AGEPJ realiza el 1 de diciembre un paro provincial de 24 horas por salario, ante la falta de respuesta del aumento a cuenta solicitado al TSJ y la ausencia de acuerdo salarial de la C.S.J.N. Según los informes propios de seccionales y delegaciones del interior como de los pasilleos en edificios de capital la medida de fuerza está teniendo un alto nivel de acatamiento.
También se movilizó cuerpos orgánicos hacia la legislatura provincial para participar en la audiencia pública para el presupuesto 2023. El eje de los planteos allí fueron el pedido de efectivizaciones para el pase a planta de todas y todos los contratados, mejorar la infraestructura y recursos para brindar un mejor servicio de justicia a la sociedad, el respeto de la carrera de empleadas y empleados y la necesidad de un sistema salarial único y equitativo en el poder judicial.
Respecto a la infraestructura AGEPJ ponderó el pedido de presupuesto para nuevos edificios en el interior provincial, por caso Dean Funes y Alta gracia y refacciones y ampliaciones en varios más. A su vez la previsión para seguir construyendo unidades judiciales y reemplazar los edificios obsoletos donde todavía funcionan algunas. AGEPJ requirió puntualmente la imperiosa necesidad, por motivos de seguridad tanto para las y los judiciales como la ciudadanía de un edificio nuevo para la sede Villa María.
Se reclamó al respecto que todos los edificios cuenten con espacios para promover y proteger la lactancia materna en una planta cuya composición es 70% mujeres, que se mejore la provisión de distintas herramientas e insumos de trabajo así como automóviles siendo en este punto un área crítica la Policía Judicial que tiene que presentarse en los “lugares de los hechos” en toda la provincia de Córdoba. Se alertó también sobre que el sistema informático interno, correo oficial y almacenamiento de archivos están lejos de funcionar correctamente después del último ataque informático al Poder Judicial siendo las trabajadoras y trabajadores judiciales quienes han aportado sus propias herramientas tecnológicas y dar las explicaciones al público sobre las demoras.
En cuanto a la carrera el sindicato llamó la atención sobre el gran aumento de la litigiosidad desde el año 2021 con un 51 % de incremento respecto a los años anteriores lo que no se reflejó en aumento de la planta de empleados y empleadas con consecuencias comprobables en la salud mental y hasta colapso de las trabajadoras y trabajadores judiciales.
En el punto AGEPJ reiteró la denuncia sobre el aumento de la cantidad de personas en calidad de contratada sin pasar a planta solicitando revertir esa situación de inestabilidad y precarización laboral dentro del Poder Judicial. Se puntualizó que fue muy grave que en el 2022 se hayan efectuado 67 reconversiones de cargos de la planta administrativa para cubrir cargos de funcionarios judiciales, en su gran mayoría destinados al cargo nominado como cuarto Pro Secretario/a del Fuero civil y comercial de capital impactando esto en que en el año en curso sólo se han producido 600 asensos y 165 pases a planta afectando el derecho a la carrera administrativa de las empleadas y empleados reconocido en la Constitución provincial por el art. 23 inc. 13. La afectación es hacia toda la planta pero hay un impacto mayor en el Ministerio Público Fiscal y sobre todo en los equipos técnicos quienes ven resentida su carrera administrativa con este atraso, ya que se les exige para ingresar antigüedad en su matrícula profesional y por ende entran con mayor edad que el resto de la planta. Pero esa diferencia no se materializa luego en un reconocimiento en la carrera, llegando a jubilarse muchas integrantes de los equipos sin el cargo más alto de la carrera.
