AGEPJ denunció ante el TSJ y el MPF a la fiscal de Rio Segundo por obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical (ley 23.551), desconociendo el instituto de la tutela sindical de la compañera delegada de la sede, reelecta en la última elección de octubre de 2024.
Desde hace unas semanas la fiscal referida comenzó solicitando a la compañera delegada que gestione su propio traslado, luego, como la compañera delegada no realizó la gestión solicitada la presión de la fiscal aumentó hacia una amenaza de apertura de sumario y traslado compulsivo.
Desde el primer momento AGEPJ puso en conocimiento de las autoridades del MPF la situación solicitando que la fiscal cese en su ilegal proceder, lamentablemente sin resultado positivo.
Ahora, ante la escalada de la situación AGEPJ planteó la denuncia formal hacia el empleador en sus dos esferas (TSJ y MPF) para que ordene el cese de dicha actitud de la magistrada contraria a la ley y se determinen las sanciones que correspondan por tal proceder. Todo ello porque la magistrada se habría arrogado facultades que exceden las que dispone en el ejercicio de la superintendencia ya que evidentemente no puede amenazar con sumario administrativo a una empleada para lograr el objetivo del traslado y menos vinculando la situación al desempeño de una tarea gremial.
La magistrada parece desconocer, como ya ha dicho textualmente el TSJ, a través de su oficina de sumarios, en la resolución de una presentación análoga de AGEPJ que la compañera afectada “en su condición de delegada gremial de A.G.E.P.J. goza de tutela sindical con las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo». También desconoce la magistrada que la tutela dispuesta en el Art. 14 bis de la C.N. se ve fortalecida por lo establecido en textos internacionales de DD. HH. con jerarquía constitucional y numerosos convenios de OIT. En la misma línea el Art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 configura una garantía para permitir el despliegue del representante gremial en la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a los cuales representa sin injerencia de sus empleadores. El mismo establece que los trabajadores con tutela sindical no serán objeto de cese, suspensión o modificación de su relación laboral, sin resolución judicial previa que los excluya de tal garantía.
AGEPJ lamenta profundamente estas actitudes de magistrados o magistradas que en medio de un caos económico sin precedentes que golpea fuertemente el bolsillo de las y los trabajadores judiciales intentan amedrentar o lisa y llanamente cercenar derechos de rango constitucional. Vamos a hacer respetar esos derechos y también que recaigan las consecuencias legales en quienes correspondan.

Compartimos un documento de apoyo y solidaridad de los sindicatos estatales de Córdoba al reclamo por recomposición salarial que llevamos adelante desde el gremio de judiciales.

Los sindicatos estatales de Córdoba nos solidarizamos y apoyamos el plan de lucha iniciado por AGEPJ a partir del inadmisible atraso salarial que están sufriendo las y los judiciales, al igual que la gran mayoría de las y los públicos provinciales y nacionales.

Las y los trabajadores judiciales desarrollaron un paro de gran acatamiento el pasado 1º de abril y se realizará una asamblea extraordinaria de afiliadas y afiliados para diagramar un plan de lucha exigiendo caminos para una recomposición salarial.

Las y los judiciales vienen luchando desde hace un tiempo en forma sostenida en contra del brutal ajuste que las y los trabajadores estatales venimos sufriendo desde diciembre del 2023, iniciado a partir de la enorme devaluación nacional a la que se sumó la suba de los aportes previsionales y de APROSS que desde la provincia se impuso a todos las y los aportantes. Hoy la gravedad de la situación abarca a todas y todos los trabajadores, que ven disminuir el poder adquisitivo salarial, en medio de un ataque a todos los derechos y a la destrucción del Estado nacional.

En el conflicto judicial, también es claro que la CSJN, acomodándose a los tiempos que corren y entrando en un juego de cargos, pliegos y decisiones judiciales a negociar, ha decidido aplicar un severo ajuste a los salarios de los judiciales estatales, impactando esto en las y los judiciales de Córdoba. La enorme pérdida de poder adquisitivo de las y los judiciales va en sintonía con el resto de las y los trabajadores estatales a lo largo de todo el país. Esto refleja que, para este plan económico, la variable de ajuste somos las y los trabajadores estatales, ya que sobre nosotros y jubilados se están aplicando las políticas de «ahorro fiscal» que no es otra que licuación de salarios.

Ante estos tiempos de dificultad, sabemos que la herramienta colectiva y gremial es la salida, porque nadie se salva solo y para dar batalla a problemas estructurales las y los trabajadores organizados en los sindicatos tendremos que enfrentar con inteligencia y solidaridad acciones para detener el daño a nuestro salario. Vaya entonces nuestro apoyo y solidaridad como sindicatos estatales para fortalecer esa lucha y acompañar estos difíciles procesos, de los que saldremos en unidad y fortaleciendo a nuestras organizaciones.

Córdoba, 3 de abril de 2025

SEP – SELC (LEGISLATIVOS) – UEPC – ACEC (CASINOS) –SUOEM– LOTERIA – LUZ Y FUERZA REGIONAL – MUSICOS – APSE – FEDERACION DE MUNICIPALES – ADEME – ASOCIACION BANCARIA – SADOP – AMET – GRAFICOS – LUZ Y FUERZA DE CORDOBA – SIVIALCO – SIPOS

La adhesión a la medida de fuerza es masiva en toda la provincia. Se alcanzó el ciento por ciento en algunas dependencias como unidades judiciales de capital, oficinas del fuero laboral, fiscalías en el fuero penal, llegando en tribunales dos a suspenderse audiencias por la falta de empleados y empleadas. A su vez en el interior hubo sedes con el noventa por ciento de acatamiento.

El paro provincial convocado por AGEPJ se produce en el marco generalizado del grave deterioro del poder adquisitivo del salario. Continuamos reclamando una recomposición salarial vía la equiparación a la justicia federal y la implementación de la reestructuración de la planta, que implicaría de concretarse la elevación de los pisos salariales (salario básico) para un alto porcentaje de la planta del Poder Judicial. Como ya se informó dicho movimiento del escalafón tiene el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia, sin embargo está en discusión la provisión presupuestaria de la provincia, de allí la medida de fuerza decretada.

Para definir la continuidad de las medidas y sus modalidades está convocada la asamblea general extraordinaria para el próximo 4 de abril para la cual la comisión directiva ya fijó su posición  proponiendo un plan de acción que incluye asambleas sorpresivas, paros, movilizaciones, desconexión digital y apagón electrónico como diferentes modalidades de retención de tareas.