Los cuerpos orgánicos de AGEPJ fiscalizaron la implementación del esquema de receso en su primer día de funcionamiento. Se presentaron notas al Tribunal Superior: por Equipos Técnicos y solicitando compensación del trabajo en receso. Se presentaron notas a la Superintendencia de Río Cuarto y Fiscal de Turno de Villa María

La Comisión Directiva Provincial cursó nota al Tribunal Superior de Justicia referida al acuerdo que dispone el receso, solicitando entre otras cuestiones se otorgue la compensación correspondiente al personal que preste servicios, se abra un registro de voluntarias y voluntarios para desempeñarse en reemplazo de las designaciones compulsivas, el cumplimiento con la provisión de material de higiene y limpieza y ante el avance de la epidemia, la constitución de un comité de crisis con integración de diversos actores, entre ellos nuestro sindicato.

Otra nota de similar tenor fue presentada referida a los Equipos Técnicos solicitando la suspensión de las entrevistas domiciliarias y que las intervenciones de las y los profesionales afectados a cumplir tareas durante el receso sanitario sean solo en las causas que impliquen carácter urgente y grave postergándose aquellas intervenciones que se puedan realizar una vez que se retome la actividad normal dentro del Poder Judicial.

A su vez en las distintas seccionales y delegaciones del interior provincial las comisiones directivas, delegados y delegadas fiscalizaron la entrega de material que prevenga o proteja de algún modo el contagio así como el cumplimiento del acuerdo en cuanto el mismo refiere que la prestación del servicio se hará en condiciones de higiene y salubridad.

Específicamente las compañeros y compañeras de la Comisión Directiva de Río Cuarto, realizado esta tarea advirtieron también que había dos juzgados completos en los que los magistrados habían obligado al personal a presentarse a trabajar en violación de lo establecido en el acuerdo. Al respecto se presentó la nota respectiva, se mantuvo una reunión con la Superintendencia local a fin de hacer cesar dicha situación y que no se repita en el futuro.

En tanto la Comisión Directiva de Villa María le manifestó por nota a la Fiscal de turno el desacuerdo en la forma en que se organizó el receso respecto a la fiscalía. Se solicita que en las semanas venideras se mantengan los turnos preestablecidos para las fiscalías, que las mismas funcionen con un esquema reducido de personal propio lo que aseguraría un esfuerzo rotativo y por ende compartido de las empleadas y empleados de todas las fiscalías, además de que cada fiscalía seguiría trabajando sobre sus causas exclusivamente.

 

Luego de la reiteración de pedidos de AGEPJ (tres notas del 12, 13 y 16 de marzo) y sendas solicitudes del Colegio de Abogados y Asociación de Magistrados el TSJ emitió una comunicación que establece un “receso judicial extraordinario por razones sanitarias hasta el 31 de marzo”.

Si bien la resolución viene a responder lo que, en resguardo de la salud desde AGEPJ hemos estado solicitando: “un esquema reducido de personal y actos procesales que impidan que haya una circulación importante de personas en tribunales” y que se está dando una respuesta de manera similar a otras provincias la misma llega con la demora de al menos un día, que en el contexto de una epidemia cuenta y mucho ya que dicho proceder ha agregado incertidumbre y caos lo que no debiera ser propio de la conducción de un poder del estado que tiene que responder adecuadamente a situaciones de urgencia y crisis.
La norma en cuestión establece que el personal será designado por el TSJ y que no habrá compensación de ningún tipo. En comunicación con la Administración estamos en conocimiento que se tomaría como base, no exclusivamente el esquema de las empleadas y empleados que cumplieron tareas los primeros 15 días de enero. Si bien reconocemos que la premura del caso induce a esta decisión práctica, desde AGEPJ estamos solicitando que se abra un registro de voluntarios y voluntarias que deseen prestar el servicio en este dramático momento que afrontamos como sociedad para que efectúen el reemplazo de las o los que habiendo sido notificados no deseen desempeñarse. Asimismo que se otorgue algún tipo de compensación para resaltar dicha disposición, porque entendemos que en este contexto esos compañeros y compañeras lo merecen por el trabajo diferenciado que realizaran en beneficio de la comunidad toda.
. Asimismo continúa preocupando mucho a esta Asociación Gremial la forma de implementación del servicio en estas condiciones ya que se agrega incertidumbre, caos y arbitrariedades en cada oficina para la designación del personal que se queda a cubrir, lo que no es propio de una patronal que tiene que poder anteponerse a situaciones de urgencia y crisis. La norma establece que el personal será designado por el TSJ y que no habrá compensación de ningún tipo. En comunicación con la Administración estamos en conocimiento que se tomaría como base, no exclusivamente el esquema de las empleadas y empleados que cumplieron tareas los primeros 15 días de enero. Si bien reconocemos que la premura del caso induce a esta decisión práctica, desde AGEPJ estamos solicitando que se abra un registro de voluntarios y voluntarias que deseen prestar el servicio en este dramático momento que afrontamos como sociedad para que efectúen el reemplazo de las o los que habiendo sido notificados no deseen desempeñarse. Asimismo que se otorgue algún tipo de compensación para resaltar dicha disposición, porque entendemos que en este contexto esos compañeros y compañeras lo merecen por el trabajo diferenciado que realizaran en beneficio de la comunidad toda.
De todos modos es necesario tener en cuenta que al disponerse un esquema de feria los compañeros que se desempeñen en la misma ejercerán una atención reducida a un número mucho menor de casos, limitada sólo a algunos actos por tanto habrá una baja interacción que es lo que en definitiva se pretende evitar o reducir.
En relación a las Unidades Judiciales AGEPJ ha solicitado que se adopten medidas que conduzcan a la reducción de concurrencia de ciudadanas y ciudadanos a las mismas, en tal sentido se disponga un método para efectuar denuncias sin presentarse personalmente en las unidades judiciales. Asimismo activar el protocolo de feria acordado en su momento con AGEPJ que determina, entre otras cosas que las o los sumariantes atiendan sólo lo urgente, esto es causas con presos, desaparición de personas, episodios graves de violencia familiar en tanto que para los demás casos se utilice la denuncia vía web o en todo caso ante la insistencia del ciudadano o ciudadana iniciarse por acta por comisionado o policía de la guardia y después de la feria sanitaria citarlo a declarar. También que se adopten medidas para que exista un ingreso controlado de un número reducido de personas denunciantes por vez, para lo cual se requerirá cooperación policial. De igual modo se requiere una reducción de horas de trabajo de las compañeras y compañeros que se desempeñen en la feria, la provisión de kits sanitarios para que la exposición de las empleadas y empleados que atiendan al público supere condiciones de bioseguridad, al mismo tiempo que reitera la provisión de vidrios o acrílicos que oficien de separador y resguarden la salud tanto del que denuncia como de las y los sumariantes.
En relación a los Equipos Técnicos AGEPJ solicitó que se suspendan las entrevistas en domicilio y se realicen sólo intervenciones en casos de extrema urgencia. Asimismo esclarecer la confusión generada por la falta de claridad de las diferentes resoluciones emanadas en el día de la fecha de la Dirección de Servicios Judiciales en torno a la modalidad de cubrir el receso de emergencia por parte de los equipos técnicos ya que todo ello ha generado un caos que afecta el servicio de justicia y pone en riesgo de contagio tanto a la población y las y los profesionales.
Respecto a las medidas de fuerza dispuestas, paros de 72 horas programados para esta semana y la siguiente, los mismos se tornan abstractos ante un esquema como la feria. AGEPJ mantiene el reclamo por nuestro legítimo derecho de percibir las sumas retroactivas y aumento salarial adeudado y las medidas de fuerza se reprograman para después del 31 de marzo o para cuando finalice la disposición de emergencia si la misma se extiende y si se mantiene aún la situación de incumplimiento salarial.
La dramática situación que vivimos se impone y todos los actores sociales debemos operar solidaria y responsablemente para evitar el dantesco espectáculo al que diariamente asistimos observando la realidad de países como Italia y España donde la propagación del covid-19 parece estar fuera de control causando una enorme mortalidad y colapso del sistema sanitario para poder enfrentarlo. A tenor de lo dicho AGEPJ solicita al Tribunal Superior a conformar un comité de crisis con participación de diversos actores, incluido nuestro sindicato a fin de tomar colectivamente decisiones para enfrentar eficazmente la situación

Luego del último paro con movilización se mantiene la falta de respuesta del poder ejecutivo y el TSJ con respecto a la liquidación de 10% correspondiente a diciembre y retroactivos. Sumado a ello el TSJ se niega a adoptar las medidas suficientes para cuidar a la planta de trabajadores y trabajadoras ante la crisis sanitaria creada por el coronavirus. Por eso la Comisión Directiva de AGEPJ decidió la continuidad y profundización del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, a saber:

 

  • Paro por 72 hs sin marcación ni asistencia para los días 18, 19 y 20 de marzo.
  • Paro de 72 hs sin marcación ni asistencia los días 27, 30 y 31 de marzo.

 

Estas medidas se toman ad referéndum de la Asamblea General extraordinaria a realizarse cuando mejoren las condiciones sanitarias.

En el día de la fecha solicitamos, por tercera vez y con carácter de urgencia al Tribunal Superior de Justicia adopte una drástica reducción de funcionamiento en los Tribunales de toda la provincia en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el Ejecutivo Nacional y Provincial.
En este sentido calificamos de insuficientes la medidas sanitarias adoptadas hasta el día de la fecha por el TSJ dado que no están en linea con las medidas sanitarias recientemente adoptadas a nivel nacional y provincial para disminuir la propagación del virus y evitar un pico de contagios que haga colapsar el sistema sanitario con las dramáticas consecuencias que ello conllevaría. Es una responsabilidad del alto cuerpo como empleador garantizar la salud tanto de las empleadas y empleados judiciales como el bien colectivo salud de la población en general. En el pedido urgente del gremio también se hace hincapié en la situación derivada que genera la suspensión de clases en el personal que tiene hijos y se solicita atención al respecto.


El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expreso “ Hasta ahora el Tribunal Superior dispuso una licencia para embarazadas y grupos de riesgo, pero en una muestra más de la insensibilidad a las que nos tiene acostumbrados se niega a adoptar medidas más drásticas que reduzcan al mínimo el funcionamiento de los tribunales saboteando de este modo los objetivos sanitarios de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional o los provinciales que ya dispusieron suspensión de clases.”

El Secretario Adjunto Adrián Valan sostuvo que “Nuestra capacidad de asombro se ve nuevamente sobrepasada por el Tribunal Superior. No toma medidas acorde a la gravedad de lo que pasa con el agravante que sabe perfectamente que dentro del Poder Judicial hay edificios, oficinas y dependencias que no reúnen condiciones de salubridad. Por ejemplo hay baños para compartir por más de 50 personas, baños fuera de los edificios o falta de provisión de insumos de limpieza e higiene como jabón, papel higiénico, lavandina. Por caso, en Tribunales 2, el edificio más grande del Poder Judicial recibe una casi nula provisión de jabón, bolsas u otros elementos de limpieza desde el año pasado.”

Una vez más, los empleados y empleadas del Poder Judicial, hicimos un paro con altísimo acatamiento. Esta vez se cumple una medida de 48 horas en el interior y de 38 hs. en capital que incluyó abandono de tareas, movilización y asamblea frente a la sede del Ministerio de Finanzas. Allí se entregó un escrito al ministro en el que se detalla la deuda reclamada y se exige solución definitiva a los problemas salariales que aquejan a las empleadas y empleados.

De no mediar respuesta, la semana que viene intensificaremos las medidas camino a una paralización total de la actividad.

AGEPJ solicitó el  11 de marzo al Tribunal Superior y al Ministerio Público Fiscal que garanticen en el espacio laboral todas las acciones preventivas para las epidemias de coronavirus y dengue. En la nota presentada se pidió que “se extremen los recaudos y se tomen todas las medidas preventivas posibles  para  evitar la difusión de las enfermedades de Corona Virus y Dengue. Complementariamente se instrumente una comunicación que brinde información fehaciente apelando –para prevenir- a la responsabilidad social de cada integrante del MPF y que lleve toda la tranquilidad posible ante la gravedad del tema.” Específicamente se requiere que  con el objeto de proteger a las empleadas y empleados judiciales y la población que concurre al servicio de justicia que en las Unidades Judiciales se coloque un separador de vidrio y/o plástico transparente (en las áreas de admisión o recepción de público) lo que evitaría el contacto directo y  posible contagio. Asimismo en todos los ámbitos, provisión de  lapiceras, ya que la escasez de las mismas implica que de manera permanente  estas  sean utilizadas por varias personas. También adecuada provisión de jabón, repelente para mosquitos, fumigaciones preventivas con aplicación de larvicidas y descacharrado o limpieza en dependencias que lo ameriten. Complementario a ello se adquieran barbijos para proveer al personal que se desempeña en atención al público.”

Ante las novedades informativas de público conocimiento de avance de la enfermedad de coronavirus, que hasta han motivado un Decreto Presidencial de Necesidad y Urgencia AGEPJ amplió el pedido al Tribunal Superior para que “ante el hecho de que las autoridades prevén como inexorable la evolución del virus, elabore un esquema para reducir al mínimo las actividades en todas las dependencias. En su caso,  si la gravedad lo amerita disponga el cese de actividades, conservando en todo caso un nivel de funcionamiento similar a lo que ocurre durante las ferias.”

El comunicado gremial agrega que ello “disminuiría abruptamente la circulación y concentración de personas en dependencias tribunalicias en consonancia con la suspensión de actividades que implican aglomeración de personas dispuestas ya por diversos municipios, entre ellos el de la Ciudad de Córdoba, incluso la suspensión de clases adoptada por algunas provincias y en la nuestra por los colegios universitarios.

El Secretario General de AGEPJ expresó que: Respecto al coronavirus estamos atravesando una situación muy seria donde todas las medidas que se disponen desde los distintos niveles de salud nacional, provincial y municipal buscan que podamos parar la transmisión de la enfermedad. Para ello hay que minimizar las aglomeraciones de gente. Todo esto tiene un gran costo pero debe primar evitar el mal mayor que es la pérdida de vidas por contraer la enfermedad.

 

Comenzó a funcionar la comisión que elaborará el Protocolo del Poder Judicial para aplicar en casos de violencia laboral y de género. La comisión quedó definida mediante acordada N°308/2019 que estipuló su integración por Dr. Fabián Eduardo Faraoni (Familia); Dra. Nélida Mariana Isabel Wallace; Dra. Susana Iris Ottogalli de Aicardi (Violencia Familiar); Dra. Sofía Andrea Keselmann Procupez (Laboral); Dra. Agustina María Olmedo (TSJ); Dra. María Celeste Rinaldoni (Sumarios Administrativos); Dr. Cristian José María Griffi (Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar); Dr. César Oscar Fortete (MPF); Dra. María Lourdes Compagnucci (MPF); Lic. Aída Isabel Manitta e Ileana Guerrero (Centro Núñez); Dra. Susana Velia Castellano (Laboral); Cristina Bosch (Recursos Humanos); Dr. Luis E. Paoloni (Asociación de Magistrados y Funcionarios) y la representación de AGEPJ en cabeza de las compañeras Agostina Noccioli y Lucía Bonafe.

 

La Pro-Secretaria de Cultura y Capacitación de Agepj Agostina Noccioli expresó que: Nos parece razonable y necesaria la conformación de la comisión redactora que integramos. Lo novedoso y a la vez delicado del tema lo requieren. Pero desde AGEPJ alertamos que el funcionamiento y el proceso de discusión deben tener un límite temporal porque los hechos de violencia se siguen sucediendo y por ello ante cada denuncia hay mucha confusión y desprolijidades para tratarlas. Todas y todos los empleados del Poder Judicial necesitamos cuanto antes la sanción de un procedimiento homogéneo y acorde a la problemática.

A su vez la Pro-Secretaria de Agrupamientos especiales de Agepj Lucía Bonafe acotó que “A la comisión redactora estamos llevando la voluntad de muchísimas compañeras que día a día literalmente ponen el cuerpo para que en Córdoba tengamos un mejor servicio de justicia. Todo en medio de las dificultades en que la discriminatoria –hacia empleadas y empleados- política salarial del TSJ nos mantiene. A pesar de esta voluntad y compromiso –repito mal pago- tenemos que soportar episodios de violencia laboral y de género. Por ello el clamor que cada vez resuena con más fuerza es por la urgente sanción de un protocolo, el TSJ debe tomar nota de ello.”

 

Algunos de los puntos principales que AGEPJ plantea en esta comisión son:

– Tomar como base el proyecto de protocolo presentado oportunamente por AGEPJ. Por tratarse el mismo de una exhaustiva sistematización de los protocolos ya en funcionamiento en distintos poderes judiciales con aportes pertinentes de protocolos vigentes en otras instituciones ajenas al funcionamiento de la justicia. De esta manera la comisión no partirá de cero en el tratamiento de esta temática que requiere mucha seriedad al mismo tiempo que premura, tal cómo lo sugieren los contundentes resultados de la encuesta diagnóstica ordenada por la Administración que hasta detectó casos de acoso sexual dentro del Poder Judicial.

– No elaborar nuevas definiciones de violencia ya que ellas están perfectamente delineadas en instrumentos legales internacionales (¬Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – conocida también como “De Belem Do Pará”, Resolución N°190 de la OIT) leyes nacionales (Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y resoluciones ministeriales (resolución Nº 099 – Protocolo de actuación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba para la tramitación de denuncias de violencia laboral.), entre tantos otros.

– Creación de un órgano de aplicación que tendrá las funciones de prevención, difusión e intervención en los casos de violencia y/o conflicto laboral y seguimiento de los mismos. En tal sentido AGEPJ insiste en que debe dejar de incurrirse en el equívoco de la Administración de pretender procesar la cuestión de la violencia a través de la mediación y el enfoque individual, como lo viene haciendo la oficina de clima laboral. No corresponde por encuadre y además terminantemente lo prohíbe la ley (art. 28 Ley nacional 26.485). Insistimos en un abordaje social y contextual de la problemática. Asimismo que sostenemos la necesidad de la integración interdisciplinaria de este órgano y que funcione con la mayor independencia posible de la Administración General del Poder Judicial, a los fines de facilitar un trabajo realmente objetivo e imparcial.

El proceso llevado a cabo hasta aquí se inició con la presentación por AGEPJ al Tribunal Superior de Justicia el 8 de Marzo de 2019, de un Proyecto de Protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género demandando su urgente implementación. Luego de ese hecho la Administración del Poder Judicial, al no compartir nuestras aseveraciones acerca de la magnitud de la violencia laboral y de género en el Poder Judicial, implementó una encuesta con el fin de diagnosticar la situación. Previsiblemente la encuesta corroboró la existencia de distintos tipos de violencia dentro de las oficinas.  Finalmente, hoy nos encontramos discutiendo un articulado de protocolo para el Poder Judicial. Al respecto la segunda reunión está prevista para el día jueves 12 del corriente mes.

A principios de 2020 AGEPJ  firmó un nuevo convenio con APROSS para que la oficina móvil atienda  en nuestra sede gremial dos veces por semana. Esta iniciativa surgió tras la gran demanda  de afiliadas y afiliados que  durante  2019 asistieron al gremio para  hacer trámites vinculados a la obra social. A partir de marzo Todos los días miércoles de 14 a 15 hs. y los Jueves de 11 a 13 hs. se atenderán consultas de afiliados y afiliadas de AGEPJ a cargo de Dra. Sandra Huniken.

En dicho espacio se evacúan consultas o dudas sobre alcance de la cobertura, servicios disponibles, listados de profesionales, agilización de trámites y distintos temas individuales relativos a nuestra obra social.

Este beneficio es exclusivo para afiliados y afiliadas de capital e interior y se accede al mismo concurriendo en el día y horario especificado  o llamando de lunes a viernes de 8 a 18 hs. al 0351 2430042,  en cuyo caso el reclamo o consulta será receptado por compañeras o compañeros de Comisión Directiva Provincial que lo pondrán en conocimiento de la persona designada por APROSS.

 

 

 

 

El Sec. General Federico Cortelletti  y Secretario Administrativo Javier Planas participaron de la reunión del Programa «rutas seguras” con distintos actores sociales y funcionarios públicos. La propuesta realizada por el gremio de los judiciales a los responsables de la ejecución del programa “Rutas Seguras” procura garantizar mayor seguridad en ingresos y egreso de lxs judiciales en sus lugares de trabajo (tribunales 2, accidentología vial, tribunales 1), haciendo lugar al pedido de mayor seguridad que viene realizado desde hace tiempo nuestro gremio a partir de situaciones de inseguridad.

Desde el Gremio de Judiciales planteamos en la reunión la problemática de inseguridad que padecemos empleadas y empleados judiciales. Solicitamos medidas concretas para revertir una situación que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. En esta oportunidad trasladamos nuestros reclamos a los responsables de diferentes áreas municipales y provinciales involucradas en la instalación de luminarias led, distribución de agentes de policía barrial y reubicación de paradas del trasporte urbana más cercanas a los diferentes edificios de tribunales

¿Cómo se definen los recorridos de estas rutas seguras? El equipo  analiza mapas de recorridos de transporte urbano y equipamiento social y comunitario de cada sector de la ciudad y a partir de estos datos se traza un borrador del recorrido, que se somete a dos consultas clave: la Policía Barrial, que lo cruza con las zonas de calor del delito y los propias vecinos y organizaciones de la sociedad civil que son convocados a opinar en el Consejo Barrial.

En la reunión estuvieron presentes el Director General de Coordinación los Centros de Participación Comunal  Jorge Navarro; El Subsecretario de Participación y Convivencia Oscar Arias; el Director de Participación ciudadana Gastón Baena; el Director de Gestión Comunitaria julio Chit;  Referentes de la Policía Barrial, y el Director del CPC Centro Gerardo Chacón.

 


Con un altísimo índice de acatamiento se desarrolló el paro provincial de actividades en el Poder Judicial hasta las 24 hs. de hoy 21 de febrero. De no mediar novedades respecto al cumplimiento de la deuda salarial continuará el desarrollo del plan de lucha delineado por la última Asamblea General Extraordinaria. Además de prever asambleas sorpresivas por fueros o edificios, resolvió la presentación de un reclamo administrativo individual con movilización y abandono de tareas el próximo 28 de febrero y un nuevo paro provincial para la primera semana de marzo.

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que “El empleador debe registrar que el malestar de las trabajadoras y trabajadores judiciales es muy grande y va en aumento con el correr de los días que llevan incumpliendo nuestro acuerdo salarial. Esto, de seguir así conducirá irremediablemente a una parálisis total y prolongada del servicio de justicia. El regreso a la senda de la normalidad está en manos del Tribunal Superior y el Gobierno de la Provincia de Córdoba que deben cumplir los acuerdos firmados”


Por su parte el Secretario Adjunto Adrián Valán afirmó que “decir que estamos indignados es poco, es inconcebible que la cabeza del Poder Judicial, el Tribunal Superior que es el guardián del cumplimiento de la constitución y las leyes incumpla de esta manera los acuerdos que firmaron pisoteando los derechos de las empleadas y empleados judiciales. Y todavía peor, que habiendo resuelto otorgar los aumentos no pueda exigir al Poder Ejecutivo que liquide nuestros salarios como corresponde”