La Comisión Directiva de AGEPJ se reunió con los fiscales adjuntos Doctores Héctor Rene DAVID y José Antonio GOMEZ DEMMEL, la Administradora del MPF Guillermina Giovagnoli y la Secretaria de Fiscalía General Liliana juncos con el objeto de tratar diferentes problemáticas laborales inherentes al Ministerio Público Fiscal.

En el encuentro, al que asistieron los compañeros Federico Cortelletti, Adrián Valán y Gustavo Rodríguez se realizó el reclamo por la falta de personal en las unidades judiciales, Polo Judicial y algunas secciones de Policía Judicial al no estarse cubriendo la totalidad de licencias por maternidad ni las vacantes producidas y no cubiertas el año pasado. Agregando que ello sobrecarga al personal existente y afecta la prestación del servicio de justicia.
Los representantes del MPF reconocieron el problema, manifestaron tener las mismas preocupaciones pero plantearon como principal obstáculo el proceso de ajuste presupuestario que restringe el ingreso de personal desde el año pasado y que afecta particularmente al MPF. Aun así, informaron estar gestionando los recursos necesarios para superar dichas restricciones.

Se anunciaron más de 300 ascensos


Avanza la carrera. Continúa la lucha salarial

Se anunciaron más de 300 ascensos para capital e interior del Programa 920. Como efecto de ello se deben producir nuevos pases a planta de contratadas y contratados por lo que solicitamos a la Administración que se avoque a ello en lo inmediato. Cómo es de costumbre, la correspondiente tanda de ascensos del MPF viene atrasada producto del desencuentro entre ambas administraciones (MPF y TSJ)
Desde AGEPJ valoramos positivamente la noticia que es consecuencia de la reestructuración de la planta conseguida con la lucha de todas y todos los judiciales en 2015/2016. Esto ha permitido, el cumplimiento de nuestro derecho Constitucional a la carrera y ascensos masivos después de muchos años de paralización.
Esta buena noticia se ve empañada por la falta de respuestas del empleador al reclamo de AGEPJ por mayor equidad salarial. Está en curso un acelerado procesos de deterioro económico general que afecta gravemente el poder adquisitivo del salario de empleadas y empleados, mientras que Magistrados y Funcionarios gozan de una enorme recomposición salarial que comenzó en 2005 con la equiparación a los aportes que realizan magistrados y funcionarios federales y culminó con la ley de equiparación de 2012 a la justicia federal que excluye a empleados y empleadas.
Los ascensos permanentes son un logro colectivo producto de la permanente lucha y movilización, lo festejamos pero nuestra lucha continúa por una distribución equitativa de la masa salarial al interior del Poder Judicial.

 

El día de ayer las empleadas y empleados judiciales realizamos un Paro Provincial desde las 11 horas, que tuvo un gran nivel de acatamiento. Los picos más altos de adhesión se registraron en las Seccionales San Francisco, Rio Cuarto y Villa María y en las Delegaciones Rio Tercero, Bell Ville, Cruz del Eje y Alta Gracia.

Entre las 12 y las 13:30 hs. las compañeras y compañeros de los distintos edificios de Capital, de las unidades judiciales y de la sede de Alta Gracia confluimos en Tribunales I donde recorrimos los pasillos del edificio y realizamos una asamblea en el Salón de los Pasos Perdidos. Al finalizar la misma se efectuó una suelta de globos con distintos mensajes que empleados y empleadas del Poder Judicial le enviaron simbólicamente al TSJ.

En un escenario nacional impactado por la fuerte crisis económica en curso y una estimación  inflacionaria del 55% para el 2019 (según relevamiento de expectativas de mercado del BCRA). La Comisión Directiva AGEPJ anunció durante la Asamblea su adhesión a la jornada nacional de protesta decretada por la Federación Judicial Argentina que coincidirá en la misma semana con las medidas de fuerza que desarrollarán los empleados de los tribunales Federales

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó qué: «El paro es una consecuencia de la falta de respuesta del TSJ a los legítimos planteos sobre recomposición salarial que AGEPJ ha presentado. Aquí hay un problema de fondo y es la tremenda inequidad en el reparto de la masa salarial del Poder Judicial, 71 por ciento del presupuesto en salarios del Poder Judicial va para el 30 por ciento de la planta que son los funcionarios y magistrados y tan sólo el 29 por ciento viene para empleados y empleados. Esto así no se sostiene. Nuestra patronal debe de manera urgente dar pasos en una recomposición salarial para el sector de empleados y empleadas.»

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán acotó que: «La devaluación y la inflación continúan provocando una gran caída del poder adquisitivo del salario. Las y los judiciales no escapamos a ello y estamos reclamando que de manera urgente se disponga un aumento del 15 por ciento a cuenta de los aumentos que disponga la Corte. Además que se ordene el pase a planta de las contratadas y contratados y la reincorporación de los tres cesanteados en el Poder Judicial.»

 

 

Mas derechos menos privilegios

En el poder Judicial hay un agravamiento del ajuste. Muestra de ello son la cesantía de tres compañeros, el vergonzoso pago en cuotas del retroactivo de mayo, la virtual parálisis en los nuevos ingresos, la no cobertura de licencias, falta de insumos en algunas áreas, demora en la entrega de ropa de trabajo, paralización de obras etc. Como parte de lo mismo, la enorme crisis económica en que se halla sumido el país corroe diariamente el poder adquisitivo del salario de las trabajadoras y trabajadores sin que las y los judiciales escapemos a ello.

Ante ello AGEPJ ha solicitado reiteradamente al TSJ mantener el poder adquisitivo del salario de empleadas y empleados judiciales. Es nuestro derecho cobrar un salario digno, acorde a la formación y responsabilidad con que llevamos a cabo nuestra tarea diaria sosteniendo el funcionamiento del servicio de justicia.

El empleador no da respuestas en las distintas instancias de negociación – espacios que siempre defendemos como el mecanismo de tramitar el conflicto- por ello hoy vamos al paro. Estamos acompañando también el reclamo de las compañeras y compañeros del fuero federal que exige a la CSJN un 15 % de aumento salarial que de otorgarse también repercutiría en nuestro salario.

Por el contrario, en medio de esta descomunal crisis económica y en un claro gesto de desprecio hacia sus empleadas y empleados judiciales nuestra patronal no sufre ningún recorte en sus privilegios, entre los cuales se halla la equiparación a la justicia federal. Mientras no estemos los empleados y empleadas incluidos en ella será un privilegio porque cuando un derecho (a igual tarea, igual remuneración) asiste a todos los sectores pero sólo se otorga a uno de ellos (magistrados y funcionarios) opera como un privilegio. No hay nada más alejado de la república que los privilegios. Nuestra patronal acumula varios (por ej: cobran mas pero hacen un menor esfuerzo previsional y se jubilan con una ley especial.).

 

En este contexto estamos donde debemos estar, luchando por la defensa de los derechos de las empleadas y empleados judiciales y contra los privilegios de la patronal.

Exigimos  el 15 % de incremento salarial y una mejor distribución de la masa salarial en la Justicia Provincial.

Mediante un comunicado de prensa el gremio de Judiciales de la Provincia de Córdoba anunció un paro provincial para el próximo martes 3 de Septiembre. Denuncian que El Tribunal Superior de Justicia ajusta a empleadas y empleados, no da respuestas a la recomposición salarial y mantiene para el sector de funcionarios y magistrados privilegios que resultan una provocación en el actual panorama de crisis económica.
Desde el gremio denuncian un agravamiento del ajuste al interior del Poder Judicial Provincial que se evidencia en la cesantía de tres compañeros, el vergonzoso pago en cuotas del retroactivo de mayo, la virtual parálisis en los nuevos ingresos, la no cobertura de licencias, falta de insumos en algunas áreas, demora en la entrega de ropa de trabajo y paralización de obras etc. Como parte de lo mismo. Por otra parte afirman que “El contexto nacional de enorme crisis económica provocado por la reciente devaluación y su traslado a precios de la canasta básica corroe diariamente el poder adquisitivo del salario del conjunto de las trabajadoras y trabajadores argentinos sin que las y los judiciales escapemos a ello.”

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó que “hemos solicitado reiteradamente al TSJ mantener el poder adquisitivo del salario de empleadas y empleados judiciales. Es nuestro derecho cobrar un salario digno, acorde a la formación y responsabilidad con que llevamos a cabo nuestra tarea diaria sosteniendo el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo El empleador no da respuestas en las distintas instancias de negociación y por ello vamos al paro.” “Estamos acompañando también el reclamo de las compañeras y compañeros del fuero federal que exige a la CSJN un 15 % de aumento salarial que de otorgarse también repercutiría en nuestro salario”. Concluyó Cortelletti.

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán expresó que “En medio de esta descomunal crisis económica y en un claro gesto de desprecio hacia sus empleadas y empleados judiciales nuestra patronal no sufre ningún recorte en sus privilegios, entre los cuales se halla la equiparación a la justicia federal. Mientras no estemos los empleados y empleadas incluidos en ella será un privilegio porque cuando un derecho (a igual tarea, igual remuneración) asiste a todos los sectores pero sólo se otorga a uno de ellos (magistrados y funcionarios) opera como un privilegio. No hay nada más alejado de la república que los privilegios. Nuestra patronal acumula varios (cobran más pero hacen un menor esfuerzo previsional y se jubilan con una ley especial. etc).” “En este contexto estamos donde debemos estar, luchando por la defensa de los derechos de las empleadas y empleados judiciales y contra los privilegios de la patronal.” Concluyó Valán.

El día jueves 22 de Agosto se cumplió la jornada de asambleas en toda la provincia convocadas por el pedido de una urgente  recomposición salarial y acompañando el reclamo de los Judiciales Federales hacia la Corte por un 15 % de aumento salarial (que de otorgarse repercute en nuestro salario también).

Entrevista periodística en la Asamblea de Río Cuarto al Secretario General Bruno Balsamo

El día Viernes 23 de Agosto y hasta el 3 de septiembre, día del Paro Provincial continuamos con asambleas por sectores y en las Sedes del Interior reclamando al TSJ otorgue una recomposición salarial ante la devaluación y el agravamiento de la crisis económica. El sector de magistrados y funcionarios ha recibido durante estos años un gigantesco avance salarial que ha derivado en una muy injusta distribución de la masa salarial. 2300 Magistrados y Funcionarios se llevan el 71% del dinero que el presupuesto asigna a salarios para el Poder Judicial, restando sólo un 29 % de masa para distribuir entre 6500 empleadas y empleados. La raíz de nuestro problema salarial reside allí, en que hay mucho para unos pocos y poco para muchas y muchos, que además realizamos la mayor parte de las tareas que componen el servicio de justicia.

Por todo ello: Recomposición salarial para empleados y empleadas, para que cese el ajuste en el Poder Judicial, se produzca el pase a planta de contratadas y contratados y cese la violencia laboral el 3/09 paramos en toda la provincia. El Paro comenzará partir de las 11 hs., será con movilización y se extenderá hasta las 24 hs. del día 3/09 o hasta la finalización del turno donde exista horario nocturno.

El Jefe del Equipo Técnico de Violencia Familiar de Tribunales II fue removido del cargo luego que AGEPJ le solicitara al TSJ la revisión de su nombramiento en dos oportunidades e hiciera pública la situación de gran malestar entre las profesionales de los equipos técnicos del Poder Judicial.

Las presentaciones de AGEPJ se efectuaron fundadas en un antecedente de violencia laboral denunciado por AGEPJ en 2015 hacia el funcionario por haber incurrido en graves hechos de violencia laboral y de género contra al menos 23 empleadas y empleados. Ello derivó en una instancia pre-sumarial que fue cerrada con una vergonzosa resolución en la que el Tribunal Superior utilizó testimonios de personas ajenas al ámbito laboral para absolver al funcionario y no llevar adelante un sumario. Tan bochornosa fue la resolución que en un hecho inédito los integrantes del Tribunal Superior tuvieron opiniones encontradas que se plasmaron por escrito y que posteriormente el funcionario fuera desplazado de la conducción del equipo, asumiendo en los hechos lo que no quisieron reconocer en un sumario. Se remarcó también que resulta grave que en el Poder Judicial exista un enorme abismo entre las declaraciones públicas de miembros del TSJ de estar comprometidos con asumir la problemática de la violencia y lo que realmente sucede. Esto es, que un funcionario fuertemente cuestionado por hechos de violencia que quedaron impunes, ocupe un cargo en un equipo que trata específicamente hechos de violencia familiar y de género.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expreso: «Lamentamos profundamente que la primera actitud de la patronal sea, en la mayor cantidad de casos la inacción, dejando que los problemas se agraven y estallen para recién tomar decisiones».

A su vez, la Pro Secretaria de Cultura y Capacitación Agostina Noccioli acotó que: «El gremio presentó el 8 de marzo pasado un Proyecto de Protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género que pone en sus manos un procedimiento que permitiría abordar estos casos con una mirada integral e interdisciplinaria. Inexplicablemente el proyecto no fue girado a la Oficina de la Mujer, que es el área especializada sino a otra dependencia desde la cual aún no se ha otorgado  al gremio participación real ni han sido tomadas las medidas pertinentes para comenzar su aplicación».

El Gremio de Judiciales de Córdoba denunció persecución sindical hacia un grupo de trabajadores judiciales por haber convocado a una asamblea.

AGEPJ denunció que la dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial ordenó el traslado compulsivo de uno de los choferes del Poder Judicial como represalia ante la convocatoria de una asamblea en el sector.  Expresa que la medida es inconstitucional y atenta contra los tratados internacionales de Derechos Humanos suscripto por la República Argentina.

En la nota que la entidad gremial presentó al Tribunal Superior  de Justicia se enuncia una serie de hechos que comienzan y terminan el mismo día viernes 16 de agosto y se suceden en cuestión de horas. La secuencia tiene inicio con la distribución de un boletín gremial donde se anuncia la realización de asambleas, luego el coordinador del cuerpo de choferes Juan Vidal profiere a un grupo de choferes la amenaza de traslados por haber convocado la asamblea y por último una resolución dictada por el Director de Servicios Judiciales Contador Raúl Sánchez que efectivizó la amenaza  y dispuso el traslado compulsivo de uno de los choferes.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “si el Tribunal Superior no revierte el traslado del compañero chofer, dispuesto en las condiciones descriptas estaría sentando un gravísimo precedente de violación a la libertad sindical. Lisa y llanamente están coercionando a un grupo de trabajadores para que no ejerzan el derecho de huelga garantizado por la Constitución Provincial, Nacional y tratados de Derechos Humanos con rango constitucional”

 

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que “es vergonzoso  que en el Palacio de Justicia los trabajadores y trabajadoras tengamos que reclamar que se cumpla la constitución y las leyes. Esperamos que el Tribunal Superior no avale la resolución arbitraria e ilegítima que ha tomado un dependiente suyo de trasladar a un empleado por el mero hecho de ejercer un derecho.”

Viernes 16 de Agostp. Reunión Consejo Consultivo del Interior

El Viernes 16 de Agosto se reunió el Consejo Consultivo del Interior de AGEPJ y junto a la Comisión Directiva analizaron con gran preocupación la evolución de la situación económica/ política y sus consecuencias (traslado a precios de los productos básicos y pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios producto de la última devaluación).

Se propuso una jornada provincial con asambleas simultáneas el día 22 de agosto (en coincidencia con las acciones de los empleados de la justicia federal), un abandono de tareas para el día 3 de Septiembre y continuara con nuevas acciones con fechas a publicar.

Las medidas se definen porque hacia adentro del poder judicial se mantiene una desigual distribución de la masa salarial al tiempo que a los empleados y empleadas se nos paga el retroactivo en cuotas. Al respecto se reiteró la exigencia al TSJ de tomar medidas urgentes que eviten el deterioro del poder adquisitivo, que se opere una redistribución equitativa de la masa salarial que elimine el doble estándar, el pase a planta de contratadas y contratados y la reincorporación de los compañeros cesanteados. Mereció especial atención la falta de personal que produce sobrecarga y violencia laboral.

El gremio de judiciales de Córdoba dio a conocer que existe un gran malestar entre las profesionales de los equipos técnicos de Tribunales II por la reubicación del Psiquiatra Diego Cardo al frente del Equipo Técnico de Violencia Familiar. AGEPJ solicitó al Tribunal Superior que revea esa designación y el funcionario no esté a cargo de equipos dado el antecedente de violencia laboral en que incurrió y un nuevo hecho, conocido pero no denunciado por la víctima.

Mediante un comunicado de prensa el gremio recordó que «en 2015 AGEPJ denunció al funcionario mencionado por haber incurrido en graves hechos de violencia laboral y de género contra al menos 23 empleadas y empleados. Ello derivó en una instancia pre-sumarial que fue cerrada con una vergonzosa resolución en la que el Tribunal Superior utilizó testimonios de personas ajenas al ámbito laboral para absolver al funcionario y no llevar adelante un sumario. Tan bochornosa fue la resolución que en un hecho inédito los integrantes del Tribunal Superior tuvieron opiniones encontradas que se plasmaron por escrito. Sin embargo el Tribunal Superior y el Administrador General Ricardo Rosemberg en un reconocimiento tácito de las graves faltas incurridas por el funcionario , lo desplazaron y excluyeron de la conducción del equipo, asumiendo en la práctica lo que no quisieron reconocer en un sumario».

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti  expresó que: «El Tribunal Superior de Justicia debe dejar de encubrir a funcionarios violentos. Cada hecho de estos hace caer un poco más la ya débil credibilidad de la justicia porque muestra el enorme abismo entre las declaraciones públicas de miembros del TSJ de estar comprometidos con asumir la cuestión de género y lo que realmente sucede que los funcionarios gozan de impunidad».

La Pro-Secretaria de Cultura Agostina Noccioli acotó que: «El problema de la violencia laboral y de género debe ser resuelto por el TSJ, desde AGEPJ presentamos un Proyecto de Protocolo que todavía no ha sido tratado. Mientras tanto seguirán sucediendo hechos como estos donde llegamos al absurdo de que un funcionario que ejerció violencia laboral y de género y al parecer reincidió en ello es puesto a cargo de un equipo de violencia familiar. »