La situación edilicia de los tribunales de Villa María es un problema de vieja data a la que el empleador no pone solución. Entre otras cuestiones AGEPJ logró en 2018 que el ministerio de trabajo de la nación realizara una minuciosa inspección al edificio que derivó en una intimación a la patronal. Aún así y reparaciones menores que pueden haberse realizado en el momento el problema persiste porque el principal obstáculo es estructural y lo representan las condiciones de un edificio que ya tiene más de 70 años, como también lo reflejó otra denuncia pública de AGEPJ , esta vez de 2021.

A su vez nuestro sindicato reiteradamente plantea en las audiencias anuales sobre presupuesto la necesidad de asignar los fondos necesarios para la construcción de la ciudad judicial de Villa María como la solución definitiva a los problemas edilicios de larga data que afectan tanto a la ciudadanía que concurre a los edificios, abogados, abogadas, magistrados, magistradas, funcionarias, funcionarios y nuestras compañeras y compañeros trabajadadores judiciales.

En las semanas previas AGEPJ ha solicitado nuevamente a la Administración General del Poder Judicial se encuentre una solución (en reiteración de lo solicitado hace ya un año) a los graves problemas de filtraciones de agua, humedades, de cloacas, presencia de roedores y destrucción de archivos de las dependencias donde funcionan la Unidad Judicial, Policía Científica y la Fuerza Policial Antinarcóticos. Ello fué incluso reflejado por un de comunicación de la ciudad de Villa María.

También la Comisión Directiva de la Seccional Villa Maria ha hecho los reclamos durante todos estos años, ante la superintendencia de la sede en reiteradas oportunidades. Es por ello que desde la Comision provincial estamos nuevamente solicitando respuesta a la Administracion General y sosteniendo el reclamo historico por un edificio judicial nuevo para la sede de Villa Maria»

La Administración General del Poder Judicial anunció 150 efectivizaciones de empleados y empleadas judiciales de los programas 920 y 921.
En primer lugar y como siempre lo hacemos felicitamos a las compañeras y compañeros que reciben hoy esta grata noticia de pasar a planta en medio del adverso contexto económico que atraviesa nuestro país.

Como todo logro laboral se trata de una conquista que debemos a la lucha que las y los judiciales incansablemente llevamos adelante para que no exista esa forma de contratación en el Poder Judicial. Así lo planteamos año tras año en las audiencias por el presupuesto y forma parte de cada planteo que efectuamos al empleado

El gremio de judiciales de Córdoba firmó un convenio con los directivos de la Clínica Cooperativa Clemic de la ciudad de Cura Brochero.

A partir de dicha firma las y los afiliados judiciales y su grupo familiar comenzarán a ser atendidos  SIN COBRO DE COSEGUROS NI PLUS en la Clínica Clemic.

 

 

 

La Federación Judicial Argentina (FJA), con la firma de su secretario General, Matías Fachal, y el patrocinio del abogado laboralista, Guillermo Gianibelli, presentó una medida cautelar en el Fuero Nacional del Trabajo para suspender la aplicación del impuesto a las ganancias a las y los judiciales de todo el país.

La presentación de la FJA plantea la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley 27.743 de «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» reglamentada por el Gobierno de Javier Milei, que restituyó la cuarta categoría del impuesto. La acción judicial, que quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 38, abarca a la totalidad de lxs trabajadorxs judiciales de todo el país, ya que la entidad nuclea a 23 sindicatos judiciales de toda la Argentina y que cuenta con más de 35.000 afiliadxs.

La presentación de la FJA se da tras el resultado favorable en los amparos de los estatales neuquinos en la justicia provincial, de lxs docentes de CTERA en el Fuero Laboral de la Nación y de lxs judiciales porteños de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Cdad. de Bs.As. (AEJBA) en el Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de esa ciudad. A esto se le suma también la presentación del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN).

Para la FJA, la ley reglamentada por el Gobierno cae en el absurdo, ya que «hace que la clase trabajadora sea la que deba soportar la carga fiscal con el pago de un impuesto sobre su salario», mientras que a los que se apropian de esa renta, como las empresas, les «condonan multas e intereses, ofrecen facilidades de pago a los medianos y grandes contribuyentes, promueve el blanqueo de capitales, crea el RIGI», entre otras medidas pro mercado.

Desde Judiciales de Córdoba (AGEPJ ) saludamos a la Mesa Gremial Universitaria en la lucha que está llevando adelante en defensa de la Universidad Pública, por su financiamiento y un salario docente justo. Acompañamos el reclamo y volveremos a ganar la calle junto a todo el pueblo argentino, como en abril con la histórica marcha federal universitaria en cuanto el gremio hermano de ADIUC nos convoque para sostener nuestra querida universidad pública. »

 

Las y los profesionales de los Equipos técnicos del Poder Judicial de Córdoba comenzaron ayer 14 de agosto la junta de firmas para articular a través de A.G.E.P.J. un petitorio dirigido al Tribunal Superior de Justicia solicitando se “informen (…) los fundamentos y motivos vinculados a la respuesta denegatoria ofrecida frente a los reclamos históricos de este sector que apuntan al reconocimiento económico de la función pericial y la responsabilidad profesional que conlleva”.

Es sabido que las y los profesionales del sector vienen sosteniendo un reclamo histórico que apunta a que se reconozca económicamente su responsabilidad funcional en su rol de peritos y peritas del Poder Judicial. Son los equipos técnicos quienes con la realización de informes, pericias y entrevistas son responsables por dichas conclusiones por tener responsabilidad funcional en la firma. Esa carga, que no tienen las y los empleados jurisdiccionales, no es compensada económicamente ni en la carrera administrativa, ya que revisten el mismo escalafón y carrera que un ingresante estudiante de abogacía en el Poder Judicial.

Por este reclamo los Equipos técnicos comenzaron en junio medidas de fuerza ante lo cual solo recibieron la negativa sin fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y la amenaza de descuentos. Pero ante la actitud de absoluta falta de dialogo por parte de la patronal, los equipos técnicos continúan movilizados y solicitando se articulen canales de discusión y dialogo sobre su histórico reclamo. Por eso se comenzó con la firma provincial de un petitorio dirigido al TSJ solicitando explicaciones para presentarlo en los próximos días en acto gremial conjunto de todos los equipos técnicos de la provincia.

Desde AGEPJ se sigue reclamando se articulen instancias de conversaciones entendiendo que es el camino para intentar acercar posiciones con el fin ultimo de avanzar en un camino de dialogo institucional.

El día 13 de agosto se llevó a cabo una asamblea con el personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO). El motivo es la inminente aplicación de un nuevo proyecto para trabajar de forma conjunta casos de femicidio y/o otros casos complejos con los cuerpos operativos de la policía científica y personal de análisis del comportamiento criminal.

Dentro de los reclamos de los compañeros y compañeras se destaca la necesidad de establecer por escrito lineamientos generales del proyecto que definan:

 

  • El encuadre de funciones y responsabilidades que estas áreas tendrán dentro del lugar del hecho, como asimismo las reglas y normas de trabajo para este nuevo proyecto.
  • Establecer la definición de homicidios y/o hechos complejos que entrarían en el encuadre de este nuevo proyecto.
  • Revisar la sobrecarga laboral que se puede producir entre las distintas unidades de detectives cuando coinciden las guardias propias de la sección con las nuevas guardias pasivas generadas para este nuevo proyecto.
  • Dentro del personal de la DIO solo tres compañeros son criminalistas, por lo que  muchos manifiestan resquemor a la hora de trabajar con cadáveres o escenas de violencia, tarea que se sumaría a sus tareas actuales con un impacto psicológico para la cual no están preparados.
  • Definir cómo conviven estas nuevas funciones con las funciones urgentes propias de la oficina.
  • Por último los compañeros y compañeras creen necesario generar un espacio de diálogo con las demás secciones que trabajan en el proyecto para conocer las funciones y formas de trabajo de cada una de las áreas implicadas.

 

Contar con lineamientos escritos y claros es la única forma que este proyecto funcione de forma adecuada, hacerlo de la forma en que hoy lo está presentando el empleador genera muchas dudas y pocas certezas para quienes efectivamente deberán desempeñarse en estas nuevas funciones, ello no es bueno ni para la institución ni para el o la trabajadora. Desde AGEPJ creemos necesario posponer la implementación de este nuevo proyecto hasta que todas las áreas implicadas cuenten con información suficiente al respecto. Contar con normas escritas y claras permitirá que realmente se pueda llevar a cabo las tareas de la mejor forma posible, mejorando así el proceso investigativo de los casos abordados en esta nueva iniciativa y resguardando los derechos laborales de las y los trabajadores del sector.

 

El jueves 8 de agosto, AGEPJ se reunió con autoridades del MPF. Estuvieron presentes el Fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro; Cesar Fortete, Director de Policía Científica; Gonzalo Moreno, Director de Sumarios y Bruna Sciolla, Directora del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas.

En la reunión se transmitió la preocupación respecto al grave hecho sucedido en el Centro de Recepción la madrugada del pasado lunes 5 de agosto, cuando un efectivo policial manipuló un arma de fuego, en el marco de la entrega de un procedimiento, efectuando un disparo con la misma y poniendo en riesgo la integridad física de un compañero sumariante. En este contexto es que se planteó la urgencia de contar con un protocolo de actuación en relación a la entrega de armas de fuego por parte de personal policial así como también la necesidad de contar con un funcionario o una funcionaria de turno del Centro de Recepción para instruir respecto al proceder ante situaciones similares, tanto al personal policial como a las y los sumariantes. Las autoridades del MPF confirmaron que ya se encuentran trabajando en un protocolo, con la intervención de la sección Balística, con el objetivo de impedir que las armas sean entregadas a las y los sumariantes, el cual se aplicará, en primera instancia, al Centro de Recepción, pero luego se hará extensible a todas las unidades judiciales. Por último, confirmaron que están trabajando en un diagrama de turnos que serán cubiertos por los ayudantes fiscales del C.R.P.P.A., a fines de dar respuesta a las empleadas y empleados en las distintas circunstancias que suelen presentarse durante la jornada en días inhábiles y horarios nocturnos principalmente.

El Ministerio Público Fiscal representado por el Fiscal General Juan Manuel Delgado y la fiscal adjunta Bettina Croppi junto al Tribunal Superior de Justicia representado por Luis Rubio, pusieron en marcha el pasado martes 6 agosto, con un acto en el Polo Judicial los lactarios móviles para unidades judiciales de interior y capital.

En sus alocuciones tanto el Fiscal General, como la adjunta ponderaron la iniciativa gremial y el interés de esa esfera estatal en dar continuidad a una política que ya lleva un tiempo de ejecución desde la oficina de la mujer del TSJ. A partir de ahora con la innovación de equipos móviles, perfectamente equipados para que compañeras que atraviesan procesos de lactancia y que desempeñan sus tareas en las unidades judiciales, puedan ejercer ese derecho.

La compañera Agostina Noccioli, secretaria Adjunta de AGEPJ, quien hizo uso de la palabra en el acto público expresó que » este logro es fruto de un trabajo colectivo que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, caracterizado no solo por reclamar lo que consideramos justo sino también por proponer soluciones para las y los judiciales. Una de esas propuestas, destinada a garantizar el pleno derecho de llevar el periodo de lactancia en las condiciones de higiene correspondientes, sorteando los obstáculos que presenta la descentralización territorial de las unidades judiciales, fue felizmente tomada por el MPF y convertida en política pública. Con este acto podemos decir que hoy se hace un poco más de justicia y que hay otro avance hacia el cumplimiento pleno de los derechos de las mujeres trabajadoras hacia dentro del poder judicial.»

Durante la madrugada del pasado lunes 5 de agosto sucedió un hecho extremadamente grave en las oficinas del CRPPA, cuando a un efectivo policial se le escapó un disparo de un arma de fuego. Manipulando la misma, cuando intentaba demostrar que “no estaba operativa”, el personal policial en cuestión oprimió el gatillo, efectuando un disparo, el cual rozó el escritorio e impactó en la pared detrás del sumariante que se encontraba receptando el procedimiento.
Si en este momento no estamos lamentando una víctima fatal, ante tamaño descuido, se debe pura y exclusivamente al destino y la casualidad.

Desde el Gremio de Judiciales entendemos que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo. A principios del 2023 casi lamentamos 4 víctimas fatales cuando un equipo de policía judicial quedó atrapado en medio de una balacera. Un año después compañeros y compañeras sumariantes quedaron nuevamente a merced de la tragedia dentro de su misma oficina de trabajo por la falta de protocolos de seguridad que regulen las tareas que llevan a cabo de forma cotidiana.
Por este motivo, el Lunes 5 de Agosto se realizó una asamblea en la sede del Centro de Recepción, en la cual, además del hecho que nos convocó, se pusieron en consideración distintas situaciones de destrato que sufren las y los sumariantes por parte del personal policial que concurre a entregar procedimientos.


Exigimos desde AGEPJ una reunión con Fiscalía General, con carácter urgente, para discutir la implementación de un protocolo de trabajo, en particular cuando existan armas de fuego secuestradas. Los y las judicialas necesitamos lineamientos claros para poder trabajar sin vulnerar no solo nuestros derechos, si no también nuestra integridad psicofísica.
Por otro lado también exigimos a la patronal la presencia efectiva, en la oficina, de al menos un/a funcionario/a durante los horarios inhábiles con los fines de poder dar directivas claras a los empleados y empleadas que prestan servicio.