Exigimos  el 15 % de incremento salarial y una mejor distribución de la masa salarial en la Justicia Provincial.

Mediante un comunicado de prensa el gremio de Judiciales de la Provincia de Córdoba anunció un paro provincial para el próximo martes 3 de Septiembre. Denuncian que El Tribunal Superior de Justicia ajusta a empleadas y empleados, no da respuestas a la recomposición salarial y mantiene para el sector de funcionarios y magistrados privilegios que resultan una provocación en el actual panorama de crisis económica.
Desde el gremio denuncian un agravamiento del ajuste al interior del Poder Judicial Provincial que se evidencia en la cesantía de tres compañeros, el vergonzoso pago en cuotas del retroactivo de mayo, la virtual parálisis en los nuevos ingresos, la no cobertura de licencias, falta de insumos en algunas áreas, demora en la entrega de ropa de trabajo y paralización de obras etc. Como parte de lo mismo. Por otra parte afirman que “El contexto nacional de enorme crisis económica provocado por la reciente devaluación y su traslado a precios de la canasta básica corroe diariamente el poder adquisitivo del salario del conjunto de las trabajadoras y trabajadores argentinos sin que las y los judiciales escapemos a ello.”

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó que “hemos solicitado reiteradamente al TSJ mantener el poder adquisitivo del salario de empleadas y empleados judiciales. Es nuestro derecho cobrar un salario digno, acorde a la formación y responsabilidad con que llevamos a cabo nuestra tarea diaria sosteniendo el funcionamiento del servicio de justicia. Sin embargo El empleador no da respuestas en las distintas instancias de negociación y por ello vamos al paro.” “Estamos acompañando también el reclamo de las compañeras y compañeros del fuero federal que exige a la CSJN un 15 % de aumento salarial que de otorgarse también repercutiría en nuestro salario”. Concluyó Cortelletti.

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán expresó que “En medio de esta descomunal crisis económica y en un claro gesto de desprecio hacia sus empleadas y empleados judiciales nuestra patronal no sufre ningún recorte en sus privilegios, entre los cuales se halla la equiparación a la justicia federal. Mientras no estemos los empleados y empleadas incluidos en ella será un privilegio porque cuando un derecho (a igual tarea, igual remuneración) asiste a todos los sectores pero sólo se otorga a uno de ellos (magistrados y funcionarios) opera como un privilegio. No hay nada más alejado de la república que los privilegios. Nuestra patronal acumula varios (cobran más pero hacen un menor esfuerzo previsional y se jubilan con una ley especial. etc).” “En este contexto estamos donde debemos estar, luchando por la defensa de los derechos de las empleadas y empleados judiciales y contra los privilegios de la patronal.” Concluyó Valán.