Fecha: 11 de abril 16:30 hs

Docente: Dra Belen Mignone

Abogada (UNC); Esp. en Derecho de Familia (UNC); Docente de Derecho Privado VI de la Facultad de Derecho de la UNC; Docente de Géneros, Familias, Derecho y Sociedad de la misma Facultad; Jueza de Familia de la ciudad de Córdoba; autora de diversas publicaciones.

 

Modalidad hibrida:

Presencial en la Sala 3 (Facultad de Derecho UNC)

Virtual a través de la plataforma Zoom

 

Arancel para Certificados

Público en general: $ 4000.

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El Centro de Salud de AGEPJ informa que ha comenzado a brindar a las afiliadas y afiliados (incluyendo a su grupo familiar) un servicio exclusivo de acompañamiento profesional por casos de dengue. Esta acción se ha puesto en marcha dada la actual situación epidemiología de dengue que atraviesa nuestra provincia y el país

 

El acompañamiento médico se realizará de manera virtual de 8:00 a 17:00 hs.

Los teléfonos habilitados para consultas son los siguientes

351 4226743

351 5518423

En comunicación con AGEPJ el Tribunal Superior anunció que el aumento del 12% a febrero dispuesto por la corte el día jueves 4/4 se pagará con los haberes de abril ( primeros días de mayo. Los dos retroactivos generados se abonarán también en mayo por planilla suplementaria.

A pedido del gremio el Poder Judicial erigió un memorial en conmemoración de las y los empleados desaparecidos y el funcionario asesinado por el terrorismo de estado. El acto se llevó a cabo en el ingreso del Ministerio Público Fiscal, en el Polo Judicial con la concurrencia de familiares de las y los desaparecidos del Poder Judicial, funcionarias y funcionarios de los tres poderes del estado provincial y municipal, organismos de Derechos Humanos, C.G.T., sindicatos, afiliadas, afiliados de AGEPJ y público en general.

El memorial inaugurado por el presidente del Tribunal Superior Luis Eugenio Angulo nomina a las siete empleadas y empleados desaparecidos y el funcionario asesinado durante la última dictadura militar. Ellas y ellos son Carmen Graciela Rivero, Silvia Raquel Bertolino, Aníbal Carlos Testa, Alberto Marcelo Oro, Jorge Eduardo Malberti, Juan Carlos González Velarde y Nicolás Luis Moreno. Cabe aclarar que el memorial viene a completar, señalizandoló el espacio para la memoria que fuera inaugurado por el Tribunal Superior en marzo de 2021 cuando en el lugar se plantaron árboles. Hicieron uso de la palabra además del presidente del T.S.J. la directora del Archivo Provincial de la Memoria María Eleonora Cristina y el Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti.

El secretario general de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “es sumamente relevante esta señalización, esta marca de la memoria nada más y nada menos que en el ingreso a un edificio del Poder Judicial. Ello nos habla de un compromiso del estado con el avance y la prosecución de las políticas por Memoria, Verdad y Justicia. En un momento donde está aflorando el negacionismo o se pretende revitalizar la teoría de los dos demonios aquí se le está diciendo Nunca Más al terrorismo de estado.”

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli expresó que “estas empleadas y empleados desaparecidos, este funcionario asesinado recordados en el memorial no fueron las únicas víctimas del terrorismo de estado en el Poder Judicial. Son apenas una emergente ya que hubo un gran número de detenidos/desaparecidos en campos de concentración, luego blanqueados y derivados a cárceles como es el caso de nuestro compañero “Maneto” Beyrne y otros compañeros y compañeras integrantes del cuerpo de delegados del gremio electos entre 1973 y 1974, las y los cientos de empleados cesanteados, e incluso quienes continuaron trabajando en el Poder Judicial con miedo a ser sancionados por un centímetro más de largo en el pelo, la prohibición de uso de pantalones al personal femenino e incluso prácticas vejatorias hacia mujeres lactantes.

La Corte Suprema de Justicia dispuso la liquidación y pago de un incremento salarial del 12 % a partir del 1 de febrero de 2024 remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.

AGEPJ solicitó a la Administración del Poder Judicial la réplica del mismo en nuestra jurisdicción y pago de retroactivos de conformidad al acuerdo salarial vigente.

Se firmó un nuevo convenio que garantiza una atención preferencial para nuestros afiliados y afiliadas, así como la eliminación de los aranceles por fuera del convenio de APROSS (coseguro). Este acuerdo se ha establecido con las siguientes clínicas:
Sanatorio María Isabel Cruz del Eje
Clínica Privada la Cumbre
TAC SA la Falda
Sanatorio Córdoba

A partir de la firma de este acuerdo, nuestros afiliados podrán acceder a una atención preferencial en las clínicas mencionadas, así como beneficiarse del no cobro de aranceles que excedan los costos cubiertos por el convenio de APROSS.
Esta colaboración con las clínicas mencionadas beneficiará principalmente a las y los afiliados de AGEPJ de las sedes de Cruz del Eje, La Falda, Cosquín, Carlos Paz, Dean Funes y Córdoba Capital, sin perjuicio que se continuará avanzando (ya están en estudio) en nuevos convenios que beneficien a todo el interior provincial.

A pesar de las dificultades que pública y notoriamente experimenta el APROSS nuestro gremio mantiene el compromiso contínuo asumido desde la creación del centro de salud propio de proporcionar servicios de salud para nuestras y nuestros afiliados. Apostamos por una normalización de las prestaciones de nuestro seguro de salud de acuerdo al compromiso expresado por el gobierno provincial el día 26 de marzo ya que resulta esencial que las empleadas y empleados provinciales accedamos a la atención médica necesaria de manera oportuna y con estándares de calidad.

La decisión se tomó en asamblea realizada hoy 27/03 en accidentología vial, pericias numéricas y mecánicas. Se reclama desmalezado periódico del predio Potrero del Estado y provisión de repelentes.

El viernes 27 de marzo se llevó a cabo una asamblea con las compañeras y compañeros de Accidentología Vial, Pericias Numéricas y Mecánicas en el predio ubicado en la calle Felix Aguilar 1278. Durante la misma se acordó, por votación unánime, el inicio inmediato de retención de las tareas que se desarrollan en el potrero del Estado mientras no se garantice el desmalezamiento y condiciones mínimas para trabajar en el lugar. Así mismo, se acordó no llevar a cabo tareas de calle si la patronal sigue negando la entrega de repelente de insectos para aquellos trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en la calle.

Desde el gremio de empleados judiciales reclamamos desde hace varios años la implementación de un plan sostenido en el tiempo para desmalezar y mantener en condiciones el Potrero del Estado, predio en el cual los compañeros y compañeras de pericias numéricas y mecánicas prestan servicios de forma periódica. El reclamo viene de larga data, sin que la patronal pueda concretar ningún tipo de logística que asegure la correcta limpieza del predio de forma permanente.

Actualmente los pastizales del lugar son tan altos que, en algunos casos, cubren la totalidad de los vehículos haciendo el peritaje de los mismos casi imposible, exponiendo además a las y los técnicos a posibles accidentes de trabajo y contacto con plagas como mosquitos, pulgas, garrapatas, alacranes, entre otros.

La situación se torna doblemente grave en el actual contexto sanitario y la alarmante subida de casos de dengue, momento en el cual, además, el Poder Judicial de Córdoba decide recortar la entrega de repelente de insectos a su personal, demostrando una vez más falta de empatía y preocupación por la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Arbitrar los medios necesarios para preservar la salud psico física de sus empleados y empleadas debería ser una prioridad para los mandos de la Institución.
Ante este estado de situación desde AGEPJ decretamos la retención de tareas. Los técnicos y técnicas no prestarán servicios en el potrero del Estado hasta que el mantenimiento del mismo sea el mínimo indispensable para prestar servicios de forma segura. Así mismo, tampoco prestará servicio en calle una vez agotadas las reservas de repelente de insecto de las oficinas anteriormente mencionadas, hasta que no sea restablecida la provisión del mismo.

Por último cabe destacar que se procederá a restringir el servicio en cada predio y/o comisaría de la Provincia en donde las condiciones del lugar sean iguales o similares a las denunciadas en el potrero, o no haya condiciones mínimas para trabajar.

Luego de las asambleas de sumariantes y que el 8 de marzo AGEPJ decretara el alerta y movilización  el MPF anunció el ingreso de 17 sumariantes a partir del 3 de abril y, otros 7 en fecha a confirmar.

Las nuevas y nuevos empleados se distribuirán en número de 6 en el centro de recepción de procedimientos con personas aprehendidas y las restantes trabajarán de lunes a viernes en las unidades judiciales de capital y un fin de semana al mes como refuerzo en dicho Centro. Asimismo, se dejarán sin efecto, a partir de la segunda quincena de abril, los traslados intempestivos de sumariantes hacia el CRPPA.

Esto traerá alivio en la tarea de las y los sumariantes que debían responder con dotaciones insuficientes al aumento de los delitos, se respeta la jornada laboral y descansos legales de los mismos. Los reclamos han sido atendidos por el MPF y tanto la organización sindical como las y los sumariantes lo valoran positivamente.

Lamentablemente la solución es parcial ya que no se han obtenido ingresos para las unidades judiciales del interior, cuya situación en algunas sedes, es más grave aún por lo que exhortamos tanto al MPF como al ejecutivo provincial poner allí también el foco en la distribución de los recursos.

El conjunto de gremios que representan trabajadores y trabajadoras aportantes al APROSS se reunieron ayer con el gobernador provincial Martin Llaryora, el presidente del APROSS, el Ministro de gobierno y el secretario general de la gobernación.

Los gremios reiteraron frente al gobernador los planteos ya realizados al director de APROSS, esto es, reclamaron por las deficiencias en las prestaciones, el aumento de fondo de enfermedades catastróficas por I.P.C. mientras que los salarios aumentan por otro índice menor y le expresaron la oposición al nuevo fondo FOSAET.

El gobierno reconoció los problemas que presenta hoy el seguro de salud expresando que se está trabajando en su normalizacion saneando la institución, corrigiendo desequilibrios e incorporando nuevos prestadores. Admitió también la incongruencia de los aumentos del fondo de enfermedades catastróficas por IPC, el que ahora se incrementará al compás de la variación salarial de las empleadas y empleados estatales. A su vez respecto a FOSAET se suspende su puesta en vigencia por 30 días abriéndose un espacio de negociación con los gremios a fin de buscar alternativas a su aplicación.

Los gremios aportantes continuamos el reclamo por plena normalización de prestaciones en toda la provincia y no aplicación del nuevo FOSAET.

Ante la falta de respuestas por parte de la patronal respecto a las malas condiciones de trabajo a la que son sometidos los empleados y empleadas del predio de Accidentología Vial, especialmente aquellos que prestan tareas en las oficinas de Pericias Numéricas y Mecánicas cuando tienen que trabajar en el potrero del Estado, desde AGEPJ convocamos a asamblea para el día 27 de marzo desde las 7am.

Desde la asociación gremial de empleados judiciales reclamamos hace años soluciones estructurales respecto al nulo mantenimiento del predio, el cual perjudica y vulnera la salud de quienes tienen que acceder al lugar para llevar a cabo su trabajo.
Concretamente exigimos que, como primera medida, se implemente un plan sostenido en el tiempo para desmalezar y cortar los pastos del predio, los cuales usualmente superan la altura de los vehículos allí alojados. Es inconcebible pensar que se puede llevar a cabo algún tipo de pericia dentro del predio cuando los compañeros y compañeras ni siquiera pueden encontrar los móviles a peritar.

Esta situación se torna doblemente grave en el contexto sanitario actual, en donde los casos de dengue se multiplican día a día incluyendo a varios trabajadores del sector que se encuentran transitando la enfermedad. Dentro de las recomendaciones de los Gobiernos Nacional y Provincial se destacan la necesidad de mantener patios y jardines limpios y desmalezados, por un lado, y el uso de repelente por otro.

Como segunda medida creemos urgente distribuir repelente para insectos entre los empleados y empleadas que realizan trabajo en la calle, tanto en Accidentología Vial, pericias numéricas y pericias mecánicas, cómo así también entre los cuerpos operativos de Policía Judicial. Es inconcebible que, dado el estado de situación, la patronal haya decidido cortar el abastecimiento del mismo, no solo negando la entrega a quienes lo solicitan a suministros, si no también amenazando con no reconocer los gastos a aquellos jefes y jefas que usen el dinero de la caja chica para comprar repelentes en pos de cuidar la salud de sus empleados y empleadas. Desde el gremio nos es difícil entender la lógica para distribuir los recursos económicos de la institución, pero también sabemos que bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se vulneren los derechos y la salud de quienes desempeñan tareas como agentes de justicia.