Finalmente, se elevó a juicio la causa penal contra el ex ayudante fiscal Ernesto Morales en su momento denunciado por AGEPJ por violencia laboral y acoso sexual y rápidamente cesanteado por tal motivo. (Para ver nota del diario La Voz del Interior HACER CLICK ACÁ).

En orden a ello, AGEPJ expresa su beneplácito por la tramitación que llevó esa causa, sin embargo crece la preocupación y el alerta por el aumento de casos de violencia laboral en el Poder Judicial. En efecto, el gremio está trabajando arduamente junto a otros actores dentro de la comisión redactora del protocolo para que se pueda llevar adelante el concurso, establecer un orden de mérito y definitivamente dejar constituido el órgano de aplicación del protocolo: El Equipo Interdisciplinario de prevención y actuación en violencia laboral y/o de género en la modalidad laboral.

Sin embargo, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el dictado del protocolo, nuestra organización advierte que otros estamentos del Poder Judicial siguen sin hacerse eco de la necesidad de prevenir la violencia laboral y de intervenir efectivamente ante aquellas alarmas que han sido identificadas por el mismo protocolo como indicadores. Señales que debieran ser conocidas por quienes coordinan o conducen áreas sensibles del Poder Judicial ya que están establecidas en el capítulo IV del protocolo en una amplia ennumeración de 12 situaciones. Este déficit de comprensión del problema determina o coadyuva a que se sigan consumando hechos de violencia laboral y naturalizando prácticas violentas, a los cuales tenemos acceso como organización porque precisamente el gremio es quién, al final de cuentas, continúa siendo quien contiene, asesora, orienta y termina generando las denuncias correspondientes ante el TSJ o la oficina de sumarios administrativos.

Recordemos que luego que AGEPJ presentó el 8 de marzo de 2019 un proyecto de protocolo para prevenir la violencia laboral, una comisión redactora (con la participación gremial de nuestras compañeras Agostina Noccioli y Lucía Bonafé) lo reelaboró y el TSJ finalmente lo aprobó en junio de 2021.

Hubo un comienzo de implementación fallido ya que AGEPJ advirtió que no se había constituído el órgano de aplicación como lo establece el protocolo. A partir de allí devino la suspensión de vigencia (nota de suspensión vigencia) y el actual proceso (que está llegando a su fin) de llamado a concurso para constituir como corresponde el órgano interdisciplinario de aplicación.

La Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que sin perjuicio de los avances logrados con la sanción del protocolo, la buena gestión de la causa penal contra Morales y el trabajo de constitución del órgano de aplicación del protocolo, nos preocupa la inercia cultural hacia dentro del poder judicial. En efecto hay un gran problema de no asimilación de los principios del protocolo por parte de reparticiones como recursos humanos, medicina laboral o salud mental que podrían tener otro tipo de intervención y en consecuencia evitar, en muchas ocasiones, los casos de violencia de los que estamos teniendo conocimiento.

Con una movilización de cuerpos orgánicos AGEPJ presentó al Tribunal Superior de Justicia una propuesta de aumentos salariales a cuenta, determinados por los índices de inflación. Con posterioridad a la petición el sindicato fue convocado a una reunión con el Tribunal Superior para el próximo día lunes.

Luego del paro del 15 de septiembre se reunieron los cuerpos orgánicos de AGEPJ para evaluar el mismo y las subsiguientes acciones. En primer lugar, el día martes lo hizo el cuerpo de delegados y delegadas de capital, en tanto que hoy miércoles sesionaron el consejo consultivo del interior en conjunto con la comisión directiva provincial.

En dichas reuniones se discutió y consensuó la propuesta presentada hoy al empleador. La misma tiene como presupuesto la defensa de la vigencia del actual sistema salarial (en el que empleadas y empleados cobramos los mismos porcentajes otorgados a funcionarios y magistrados provinciales) en un contexto económico de agudización del proceso inflacionario.
Se solicitó concretamente, que de ahora hasta fin de año al menos, de manera automática al publicarse los índices de inflación por INDEC el Tribunal Superior otorgue los mismos porcentajes de aumento salarial en Córdoba, atento a que la Corte Suprema viene haciendo lo propio. De esta manera se acortarían los tiempos de espera que se vienen experimentando en el agudo contexto inflacionario señalado y se evitaría la acumulación de deudas por retroactivos.

Por otra parte, desde los cuerpos orgánicos se propuso un petitorio electrónico que comenzó a circular en toda la geografía provincial para apoyar el pedido. A su vez se evaluó, que de no haber respuesta positiva se convocará a una movilización provincial para la semana próxima y continuidad de las medidas de acción directa.

Para completar el petitorio electrónico HACER CLICK ACÁ

AGEPJ denunció grave crisis edilicia en unidad judicial de Villa Dolores, además de la falta de personal. Se efectuaron peticiones al Ministerio Público Fiscal, sin embargo no se descarta la retención de tareas u otras medidas de fuerza si las respuestas se hacen esperar.

La unidad judicial de Villa Dolores funciona en un edificio viejo y sin mantenimiento. Presenta permanentes filtraciones de agua y humedades en techos y paredes lo cuál entre otras cosas provoca la caída de los revoques. Concomitante a ello y provocando otro peligro para la salud la instalación eléctrica es precaria, con cables a la vista que en un caso atraviesan una ventana. También hay falta de luz y tiempo atrás las empleadas y empleados pusieron plata de su bolsillo para pintar el edificio, comprar mobiliario y un calefactor en el afán de mejorar su medioambiente de trabajo.

Además de los problemas  edilicios mencionados hay escasez de personal, porque las siete empleadas y empleados que la integran, sumados al número de policías no llegan a cubrir el número necesario para cumplir con el sistema de descansos y francos por ende no se están respetando esos derechos laborales básicos. Llegando ello incluso al extremo de obstaculizar el goce de las licencias anuales o por enfermedad del personal.

La situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal quién se comprometió ante Pablo Sabas (delegado gremial de la sede y pro-secretario del Interior de AGEPJ) y autoridades de la Unidad Judicial a aumentar la dotación de personal y poner en marcha un plan de obras de mejoras edilicias. AGEPJ ha reclamado una pronta respuesta sobre el personal y el comienzo de ejecución inmediato de las obras ya que lo que está en juego son las condiciones y medioambiente de trabajo. De lo contrario el sindicato está totalmente habilitado para decretar un inicio de retención de tareas.

Por otra parte, respecto a la unidad judicial de Mina Clavero AGEPJ le planteó al MPF las malas condiciones de trabajo del personal resultantes del funcionamiento de un solo baño (un inodoro y un lavatorio) para toda la planta que allí se desempeña. En efecto el sanitario es utilizado por la dotación policial, empleados judiciales, funcionarios y ciudadanía que concurre a denunciar o que llega detenida resultando, además de los problemas de higiene notoriamente insuficiente. Se le requirió al MPF también celeridad en la solución de este problema que afecta las condiciones en que las empleadas y empleados judiciales desarrollan sus tareas.