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HAY OTRA AGENDA

Los trabajadores y trabajadoras argentinas y las y los cordobeses en particular asistimos a una increíble ofensiva de distintos sectores que intentan imponer una agenda pública de claro signo reaccionario y antidemocrático y con evidente apoyo periodístico. La agenda incluye las conocidas recetas empresarias que postulan la reforma laboral con eliminación de derechos históricos de los trabajadores como indemnizaciones, salarios dignos y en blanco, estabilidad en los puestos de trabajo, además de un ajuste en el Estado del que sin embargo utilizan sin escrúpulos todos los beneficios que este pone a su disposición.

Están presentes también fuertes expresiones de ultraderecha por parte de sectores que serían minúsculos pero que gozan de una importante difusión. En el combo entran también las posiciones de rechazo a las limitaciones sociales que impone pandemia, como las movilizaciones anti- cuarentena o una campaña proponiendo la quema de barbijos, sin importar el dato objetivo de casos infectados y muertos por el Covid-19, actitudes que demuestran una grave falta de responsabilidad social y compromiso con la comunidad.

Todo ello condimentado con ataques de inusitada violencia hasta personal contra iniciativas políticas que fueron promesas de campaña del Gobierno Nacional votado mayoritariamente por los argentinos, contra decisiones judiciales que no deberían cuestionarse o la pretensión de imponer a Legisladores Nacionales si pueden o no dar quorum en el Congreso Nacional, lo que debería ser la primera obligación de los representantes del Pueblo, a los que luego seguramente se criticará por no trabajar.

En el marco de esa agenda hemos hecho público el rechazo a la Ley 10.694 (manifestado por los legisladores representantes del movimiento obrero de Córdoba en la Legislatura Provincial), que conlleva pérdida de derechos previsionales de los jubilados y de los trabajadores que aportan a la Caja de Jubilaciones.

En síntesis, es una Agenda claramente opuesta a los intereses y derechos de los trabajadores y peligrosamente antidemocrática. Desde la CGT Regional rechazamos esta agenda y proponemos una que haga foco en:

  • El pleno respeto a las Instituciones y a quienes fueron electos por el Pueblo para gobernar o ejercer su representación, exigiendo una actitud más firme hacia quienes atacan las instituciones de manera pública, ya sea en manifestaciones callejeras como en los medios de comunicación
  • La protección del trabajo digno frente a la pérdida de puestos de trabajo, que se siguen produciendo, incluso con el visto bueno de algunos tribunales que justifican despidos mediante actas de escribanía, pese a estar expresamente prohibido, con lo que los empresarios disponen a su
  • La protección sanitaria efectiva de los trabajadores que están prestando servicio en riesgo. Prioritariamente a los trabajadores de la Salud que están en la primera línea de lucha contra la Pandemia, en general en número insuficiente y con falencias en cuanto al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, tanto en el ámbito estatal como Y de los trabajadores de todas las actividades esenciales que prestan servicio en condiciones a menudo insuficientes por la irresponsabilidad de no pocos empresarios y el escaso control del Estado sobre el tema.

En el mismo sentido, nuestra agenda propone:

  • poner fin al trabajo precario que crece inconteniblemente tanto en el ámbito privado como en el propio Estado en todos sus niveles, lo que incluye un fuerte impulso para que los trabajadores de la Economía Popular se incorporen rápidamente a la
  • La protección efectiva del salario ya que, como producto de la conducta de no pocos empresarios, a menudo los trabajadores reciben como paga sólo lo que aporta el
  • La asistencia del Estado para que ninguna familia sufra
  • El cuidado irrestricto de los compañeros y compañeras jubilados/as, tanto en haberes como en beneficios, sin importar del sistema que
  • La protección de las obras sociales sindicales, herramienta fundamental en tiempos de cuidados extremos de la salud, con ingresos deprimidos en los salarios de la actividad privada.
  • El debate público frente a la decisión de entes oficiales de servicios de cerrar oficinas de atención al público en el interior de la
  • Así también la designación de todas las vacantes en el sistema educativo, de modo de garantizar el derecho social a la educación.Al proponer esta Agenda, la CGT Regional Córdoba RATIFICA su voluntad de exponer públicamente y

    con claridad los temas que afectan a los trabajadores, particularmente en tiempos de Emergencia Sanitaria y de RECLAMAR para ellos la atención y las soluciones que su dignidad reclama.

La reunión de Comisión Directiva pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles, se mantiene el estado de alerta y puede decretar un paro si no hay más avances.  

El día lunes 20/04 los compañeros de la Comisión Directiva de AGEPJ Federico Cortelletti y Adrián Valan mantuvieron una reunión con el vocal del TSJ Sebastián López Peña al que le desarrollaron el contenido de la nota presentada al TSJ el día 19/04 que básicamente contiene el reclamo por las bajas de contratos y por la deuda salarial que mantienen la provincia y el TSJ con la planta. Se le expresó que AGEPJ inició la consulta con sus cuerpos orgánicos para decretar medidas de fuerza.

Luego, mientras la Comisión Directiva se hallaba reunida, a las 19 horas el mismo vocal se comunicó expresando que se da marcha atrás con 17 de las 23 bajas de contratos dispuestas. Que las seis restantes son contratos a término que precisamente cumplieron su vigencia. Respecto a lo salarial la respuesta es que el TSJ no dispone los fondos para pagar la deuda salarial.

La novedad de la decisión comunicada por el vocal mencionado es agridulce. Por un lado se ha logrado revertir la situación de 17 compañeras y compañeros que quedaban sin trabajo y ahora lo mantienen. Pero por otra parte hay 6 personas a las cuales no se les renueva el contrato. Tampoco hay respuesta salarial. Se le expresó que no queremos ninguna baja de contrato y que continuaremos reclamando por ello. La Comisión Directiva de AGEPJ reitera lo expresado en la nota elevada el día domingo al TSJ que es una canallada establecer esas bajas de contratos, siempre. Pero en estos momentos peor aún, están dejando sin salario y sin obra social a compañeras y compañeros en medio de una pandemia, cuando además el gobierno nacional ha prohibido los despidos. AGEPJ recurrirá jurídicamente las 6 bajas de contratos, además de ello la Comisión Directiva abrió un cuarto intermedio hasta el día miércoles a la espera del avance de las gestiones iniciadas.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Siempre es indignante y una injusticia la baja de contratos pero hacerlo en medio de esta situación de cuarentena, donde además cuando desde gobierno nacional ha prohibido los despidos es una verdadera canallada del Tribunal Superior de Justicia. Hasta el Vaticano, a través del Papa Francisco ha pedido evitar los despidos en este contexto. Esta medida no está desvinculada de la necesidad del Tribunal Superior de mantener sus privilegios salariales y jubilatorios aún en medio de la crisis económica que ha generado la pandemia. Estamos exigiendo que den marcha atrás con todas las bajas de contratos, que ningún compañero o compañera judicial quede sin empleo.

El Secretario Adjunto Adrian Valan acotó que “Desde que comenzó la cuarentena la principal ocupación y preocupación de AGEPJ ha sido que el TSJ y el MPF proporcionen adecuadas y seguras condiciones de trabajo a las compañeras y compañeros expuestos con su desempeño presencial. Al tiempo que nunca dejamos de reclamar al TSJ el pago de la deuda salarial. Ahora no solo que no cumplen sino que notifican bajas de contratos, dejando no sólo sin sustento, sino también sin obra social en medio de una pandemia a las compañeras y compañeros. Esta nueva muestra de inhumanidad de nuestra patronal es inadmisible y prueba, parafraseando al presidente de la nación que no solo hay “miserables” en las empresas privadas, como Techint sino también en el Tribunal Superior.”

 

Cuatro Ciudades del Interior podrían quedarse sin médico psiquiatra por el ajuste en el Poder Judicial

El Gremio de Judiciales de Córdoba denunció que la  Administración del Poder Judicial de Córdoba cesanteó al único psiquiatra de la Sede Cruz del Eje que evacua informes en casos de abuso sexual, violencia familiar y personas privadas de libertad. La cobertura del profesional incluye, además de la Ciudad de Cruz del Eje a las ciudades de Deán Funes, Villa Dolores y Cura Brochero. Se indicó además que la Superintendencia de Cruz del Eje ha dispuesto dos traslados arbitrarios y compulsivos de empleadas de la sede que han generado un gran malestar en la planta de empleadas y empleados de la sede.

El comunicado del gremio expresa que la pretendida cesantía “… implica un retroceso absoluto respecto del derecho al acceso a la justicia y de la calidad de la prestación de la misma, ya que se deja sin recursos a una de las partes más necesitadas, castigadas y vulnerables de la provincia y con mayor demanda respecto de tales servicios. El haber podido contar con un especialista que realice las pericias psiquiátricas e interdisciplinarias que la ley manda en casos tales como Violencia Familiar, delitos penales de adultos, penal juvenil, causas civiles, etc. Y que haya abarcado las sedes de Cruz del Eje, Cura Brochero, Villa Dolores y Deán Funes, es decir la totalidad del norte de la Provincia de Córdoba, significó justicia social, celeridad en los plazos de tramitación de las causas, una administración de justicia con trato más justo e igualitario y hasta el ahorro de recursos económicos del mismo Poder Judicial debido a que las personas privadas de su libertad no debieron ser más trasladadas hasta la sede de Capital…”

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “Una vez más la cúpula del Poder Judicial piensa sólo en sus privilegios y no en la ciudadanía que reclama un mejor servicio de justicia. Insólitamente la Administración dice que no es necesario un médico psiquiatra en la sede cruz del eje, sin embargo los números no mienten: el psiquiatra en un año de trabajo ha evacuado más de 250 informes solicitados por distintas áreas del Poder Judicial. Es brutal el recorte que pretenden llevar adelante dejando a cuatro ciudades del interior sin el servicio de este profesional.

El Secretario Adjunto Adrián Valán anticipó que el gremio de judiciales y toda la sede de Cruz del Eje están resistiendo este despido con un plan de lucha que ya comenzó con una asamblea el martes 4 de junio, agregando que “una vez más usan la tijera con la parte más sensible de la sociedad, mientras que un vocal del tribunal superior cobra 340.000 pesos por mes, si se consuma este despido las ciudadanas y ciudadanos de Cruz del Eje, Cura Brochero, Villa Dolores y Dean Funes ahora van a tener que esperar que los ya colapsados equipos técnicos de la capital hagan el trabajo que hasta ahora hace este psiquiatra con lo cual la demora en las resoluciones se ampliará notablemente.”

 

Las Regionales de CGT de Capital, Rio Cuarto y Villa María, conformada por un importante número de dirigentes de distintas organizaciones sindicales se reunieron con legisladores de todos los Bloques partidarios (a excepción del Bloque de la UCR).   En la oportunidad, las Regionales expusieron la grave  situación de todas las ramas de actividad y presentaron el relevamiento realizado por las centrales que da cuenta del impacto de las política económica en todos los sectores de la producción y el trabajo, particularmente en términos de despidos, suspensiones, procedimientos preventivos de crisis, demoras en el pago de salarios, caída de la actividad, corte de la cadena de pagos, etc. en nuestra Provincia.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti en su intervención expresó la preocupación que las trabajadoras y trabajadores tenemos por la acelerada pérdida del poder adquisitivo del salario y les recordó a los legisladores su responsabilidad en haber instrumentado en el Poder Judicial un doble estándar Salarial con equiparación para Magistrados y funcionarios discriminando a los empleados judiciales

 

 

 

 

Desde la CGT , solicitaron que la Legislatura impulse medidas orientadas a la atención y ayuda de los trabajadores cordobeses afectados por la grave crisis producida por las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Esta actividad forma parte de las acciones que llevan adelante las Regionales de CGT y que culminarán en la Jornada de Movilización y Acto que se llevará a cabo el próximo viernes 7 del corriente.

El gremio de Judiciales de Córdoba adhirió al paro nacional del 25 de Junio. La medida se llevará a cabo en tribunales de la Provincia de Córdoba desde las 0 hs. del 25 hasta las 24 hs. del mismo día, sin asistencia a los lugares de trabajo.

En un comunicado difundido por la organización sindical se subraya que el ajuste comprometido por el gobierno nacional con el FMI  impactará en congelamiento de salarios públicos, despidos, recortes en los presupuestos de salud, educación, justicia y paralización de obras públicas. Que la continuidad de la tendencia inflacionaria erosiona el poder de compra de los salarios y que todas esas consecuencias sobre la “economía real” perjudican directamente  a los trabajadores y como tales a los empleados judiciales.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó que los trabajadores judiciales nos sumamos al paro del 25 desde una agenda propia de reclamos ya que tenemos una planta creciente de trabajadores contratados –siendo que aprobaron concurso de ingreso-, seguimos sin respuesta al histórico reclamo de declaración de insalubridad en Policía Judicial y continuamos padeciendo una injusta doble política salarial en la que quienes más ganan en el Poder Judicial –magistrados y funcionarios- tienen equiparados sus salarios a la justicia federal, mientras los empleados estamos excluidos cuando nos asiste el mismo derecho constitucional de: “a igual tarea igual remuneración”.

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán agregó que: “el TSJ recauda millones por tasa de justicia sin embargo numerosos edificios del poder judicial continuamente exhiben su falta de condiciones de higiene, seguridad y salubridad; exponiéndonos a nosotros, los abogados y el público en general a incidentes riesgosos para la integridad y que impiden el normal desenvolvimiento del servicio de justicia. Este es otro de nuestros reclamos por los cuales, paramos el 25 de junio”

El 25 paramos por salario, por nuestros derechos, por el futuro de tod@s

El reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la difusión de las condicionalidades impuestas terminaron de derrumbar las mínimas esperanzas que legítimamente algunos trabajadores todavía abrigaban en la política económica del gobierno nacional. Ahora el ajuste no es opción, es el acuerdo firmado y es fatal para los trabajadores.

En efecto, el gobierno nacional se comprometió a realizar un ajuste fiscal de 501.800 millones de pesos combinado con una libre flotación del dólar que acelerará la devaluación y su impacto en la inflación. El recorte presupuestario impactará en congelamiento de salarios públicos, despidos, recortes en los presupuestos

de salud, educación, justicia y paralización de obras públicas. La continuidad de la tendencia inflacionaria erosiona el poder de compra de nuestro salario.  Todas estas consecuencias sobre la “economía real” nos perjudican directamente  a los trabajadores y como tales a los empleados judiciales.

En este contexto adverso los trabajadores judiciales tenemos una planta creciente de trabajadores contratados –siendo que aprobaron concurso de ingreso-, seguimos sin respuesta al histórico reclamo de declaración de insalubridad en Policía Judicial y continuamos padeciendo una injusta doble política salarial. Nosotros y la sociedad toda asistimos a la consagración del privilegio y la injusticia de que quienes más ganan en el Poder Judicial provincial tienen equiparados sus salarios a la justicia federal, mientras los empleados estamos excluidos cuando nos asiste el mismo derecho: “a igual tarea igual remuneración”.

Como si ello no fuera bastante y  a pesar que el TSJ recauda millones por tasa de justicia numerosos edificios del poder judicial continuamente exhiben su falta de condiciones de higiene, seguridad y salubridad; exponiéndonos a nosotros, los abogados y el público en general a incidentes riesgosos para la integridad y que impiden el normal desenvolvimiento del servicio de justicia.

Por ello, paramos el 25 de junio, desde las 0 hs. hasta las 24, (o hasta la finalización del turno donde existe trabajo nocturno)

SUFRIMIENTO, DENUNCIA Y COMPROMISO

La nueva conmemoración del 1 de Mayo, encuentra a los trabajadores enfrentado graves situaciones que atacan los puestos de trabajo, el valor adquisitivo de los salarios y en síntesis, la dignidad que en nuestra concepción está fundada en la existencia de un trabajo digno.

Lo que se suma y en la práctica va concretando la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional que aguarda tratamiento en el Congreso Nacional, a la que reiteradamente hemos rechazado. El nuevo embate para que se sancione un nuevo régimen de Indemnizaciones o el mecanismo denominado “Banco de Horas”, dan cuenta de ello.

Mientras tanto se insiste en su aplicación apretando a las organizaciones sindicales en las mesas sectoriales o pretendiendo eliminar conquistas de los Convenios Colectivos de Trabajo,

PERDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO Y APERTURA INDISCRIMINADA DE LA ECONOMIA

A las cesantías todavía se siguen registrado en el ámbito del Estado, se suman ahora las que se registran en sectores industriales, en general producto de la apertura indiscriminada de las importaciones, la que en algunas actividades se concreta utilizando marcas nacionales para introducir productos importados, en la forma mas extrema de sustitución de produccion por importación. .

Así por ejemplo, la industria del calzado registra una pérdida de 6000 puestos de trabajo en todo el país, según denuncia el Sindicato del Calzado, consecuencia de un incremento de mas del 53% en la importación de calzado desde 2015.

Afirma el Sindicato que “… de la totalidad del calzado que llevan en sus pies los habitantes de nuestro país, casi un par por habitante es de origen importado”, sin que los precios de esos productos hayan bajado.

Otro caso emblemático es de la industria textil, que registra una caída de la actividad de mas del 6% y un incremento en las importaciones del 25%

Conocido es la situación de la empresa CARREFOUR, con un procedimiento de crisis en marcha que ya generó retiros voluntarios, rebaja de aportes a la seguridad social y amenaza de despidos, consecuencia de la caída en las ventas, producto de la caída del consumo por el aumento indiscriminado de los precios.

DETERIORIO DE LOS SALARIOS

Lejos de aminorarse, como prometía el Gobierno Nacional, sigue siendo el principal flagelo y motivo de preocupación para millones de Argentinos que debemos afrontarla con salarios totalmente desfasados. Los últimos datos lo demuestran cabalmente. El núcleo duro de la inflación es el golpea con mayor dureza a los más pobres.

Se presupuestó primero una inflación del 10%. A las pocas horas se la llevó al 15% y hoy hasta el Fondo Monetario sostiene que será sustancialmente mayor.

Mientras tanto, los sectores más ricos y concentrados de la economía, beneficiarios de esta situación, continúan remarcando alegremente los precios. Frente a ello, se pretende imponer un techo del 15% a las paritarias, con cláusulas de revisión de dudosa implementación. Nuevamente se pretende anclar la inflación bajando los salarios y el poder de compra de los trabajadores y los más pobres.

Un párrafo aparte merece EL TARIFAZO, repudiado por gran parte de la sociedad, un

verdadero golpe a los bolsillos, que representa más del 20% del salario de una gran franja de la sociedad. El negativo y desastroso impacto que tiene para jubilados, pensionados, pymes, clubes, cooperativas, fábricas recuperadas, sociedades de fomento, organizaciones sociales,

comedores populares, en definitiva el entramado más vulnerable de nuestra sociedad.

LA DEUDA EXTERNA Y LA TIMBA FINANCIERA

Cuando crece exponencialmente el endeudamiento externo, la actividad más lucrativa es la timba financiera y los bancos acumulan ganancias astronómicas, los trabajadores ya sabemos que los que vamos al pagar el ajuste y esa fiesta somos los asalariados con nuestros salarios, los trabajadores en pasividad con sus jubilaciones y pensiones, los trabajadores de la economía popular con mas informalidad y mas pobreza.

El simultáneo ataque a las organizaciones sindicales, instituciones de la democracia para la defensa de derechos y a sus dirigentes y a los Convenios Colectivos, habla a las clara que el Modelo pretende que se profundice una distribución regresiva de la riqueza que favorezca a los más ricos y poderosos.

El Plenario de Delegaciones Regionales de CGT de nuestra Provincia ante el que presentaremos esta Declaración, se reunirán el 4 de Mayo próximo en Rio Cuarto y se ha expresado hace pocas horas sobre algunas de estas situaciones en Córdoba, que incluyen la sanción de una ley que intenta reglamentar el Derecho de Huelga, oportunamente rechazada por todo el Movimiento Obrero.

A las puertas de una nueva conmemoración del Dia Internacional de los Trabajadores, RATIFICAMOS en su totalidad las consignas que venimos sosteniendo, así como el compromiso de seguir denunciando, resistiendo y trabajando por la defensa de los intereses de los trabajadores en el camino a lo que hoy parece una Utopía: la plena vigencia de la Justicia Social

Córdoba, 4 de Mayo de 2018

En el día de la fecha, lunes 20 de Febrero, presentamos el  recurso extraordinario de Casación contra el fallo de la justicia laboral de Córdoba que resolvió excluir de la tutela sindical al dirigente del gremio de Judiciales Walter Chilo.

WhatsApp Image 2017-02-20 at 11.04.01El recurso de Casación tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley.  Para el gremio de judiciales el fallo de la justicia laboral constituye “Una verdadera afrenta contra la legislación protectoria consagrada por el derecho laboral, que pone en riesgo el conjunto de las garantías de todo el sistema sindical afectando no sólo a los trabajadores de Córdoba sino de todo el país”.

El Secretario General Federico Cortelletti señaló que “el fallo de la Justicia Laboral constituye  un verdadero insulto a las instituciones democráticas y al derecho laboral”. Sostuvo además que el fallo es “escandaloso  por que el tribunal superior se arroga una ventaja ilegal respecto de otros empleadores porque primero despide y luego promueve el desafuero, entonces se pone por encima de la ley que ordena en sus sentencias aplicar pero que el mismo no las cumple con sus trabajadores”. “Hemos puesto en conocimiento y estamos trabajando sobre esta grave situación con la Federación Judicial Argentina, la CGT Regional Córdoba y Círculos de Abogados Laboralistas de todo el país” concluyó.

Por su parte El Secretario gremial Adrian Valan expresó que “el recurso de la casación tiene efectos suspensivos del fallo,  por lo que el empleado judicial Walter Chilo continuará trabajando hasta tanto se expida el Tribunal Superior de Justicia.”

A su vez el Secretario de Organización German Viani criticó duramente al fallo al señalar que “se concibe una hermenéutica regresiva, dado que el empleador se torna en juez y parte. La justicia en su faz jurisdiccional asume como cierto lo que previamente se decidió en un sumario elaborado por la patronal para luego fallar en detrimento del trabajador”.

La justicia laboral de Córdoba resolvió confirmar un fallo de primera instancia y excluir de la tutela sindical al dirigente del gremio de Judiciales Walter Chilo.

Mediante un Comunicado de Prensa el gremio calificó al hecho como “Una verdadera afrenta contra la legislación protectoria consagrada por el derecho laboral, que pone en riesgo el conjunto de las garantías de todo el sistema sindical afectando no sólo a los trabajadores de Córdoba sino de todo el país”. En este sentido el Comunicado Gremial afirma que el fallo “concibe una hermenéutica regresiva, dado que el empleador se torna en juez y parte. La justicia en su faz jurisdiccional asume como cierto lo que previamente se decidió en un sumario elaborado por la patronal para luego fallar en detrimento del trabajador”.

flyer CHILO

El Secretario General Federico Cortelletti fué enfático al ser consultado sobre el tema y calificar al hecho como “un verdadero insulto a las instituciones democráticas y al derecho laboral” y afirmó que “el Tribunal Superior pretende convalidar un despido de un dirigente gremial, por motivos sindicales sin haber respetado la tutela gremial”. Sostuvo además que el fallo es “escandaloso  por que el tribunal superior se arroga una ventaja ilegal respecto de otros empleadores porque primero despide y luego promueve el desafuero, entonces se pone por encima de la ley que ordena en sus sentencias aplicar pero que el mismo no las cumple con sus trabajadores”. “Hemos puesto en conocimiento y estamos trabajando sobre esta grave situación con la Federación Judicial Argentina, la CGT regional Córdoba y Círculos de Abogados Laboralista de todo el país” concluyó.

Por su parte El Secretario gremial Adrian Valan expreso que “La resolución convalida judicialmente las actuaciones administrativas previas del empleador que determinó la Cesantía del trabajador sin haber cumplido previamente el procedimiento del desafuero sindical tal y como lo prevé taxativamente la norma laboral.”

A su vez el Secretario de Organización German Viani expresó: “Son súmamente peligrosos los pasos que el TSJ viene dando en el caso de nuestro compañero Walter Chilo, no sólo para el mismo y los empleados judiciales, sino para el conjunto de los trabajadores ya que pretende anularse la legislación protectoria consagrada por el derecho laboral. El Estado, y en especial el Poder Judicial, debería mostrar un irrestricto respeto por el orden jurídico, dada su condición de custodio de la legalidad”.

 

El Gremio de Judiciales de Córdoba rechazó enfáticamente el proyecto oficial del Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano que propone eliminar la Feria Judicial. La iniciativa es una verdadera “intromisión del ejecutivo” en otro Poder del Estado. Señalamos que ya se advertían en el proyecto de “Justicia 2020” que bajo una aparente búsqueda de eficiencia se escondía un conjunto de medidas que tienden a flexibilizar las condiciones de trabajo y avasallar derechos adquiridos por los trabajadores judiciales sin ser un verdadero abordaje de los problemas de la justicia.

Desde el gremio analizamos esta medida en el marco de un contexto nacional de un permanente deterioro del empleo público y privado, despidos masivos y pretensión de eliminar convenios colectivos y derechos laborales. Esta iniciativa debe comprenderse como parte de ese contexto que ahora intenta avasallar condiciones laborales a los trabajadores judiciales. Nos oponemos rotundamente a esta iniciativa y le recordamos al Ministro que todos los servicios primordiales de policía judicial, denuncias de delitos y cuestiones vinculadas a restricciones en hechos de familia permanecen activos en sus respectivos juzgados durante la Feria. Cualquier proyecto serio, en relación a la justicia debe incluir temas ineludibles: recursos presupuestarios para dotar de mayor personal, infraestructura  y herramientas de trabajo, junto a la creación de nuevos juzgados. La feria es útil e insustituible en términos ordenatorios de la actividad que desarrollan los diversos actores que se desempeñan en la actividad judicial.