El pasado 4 de noviembre AGEPJ realizó una presentación ante el TSJ respecto de la sospecha de posibles irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo Nro. 375/24 para cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a destinados a desempeñar funciones de Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
En dicha presentación el sindicato le hizo saber al TSJ que a partir del análisis de las notas publicadas el 22 de octubre se había generado la sospecha en torno a posibles filtraciones del examen confidencial por parte de uno de los integrantes del Tribunal examinador, Dr. Eduardo Santiago Caeiro Defensor público a cargo de la Asesoría letrada Penal Nro. 28 de Capital. Ello por la performance de cuatro concursantes que, a diferencia del resto, eran las únicas que habían superado el 95% del nivel de aprobación y que además, tendrían vínculo académico, laboral y/o personal con Caeiro. También, la presentación expresaba que una de las sospechadas habría confesado haber accedido de manera anticipada al contenido del examen.
Ello motivó que se iniciara una investigación administrativa en donde se receptaron numerosos testimonios, y demás material probatorio, concluyendo dicho proceso en el mérito suficiente para que se inicie sumario administrativo en contra del referido Asesor Letrado Eduardo Santiago Caeiro “por la presunta revelación indebida de contenido inherente al examen teórico-práctico (parte específica) en el marco del concurso de antecedentes y oposición” y de las cuatro concursantes posiblemente beneficiadas “dado que la revelación de información reservada les habría permitido obtener las cuatro mejores calificaciones del examen específico en cuestión”, tal cual lo informó el Poder Judicial en su portal web.
Desde AGEPJ resaltamos la celeridad y seriedad con la que se ha llevado a cabo la investigación administrativa e instamos a que el desarrollo de la etapa sumarial se realice en forma rápida, objetiva e imparcial dado que este hecho ha conmocionado de sobremanera a toda la comunidad judicial y mas aún a las y los empleados que deben volver a rendir el examen específico el próximo 14 de diciembre con toda la carga que en términos personales y laborales que ello significa.
Además, hechos como este afectan a todo el sistema de concursos del Poder Judicial que como sindicato defendemos en nuestro rol de veedores por ser una herramienta casi única respecto del resto de los poderes judiciales de otras provincias permitiendo el acceso a cargos públicos judiciales a partir de la validación académica, antecedentes y conocimientos.
Finalmente resaltamos que la presunta conducta llevada adelante por el Asesor Letrado Caeiro reviste, de comprobarse representaría una gravedad institucional insostenible y demuestra un perfil sumamente cuestionable por parte del integrante del Tribunal Examinador que tiene el deber estricto de confidencialidad para que se garantice la igualdad de oportunidades en un examen. Es que quienes son magistrados, asesores y fiscales tienen la obligación de sostener una conducta ética ya que representan un Poder del estado que es el encargado de impartir justicia, garantizar el acceso a la justicia y a derechos, resolver conflictos en calidad de terceros imparciales, etc. Es por esa razón que no se descarta una presentación por parte del sindicato ante el jurado de enjuiciamiento tal cual lo prevé nuestra Constitución provincial.
