a pesar de ser obligatorios) de Córdoba que pone en serio riesgo el pago de jubilaciones y pensiones en la provincia, no sólo de las y los judiciales sino que de todo el sector público.

 

Compartimos entrevista del diario Comercio y Justicia a nuestro compañero Secretario General Federico Cortelletti.

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El  pasado viernes 31 de mayo AGEPJ desarrolló diversas actividades en la sede judicial Rio Tercero. Hubo una asamblea de empleadas y empleados con la concurrencia del compañero delegado local Martín Arrieta y la presencia de comisión directiva provincial con Federico Cortelletti, Agostina Noccioli, Javier Planas y Mario Rojo. Allí se trató la cuestión salarial y las amenazas que representa para las y los judiciales el proyecto de ley “Bases” en tratamiento en el congreso, principalmente por su objetivo de restaurar el impuesto al trabajo denominado ganancias y la afectación a la estabilidad del empleo público.

También, en la línea que está manteniendo nuestro gremio de acercar soluciones de salud a sus afiliadas y afiliados se firmó un importante convenio con la Clínica Privada Modelo en el que se prevé el no cobro de arancel en distintas atenciones médicas primarias. La comunicación del acuerdo mencionado se realizó en el Centro Cívico de Rio Tercero donde nuestro secretario general, junto a su director Yamil Mengo brindó una conferencia de prensa.

Por último, por invitación de las autoridades municipales se efectuó un recorrido, guiado por su directora Andrea Salazar en el flamante hospital público Juan Bautista Bustos dónde nuestras compañeras y compañeros (al igual que la comunidad de Río Tercero) reciben atención médica, principalmente de guardia.