El día de ayer 3/06/2021 se llevó a cabo asamblea virtual de la oficina de notificadores y ujieres. Ante el incumplimiento de la patronal en cubrir los cargos de jefe de despacho mayor, habiendo aproximadamente 10 vacantes se declaró el estado de alerta en la oficina.

El incumplimiento del TSJ es con la ley 9807 que crea los cargos de jefe de despacho mayor para las empleadas y empleados judiciales que tienen la función de notificadores, algunas vacantes están sin cubrir desde hace dos años. De persistir esta reticencia injustificada de la patronal en la cobertura de dichos cargos se adoptarán medidas de fuerza.

Foto de Archivo                                                                                                                      

AGEPJ presentó en el día de la fecha, notas a la Administración del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal denunciando los casos de las Oficina Única de Violencia Familiar y de Género y de la Unidad Judicial de la sede de Cosquín.

En la oficina mencionada en primer término dicha sede, “merced a la directiva del Tribunal Superior que habilita a los jefes de oficina a evaluar la cantidad de personal que pueden convocar -en tanto pueda cumplirse el distanciamiento social necesario-, ordenó la presencialidad a la totalidad del personal. Es así que en una oficina donde no existe la menor posibilidad de distanciamiento, y ante la irresponsabilidad del Juez a cargo Francisco Martos, resultaron contagiados los cuatro empleados de la misma”.

En la nota destacamos que “sin perjuicio de la denuncia pertinente de la que es pasible el magistrado, solicitamos nuevamente que refuercen los controles desde el área de higiene y seguridad a los fines que los jefes de oficina no cometan estos abusos, y luego de restablecida la salud de empleados y empleadas se disponga rotación en la presencialidad a fin de custodiar la salud de sus integrantes y de toda la sede judicial”.

En tanto referido a la Unidad Judicial se le manifestó a la Administradora General del M.P.F. que es imposible cumplimentar el distanciamiento requerido en el espacio con el que se cuenta de 4 x 3 metros, con una sola ventana y 3 escritorios. Que, además de ello esa ventana abierta es un lugar donde los denunciantes se asoman, interrumpen y se quejan por tener que estar esperando a la intemperie y que la toma de denuncia simultáneas de todo tipo y en especial de
Violencia Familiar en tál déficit edilicio  implica que la atención no se realiza en un ámbito y de privacidad que requieren las víctimas
de violencia de genero. Al respecto se solicitó que en tanto se arribe a una solución edilicia definitiva en la emergencia se reduzca la atención presencial a no más de 2 sumariantes por turno cómo única manera de cumplir el distanciamiento.

El miércoles 26 de mayo se llevó a cabo la asamblea de las y los compañeros de Equipos Técnicos. Hubo una numerosa participación y se debatieron las medidas a adoptar frente al insostenible incumplimiento patronal de los compromisos asumidos con el sector.

A la falta de respuesta e inequidades que sufre el sector por el no reconocimiento de la tarea profesional y científica que desarrollan, se suma la gran cantidad de profesionales contratados, la falta de personal y condiciones de trabajo inadecuadas para este contexto de pandemia. Esta misma ha elevado exponencialmente la demanda a este sector asociado a las especialidades de salud dentro del Poder Judicial.

Desde la asamblea se mantuvo la firmeza de continuar con las medidas, las cuales van a endurecerse frente a la ausencia total de respuesta. Además se van a realizar denuncias pertinentes a los organismos que correspondan para poner limite a la discriminación, destrato y desigualdad que expresan la falta de políticas de equidad de género para adentro del Poder Judicial. De manera unánime se aprobó el inicio de acciones que pongan límite a lo que ya resulta insostenible. Continuaran las asambleas sectoriales mientras se gestan las acciones a seguir.

El Viernes 24 de Mayo un grupo de compañeras y compañeros de los Equipos Técnicos de Tribunales dos, junto a integrantes de la Comisión Directiva de AGEPJ (Andrea Zuliani y Adrian Valan) mantuvieron una reunión con personal de Infraestructura del Poder Judicial encabezados por el Arquitecto Llarul y Comité de Higiene y Seguridad representado por el Doctor David Dibb. Dicho encuentro fue solicitado por el gremio en el marco del planteo que se viene realizando sobre las condiciones sumamente inadecuadas en las que desarrollan sus tareas los Equipos que funcionan en el subsuelo nivel -2 del edificio del fuero penal.

Al tiempo que se realizó un recorrido conjunto, desde AGEPJ se expresó que el objetivo de las y los profesionales trabajadores es la refuncionalización del actual espacio para hacerlo habitable y la asignación de nuevos espacios para superar el hacinamiento actual. Como parte del reclamo se le dieron a conocer al responsable de Infraestructura los requerimientos particulares de la actividad pericial y de las profesiones que allí desempeñan la tarea como también de las necesidades de las personas que concurren para recibir la atención profesional. Desde infraestructura se mostraron planos de posibles mejoras y se acordó acercar propuestas.

La Secretaria de Salud y Acción Social de AGEPJ Andrea Zuliani expresó que: “es impostergable una mejora de las condiciones de un grupo de profesionales de la salud que trabajan invisibilizadas en un subsuelo, sin ventilación ni luz natural. El sector de los Equipos Técnicos brindamos una tarea muy sensible e importante para la administración de justicia pero como contrapartida somos castigados y castigadas permanentemente con diferentes formas de exclusión y restricciones de recursos. Nuestra paciencia se agota y si no hay soluciones a temas puntuales, como el del subsuelo de tribunales dos o a temas generales como el órden de mérito propio es inminente el inicio de medidas de fuerza sectoriales.”

El Secretario Adjunto Adrián Valan agregó que: “En un reclamo de larga data, donde hasta se expidió el COE en una oportunidad marcando las pésimas condiciones para desarrollar la tarea dejamos claro que no será bienvenida una propuesta que continúe hacinando a las y los profesionales o que despoje de mejoras a un sector para solucionar la situación.”

Finalmente, luego del planteo de AGEPJ y la retención de tareas realizada el MPF resolvió cerrar la Unidad Judicial Número 11 a partir de las 20 horas del día de hoy (21/05/2021).  

Dicha suspensión del funcionamiento se mantendrá hasta que se hagan las remodelaciones que permitan reanudar las tareas de la dependencia cumpliendo los protocolos de bioseguridad y sin poner en riesgo la salud de las personas.

 

El TSJ comunicó al gremio de las y los judiciales un conjunto de avances en respuesta a los planteos y exigencias realizadas a comienzo del mes de marzo de este año.


Se informó que la Administración del Poder Judicial Provincial está trabajando en una nueva tanda de ascensos que estarán en vigencia a partir del mes de Abril del corriente año. Estos ascensos permitirán además la generación de vacantes para el pase a planta de compañeras y compañeros contratadxs.

En relación al tema salarial se confirmó que el pago de todos los retroactivos faltantes correspondientes al año 2020 (Noviembre, Diciembre y proporcional aguinaldo) que se comenzarán a pagar con los haberes de Marzo. Finalmente, en lo que respecta a la Pauta salarial 2021 se informó que se aguarda la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional al pedido de partidas presupuestarias realizado por la Corte Suprema de Justicia de un aumento salarial.

AGEPJ cursó nota al Tribunal Superior de Justicia solicitando precisiones respecto al goce del período de licencia anual ordinaria que corresponde a las empleadas y empleados del Poder Judicial del mismo modo que a cualquier trabajador o trabajadora de la Argentina.

Motiva la solicitud el hecho de no haberse notificado aún el momento en que se otorgará la feria judicial de julio, días que forman parte de la licencia anual tanto de las empleadas, empleados como de los funcionarios y magistrados. Hasta el momento no hay comunicación oficial alguna lo que provoca mucha alarma en la planta. Si persiste el silencio oficial al respecto el sindicato articulará legítimas medidas de fuerza para defender ni más ni menos que el derecho a la licencia anual que tiene cualquier trabajador o trabajadora.

Se exigió también la respuesta al pedido de 2020 para devolución de los días de feria no gozados por las trabajadoras y trabajadores judiciales que el pasado año nunca dejaron de prestar servicio.

 

Luego de una solicitud efectuada por el gremio de judiciales de Córdoba y la hermana de un desaparecido por la última dictadura militar, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba entregará el título de Abogado de Jorge Eduardo Malberti a sus familiares.

Malberti, era oriundo de San Juan y vino de aquella provincia a Córdoba para estudiar derecho y Comunicación Social. También  fue empleado del Poder Judicial de Córdoba. Jorge Malberti rindió su última materia el 5 de marzo de 1976 y fue secuestrado por las fuerzas de seguridad en las primeras horas del 27 de marzo  y presuntamente trasladado al centro clandestino de detención denominado “La Perla”. Hoy continúa desaparecido.

En el marco del trabajo que el gremio judicial viene realizando, para recuperar la memoria histórica de los efectos del terrorismo de estado sobre la planta del Poder Judicial surgió la iniciativa de solicitar la entrega del título. Diploma de Abogado que Jorge no pudo recibir porque el terrorismo de estado lo desapareció y acabó con su vida.

La solicitud que llevó la firma de Alicia Malberti (hermana de Jorge), Federico Cortelletti (Secretario General de AGEPJ), Stefanía Serra (Pro-Secretaria de Organización de AGEPJ y Consiliaria de la UNC) y Santiago Notarfrancesco (afiliado de AGEPJ y Consiliario de la UNC) fue rápidamente respondida por las autoridades universitarias y en la sesión del Consejo Superior del día 23 de Marzo de 2021 fue introducida por el Vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra, defendida por el Consiliario Santiago Notarfrancesco, la Consiliaria Stefanía Serra y aprobada por unanimidad.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “La magnitud de lo sucedido en la última dictadura, hechos que aún no han sido juzgados en su totalidad y cuyo daño social se prolonga hasta nuestros días impone que la tarea de construcción de memoria sea permanente y en todos los ámbitos, por eso nuestro gremio impulsa la reconstrucción histórica de lo sucedido en el Poder Judicial. Tiene para toda la sociedad un valor muy grande que nuestra querida Universidad Pública continúe en la trayectoria de la defensa de los Derechos Humanos y contribuya con este acto, desde donde le toca a otorgar un mínimo de reparación para la familia de Jorge Malberti.”

 

Agepj presentó a la Administración del Poder Judicial una nota solicitando se garantice la seguridad y servicios públicos básicos a empleados y empleadas del Polo Judicial de Barrio Observatorio. Este reclamo se da en el marco de una escalada de hechos de hurtos y robo a trabajadores en las inmediaciones de los edificios cuando acuden o se retiran de su lugar de trabajo.


En la presentación el Gremio advierte su “creciente preocupación dado que la instalación del Polo Judicial, con la consecuente concurrencia de un mayor número de empleados y empleadas a trabajar al sector, no ha venido acompañada de una planificación urbana armónica para ofrecer servicios públicos a quienes acuden a sus lugares de trabajo. No existen servicios urbanos de trasporte público de las líneas centrales que lleguen a la zona por lo que muchos trabajadores y trabajadoras deben acudir a pie hasta los edificios del Polo. Por tratarse de una zona considerada roja de la ciudad y con poca o nula actividad comercial, los horarios de ingreso y de salida laborales revisten un alto riesgo y los y las agentes judiciales vienen experimentando episodios de hurtos y robos de sus pertenencias en esos trayectos.”


Desde el gremio resaltamos además que hacia el 2020, desde la gestión municipal de la ciudad se dio participación a nuestra entidad sindical para determinar los “corredores urbanos seguros”, esto es la determinación de senderos por los cuales los agentes judiciales deben realizar el recorrido hasta el polo judicial desde el centro de la ciudad; a fin de proveer a ese camino de vasta luminaria pública Led y de personal policial que pueda monitorear la zona. A la fecha, a pesar de haberse dado inicio al año judicial con la mayoría de las oficias del Polo Judicial funcionando en forma presencial (con personal rotativo junto con la modalidad de teletrabajo) esa infraestructura aún no ha sido adecuadamente establecida en la zona.


En consecuencia desde Agepj hemos solicitamos al TSJ, se arbitren los medios necesarios para mejorar la seguridad de la zona articulando con la autoridad Provincial de Seguridad y en su caso también se habiliten los “corredores urbanos seguros”.

Comenzamos por los años 1950 y 1951

Argentina posee una vasta y rica tradición organizativa y de lucha en los sectores trabajadores. Desde fines del siglo 19 y comienzos del 20 obreros y obreras de distintos oficios y tareas se congregaron en sociedades de apoyo, de fomento, de carácter mutual y gremial. Conformando organizaciones que bregan por la solidaridad, unidad y defensa de mejores condiciones de trabajo para sus afiliados y afiliadas.

 

A partir del 17 de octubre de 1945 la organización de las y los trabajadores adquirió un carácter masivo a la par de la consolidación de grandes conquistas laborales.

Es en ese contexto histórico de renovado protagonismo de la clase trabajadora que nacerá la AGEPJ.

El 10 de marzo de 1951 un grupo de empleadas y empleados judiciales culminaron un proceso organizativo que había comenzado tiempo antes y dieron nacimiento a la Asociación Gremial del Poder Judicial.

El motivo principal por el cual se decide conformar una asociación gremial de judiciales tuvo que ver con la escasa remuneración que percibían con relación al valor de la canasta básica en 1950. Y por la marcada brecha salarial existente entre trabajadores y funcionarios y magistrados.

La convocatoria para la asamblea inaugural fue pautada para el día 10 de marzo de 1951, en la sede de la “Caja Popular de Ahorro”, espacio que fue dado en préstamo por la Asociación Bancaria (AB). Donde la Lista Blanca fue electa y su referente Horacio Celestino Lazcano, asumió como nuestro primer Secretario General. Hoy ese edificio es la Casa histórica de la CGT Regional Córdoba.

Este primer impulso organizativo y de conquistas gremiales como lo fue la obtención de la feria para los compañeros del sector obrero maestranza culminan con el golpe militar de 1955.

 

1971 – COMPRA DE LA SEDE

El compañero Felipe Zabalza escribió en la Memoria y Balance de 1971 “No podemos soslayar los objetivos de un sindicalismo auténtico, que teniendo en miras y en forma integral los superiores destinos del pueblo que lo nutre, no puede dejar de lado la política como programa de gobierno y transformación social (…) su lucha no es sólo para mejorar sus condiciones de trabajo, sino para mejorar integralmente la condición humana y dotarla de un sentido moral y fraternal”

Esa conducción de la que Felipe Zabalza era el secretario administrativo mientras que Juan Alaimo era su presidente fue la que concretó un gran anelo: que el gremio tenga su propia casa. Hoy 50 años después, estamos celebrando los 70 años de nuestro Gremio en ese mismo lugar.

Aquellos años de fines de los ´60 y principios de los ´70 fueron años de lucha y organización; pero también de persecución y cárcel para las trabajadoras y trabajadores argentinos y las organizaciones populares. Pasaron el Cordobazo, el Vivorazo donde el gremio no fue la excepción y también sumó su participación.  Allí ocurrió un suceso, del que pronto se cumplirán 50 años. Es conocido como “Tribunalazo” y fue protagonizado por muchas y muchos de los presentes. Una inmensa asamblea reunida en el Salón de los Pasos Perdidos, con el marco de más de 30 días de huelga terminó con el ingreso de las fuerzas de seguridad, la detención de todos los hombres presentes en la asamblea, mientras que a las mujeres las mantuvieron rodeadas en el salón.

 

FJA

También recordar que, en estos 70 años de historia, este gremio de Judiciales y Judicialas de Córdoba fue protagonista en la reconstrucción de la Federación Judicial Argentina.

Este impulso surge desde los territorios provinciales, siendo Córdoba un engranaje clave en el interés por la constitución de la organización de los judiciales del país.