Se está cumpliendo un gran paro en todas las dependencias del Poder Judicial. El acatamiento es en promedio superior al setenta (70) por ciento con lugares donde el mismo es superior al (90) por ciento.


Como sucede con cada medida de fuerza que decretó AGEPJ, para esta también nos sobran los motivos: una delicadísima situación económica signada por una elevada inflación que merma diariamente el poder adquisitivo de los salarios. Repetimos que si bien se publicaron las fechas de pago del aumento correspondiente a julio inexplicablemente se difirió para planilla suplementaria el pago de retroactivos cuando había tiempo más que suficiente para incluirlos con el pago mensual. El contexto inflacionario señalado justificaba largamente esa solución pedida por AGEPJ.

Para analizar la situación post medida y efectuar una propuesta al empleador que está elaborando la Comisión Directiva, AGEPJ ya ha convocado a reunión de cuerpos orgánicos para la semana siguiente, el martes habrá reunión de cuerpo de delegados y delegadas de capital y miércoles consejo consultivo del interior en conjunto con la comisión directiva provincial.
Felicitamos a las compañeras y compañeros que a lo largo y ancho de la provincia hoy cumplieron el paro desoyendo la provocación y amenaza del Tribunal Superior de Justicia que con una incomprensión absoluta de la realidad en la que el país está inmerso prometió utilizar, ilegítimamente herramientas para coaccionar y obstaculizar la participación en una justa medida de fuerza.

AGEPJ denunció grave crisis edilicia en unidad judicial de Villa Dolores, además de la falta de personal. Se efectuaron peticiones al Ministerio Público Fiscal, sin embargo no se descarta la retención de tareas u otras medidas de fuerza si las respuestas se hacen esperar.

La unidad judicial de Villa Dolores funciona en un edificio viejo y sin mantenimiento. Presenta permanentes filtraciones de agua y humedades en techos y paredes lo cuál entre otras cosas provoca la caída de los revoques. Concomitante a ello y provocando otro peligro para la salud la instalación eléctrica es precaria, con cables a la vista que en un caso atraviesan una ventana. También hay falta de luz y tiempo atrás las empleadas y empleados pusieron plata de su bolsillo para pintar el edificio, comprar mobiliario y un calefactor en el afán de mejorar su medioambiente de trabajo.

Además de los problemas  edilicios mencionados hay escasez de personal, porque las siete empleadas y empleados que la integran, sumados al número de policías no llegan a cubrir el número necesario para cumplir con el sistema de descansos y francos por ende no se están respetando esos derechos laborales básicos. Llegando ello incluso al extremo de obstaculizar el goce de las licencias anuales o por enfermedad del personal.

La situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal quién se comprometió ante Pablo Sabas (delegado gremial de la sede y pro-secretario del Interior de AGEPJ) y autoridades de la Unidad Judicial a aumentar la dotación de personal y poner en marcha un plan de obras de mejoras edilicias. AGEPJ ha reclamado una pronta respuesta sobre el personal y el comienzo de ejecución inmediato de las obras ya que lo que está en juego son las condiciones y medioambiente de trabajo. De lo contrario el sindicato está totalmente habilitado para decretar un inicio de retención de tareas.

Por otra parte, respecto a la unidad judicial de Mina Clavero AGEPJ le planteó al MPF las malas condiciones de trabajo del personal resultantes del funcionamiento de un solo baño (un inodoro y un lavatorio) para toda la planta que allí se desempeña. En efecto el sanitario es utilizado por la dotación policial, empleados judiciales, funcionarios y ciudadanía que concurre a denunciar o que llega detenida resultando, además de los problemas de higiene notoriamente insuficiente. Se le requirió al MPF también celeridad en la solución de este problema que afecta las condiciones en que las empleadas y empleados judiciales desarrollan sus tareas.

AGEPJ informó que la medida de fuerza se cumplirá de todos modos porque está motivada en la evidente y acuciante realidad económica.

Llamamos a la reflexión al TSJ que por pertenecer al sector que hoy goza del privilegio de la equiparación parece no comprender ni sufrir los continuos aumentos de precios que las empleadas y empleados si sufrimos.

Ante la comunicación del empleador que abonará el aumento de julio de la siguiente manera: a) aumento (ingreso al básico) con los haberes de septiembre y b) retroactivos adeudados a mediados del mes de octubre, AGEPJ expresa su rechazo a la misma. Es inentendible que, en el evidente contexto inflacionario, siendo 12 de septiembre se ofrezca abonar los retroactivos, no junto al pago de haberes sino recién a mediados de octubre. Esto no contempla las diferencias salariales existentes en el poder judicial, que tiene una planta donde magistrados gozan de la equiparación y empleados no, por tanto los niveles salariales arrastran una brecha donde las trabajadoras y trabajadores llevamos la peor parte.

Pero además es necesario que el nuevo sistema que habría determinado la CSJN de sus aumentos, esto es mes a mes, sea aceitado lo mejor posible en la provincia para evitar una perjudical acumulación de retroactivos en los siguientes tramos.
Frente a esta situación, la Comisión Directiva de AGEPJ, habiendo realizado asambleas de base en los edificios de capital y provincia, resolvió decretar un paro de 24 horas sin marcacion ni asistencia a los lugares de trabajo, exigiendo el pago del aumento y los retroactivos en conjunto y de manera inmediata que es lo que mejor resguardaría el bolsillo de las y los judiciales.

El viernes 8 de septiembre luego de la resolución de la Corte, la Administración General del Poder Judicial en cumplimiento del acuerdo salarial vigente (tripartito de 2016) dictó la correspondiente resolución replicando a nuestra jurisdicción un aumento salarial de 6,5 % a partir de julio del presente.


Si bien hay cumplimiento del acuerdo salarial, en primer lugar, hasta ahora sólo se ha establecido que se pagará el aumento sin precisar fecha para tal acción y para los retroactivos que se derivan. En efecto la complejísima coyuntura económica signada por una persistente inflación a lo que se suma la reciente devaluación con su traslado a precios y por tanto de afectación al poder adquisitivo ameritan que se haga efectivo dicho pago del 6,5% y retroactivos de inmediato.

Ello es lo que ha solicitado AGEPJ al Tribunal Superior en el día de la fecha (inmediato pago del 6,5 al básico y los correspondientes retroactivos) advirtiendo que el empeoramiento de la situación económica no da lugar a dilaciones y que de persistirse en las mismas se desembocará en la adopción de medidas de acción directa que consistirán en paros provinciales de actividad.

La Corte Suprema dispuso un incremento salarial acumulativo del 6,5 por ciento a julio. Inmediatamente AGEPJ solicitó al TSJ el dictado de la resolución correspondiente extendiendo el mismo a las y los empleados judiciales en cumplimiento del acuerdo salarial vigente. Dicho pedido incluye por supuesto el pago también inmediato de los retroactivos generados.

Se transitaron de esta forma dos semanas y media de alerta gremial exigiendo respuesta a la acuciante situación salarial. En efecto tras las reuniones de cuerpos orgánicos del sindicato a mediados de agosto se pusieron en marcha asambleas en toda la provincia que derivaron luego en un pedido de aumento a cuenta y que sin dudar iban a culminar en medidas de acción directa si no aparecían las respuestas positivas.
Sin embargo, la comisión directiva de AGEPJ mantiene el actual estado de alerta ya que, si bien el 6,5 otorgado efectivamente cubre la depreciación monetaria del mes de julio, debe ocurrir lo mismo los meses consecutivos subsiguientes, acompañando los incrementos salariales el ritmo de la inflación. Es así que se mantiene el cronograma ya pautado y a la finalización del mismo los cuerpos orgánicos evaluaran cómo se continúan las acciones para cuidar el poder adquisitivo.

Hasta el momento se efectuaron asambleas según el siguiente cronograma
Lunes 28-08 Polo Laboral, Martes 29-08 Oliva y Río Segundo, Miercoles 30-08 Alta Gracia y Río IV, Jueves 31-08 Tribunales II y Cosquín, Lunes 4-09 Villa María, Martes 5-09 Tribunales de San Jerónimo y de Familia, Jueves 7-09 Cruz del Eje, Viernes 8-09 Villa Dolores. Se mantiene el cronograma con asambleas previstas para el Lunes 11-09 en Tribunales I y el Martes 12-09 en Cura Brochero.

 

El próximo miércoles 13 de septiembre AGEPJ adhiere al Plan Nacional de Lucha lanzado desde la Federación Judicial Argentina (FJA) por la Negociación Colectiva de Trabajo para las trabajadoras y trabajadores Judiciales de todo el país, tal lo aprobado por el Plenario  y la Mesa Directiva la FJA. La acción se desplegará en cada oficina judicial a lo largo y ancho de la patria, donde las y los compañeros portaran carteles con las consignas alusivas exigiendo el reconocimiento efectivo al derecho constitucional que nos asiste y convocando a las acciones y medidas que seguirán en los días venideros.

 

En Argentina, más del 80% de las trabajadoras y trabajadores formales se encuentran comprendidos en algún Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, las y los judiciales somos parte de la minoría que no accede a ese derecho, salvo contadas excepciones. La Negociación Colectiva es un derecho constitucional, como lo determinan los convenios internacionales suscriptos por Argentina y lo resuelto por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Caso 2.881 de hace más de 10 años.

 

Necesitamos que el Estado argentino garantice el derecho a la Negociación Colectiva de los trabajadores y trabajadoras judiciales, abriendo una instancia de diálogo entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los Tribunales Superiores de las provincias, e incluso el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires; y los sindicatos representativos de las trabajadoras y trabajadores judiciales junto a la FJA para avanzar hacia un Convenio Colectivo Nacional.

 

Ello representaría a su vez, un paso hacia la Democratización del Poder Judicial, porque genera condiciones de paridad entre las y los trabajadores y los altos funcionarios/as y posibilita que discutamos qué Poder Judicial necesitamos y necesita el conjunto de la sociedad. La Negociación Colectiva hace que seamos partícipes de las discusiones vinculadas a nuestras condiciones de vida, de garantizar un salario mínimo, un escalafón único para todo el sistema judicial, y condiciones de trabajo y empleo dignos para los trabajadores y trabajadoras de los Poderes Judiciales de todo el país.

 

En el marco inflacionario que atraviesa el país, el salario de los trabajadores y trabajadoras judiciales se vio gravemente deteriorado reduciendo aceleradamente el poder adquisitivo de nuestros ingresos. La discusión salarial que damos las y los judiciales se ve afectada al sernos negada la posibilidad de realizarla de forma homogénea en todo el país, quedando así nuestro salario y nuestras condiciones laborales a merced de la voluntad (o la falta de ella) de las patronales.

 

A su vez, nos encontramos en medio de una campaña electoral donde se busca instalar discursos que atentan contra derechos constitucionales básicos, conquistas históricas del movimiento obrero como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la estabilidad del empleo público, las indemnizaciones por despido, la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y de un sistema jubilatorio solidario. Es decir: vienen por nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras. Bajo estas condiciones, se torna fundamental que se garantice nuestro derecho a la Negociación Colectiva, porque representa una trinchera desde donde defender nuestras conquistas ante los ataques que sufrimos.

 

Por ello, convocamos a todas y todos los judiciales a participar del Plan de Lucha Nacional que se expresará en todos los Poderes Judiciales del país, exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata convocatoria a un ámbito de Diálogo Social para el Sistema Judicial Argentino, tal y como lo indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el 2021, a raíz del proceso abierto por esta Federación Judicial Argentina (FJA) ya hace más de diez años.

 

Luchamos por condiciones de trabajo y empleo dignas, garantizadas por un Convenio Colectivo Nacional, que sea la matriz de todos nuestros derechos.

Por resolución de Comisión Directiva de AGEPJ del 6 de septiembre se dispuso solicitar al TSJ un pedido de aumento a cuenta en igual sentido que la CSJN ha efectuado al PEN, es decir una cláusula gatillo dentro del 3er tramo. Se requiere que el tercer tramo (julio, agosto y septiembre) sea pagado conforme la inflación oficial de cada mes respectivo. Dicha petición es resultado de las reuniones de Cuerpos Orgánicos y de las asambleas realizadas hasta el momento y ante la falta de resolución de la CSJN a la fecha.

Como es de público conocimiento, la inflación de julio oficializada a nivel nacional fue del 6,3 y aun no se conocen los números nacionales de la inflación de agosto, pero el 4 de septiembre se publicaron los números del Índice de precios al Consumidor de la provincia de Córdoba del mes de agosto que resultó en un 12,15%. También, la solicitud del adelanto a cuenta se justifica en las nuevas erogaciones que a nivel nacional se han dispuesto o podrían concretarse, como la discusión sobre el bono que deben abonar pymes y personas físicas empleadoras y la posible modificación de la Ley de alquileres. Esos aspectos, como es sabido, golpean con fuerza a quienes somos asalariados y asalariadas y con mayor fuerza a las categorías más baja de nuestra planta.

El pedido de aumento a cuenta con cláusula gatillo al Tribunal Superior de Justicia irá acompañado de medidas de fuerza a decretarse supeditadas a la falta de novedades positivas de la CSJN o de una respuesta favorable del TSJ o de la provincia a el planteo gremial. En ese marco se continúa con el cronograma de asambleas en toda la provincia.

El pasado viernes 1 de septiembre de 2023 en la sede de Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC) el sello editorial de AGEPJ presentó públicamente su nuevo libro “Luchar siempre tuvo sentido” de Camila Sapp. Esta novedad editorial pertenece a la colección “Luchas y Banderas”.

El acto de apertura se inició con las intervenciones del Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti y el Secretario General de Federación Judicial Argentina Matias Fachal, contándose con las palabras del intendente electo de la Ciudad de Córdoba Daniel Passerini quien recordó que el libro “Luchar siempre tuvo Sentido” fue reconocido y declarado de interés por el Concejo deliberante de nuestra ciudad (declaración que también efectuó la unicameral de la provincia), destacando el interés sostenido por AGEPJ en la reconstrucción de su propia historia, los aportes al movimiento sindical, a la construcción de una sociedad con equidad y justicia social, además del gran trabajo de su autora.

Luego se compartió un panel con la presencia de la autora Camila Sapp, Mónica Gordillo (Doctora en Historia por la UNC, investigadora principal del CONICET – profesora titular de Historia Argentina II en la Escuela de Historia) y Luis Roa ( Abogado laboralista y de sindicatos, Asesor en el Ministerio de Trabajo de la Nación y docente de la UBA). La moderación estuvo a cargo de nuestro Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti.

Estuvieron presentes la CGT Córdoba representada por su secretario general José E. Pihen y los gremios SATSAID, UOGC, SEP, UEPC, AEFIP, ADIUC,SECASFI, SADOP, AEJCC y La Bancaria respectivamente representados por Alejandro Rossi, Ilda Bustos, Sergio Castro, Juan Montserrat, Edgardo Russo, Leticia Medina, Luciana Córdoba, Peter Ahrensburg, Andres Colazo, Sergio Krivoriuk. Se agradece la especial visita del intendente electo de la Ciudad de Córdoba Daniel Paserini y representantes del gobierno provincial, municipal, Colegio de abogados de Córdoba y Asociación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. A su vez hubo una importante presencia de trabajadoras y trabajadores judiciales jubilados, ex empleados y empleadas judiciales, familiares de Felipe Zabalza, Néstor Harrington; el ex ministro de Trabajo de la Provincia Jorge Sappia, Cuerpos orgánicos de AGEPJ (sedes y seccionales del interior, comisión directiva provincial y cuerpo de delegados de capital) y ex integrantes de diversos cargos en dichos cuerpos orgánicos.

Recibimos la visita de compañeros y compañeras de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEyFPJN)
Las compañeras y compañeros Jorge Taján (Secretario Adjunto Comisión Directiva Nacional), Neri Guanca, Mara Oviedo (Secretarías general y adjunta de comisión interna del ministerio público fiscal) José Winterhalter y Marcelo Olmos (delegados de la seccional Córdoba) fueron recibidos por nuestro Secretario General, Federico Cortelletti, Adjunta, Agostina Noccioli y Gremial, Adrián Valán.

La AEyFPJN es un gremio judicial hermano que está construyendo su organización afiliada a la Federación Judicial Argentina. Se efectuó un diagnóstico sobre problemáticas que afectan a las trabajadoras y trabajadores de los distintos ámbitos representados (nacional y provincial) y las vías organizativas para contenerlas y superarlas.