El gremio presentó hoy lunes 16 de diciembre ante el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba una solicitud para determinar si las conductas desplegadas por el Asesor Eduardo Santiago Caeiro, en relación al concurso para auxiliar colaborador de la defensa pública, constituye un accionar encuadrable en mal desempeño y/o negligencia grave. Determinación, que en caso positivo, sería suficiente para la sanción de remoción del cargo de conformidad con el artículo 154, segundo párrafo de la Constitución de Córdoba.

Jurado de enjuiciamiento. Foto de archivo

Las conductas del asesor fueron objeto de una investigación preliminar del Poder Judicial a instancias del sindicato . Luego de la cual, con una serie de elementos probatorios receptados, se inició un sumario administrativo actualmente en curso , además de una investigación penal conexa.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “a tenor del avance de las investigaciones promovidas por nuestro gremio y el cúmulo de pruebas colectadas, creemos que ya es el momento necesario para la intervención del organismo constitucional encargado de evaluar la conducta de las y los magistrados. La conducta ética de quienes imparten justicia es un pilar de la credibilidad del sistema judicial y en el caso, el accionar desplegado ha lesionado seriamente dicho sostén”

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli indicó que “Es muy importante que se esclarezcan los hechos de las supuestas filtraciones para favorecer determinadas personas en un concurso. Si ello no es dilucidado no se puede esperar que las ciudadanas o ciudadanos que recurren al Poder Judicial para intentar acceder al cumplimiento de sus derechos, crean en su efectividad si desde la magistratura se observa esa falta de imparcialidad o favoritismo.”

AGEPJ se reunió en el día de la fecha con el TSJ, ante quien planteó los términos de la solicitud de recomposición salarial. Estos incluyen reestructuración de la planta a través de promociones pensando en unificar los escalafones administrativos camino a la equiparación con las y los empleadas de la justicia federal, evaluar sumas económicas en etapas hacia la equiparación, mejora en el título, antigüedad, devolucion de aportes o cualquier otra herramienta que otorgue recomposición salarial con rumbo a la equiparación.

Del encuentro participaron el presidente del TSJ, Doctor Luis Angulo y el director de la Administración Augusto Bartolomei, en tanto que por el sindicato estuvieron presentes Federico Cortelletti, Sec. General, Agostina Noccioli, Sec. Adjunta y Adrián Valan, Sec. Gremial.
El gremio pudo acercarle al TSJ la acuciante situación que están atravesando quienes se encuentran en las categorías mas bajas de nuestro escalafón que están muy por debajo del valor de la canasta básica. Además, el atraso de la pauta esta empobreciendo a toda la planta en general con niveles de diferencia con la inflación acumulada nunca antes vividos. Al respecto el TSJ indicó que evaluarían los planteos efectuados.

AGEPJ ante la falta de soluciones concretas mantiene las medidas ya dispuestas para toda la provincia para esta semana que incluyen asambleas y movilización el próximo jueves 12 y paro de 24 hs. el viernes 13 del corriente mes.

Nuestro sindicato participó en la audiencia pública legislativa sobre el Presupuesto 2025, desarrollada en la Unicameral de Córdoba. En representación del sindicato, expusieron el Secretario General, Federico Cortelletti, y la Secretaria Adjunta, Agostina Noccioli, quienes abordaron temas fundamentales como la situación salarial, la carrera administrativa y condiciones edilicias en el Poder Judicial visibilizando estas problemáticas ante las y los representantes del pueblo presentes y la sociedad cordobesa en general.
Durante la intervención, se destacó la importancia de la audiencia como un espacio para que las y los trabajadores judiciales expresemos nuestras demandas y necesidades. En primer lugar, uno de los temas más sensibles planteados fue la carrera administrativa, cuya parálisis afecta el reconocimiento y progreso profesional de las y los empleados. Se enfatizó que la falta de previsión presupuestaria para el ingreso de personal agrava la sobrecarga laboral ya existente, impactando negativamente en la salud de las y los trabajadores además de resentir el servicio de justicia brindado a la sociedad. También se visibilizó la precarización laboral con más de 1.000 personas contratadas, que permanecen varios años en la categoría inicial sin posibilidad de promoción.
Respecto a la cuestión salarial, se puso de manifiesto el impacto negativo de la Ley de Equiparación, que profundizó las desigualdades internas al privilegiar a magistrados y funcionarios, en detrimento de las y los trabajadores judiciales. Este doble estándar salarial ha resultado en una distribución inequitativa de los recursos y en este momento particular de profunda crisis económica y social ha dejado a las categorías más bajas de empleadas y empleados judiciales sin posibilidad de alcanzar la canasta básica, por lo que urge el dictado de normas que equilibren este sistema injusto.
Por último, se reconocieron avances en infraestructura, como la reciente inauguración de los Tribunales de Carlos Paz y las obras previstas en distintas localidades del interior provincial. No obstante, se señaló la urgencia de atender las condiciones edilicias críticas de otras sedes como Dean Funes, Alta Gracia y Villa María, como así también hacer hincapié en las unidades judiciales del interior cuyos edificios se encuentran en condiciones inhabitables.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: «Es inaceptable que, a más de una década de sancionada la ley de Equiparación, las y los empleados judiciales sigamos soportando la mayor carga laboral con los menores ingresos. Exigimos una redistribución salarial justa que reconozca el esfuerzo y la capacitación de quienes sostenemos el sistema judicial.»

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli indicó que: «El presupuesto debe contemplar no solo las obras edilicias, sino también los recursos humanos necesarios para garantizar el derecho a la carrera administrativa contemplada en la constitución provincial y salarios que permitan vivir con dignidad. Nuestro reclamo es más democracia, justicia y distribución equitativa de los recursos hacia el interior del Poder Judicial.»