Las empleadas y empleados judiciales recibimos el domingo 3 de mayo un amargo regalito. Un artículo periodístico del principal diario provincial textualmente dice que “La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”. Como siempre, ponen a las trabajadoras y trabajadores en el mismo barco que magistrados y eso, sabemos que no es así. Nuestros bolsillos son la prueba más elocuente. Sí se enuncian correctamente los privilegios que detenta ese sector (magistrados), pero erran cuando se refiere a empleadas y empleados. Nosotros si tenemos un ajuste salarial a la baja de hecho. A diferencia de los demás sectores públicos de la provincia, los judiciales tenemos desde hace 6 meses un recorte salarial del 10% de facto, con una deuda creciente y somos el único sector público que no tuvo aumento en el año 2020.

En el apartado previsional es más que forzado el intento de asimilar nuestra situación a los magistrados. Nosotros aportamos un 18% para cobrar la misma jubilación que el resto del sector público y poniendo en relación tomando los aportes de empleados y empleadas con las jubilaciones que para el sector paga la caja somos superavitarios. El déficit se visualiza si se suma al sector de magistrados. Dicho más claro: el déficit de la caja respecto del poder judicial lo generan los magistrados. Sector que por otra parte hace un esfuerzo previsional del 12% y para acceder a otro régimen jubilatorio con exigencias menores en cuanto a años de aportes y menor edad jubilatoria.

Para nosotros, al contrario de lo que dice el artículo no hay ninguna “máquina de la felicidad”. Cada aumento que por derecho nos corresponde al haber un acuerdo firmado en la misma mesa por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y nuestro gremio judicial desata una cadena de incumplimientos y dilaciones por parte del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial. La inmensa cantidad de paros, ocupaciones del salón de los pasos perdidos y movilizaciones en los años recientes son la consecuencia de ello. Si existiera el artefacto infelizmente evocado por la autora del libelo las y los judiciales no hubiéramos desarrollado tal nivel de conflictividad.

La falacia se agiganta más aún si ponemos en contexto histórico el ya mencionado fragmento del texto (“La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”). Todo lo contrario, a las trabajadoras y trabajadores las crisis NO nos pasan de largo, nos impactan una y otra vez. Es así que aún estamos bajo la emergencia establecida por el gobernador Ramón Mestre en 1995 y desde ese año se nos adeuda aun el uno por ciento por año de antigüedad. Distinto es el caso de magistrados que en muy poco tiempo salieron de esa emergencia otorgándose antigüedad en el título y obteniendo la devolución de los montos recortados.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que «No aceptamos el recorte de nuestro salario, a las empleadas y empleados judiciales nos deben la última parte del aumento de 2019 y todos los retroactivos. No estaba la excusa de la pandemia en ese momento y es lo que por la firma de los Poderes Ejecutivo y Judicial nos corresponde. Cuando las evidentes restricciones de la cuarentena en curso lo permitan reanudaremos el mismo plan de lucha interrumpido en marzo».

El Secretario Adjunto Adrián Valan acotó que: Los únicos que no pierden en ninguna crisis son los magistrados, no perdieron en el 95’, no perdieron en 2001 y ahora tampoco. Con la anuencia del Poder Ejecutivo desde 2005 iniciaron un proceso por el cual fueron tomando tajadas de dinero cada vez mayores de la masa salarial en detrimento de los salarios de empleadas y empleados, el cual fue coronado con la equiparación de la que dejaron al margen a las y los trabajadores. Por eso no aceptamos recortes ni descuentos en nuestros salarios.