Ante la inminencia de restablecerse –parcialmente- el trabajo presencial en los tribunales de capital AGEPJ remitió  una solicitud al Tribunal Superior para que dentro del Poder Judicial “ se tengan en consideración las tareas de cuidado que el personal judicial pueda tener respecto de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y su consecuente armonización tanto con el trabajo presencial como remoto.”

En otro orden también se solicitó al TSJ, a partir del anuncio del pago del 10% adeudado con los sueldos de junio que informe las fechas del pago de los retroactivos debidos.


La nota del título es en parte reiteración de una presentación del mismo tenor ya efectuada con el agregado, esta vez de argumentos vertidos por la vocal del TSJ Aída Tardítti en la pagina web de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. La misma sostiene que en la actual sociedad patriarcal se asigna en mayor proporción e intensidad las tareas de cuidado de personas y del hogar a las mujeres y que en el marco de la pandemia las mujeres insertas en el mercado formal de trabajo también ha tenido dificultades para armonizar las tareas de cuidado con el desarrollo del trabajo remoto o teletrabajo.


En la presentación nuestra organización gremial plantea que “Es necesario prever la dispensa de presencialidad para agentes que tengan personas a cargo por mantenerse cerrado tanto el sistema educativo y de cuidado en general, y existir restricciones para el acceso de asilos y geriátricos para adultos mayores.” y a su vez que “…las tareas remotas deben coordinarse con la disposición tanto de tecnología como de tiempo en relación a las exigencias pedagógicas para niños, niñas y adolescentes”.

En la misma nota se sostiene el rechazo a la suspensión del receso judicial previsto para julio ya que atenta contra el derecho laboral al descanso, principalmente para aquellos/as judiciales que han continuado prestando servicios durante el “servicio judicial de emergencia” tanto en forma presencial como remota. Dicho personal, debería ser compensado al menos con sus correspondientes días de descanso.

Cumpliéndose hoy el segundo día del paro de 48 horas podemos decir que el mismo ha tenido un muy buen acatamiento, aunque dispar en algunas sedes del interior. Por ejemplo hubo una alta adhesión, tanto de los trabajadores/as que hacen trabajo presencial como en el teletrabajo, en Villa Dolores, Villa María, Oliva y La Carlota, a su vez fue baja en sedes como Cosquín, Alta Gracia y Carlos Paz.

En tanto que en la Capital provincial el acatamiento ha sido alto en algunas Unidades Judiciales y demás sectores que estuvieron trabajando presencialmente desde la declaración de la pandemia. Respecto del teletrabajo, según lo relevado por nuestra entidad gremial también tuvo un importante acatamiento con gran número de empleadas y empleados que no se conectaron durante los dos días de paro o en uno de ellos.
Además del pago del 10% adeudado desde diciembre de 2019, anunciado por el Tribunal Superior muy pocas horas antes del comienzo de la medida de fuerza, también recibimos del empleador la noticia de renovación de 38 contratos de empleados que estaban con amenaza de rescisión. De hecho, la defensa de esos puestos de trabajo fue uno de los motivos del paro expresado en las consignas convocantes junto al reclamo por deuda salarial y la oposición a la reciente reforma previsional del gobierno provincial.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó: “En medio de las inmensas dificultades para la organización que impone la pandemia, hemos llevado adelante una ejemplar medida de fuerza contra las arbitrariedades que despliega nuestra patronal. No es coincidencia, sino fruto de la incansable lucha de todas y todos los judiciales que a las 17 horas de un día feriado y en la víspera de un paro de 48 horas nos comuniquen el pago del 10 % adeudado que venimos reclamando hace cinco meses y medio”

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que: “Este paro de 48 horas también es contra la nefasta ley de reforma jubilatoria que, aprovechando el momento, el gobierno provincial ha hecho sancionar conculcando derechos de los actuales y futuros jubilados. Anunciamos que vamos a continuar con acciones al respecto. El paro ha sido muy bueno a pesar del trillado intento de la patronal de anunciar buenas noticias horas antes de cada medida”

El miércoles 13 de mayo la compañera Agostina Noccioli y el compañero Federico Cortelletti de la Comisión Directiva de AGEPJ, participaron de la reunión del comité de higiene y seguridad del Poder Judicial de Córdoba junto al Colegio de Abogados.

Quedó aclarado que dicho comité no es el que determina la apertura de una sede, en este caso la primera circunscripción. Sino que el organismo facultado es la autoridad sanitaria cuando los criterios epidemiológicos lo aconsejen.  Como tal, la función del comité es adaptar el protocolo general adoptando uno específico para estar en condiciones de abrir cuando el COE lo determine, tal como ha sucedido con las sedes del interior de reciente apertura.

 

AGEPJ planteó que se tenga en cuenta, para la definición de los planteles de empleados a trabajar presencialmente, criterios tales como la distancia de la vivienda, el uso o no del transporte público y la situación de quienes tengan hijos o hijas en edad escolar o adultos mayores a cargo. De igual modo con el teletrabajo se considere en el esquema a quienes tienen que compatibilizar la labor judicial con las tareas del hogar y de cuidado. También se volvió a hacer hincapié en las medidas de bioseguridad que deberán tomarse con el papel (principalmente expedientes que serán devueltos a los tribunales) por ser un vehículo de contagio.

AGEPJ reiteró su frontal oposición a la propuesta del Colegio de Abogados de extensión horaria o la duplicación de la jornada aclarando las autoridades del Poder Judicial que el modelo a seguir es el de las sedes del interior que reabrieron donde no hay jornada matutina y vespertina sino un equipo trabajando presencialmente y otro con trabajo remoto, todo para lograr una planta lo más pequeña posible en el actual marco sanitario.  La representación gremial reiteró que no hay marco de negociación colectiva para avanzar en una modificación de la jornada y que ello no es facultad unilateral del empleador.

Aunque no fue el motivo de la convocatoria, que continuará en nuevas reuniones, AGEPJ volvió a dejar asentado que el Poder Judicial tiene una deuda salarial con las empleadas y empleados, la cual empeoró durante la cuarentena y que se retomarán las medidas de fuerza declaradas con anterioridad si la misma no se salda.

El día de la fecha (13/05) la compañera Romina Martínez  y el compañero Adrián Valán de Comisión Directiva de AGEPJ mantuvieron reunión con la Administradora Gral. del MPF, Guillermina Giovagnoli.

En primer lugar se le expresó la preocupación por lo sucedido el martes 12 de mayo en Unidad Judicial 13 donde se activó el protocolo por Covid 19. Relacionado a ello se le recalcó que AGEPJ viene reclamado desde larga data por las deficientes condiciones edilicias de la dependencia y que es necesario, como ya fue pedido anteriormente su inmediato traslado a un edificio en óptimas condiciones. Luego se solicitó se provea de termómetros digitales para medir la temperatura en el ingreso a las unidades judiciales, así como también se refuercen las medidas de salubridad, como rociadores sanitizantes y trapos de piso con lavandina para el ingreso a cada edificio.

Asimismo,  advirtiendo la mayor circulación de gente y, por lo tanto, el crecimiento de la concurrencia a las Unidades Judiciales se volvió a requerir la inmediata aplicación del protocolo de prioridades de atención, acordado entre AGEPJ y el MPF el año pasado, plasmado en las circulares 1 y 2 suscritas por la Dirección. Al respecto se indicó que algunos Ayudantes Fiscales sin criterio de la realidad que atravesamos pretende que «se instruya todo» cuando ello ni siquiera es posible en condiciones de «normalidad» por ende en mucho menor medida es posible ahora.

El lunes 11 de mayo AGEPJ participó de la reunión del Comité de Higiene y Seguridad del Poder Judicial de Córdoba junto al Colegio de Abogados.  El objetivo fue analizar que especificaciones cabe realizar en el protocolo ya vigente con miras a la apertura de la primera circunscripción judicial que aún no tiene fecha probable. Habrá nuevas reuniones la semana que viene.

Estuvieron presentes el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti, el Administrador del Poder Judicial Dr. Ricardo Rosemberg, el presidente del Colegio de Abogados Ignacio Segura, miembros del directorio de esa entidad así como integrantes del comité de higiene y seguridad, entre otros, los Doctores Moises Dibb, German Smith y por el área de Infraestructura el Arquitecto Walter Alercia.

Se analizaron las recomendaciones de higiene y seguridad establecidas en el protocolo y las alternativas que se presentan para su adaptación a la primera circunscripción judicial con miras a la apertura de la misma. Al respecto la posición de AGEPJ es que debe avanzarse y contarse con un protocolo específico pero el momento de la apertura debe ser determinado por la autoridad sanitaria (C.O.E.).

Respecto a las modalidades de funcionamiento discutidas AGEPJ expresó su rechazo a la propuesta del Colegio de Abogados de establecer funcionamiento matutino y vespertino. Que el funcionamiento debe ser sin desdoblar la jornada tal cómo se ha comenzado en el interior. Se agregó que tal medida (un cambio en la jornada) implicaría modificar la relación de trabajo por lo cual, para ser considerada y sobre todo bajo qué condiciones ello debe ser discutido en el marco de una negociación colectiva del empleador con la organización gremial. Que el empleador no puede unilateralmente modificar las condiciones de contratación.

AGEPJ planteó su preocupación respecto al papel como posible vehículo de transmisión a lo que los médicos integrantes del comité expresaron que los expedientes que ingresen recibirán un tratamiento desinfectante y que no podrán tocarse durante un lapso a determinar, necesario para desactivar la posible presencia del virus.

Por último, nuestra organización gremial reiteró que hay que ser muy cautelosos con la apertura de las sedes judiciales, que se deben llevar a cabo cuando lo determine la autoridad sanitaria y bajo un estricto protocolo porque existe circulación comunitaria del virus y los tribunales son lugares que exhiben grandes concentraciones de personas y por ende potenciales focos de contagio.

El planteamiento de AGEPJ gira en general sobre las condiciones de bioseguridad necesarias para la apertura. A su vez el gremio notificó su rechazo al desdoblamiento de turno y su negativa  a los parámetros de productividad que unilateralmente se pretende imponer.

El contacto con la Administración del Poder Judicial se mantuvo el día 7 de mayo luego de la solicitud y nota cursada por AGEPJ requiriendo participación en el comité creado al efecto. Las explicaciones de las autoridades, que ya fueron transmitidas a las delegadas y delegados del interior se refirieron a las fechas probables de apertura, condiciones de seguridad, modalidad del trabajo, e insumos.

Al respecto la patronal informó que:
. Las sedes de Laboulaye, Villa Dolores, La Carlota, Cruz del Eje abrirán el lunes 11 de mayo si no surge ningún inconveniente. Posteriormente Cura Brochero y Deán Funes.


.El día 7 y 8 de mayo se despacharon a cada una de las sedes mencionadas insumos de bioseguridad: jabón, alcohol, lavandina, las alfombras que embebidas en cloro se colocaran en los ingresos a cada uno de los edificios, termómetros digitales para tomar la temperatura de cada persona que ingresa, barbijos, mascaras que se utilizarán para la atención al público donde no exista vidrio separador.
. Integrantes de grupos de riesgo y mayores de 60 años no regresarán a cumplir tareas. Como lineamiento general (que podrá tener especificidades en cada sede de acuerdo a la infraestructura disponible) el resto del personal se dividirá en dos. Un grupo se desempeñará de manera presencial por un turno de una semana o quince días mientras el otro grupo realizará teletrabajo. Culminado el turno se invertirán los roles.
.

Se ha determinado un número máximo de personas (sin contar empleados y funcionarios) que pueden ingresar a cada edificio, alcanzado el cuál los demás deberán permanecer fuera esperando su turno para ingresar. Los turnos se otorgarán a través de una barandilla virtual.
Tanto las delegaciones como la Comisión Directiva de AGEPJ estarán controlando que el empleador cumpla con lo informado y se respeten las medidas de bioseguridad dispuestas.

 

 

Agepj presentó un pedido formal a la gerencia del Banco de la Provincia de Córdoba solicitando se  difiera el vencimiento de la tarjeta Córdobesa para el día de la acreditación de los haberes de los empleados y empleadas judiciales. Se demandó que se tenga en cuenta al calendario de pago otorgado por la Provincia, en este caso el día 11 (once) de Mayo.

 

La entidad gremial argumentó en nota presentada a la Gerencia del Banco de Córdoba que “Ante la situación actual de diferimiento por parte de la Provincia de Córdoba de los pagos de haberes para los empleados y empleadas judiciales, el débito automático del día 6 (seis) genera un grave problema de carácter alimentario, ya que su entidad debitará de las cuentas las sumas consumidas por cada agente. Dejando sin fondos disponibles en la cuenta a los usuarios En el caso de que el agente no tenga fondos suficientes la entidad le cobrara intereses por el retraso en el pago, siendo que nunca percibió su haber y no puede preveer dicha situación.”

 

 

AGEPJ repudia el recorte salarial y el diferimiento de pago. Se iniciarán acciones jurídicas y gremiales junto a los demás sindicatos estatales

 

El gobierno provincial finalmente descontó sumas de los salarios de empleados jubilados del Poder Judicial que excedan el tope de lo que percibirá el gobernador (110.000 pesos ), tal como lo había anunciado para jubilados de todo el sector público.

Con el fin de repeler jurídicamente esta exacción, AGEPJ estudia junto a abogados previsionalistas que tipo de acción interponer, al igual que los demás gremios afectados contra dicha medida por inconstitucional y por importar “…un resultado regresivo en la calidad de vida de las personas que tengan acordada jubilación o pensión…” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sentencia Nº 2758 XXXVIII, en autos «Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS S/ reajuste varios», de fecha 17 de mayo de 2005). Recordamos que no se encuentran corriendo plazos para deducir recursos administrativos o acciones judiciales.

Dicha medida es repudiable porque toca el salario que, no hay que justificarlo, tiene carácter alimentario. Pero en el ámbito del Poder Judicial esta injusticia tiene una arista más: el sector de magistrados, el que más gana, el que en un estado democrático y de derecho ostenta un sistema salarial y jubilatorio de privilegio no sufre menoscabo. Los empleados jubilados sí, un recorte ahora que se suma al recorte de facto que tanto los activos como los jubilados judiciales venimos padeciendo desde hace seis meses ya que no hemos cobrado aún el último tramo de aumento de 2019 que por acuerdo suscripto por la Provincia y el Poder Judicial nos corresponde.

Esto es la consecuencia del sistema de doble estándar salarial que el TSJ ha instaurado en el Poder Judicial. Equiparación para funcionarios y magistrados excluyendo de la misma a las empleadas y empleados aún cuando nos asiste el mismo derecho invocado por ellos:  “a igual tarea, igual remuneración”. El TSJ y los magistrados continúan actuando sólo en beneficio de su bolsillo y pensando que su realidad es la misma que la de un trabajador o un jubilado. “Resignaron”, según sus propias palabras el aumento del 10% de diciembre a cambio de no sufrir descuento salarial. Negociaron con el ejecutivo consolidar el recorte salarial que estamos sufriendo porque claramente ellos no lo necesitan. Los trabajadores si necesitamos compensar lo que la inflación de 2019 redujo de nuestro poder adquisitivo.

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que: “Repudiamos este injustificable descuento salarial así como el diferimiento de pago dispuesto. Está claro que la pandemia y la consiguiente cuarentena para controlarla están generando una crisis sin precedentes. Sin embargo, los fondos para solventarla deben salir de los sectores que siempre han ganado y nunca pierden, ni aún en crisis como esta. El sector financiero es un ejemplo y la Provincia de la Pampa con acierto ha establecido un gravamen transitorio sobre la actividad. El proyecto de gravar las grandes fortunas es otra línea correcta para hacer recaer el costo de la crisis en otros sectores que no sean los trabajadores.”

El Secretario Adjunto Adrián Valán también dijo que: “vamos a cuestionar judicialmente y con medidas, junto a todos los estatales este nuevo atropello a los jubilados.  Es indignante que con la excusa de la crisis económica se toque el salario de trabajadores jubilados mientras los privilegiados de siempre no aportan un peso.”

Las empleadas y empleados judiciales recibimos el domingo 3 de mayo un amargo regalito. Un artículo periodístico del principal diario provincial textualmente dice que “La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”. Como siempre, ponen a las trabajadoras y trabajadores en el mismo barco que magistrados y eso, sabemos que no es así. Nuestros bolsillos son la prueba más elocuente. Sí se enuncian correctamente los privilegios que detenta ese sector (magistrados), pero erran cuando se refiere a empleadas y empleados. Nosotros si tenemos un ajuste salarial a la baja de hecho. A diferencia de los demás sectores públicos de la provincia, los judiciales tenemos desde hace 6 meses un recorte salarial del 10% de facto, con una deuda creciente y somos el único sector público que no tuvo aumento en el año 2020.

En el apartado previsional es más que forzado el intento de asimilar nuestra situación a los magistrados. Nosotros aportamos un 18% para cobrar la misma jubilación que el resto del sector público y poniendo en relación tomando los aportes de empleados y empleadas con las jubilaciones que para el sector paga la caja somos superavitarios. El déficit se visualiza si se suma al sector de magistrados. Dicho más claro: el déficit de la caja respecto del poder judicial lo generan los magistrados. Sector que por otra parte hace un esfuerzo previsional del 12% y para acceder a otro régimen jubilatorio con exigencias menores en cuanto a años de aportes y menor edad jubilatoria.

Para nosotros, al contrario de lo que dice el artículo no hay ninguna “máquina de la felicidad”. Cada aumento que por derecho nos corresponde al haber un acuerdo firmado en la misma mesa por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y nuestro gremio judicial desata una cadena de incumplimientos y dilaciones por parte del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial. La inmensa cantidad de paros, ocupaciones del salón de los pasos perdidos y movilizaciones en los años recientes son la consecuencia de ello. Si existiera el artefacto infelizmente evocado por la autora del libelo las y los judiciales no hubiéramos desarrollado tal nivel de conflictividad.

La falacia se agiganta más aún si ponemos en contexto histórico el ya mencionado fragmento del texto (“La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”). Todo lo contrario, a las trabajadoras y trabajadores las crisis NO nos pasan de largo, nos impactan una y otra vez. Es así que aún estamos bajo la emergencia establecida por el gobernador Ramón Mestre en 1995 y desde ese año se nos adeuda aun el uno por ciento por año de antigüedad. Distinto es el caso de magistrados que en muy poco tiempo salieron de esa emergencia otorgándose antigüedad en el título y obteniendo la devolución de los montos recortados.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que «No aceptamos el recorte de nuestro salario, a las empleadas y empleados judiciales nos deben la última parte del aumento de 2019 y todos los retroactivos. No estaba la excusa de la pandemia en ese momento y es lo que por la firma de los Poderes Ejecutivo y Judicial nos corresponde. Cuando las evidentes restricciones de la cuarentena en curso lo permitan reanudaremos el mismo plan de lucha interrumpido en marzo».

El Secretario Adjunto Adrián Valan acotó que: Los únicos que no pierden en ninguna crisis son los magistrados, no perdieron en el 95’, no perdieron en 2001 y ahora tampoco. Con la anuencia del Poder Ejecutivo desde 2005 iniciaron un proceso por el cual fueron tomando tajadas de dinero cada vez mayores de la masa salarial en detrimento de los salarios de empleadas y empleados, el cual fue coronado con la equiparación de la que dejaron al margen a las y los trabajadores. Por eso no aceptamos recortes ni descuentos en nuestros salarios.

Conforme lo establecido por el Gobierno Nacional reabrimos nuestro Centro de Salud de atención Primaria de AGEPJ.

Solo se atenderán turnos preasignados y que no presenten signos de Coronavirus. A partir del Lunes 27 de Abril se podrá llamar para solicitar turno.

Estamos tomando todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidarnos.

 

Recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con circulación de personas

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico