Integrantes de las Comisiones Directivas Provincial y de la Seccional Villa María de AGEPJ se reunieron con la Administración General del Poder Judicial de Córdoba para plantear la grave situación edilicia que afronta dicha sede. Respectivamente estuvieron los compañeros Federico Cortelletti, Adrian Valan por la provincial y Guillermo Geremía, Leandro Torti y Rafael Rodríguez Tissera por la seccional.

 

En particular sobre el problema más acuciante que es hoy el que afecta a la Unidad judicial tanto el Administrador General Luis Sosa Lanza Castelli como el Director de infraestructura Francisco Picchio se comprometieron en lo inmediato a realizar una mudanza de las pruebas, los sumarios de la parte más comprometida del edificio. A su vez se va a hacer desratización, limpieza profunda, pintura y demolición de una parte del edificio. Todo ello con el debido control gremial.

Para una segunda etapa se realizaran mayores obras también en el edificio aledaño a la unidad judicial y en el edificio principal. Obras que por su envergadura requieren licitación y por tanto no pueden ejecutarse de inmediato.
AGEPJ solicitó que las tareas conprometidas como inmediatas se efectúen con la mayor premura porque es insostenible el trabajo en tales condiciones y que de manera urgente se pongan en marcha los mecanismos licitatorios pertinentes a fin de encontrar una solución definitiva a toda la cuestión edilicia.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti  expresó que «obviamente hasta tanto esté el nuevo edificio comprometido para la sede Villa María deben efectuarse las reparaciones necesarias en las instalaciones existentes para que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas.»

En tanto que el Secretario General de la Seccional Villa María Guillermo Geremía llamó la atención sobre la falta de ejecución del presupuesto 2024 para la ejecución de las obras comprometidas para el nuevo edificio. Señalando «que es inconcebible que en las calamitosas condiciones en que hoy se trabaja en la sede no se aplique dinero para obras que ya estaba destinado a ese fin».

Durante esta semana, AGEPJ presentó ante el TSJ dos denuncias por violencia laboral contra funcionarios y magistrados de dos sedes del interior provincial. Como desde hace muchos años, nuestra organización trabaja sin descanso contra esta cultura de violencia institucional haciendo lugar a la escucha y recepción de quienes lamentablemente padecen estas situaciones y efectuando luego las denuncias si lo ameritan los hechos y está presente el consentimiento de las o los afectados.
Sin perjuicio de ello exigimos, una vez más, al Tribunal Superior de Justicia ponga en funcionamiento el órgano previsto por el protocolo para el correcto encuadre y trámite de este tipo de hechos: el equipo interdisciplinario de prevención y actuación cuyos cargos ya están concursados.

Cabe destacar que de acuerdo a los principios de confidencialidad y no revictimizacion, en el estadío actual del proceso no brindamos los nombres de las personas afectadas ni un detalle de los hechos denunciados.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Nocciolli expresó que: Sin perjuicio de considerar que hemos avanzado mucho en relación a la visibilización de la violencia laboral y de género que se dan dentro del Poder Judicial y haber llevado a las máximas autoridades de la Justicia Provincial a que aprueben un protocolo de Violencia Laboral y de género aún falta mucho para erradicar definitivamente este tipo de práctica de nuestra cultura institucional. Es por esto que exigimos una vez más al TSJ que ordene la aplicación definitiva del protocolo de violencia laboral y de género con los órganos correspondientes para que el canal de abordaje de este tipo de situaciones tan delicadas sea cada vez más accesible y adecuado.


En tanto que la Secretaria de Organización de AGEPJ Lucía Bonafé agregó, referido a las denuncias realizadas que “Hace ya un tiempo las compañeras y compañeros de estas dos sedes del interior nos venían manifestando el malestar generado por conductas inapropiadas y maltratos de algunos funcionarios y magistrados. Es así que desde AGEPJ ya veníamos interviniendo y acompañando a las compañeras y compañeros en los reclamos, pero dado que dichas conductas no han cesado se decidió de manera colectiva hacer las presentaciones correspondientes al Tribunal Superior de Justicia para que sea la propia institución la que tome medidas al respecto.

 

 

Los Equipos Técnicos del Poder Judicial de Córdoba junto a la Comisión Directiva de AGEPJ se movilizaron hacia Tribunales Uno y se presentó petitorio al TSJ reclamando una instancia de negociación.
El 4 de septiembre los equipos técnicos de capital, junto a integrantes de la comisión directiva de AGEPJ, delegadas y delegados se movilizaron hacia Tribunales Uno y entregaron un petitorio con más de 140 firmas de integrantes del sector en toda la provincia.
En dicho Petitorio, el sindicato, junto a las y los peritos está solicitando se constituya una mesa de negociación para que bajo los principios de buena fe y a través del dialogo se pueda avanzar en un reclamo que viene de larga data sin respuestas en el punto más problemático que es el reconocimiento de la firma de las y los profesionales.

Si bien AGEPJ reconoce que hubo avances en algunos aspectos relacionados a los equipos técnicos, como la apertura de concursos de ingreso de personal, concursos para cargos de coordinación, refuerzos de personal en el interior sigue sin reconocerse por el empleador la responsabilidad profesional que las y los peritos juegan en cada oficio judicial que evacúan.

La Secretaria de Acción social de AGEPJ Cristina Bussone expresó que “es inconcebible que en pleno siglo XXI las y los trabajadores judiciales no dispongamos de un ámbito negocial para el sector y no podamos intercambiar con el empleador los distintos puntos de vista sobre el largo conflicto que atravesamos.”

En tanto que la prosecretaria de Acción Social de AGEPJ Alejandra Raya agregó que “Las sanciones informales o las amenazas de represalias que venimos sufriendo por reclamar algo que otros sectores del Poder Judicial ya tienen, como es el reconocimiento de su responsabilidad funcional sigue marcando el carácter discriminario de la mirada que el TSJ tiene hacia las profesiones distintas al derecho que se desempeñan en la justicia.”

La situación edilicia de los tribunales de Villa María es un problema de vieja data a la que el empleador no pone solución. Entre otras cuestiones AGEPJ logró en 2018 que el ministerio de trabajo de la nación realizara una minuciosa inspección al edificio que derivó en una intimación a la patronal. Aún así y reparaciones menores que pueden haberse realizado en el momento el problema persiste porque el principal obstáculo es estructural y lo representan las condiciones de un edificio que ya tiene más de 70 años, como también lo reflejó otra denuncia pública de AGEPJ , esta vez de 2021.

A su vez nuestro sindicato reiteradamente plantea en las audiencias anuales sobre presupuesto la necesidad de asignar los fondos necesarios para la construcción de la ciudad judicial de Villa María como la solución definitiva a los problemas edilicios de larga data que afectan tanto a la ciudadanía que concurre a los edificios, abogados, abogadas, magistrados, magistradas, funcionarias, funcionarios y nuestras compañeras y compañeros trabajadadores judiciales.

En las semanas previas AGEPJ ha solicitado nuevamente a la Administración General del Poder Judicial se encuentre una solución (en reiteración de lo solicitado hace ya un año) a los graves problemas de filtraciones de agua, humedades, de cloacas, presencia de roedores y destrucción de archivos de las dependencias donde funcionan la Unidad Judicial, Policía Científica y la Fuerza Policial Antinarcóticos. Ello fué incluso reflejado por un de comunicación de la ciudad de Villa María.

También la Comisión Directiva de la Seccional Villa Maria ha hecho los reclamos durante todos estos años, ante la superintendencia de la sede en reiteradas oportunidades. Es por ello que desde la Comision provincial estamos nuevamente solicitando respuesta a la Administracion General y sosteniendo el reclamo historico por un edificio judicial nuevo para la sede de Villa Maria»

La Administración General del Poder Judicial anunció 150 efectivizaciones de empleados y empleadas judiciales de los programas 920 y 921.
En primer lugar y como siempre lo hacemos felicitamos a las compañeras y compañeros que reciben hoy esta grata noticia de pasar a planta en medio del adverso contexto económico que atraviesa nuestro país.

Como todo logro laboral se trata de una conquista que debemos a la lucha que las y los judiciales incansablemente llevamos adelante para que no exista esa forma de contratación en el Poder Judicial. Así lo planteamos año tras año en las audiencias por el presupuesto y forma parte de cada planteo que efectuamos al empleado

El gremio de judiciales de Córdoba firmó un convenio con los directivos de la Clínica Cooperativa Clemic de la ciudad de Cura Brochero.

A partir de dicha firma las y los afiliados judiciales y su grupo familiar comenzarán a ser atendidos  SIN COBRO DE COSEGUROS NI PLUS en la Clínica Clemic.

 

 

 

La Federación Judicial Argentina (FJA), con la firma de su secretario General, Matías Fachal, y el patrocinio del abogado laboralista, Guillermo Gianibelli, presentó una medida cautelar en el Fuero Nacional del Trabajo para suspender la aplicación del impuesto a las ganancias a las y los judiciales de todo el país.

La presentación de la FJA plantea la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley 27.743 de «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» reglamentada por el Gobierno de Javier Milei, que restituyó la cuarta categoría del impuesto. La acción judicial, que quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 38, abarca a la totalidad de lxs trabajadorxs judiciales de todo el país, ya que la entidad nuclea a 23 sindicatos judiciales de toda la Argentina y que cuenta con más de 35.000 afiliadxs.

La presentación de la FJA se da tras el resultado favorable en los amparos de los estatales neuquinos en la justicia provincial, de lxs docentes de CTERA en el Fuero Laboral de la Nación y de lxs judiciales porteños de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Cdad. de Bs.As. (AEJBA) en el Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de esa ciudad. A esto se le suma también la presentación del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN).

Para la FJA, la ley reglamentada por el Gobierno cae en el absurdo, ya que «hace que la clase trabajadora sea la que deba soportar la carga fiscal con el pago de un impuesto sobre su salario», mientras que a los que se apropian de esa renta, como las empresas, les «condonan multas e intereses, ofrecen facilidades de pago a los medianos y grandes contribuyentes, promueve el blanqueo de capitales, crea el RIGI», entre otras medidas pro mercado.

Desde Judiciales de Córdoba (AGEPJ ) saludamos a la Mesa Gremial Universitaria en la lucha que está llevando adelante en defensa de la Universidad Pública, por su financiamiento y un salario docente justo. Acompañamos el reclamo y volveremos a ganar la calle junto a todo el pueblo argentino, como en abril con la histórica marcha federal universitaria en cuanto el gremio hermano de ADIUC nos convoque para sostener nuestra querida universidad pública. »

 

Las y los profesionales de los Equipos técnicos del Poder Judicial de Córdoba comenzaron ayer 14 de agosto la junta de firmas para articular a través de A.G.E.P.J. un petitorio dirigido al Tribunal Superior de Justicia solicitando se “informen (…) los fundamentos y motivos vinculados a la respuesta denegatoria ofrecida frente a los reclamos históricos de este sector que apuntan al reconocimiento económico de la función pericial y la responsabilidad profesional que conlleva”.

Es sabido que las y los profesionales del sector vienen sosteniendo un reclamo histórico que apunta a que se reconozca económicamente su responsabilidad funcional en su rol de peritos y peritas del Poder Judicial. Son los equipos técnicos quienes con la realización de informes, pericias y entrevistas son responsables por dichas conclusiones por tener responsabilidad funcional en la firma. Esa carga, que no tienen las y los empleados jurisdiccionales, no es compensada económicamente ni en la carrera administrativa, ya que revisten el mismo escalafón y carrera que un ingresante estudiante de abogacía en el Poder Judicial.

Por este reclamo los Equipos técnicos comenzaron en junio medidas de fuerza ante lo cual solo recibieron la negativa sin fundamentos del Tribunal Superior de Justicia y la amenaza de descuentos. Pero ante la actitud de absoluta falta de dialogo por parte de la patronal, los equipos técnicos continúan movilizados y solicitando se articulen canales de discusión y dialogo sobre su histórico reclamo. Por eso se comenzó con la firma provincial de un petitorio dirigido al TSJ solicitando explicaciones para presentarlo en los próximos días en acto gremial conjunto de todos los equipos técnicos de la provincia.

Desde AGEPJ se sigue reclamando se articulen instancias de conversaciones entendiendo que es el camino para intentar acercar posiciones con el fin ultimo de avanzar en un camino de dialogo institucional.

El día 13 de agosto se llevó a cabo una asamblea con el personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO). El motivo es la inminente aplicación de un nuevo proyecto para trabajar de forma conjunta casos de femicidio y/o otros casos complejos con los cuerpos operativos de la policía científica y personal de análisis del comportamiento criminal.

Dentro de los reclamos de los compañeros y compañeras se destaca la necesidad de establecer por escrito lineamientos generales del proyecto que definan:

 

  • El encuadre de funciones y responsabilidades que estas áreas tendrán dentro del lugar del hecho, como asimismo las reglas y normas de trabajo para este nuevo proyecto.
  • Establecer la definición de homicidios y/o hechos complejos que entrarían en el encuadre de este nuevo proyecto.
  • Revisar la sobrecarga laboral que se puede producir entre las distintas unidades de detectives cuando coinciden las guardias propias de la sección con las nuevas guardias pasivas generadas para este nuevo proyecto.
  • Dentro del personal de la DIO solo tres compañeros son criminalistas, por lo que  muchos manifiestan resquemor a la hora de trabajar con cadáveres o escenas de violencia, tarea que se sumaría a sus tareas actuales con un impacto psicológico para la cual no están preparados.
  • Definir cómo conviven estas nuevas funciones con las funciones urgentes propias de la oficina.
  • Por último los compañeros y compañeras creen necesario generar un espacio de diálogo con las demás secciones que trabajan en el proyecto para conocer las funciones y formas de trabajo de cada una de las áreas implicadas.

 

Contar con lineamientos escritos y claros es la única forma que este proyecto funcione de forma adecuada, hacerlo de la forma en que hoy lo está presentando el empleador genera muchas dudas y pocas certezas para quienes efectivamente deberán desempeñarse en estas nuevas funciones, ello no es bueno ni para la institución ni para el o la trabajadora. Desde AGEPJ creemos necesario posponer la implementación de este nuevo proyecto hasta que todas las áreas implicadas cuenten con información suficiente al respecto. Contar con normas escritas y claras permitirá que realmente se pueda llevar a cabo las tareas de la mejor forma posible, mejorando así el proceso investigativo de los casos abordados en esta nueva iniciativa y resguardando los derechos laborales de las y los trabajadores del sector.