Situación Salarial

El actual proceso inflacionario y crisis económica afectan nuestro salario, a su vez el TSJ incumple sus propios acuerdos que estipulan que debe haber un sistema salarial homogéneo en el Poder Judicial.

Ello es la causa de las jornadas de protesta y los paros del  26 y del 30 de abril. Esa conflictividad se mantendrá mientras el tribunal superior siga erigiéndose en una situación de privilegio y discriminación hacia las empleadas y empleados judiciales.

En esta instancia y ante el pedido de la CSJN de partidas para otorgar un aumento del 15 % (sin respuesta aún por parte del gobierno nacional) los cuerpos orgánicos de AGEPJ evalúan los pasos a seguir.  A la reunión de Comisión Directiva Provincial le sucederán las reuniones del Cuerpo de Delegados y Delegadas de capital y el Consejo Consultivo del Interior.

El Ajuste no sólo pasa por el bolsillo

El propio TSJ reconoció el 8 de mayo – en un diario de Córdoba, refiriéndose  a las asambleas en el  Polo de la Mujer- que están aplicando un ajuste dentro del Poder Judicial.

Esas restricciones presupuestarias agravan los problemas que venimos señalando. La sobrecarga laboral impacta en la salud de todas y todos los trabajadores judiciales y la existencia de contratadas y contratados es otro flagelo derivado.

Las empleadas y empleados judiciales no vamos a aceptar pasivamente que ese ajuste se cargue sobre nuestras espaldas y los conflictos sectoriales se extenderán por toda la provincia.

 

Corte de Calle en el Polo de la Mujer

 

El 9 de Mayo tuvimos asamblea con corte de calle en el Polo de la Mujer.  Denunciamos falta de , sumariantes, médicos/as y psicólogos/as para atender casos de violencia familiar y abuso sexual.

Las asambleas y denuncias públicas de la situación permanecerán hasta que el MPF y el TSJ  resuelvan la situación nombrando el personal necesario para que se pueda garantizar los derechos laborales de las compañeras y compañeros trabajadores,  el debido respeto a las víctimas y el servicio de justicia.

El paro del día 30 de Abril alcanzó un 65% de acatamiento en toda la provincia. En algunas sedes del interior como Deán Funes, Villa Dolores, Cura Brochero, Villa María, Rio Tercero, La Carlota  y  edificios de Capital  como en Tribunales II, Cámaras laborales, Polo de la Mujer y  Unidades Judiciales los índices de acatamiento fueron más altos.

Dibujo de chumbi / Diario Día a Día

El 26/04, en la jornada de paro y movilización se entregó el  petitorio donde las trabajadoras y trabajadores judiciales reafirmamos frente al TSJ nuestros objetivos de porcentualidad, equiparación y que debe acabarse el doble estándar en el Poder Judicial. El tribunal superior nos debe la misma recomposición salarial que se otorgó a partir del año 2004 (acordada de devolución a funcionarios y magistrados del 10 % de los aportes previsionales) y completó con la equiparación del año 2012.

El Ajuste no sólo pasa por el bolsillo

El proceso de  ajuste erosiona nuestro salario y por si sólo justifica el reclamo de recomposición salarial. La indignación aumenta cuando entendemos que los privilegios que hoy detenta el TSJ son a costa de la inequidad salarial y las pésimas condiciones de trabajo que padecemos.

En efecto las actuales restricciones presupuestarias están agudizando problemas de siempre. La sobrecarga laboral va en aumento de la mano de la demora o ralentización del ingreso de personal. El impacto en la salud lo estamos pagando las trabajadoras y trabajadores, la permanencia de contratadas y contratados es otro flagelo derivado.

Esta situación ya ha llegado al límite en distintas sedes del interior, en mantenimiento, maestranza, el Polo de la Mujer, Accidentología Vial, Unidades Judiciales, notificadores y familia. En lo inmediato y los próximos meses estallarán en franco conflicto.

El Tribunal Superior debería exhibir la misma voluntad política y entusiasmo que ha tenido desde 2004 para rebalsar de plata los bolsillos de su propio sector de magistrados para resolver esta otra situación. Tiene las herramientas para comenzar un camino de recomposición salarial para empleadas y empleados y para mejorar las condiciones de trabajo y medioambiente laboral. Mientras no lo haga el conflicto se extenderá.

 

Jueves 9 de Mayo Asamblea y Corte de Calle en el Polo de la Mujer

En el Polo de la Mujer, donde funcionan la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Delitos contra la integridad Sexual existe una grave falta de sumariantes y profesionales de la salud (tanto médicas y médicos como psicólogas y psicólogos). Ello limita y produce demoras para receptar las denuncias y constatar lesiones y demás daños a la salud en hechos de violencia familiar y abuso sexual. Esta situación, evidentemente afecta la prestación adecuada del servicio de justicia y somete a las empleadas y empleados que allí se desempeñan. Durante 2017 hubo 45.817 denuncias por Violencia Familiar en toda la Provincia pasando a 52.818 en 2018, lo que marca un aumento de 7001 denuncias. En tanto que, a contramano de ese aumento el personal se redujo de un ya insuficiente número de 10 médicos en 2018  a 8 en este momento.

Lo hizo en el marco de una causa una causa administrativa iniciada por AGEPJ ante la oficina de sumarios del T.S.J. contra la Jueza de Control N°4 Anahí Hampartzounian.  La presentación gremial, efectuada el 7 de Marzo se motivó en la violación a la ley 8575 (Jornada Laboral) -encubierta bajo el habitual eufemismo de «solicitud de colaboración durante el turno»  y en la obstaculización del ejercicio de la libertad sindical de la compañera delegada del fuero Penal Stefanía Serra por parte de la magistrada que intentó «informalmente» provocar su traslado hacia otra oficina como represalia por defender los derechos laborales.

La resolución, que lleva la firma de la vocal del TSJ ( y ex-presidenta del cuerpo) Dra. Aida Tarditti expresa que: «…resulta necesario recordar a la Sra. Jueza de Control y Faltas N° 4  que la agente Judicial Stefanía Serra, en su condición de delegada gremial de A.G.E.P.J. goza de tutela sindical con las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo».

Además se menciona que la tutela dispuesta en el Art. 14 bis de la C.N. se ve fortalecida por lo establecido en textos internacionales de DD. HH. con jerarquía constitucional y numerosos convenios de OIT. En la misma línea establece que el Art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 configura una garantía para permitir el despliegue del representante gremial en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a los cuales representa sin injerencia de sus empleadores.

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que: «esta resolución le llama la atención a una magistrada ante una extendida práctica organizacional dentro del Poder Judicial. Muchas y muchos magistrados se ven a sí mismos por encima de las leyes, en la relación con sus empleados y empleadas. Creen que pueden extender la jornada, sancionar o trasladar empleadas a su gusto y claramente esto no es así. La resolución le viene a recordar a una abogada, jueza del Poder Judicial  que existen en nuestra Constitución Nacional y en Tratados internacionales con la misma jerarquía normas que protegen los derechos de las trabajadoras y trabajadores.»

La Pro-secretaria de Cultura de AGEPJ  Agostina Noccioli  acotó que: «El gremio reaccionó y obtuvo esta resolución ante una clara situación de violencia laboral donde se pretendía incumplir la jornada fijada por ley y pasar por encima del instituto de la tutela sindical.»

 

 

El Gremio de Judiciales Córdoba (AGEPJ) denunció que en el Polo de la Mujer, donde funcionan la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Delitos contra la integridad Sexual existe una grave falta de sumariantes y profesionales de la salud. Ello limita y produce demoras para receptar las denuncias  y constatar lesiones y demás daños a la salud en hechos de violencia familiar y abuso sexual. Esta situación, evidentemente  afecta la prestación adecuada del servicio de justicia en un área muy sensible y de alta demanda social.

Desde el gremio, se especificó que durante 2017 hubo 45.817 denuncias por Violencia Familiar en toda la Provincia pasando a 52.818 en 2018, lo que marca un aumento de 7001 denuncias. En tanto que, a contramano de ese aumento el personal se redujo de un ya insuficiente número de 10 médicos en 2018  a 8 en este momento.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que : «es vergonzoso que personas que están padeciendo un drama como es la violencia familiar o el abuso deban permanecer varias horas en la unidad judicial para efectuar una denuncia, y/o para ser atendidas por las profesionales de la salud. Las empleadas y empleados hacen un esfuerzo gigante para atender como es debido a las personas que concurren, pero sólo nombrando más empleadas y empleados se puede hacer frente a un cúmulo de denuncias que no deja de ascender.» Además agregó «esto ya motivó un conflicto en 2017, al cabo del cual el empleador reconoció la situación y nombró tres médicos pero hoy estamos con el mismo faltante de personal. El MPF sabe que no es posible garantizar la atención de las víctimas en estas condiciones sin embargo se niega a designar personal.»

 

A su vez el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan acotó: «Los poderes del estado invierten mucho dinero en Marketing para tranquilizar conciencias y hacer creer que se ocupan seriamente de  los flagelos sociales de la violencia familiar y el abuso sexual. Pero la realidad dista mucho de la propaganda y no hay la cantidad necesaria de empleadas y empleados para dar una respuesta adecuada desde la justicia a este problema»

El gremio de Judiciales de Córdoba informó que según el relevamiento realizado en horas de la mañana del 30 de Abril el acatamiento al paro en capital e interior alcanzó más del 65%. En sedes del interior como Deán Funes, Villa Dolores, Cura Brochero, Villa María, Rio Tercero, La Carlota  y  edificios de Capital  como en Tribunales II, Cámaras laborales, Polo de la Mujer y algunas Unidades Judiciales los índices de acatamiento fueron más altos.

 

La medida de fuerza llevada a cabo por el gremio de judiciales consistió en un paro de 24 hs. sin asistencia a los lugares de trabajo. los principales reclamos sectoriales son  Recomposición salarial para recuperar puntos perdidos por inflación, el pase a planta de contratadas y contratados y el fin del doble sistema salarial que beneficia a los magistrados y perjudica a l@s emplead@s.

El conjunto de gremios que forman parte de la CGT Regional Córdoba se concentraron a las 10:30 hs en la sede histórica de la central obrera y se leyó un documento de consenso en el que se criticó el rumbo del modelo económico nacional  que ha provocado un incremento de los niveles de desempleo, record en aumentos de precios y una salvaje devaluación del peso respecto al dolar  impactando en una una fuerte del caída del poder adquisitivo del salario.

Tribunales Provinciales sin atención al Público el próximo martes 30 de Abril

Agepj, mediante un comunicado de prensa anunció que la Comisión Directiva confirmó su adhesión a la medida de fuerza el 30 de Abril. Informaron que no habrá atención al público en todos los tribunales de la provincia. Estiman que la adhesión al paro tendrá un muy alto acatamiento según lo relevado en las asambleas realizadas en distintas sedes tribunalicias de la provincia. El gremio de judiciales informó también su participación a la movilización convocada a las 10:30 hs. en  el centro de la ciudad  por la CGT Regional Córdoba reclamando un cambio urgente en la política económica del gobierno nacional.

 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Vamos al paro porque la cuestión salarial sigue sin resolverse. Cobramos solo un  10 % correspondiente a la pauta salarial que no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que la inflación de 2018 le propinó a nuestros salarios. La recientes cifras de inflación mensual anunciadas por el INDEC fue del 3,8 % y las estimaciones para el año son cercanas al 50% según el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central.”

 

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán acotó que “la falta de respuestas de la patronal frente al acelerado deterioro de la situación económica afecta gravemente el poder adquisitivo de nuestros salarios es la razón fundamental de estas medidas de fuerza»

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El Viernes 26 de Abril  las y los judiciales hicimos un Paro Provincial de 12 a 15:30 hs.

  En capital concentramos en Tribunales I y presentamos el petitorio en el que reclamamos recomposición Salarial, el fin del doble estándar y el pase a planta de lxs contratadxs. En la Asamblea se reiteró trabajar la convocatoria para el Paro Provincial del  próximo martes 30 de Abril.

 En declaraciones a la prensa El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó queLa medida de fuerza de hoy es porque la cuestión salarial sigue sin resolverse. Cobramos solo un  10 % correspondiente a la pauta salarial que no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que la inflación de 2018 le propinó a nuestros salarios. La recientes cifras de inflación mensual anunciadas por el INDEC fue del 3,8 % y las estimaciones para el año son de cerca del 50% según el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central.” En este sentido Cortelletti recordó que el sector de magistrados y funcionarios del Poder Judicial Provincial  ya tuvo su recomposición salarial con el otorgamiento de la equiparación y la compensación de aportes jubilatorios que se auto otorgaron. “El TSJ está repartiendo mal y muy injustamente la masa salarial que el Poder Ejecutivo le otorga al Poder Judicial y además está incumpliendo los acuerdos que el mismo ha firmado desde 2013 en adelante para revertir dicha situación”. Concluyó.

 

Por su parte el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán acotó que “la falta de respuestas de la patronal frente al acelerado deterioro de la situación económica que afecta gravemente el poder adquisitivo de nuestros salarios es la razón fundamental de estas medidas de fuerza. Es absolutamente  inequitativa la distribución de los ingresos de la masa salarial ya que funcionarios y magistrados han equiparado sus salarios a la justicia federal y usufructúan el 71% de la masa salarial cuando representan solo el 26% del personal del Poder Judicial”

 

#LucharTieneSentido #Efectivizaciones #SiNosOrganizamosEntramosTodxs


116 NUEVAS EFECTIVIZACIONES

 

La Administración General del Poder Judicial anunció 116 efectivizaciones de empleadas y empleados judiciales pertenecientes al programa 920.

Felicitamos a las compañeras y compañeros que han pasado a planta ya que es una grata noticia en un contexto sumamente adverso para la clase trabajadora.

 

Esta es una conquista que debemos a la lucha que las y los judiciales venimos llevando adelante para que no exista trabajo precario en el Poder Judicial, para que se respete el derecho a la carrera y trabajemos con buenos salarios y condiciones dignas.

 

Continuemos en esa senda hasta que no quede ningún o ninguna contratada en el Poder Judicial y sumémonos a las medidas de fuerza que para el 26 y 30 del corriente están decretadas por recomposición salarial y el pase a planta de lxs contcontratadxs.

 

Se realizó la segunda asamblea del fuero laboral (Asesorías, Cámara y Conciliación) en la que se resolvió presentar nota al TSJ solicitando la urgente designación en los cargos de prosecretario y prosecretaria conforme estricto orden de mérito.

La asamblea fué recibida por el Dr. Carlos Rodriguez (Administración General del Poder Judicial) quien informó que en el día de la fecha se firma el acuerdo con las designaciones de Capital y en el día de mañana las designaciones relativas al interior.

 

Con doble estándar los ascensos no alcanzan

Se anunciaron más de 600 ascensos que abarcan los programas 920, 921 y Personal Obrero y Maestranza. Como efecto de ello se deben producir nuevos pases a planta de contratadxs por lo que solicitamos a la Administración que se avoque en lo inmediato a ello para que muchxs judiciales dejen de revistar en esa categoría de empleadxs precarizadxs.

Desde AGEPJ valoramos positivamente la noticia ya que implica que continúa avanzando el proceso de reestructuración de la planta conseguido con la lucha de todas y todos los judiciales. Esto ha permitido, el cumplimiento de nuestro derecho Constitucional a la Carrera y ascensos masivos después de muchos años de paralización.

Sin embargo las respuestas del empleador al reclamo de AGEPJ por mayor equidad salarial siguen sin aparecer. El acelerado deterioro de la situación económica afecta gravemente el poder adquisitivo de nuestro salario mientras que Magistrados y Funcionarios gozan de una enorme recomposición salarial producto de la equiparación que excluye a empleados y empleadas.

Por esta situación, por la exclusiva responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia, paramos los días 26 y 30 de abril en toda la Provincia contra el Doble Estándar Salarial. Esto coincide con las medidas que en todo el país llevarán adelante los judiciales federales, contra la negativa del gobierno nacional a otorgar un nuevo tramo de aumento salarial.