La Comisión Directiva de AGEPJ convocó a un paro de 48 horas en el Poder Judicial para los días 26 y 27 de mayo. El momento del paro se decide en paralelo a la paulatina vuelta al funcionamiento del trabajo presencial en la mayoría de las sedes del interior, tal como lo había advertido AGEPJ si no había cumplimiento salarial.

El consenso de los cuerpos orgánicos de AGEPJ es unánime en cuanto a que la mala fe y destrato del Tribunal Superior alcanza ya límites intolerables. Mientras una gran parte de la planta hace teletrabajo y numerosos compañeros y compañeras haciendo trabajo presencial le han puesto el cuerpo a la pandemia, el Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus.

Como la gota que colma nuestra paciencia el 20 de mayo el gobierno provincial (elmismo que junto al TSJ nos debe parte de nuestro salario) hizo aprobar en trámite sumario una nueva ley que recorta las jubilaciones actuales y futuras de la Caja de Jubilaciones provincial.

Frente a todos estos atropellos del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial las y los judiciales DECIMOS BASTA y convocamos a parar por 48 hs. en toda la provincial los días 26 y 27 de mayo, sin presencia en los lugares de trabajo y desconexión-deslogueo en la modalidad de teletrabajo. Además, se advierte que no habrá regreso con normalidad a la actividad del Poder Judicial si nuestra patronal continúa violentando derechos y ninguneando a quienes sostenemos con nuestro trabajo el funcionamiento del Poder Judicial.

El Paro comienza a las 0 horas del día 26 de mayo y culmina a las 24 hs. del día 27 de mayo o hasta la finalización del turno donde existe trabajo nocturno.

Desde el gremio de Empleados Judiciales de Córdoba expresamos nuestro enérgico rechazo a la posible modificación de una ley provincial que ajuste y/o recorte el monto de las jubilaciones provinciales.

Ante el hecho casi consumado que hoy, miércoles 20 de mayo, se aprobaría sin ningún tipo de discusión previa una modificación en las leyes jubilatorias vigentes que afectaría el cálculo de haberes nos mantenemos en Estado de Alerta y nos reuniremos con el conjunto de gremios aportantes a la caja para definir una estrategia de lucha para enfrentar esta medida.

El Secretario General Federico Cortelleti expresó: “Repudiamos este nuevo ataque a los trabajadores. Estamos ante la reforma más regresiva desde el inicio de la democracia y volviendo a los 90 previsionalmente hablando. Los estatales y gremios aportantes a la caja, en unidad vamos a enfrentar este nuevo ajuste

En tanto que el secretario Adjunto agregó: “En momentos en que el gobierno nacional hace denodados esfuerzos para que la crisis económica afecte lo menos posible a trabajadores y jubilados, el gobernador Schiaretti parece ensañarse con los mas débiles. Si verdaderamente representara intereses populares, el gobierno provincial avanzaría con impuestos a los sectores económicos que más ganaron en los últimos años, como por ejemplo los bancos y el agronegocio

En el día de ayer, domingo 17 de mayo, el TSJ en pleno junto a dos fiscales adjuntos del MPF, decidieron dejar sin efecto la feria de julio 2020.

 

A esta altura, es evidente que lo hicieron un poco para aliviar la presión del colectivo de abogados, otro poco para la tribuna mediática y otro tanto, para no perder la costumbre de recortar derechos a sus trabajadores y trabajadoras.

A la patronal, que duerme al resguardo de salarios que rondan el medio millón de pesos, poco le importa su actitud genuflexa frente al recorte que sus trabajadores y trabajadoras padecen desde diciembre de 2019, menos le importa estar dando de baja contratos en medio de la pandemia, y ahora deja en claro una vez más: que le importa nada, la salud de la planta de empleadas y empleados.

A contrario de lo que vino sosteniendo desde que a nivel nacional se dispuso el ASPO, esto es: que no se estaba de vacaciones, que las trabajadoras y trabajadores seguían laborando de manera presencial y remota. Ahora decide dejar sin efecto el receso dispuesto para julio de este año.

Es sabido, que el derecho a las vacaciones y al descanso, encuentra su fundamento en un derecho más importante aún, que es el derecho a reconstituir la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras. Si esto es fundamental en tiempos de “normalidad”, cobra una especial relevancia en este contexto en el que se ha estado trabajando bajo situaciones de presión, angustia y estrés, nunca antes vividas por nadie.

Basta como ejemplo, el solo hecho de pensar en sumariantes receptando denuncias, compañerxs de los cuerpos operativos concurriendo a trabajar en condiciones insalubres, integrantes de equipos técnicos realizando entrevistasy diagnosticos o incluso, muchos prosecretarios o prosecretarias concurriendo a tribunales a seguir sosteniendo el derecho de acceder a la justicia que asiste a la ciudadanía.

¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron concurriendo de manera normal y habitual a sus puestos de trabajo? ¿Cómo piensa la patronal compensar a quienes estuvieron trabajando desde su casa, poniendo a disposición todos los medios necesarios para realizar el trabajo remoto?
Es otra actitud vergonzante de parte de una patronal muy interesada no solamente, en no molestar al poder ejecutivo provincial sino en seguir sosteniendo ese cúmulo de privilegios sobre los que descansan, sin que nada ni nadie los perturbe.


Desde AGEPJ advertimos que si la deuda salarial que se tiene con este sector desde 2019 persiste, los trabajadores y trabajadoras no volveremos a garantizar como siempre lo hicimos, el funcionamiento normal del poder judicial.

Entre el lunes 11/05 que comenzaron las primeras  y el lunes 18/5 estarán funcionando con un nuevo esquema de trabajo presencial y teletrabajo 19 sedes judiciales. En tanto que las de la primera circunscripción judicial continúan con el “servicio judicial de emergencia” hasta que la autoridad sanitaria disponga lo contrario, manteniéndose reuniones del comité de higiene y seguridad –que AGEPJ integra- para adaptar el protocolo general a las especificidades requeridas.

Los planteos generales de AGEPJ son que tanto en las tareas presenciales como en el “teletrabajo” se debe contemplar la compatibilidad con las tareas de cuidado familiares por la situación de no inicio aún de las clases y que se debe disponer de un sistema de higienización o resguardo del expediente papel antes de la manipulación del personal por tratarse de un soporte de posible trasmisión del virus COVD-19.Todas las condiciones de los protocolos de re-apertura son permanentemente controlados tanto por delegadas y delegados de las sedes como por la Comisión Directiva de AGEPJ pudiendo disponerse la retención de tareas de no cumplirse alguno de sus requisitos.A continuación se detallan las I) condiciones dispuestas en los protocolos de re-apertura, II) organización de las oficinas de trabajo y III) los criterios para designar el personal con tareas presenciales.

  1. Condiciones dispuestas en los protocolos de re-apertura:

 

  • Una cantidad máxima de presencia de personas externas de acuerdo a la capacidad del edificio
  • Sólo podrán ingresar con turno solicitado previamente, con un número de plazas mínimas para cuestiones urgentes
  • Ingreso y salida del edificio por diferentes puertas
  • Puesto de sanitarización a la entrada: desinfección de manos, objetos personales y calzado. Control de a temperatura corporal (Max. 37.5º)
  • Desinfección de edificios, pasillos y oficinas de trabajo mínimo 2 veces por día y cada 2 hs. en lugares de mucha circulación
  • Protección rígida trasparente de vinilo o vidrio para la atención al publico
  • Se proveerá obligatoriamente de los elementos de bioseguridad: tapaboca o mascara de protección facial, jabón blanco, Alcohol en gel, toallas de papel descartables, vaporizador desinfectante para superficies

  1. Organización de las oficinas de trabajo:

 

–      Barandilla virtual vía contacto telefónico y correo electrónico, para recepción de documentación, consultas y demandas.

–      Se atenderá en forma presencial únicamente con turno previo.

–      En cada espacio se deberá respetar la distancia física interpersonal de 2 metros.

–      Ubicación de agentes escritorio por medio, evitando en lo posible ubicaciones frontales o, en su caso, la colocación de mamparas de acrílico

–      Se realizará la ventilación natural de las oficinas previo al ingreso del personal durante la jornada de trabajo. Se deberá mantener un eficiente funcionamiento del sistema de ventilación.

III) Criterios para designar personal con tareas presenciales:

–      Mínima dotación posible

–      Personal excluido: grupos de riesgo (edad, estado de salud actual, preexistencias de patologías personales, antecedentes de patologías en círculos familiares y sociales) o que resida fuera de zona blanca.

–      Se sugirió la presencia de la mitad del personal (que no sea grupo excluido) y una rotación quincenal de dichos grupos

–      Quienes no desarrollen tareas presenciales, harán trabajo en forma remota. Se organizará la entrega domiciliaria de expedientes a través de un automóvil oficial

 

Conforme a las etapas de la cuarentena que va fijando el Poder Ejecutivo Nacional reabrimos el Centro de Salud, sólo para la atención con turnos preasignados. Además se puso en marcha una nueva metodología de atención médica on line aprobada por Apross para las afiliadas y afiliados de toda la provincia.

 

 

 

Javier Planas, Secretario Administrativo de Agepj explicó que “Reabrimos las puertas del Centro de Salud para atención sólo con turnos pre-otorgados y tomando todas la medida de bioseguridad que exige el protocolo del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Hemos implementado además un nuevo servicio  de atención médica on line para afiliadas y afiliados de toda la provincia”

 

 

El gremio de Judiciales de Córdoba rechazó el día de ayer, en nota cursada al Tribunal Superior de Justicia la medición de productividad por agente que aparentemente, según instructivo hecho público pretende instrumentar la Administración del Poder Judicial respecto a los agentes que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo durante la presente pandemia.

En la nota expresamos que la situación extrema que atraviesa el país por la pandemia exige soluciones rápidas para prestar el servicio de justicia, interactuar con otros operadores del sistema y acercar la justicia a los ciudadanos pero que ello debe hacerse respetando los derechos de los trabajadores.

Concretamente rechazamos la medición por productividad porque una gran parte de la tarea judicial no es asimilable a producción por cantidades, no es medible como si de una línea de producción se tratara. Cada expediente toma diferentes caminos procesales, abordan diferentes materias reguladas por distintas leyes de fondo y forma y por tanto hay diversos tiempos de elaboración con líneas argumentales distintas. Esto no se puede homogeneizar, lo sabe cualquier funcionario judicial y cualquier abogado litigante.

Además de ello la implementación pretendida es unilateral del empleador, no habiéndose establecido acuerdos mínimos para su desarrollo  violentando así el derecho a la negociación colectiva que toda organización gremial posee establecido por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y a nivel provincial por la ley 8329. Por contraste la Corte de la Provincia de Buenos Aires si celebró un acuerdo con la Asociación Judicial Bonaerense (el gremio judicial bonaerense) en el que se plasmaron entre otros puntos la duración de la modalidad, la creación de una comisión con el objeto de solucionar los inconvenientes que se susciten, el establecimiento del mismo horario laboral que el presencial, la inalterabilidad de los deberes y derechos del personal que voluntariamente acceda al mismo, prohibiéndose el control remoto de los equipos informáticos, salvaguardando la privacidad de los trabajadores y contemplando las tareas de cuidado a cargo de los agentes etc.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “No aceptamos esta regulación porque nuestra tarea no se puede cuantificar con los estándares tradicionales de medición por productividad y porque  no ha existido negociación colectiva del sindicato con el empleador como lo marca la Constitución Nacional.  Ningún trabajador o trabajadora judicial puede sentirse obligado por una decisión unilateral del Tribunal Superior que altera las relaciones de trabajo establecidas. Si la patronal persiste en esto además de recurrir al Ministerio de Trabajo y a instancias internacionales como la OIT el gremio queda liberado para  decretar como medidas de fuerza el quite de colaboración o directamente la no realización del teletrabajo bajo estas condiciones.”

El Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que “es muy dificultoso estandarizar la tarea de un empleado judicial, en muchas áreas es tarea intelectual y una misma categoría de tarea puede ofrecer en algunos casos poca dificultad y en otros una mayor complejidad por tanto mayor demanda de tiempo para su realización. Esta medición individual no lo permite, por eso y porque inevitablemente se va a prestar a abusos y será la excusa para violentar derechos laborales como la jornada la rechazamos terminantemente como sindicato.”

 

 

 

 

El nuevo servicio que se puso en funcionamiento está dirigido tanto a compañeras y  compañeros judiciales que se encuentran desempeñando tareas laborales durante la emergencia sanitaria o a quienes se encuentren atravesando momentos de crisis emocional durante el aislamiento social obligatorio ante la actual pandemia de Coronavirus Covid-19 .

AGEPJ en conjunto con los profesionales de la salud que son parte de los Equipos Técnicos han organizado y conformado un equipo de voluntarias y voluntarios. Ellas y ellos se ofrecen para el acompañamiento y contención telefónica a otros y otras que pueden estar atravesando momentos de angustia y ansiedad.

Este mecanismo tiene por objeto la intervención en situación de crisis sin que éste sea un dispositivo terapéutico (en el caso de ser necesario se orientará para su acceso al mismo).

Se ha puesto a disposición la consulta vía WhatsApp al  351 2430042 y desde allí se brindará asistencia por parte de una compañera o compañero judicial profesional de la salud.

Recibirá la llamada a través de videollamada de un profesional de la salud compañera o compañero judicial

No estás sólo

Andrea Zuliani , Secretaria de Acción Social de AGEPJ expresó que “Como profesionales de la salud sabemos bien que el actual contexto puede producir  afectación, desorientación o quiebre emocional. Ante esto, nuestra apuesta como sindicato es ofrecer un acompañamiento solidario para poder sobrellevar esas situaciones.”

Patricia Pepicelli integrante de Comisión Directiva de AGEPJ sostuvo que  “Consideramos que el actual contexto de pandemia y aislamiento social impacta en la vida cotidiana, las relaciones sociales,  afectivas y  en los hábitos o modos de vida y que ello requiere de respuestas colectivas como la que ahora estamos ofreciendo desde nuestra organización gremial.”

Luego del último paro con movilización se mantiene la falta de respuesta del poder ejecutivo y el TSJ con respecto a la liquidación de 10% correspondiente a diciembre y retroactivos. Sumado a ello el TSJ se niega a adoptar las medidas suficientes para cuidar a la planta de trabajadores y trabajadoras ante la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Por eso la Comisión Directiva de AGEPJ decidió la continuidad y profundización del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, a saber:

 

  • Paro por 72 hs sin marcación ni asistencia para los días 18, 19 y 20 de marzo.
  • Paro de 72 hs sin marcación ni asistencia los días 27, 30 y 31 de marzo.

 

Estas medidas se toman ad referéndum de la Asamblea General extraordinaria a realizarse cuando mejoren las condiciones sanitarias.

En el día de la fecha solicitamos, por tercera vez y con carácter de urgencia al Tribunal Superior de Justicia adopte una drástica reducción de funcionamiento en los Tribunales de toda la provincia en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el Ejecutivo Nacional y Provincial.
En este sentido calificamos de insuficientes la medidas sanitarias adoptadas hasta el día de la fecha por el TSJ dado que no están en linea con las medidas sanitarias recientemente adoptadas a nivel nacional y provincial para disminuir la propagación del virus y evitar un pico de contagios que haga colapsar el sistema sanitario con las dramáticas consecuencias que ello conllevaría. Es una responsabilidad del alto cuerpo como empleador garantizar la salud tanto de las empleadas y empleados judiciales como el bien colectivo salud de la población en general. En el pedido urgente del gremio también se hace hincapié en la situación derivada que genera la suspensión de clases en el personal que tiene hijos y se solicita atención al respecto.


El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expreso “ Hasta ahora el Tribunal Superior dispuso una licencia para embarazadas y grupos de riesgo, pero en una muestra más de la insensibilidad a las que nos tiene acostumbrados se niega a adoptar medidas más drásticas que reduzcan al mínimo el funcionamiento de los tribunales saboteando de este modo los objetivos sanitarios de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional o los provinciales que ya dispusieron suspensión de clases.”

El Secretario Adjunto Adrián Valan sostuvo que “Nuestra capacidad de asombro se ve nuevamente sobrepasada por el Tribunal Superior. No toma medidas acorde a la gravedad de lo que pasa con el agravante que sabe perfectamente que dentro del Poder Judicial hay edificios, oficinas y dependencias que no reúnen condiciones de salubridad. Por ejemplo hay baños para compartir por más de 50 personas, baños fuera de los edificios o falta de provisión de insumos de limpieza e higiene como jabón, papel higiénico, lavandina. Por caso, en Tribunales 2, el edificio más grande del Poder Judicial recibe una casi nula provisión de jabón, bolsas u otros elementos de limpieza desde el año pasado.”

Una vez más, los empleados y empleadas del Poder Judicial, hicimos un paro con altísimo acatamiento. Esta vez se cumple una medida de 48 horas en el interior y de 38 hs. en capital que incluyó abandono de tareas, movilización y asamblea frente a la sede del Ministerio de Finanzas. Allí se entregó un escrito al ministro en el que se detalla la deuda reclamada y se exige solución definitiva a los problemas salariales que aquejan a las empleadas y empleados.

De no mediar respuesta, la semana que viene intensificaremos las medidas camino a una paralización total de la actividad.