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Cumpliéndose hoy el segundo día del paro de 48 horas podemos decir que el mismo ha tenido un muy buen acatamiento, aunque dispar en algunas sedes del interior. Por ejemplo hubo una alta adhesión, tanto de los trabajadores/as que hacen trabajo presencial como en el teletrabajo, en Villa Dolores, Villa María, Oliva y La Carlota, a su vez fue baja en sedes como Cosquín, Alta Gracia y Carlos Paz.

En tanto que en la Capital provincial el acatamiento ha sido alto en algunas Unidades Judiciales y demás sectores que estuvieron trabajando presencialmente desde la declaración de la pandemia. Respecto del teletrabajo, según lo relevado por nuestra entidad gremial también tuvo un importante acatamiento con gran número de empleadas y empleados que no se conectaron durante los dos días de paro o en uno de ellos.
Además del pago del 10% adeudado desde diciembre de 2019, anunciado por el Tribunal Superior muy pocas horas antes del comienzo de la medida de fuerza, también recibimos del empleador la noticia de renovación de 38 contratos de empleados que estaban con amenaza de rescisión. De hecho, la defensa de esos puestos de trabajo fue uno de los motivos del paro expresado en las consignas convocantes junto al reclamo por deuda salarial y la oposición a la reciente reforma previsional del gobierno provincial.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó: “En medio de las inmensas dificultades para la organización que impone la pandemia, hemos llevado adelante una ejemplar medida de fuerza contra las arbitrariedades que despliega nuestra patronal. No es coincidencia, sino fruto de la incansable lucha de todas y todos los judiciales que a las 17 horas de un día feriado y en la víspera de un paro de 48 horas nos comuniquen el pago del 10 % adeudado que venimos reclamando hace cinco meses y medio”

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán acotó que: “Este paro de 48 horas también es contra la nefasta ley de reforma jubilatoria que, aprovechando el momento, el gobierno provincial ha hecho sancionar conculcando derechos de los actuales y futuros jubilados. Anunciamos que vamos a continuar con acciones al respecto. El paro ha sido muy bueno a pesar del trillado intento de la patronal de anunciar buenas noticias horas antes de cada medida”

Desde AGEPJ repudiamos el dictado de la nueva ley de reforma jubilatoria y llamamos a un paro para el 26 y 27 de mayo, que entre otros motivos ennumera la oposición a la misma. El Paro coincide con las jornadas que convocó CGT Regional Córdoba en resistencia a la ley.


A su vez, junto a los gremios aportantes a la caja estamos coordinando una estrategia legal para impugnar judicialmente la misma. Independientemente de dicha acción conjunta que reúne varios gremios, AGEPJ pondrá en breve a disposición de las jubiladas y jubilados afiliados el instrumento que indique el estudio del Dr. Carena para defender judicialmente nuestros derechos previsionales.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: «estamos ante la más regresiva reforma jubilatoria desde el regreso de la democracia, arteramente sancionada aprovechando las restricciones que la pandemia impone a la acción colectiva. Aun así le estamos ofreciendo resistencia, con el paro del 26 y 27, con las acciones en conjunto de los gremios aportantes y el recurso judicial que en breve AGEPJ pondrá a disposición de nuestras afiliadas y afiliados. Las jubiladas y jubilados judiciales nos han marcado un camino de lucha que vamos a honrar con un gran paro el martes y miércoles.»


A su vez el Secretario Adjunto de AGEPJ Adrian Valan acotó: «estamos convocando a todas y todos los empleados judiciales a plegarse al paro decretado para el 26 y 27 contra la nueva ley de reforma jubilatoria. En defensa de los actuales jubilados y de los que alguna vez seremos hay que demostrar que la justicia no funciona sin sus trabajadores por tanto en esas 48 horas no debe haber concurrencia a los lugares de trabajo ni conexión para realizar teletrabajo.»

Se abonará el 10% de diciembre 2019 a partir del mes de junio de 2020

La Administración General del Poder Judicial informó, alrededor de las 17 horas del 25 de mayo que incorporará al básico el 10% de aumento de diciembre de 2019 a partir del mes de junio.

Esta decisión de la patronal nada dice sobre los retroactivos debidos de sendos tramos de 10% ordenados a fin de año, de manera que la deuda con sus trabajadores y trabajadoras sigue siendo enorme aunque con la incorporación al básico dejará de acrecentarse.

No es nada casual que el Tribunal Superior durante un feriado patrio y a muy pocas horas del comienzo de un paro de 48 horas difunda esta noticia. La finalidad es evitar la ejecución de la medida de fuerza.

Sin embargo la misma se mantiene, por los retroactivos debidos, contra la amenaza constante de bajas de contratos, el recorte jubilatorio y la eliminación del receso de julio 2020.

La Comisión Directiva de AGEPJ convocó a un paro de 48 horas en el Poder Judicial para los días 26 y 27 de mayo. El momento del paro se decide en paralelo a la paulatina vuelta al funcionamiento del trabajo presencial en la mayoría de las sedes del interior, tal como lo había advertido AGEPJ si no había cumplimiento salarial.

El consenso de los cuerpos orgánicos de AGEPJ es unánime en cuanto a que la mala fe y destrato del Tribunal Superior alcanza ya límites intolerables. Mientras una gran parte de la planta hace teletrabajo y numerosos compañeros y compañeras haciendo trabajo presencial le han puesto el cuerpo a la pandemia, el Tribunal Superior nos tiene con la amenaza constante de bajas de contratos, sigue sin cumplir con el aumento salarial de diciembre de 2019, acaba de suprimir la feria de julio de 2020 y las precarias condiciones de trabajo de muchas sedes y edificios sólo se han visto empeoradas por la irrupción del coronavirus.

Como la gota que colma nuestra paciencia el 20 de mayo el gobierno provincial (elmismo que junto al TSJ nos debe parte de nuestro salario) hizo aprobar en trámite sumario una nueva ley que recorta las jubilaciones actuales y futuras de la Caja de Jubilaciones provincial.

Frente a todos estos atropellos del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial las y los judiciales DECIMOS BASTA y convocamos a parar por 48 hs. en toda la provincial los días 26 y 27 de mayo, sin presencia en los lugares de trabajo y desconexión-deslogueo en la modalidad de teletrabajo. Además, se advierte que no habrá regreso con normalidad a la actividad del Poder Judicial si nuestra patronal continúa violentando derechos y ninguneando a quienes sostenemos con nuestro trabajo el funcionamiento del Poder Judicial.

El Paro comienza a las 0 horas del día 26 de mayo y culmina a las 24 hs. del día 27 de mayo o hasta la finalización del turno donde existe trabajo nocturno.

El día 3 de mayo un diario de gran circulación de la provincia, realizó un informe periodístico sobre los privilegios del Poder judicial. En dicha nota se coloca en el mismo lugar  al conjunto de empleados y empleadas judiciales con el sector de magistrados y al Tribunal Superior de Justicia. En esa oportunidad desde AGEPJ emitimos nuestra respuesta institucional, aclarando quienes son los únicos que detentan verdaderos privilegios.

Nuestra aclaración gremial: https://agepj.org.ar/la-felicidad-es-del-tsj-no-de-los-judiciales/

 

Tres días después de haber desinformado a la sociedad sobre la situación que atravesamos los y las trabajadoras judiciales, el mismo diario, vuelve a publicar una nota, sin siquiera intentar comunicarse con el sindicato para chequear la información, volviendo en consecuencia a caer en las mismas imprecisiones.

En efecto, El  6 de mayo el matutino publica en su editorial, la nota “Un desequilibrio inaceptable” y allí, sostiene que el promedio salarial de los empleados de planta es casi lo mismo que lo que gana actualmente el gobernador.

Mas allá de la absurda comparación que no resiste el menor análisis (resulta increíble que alguien piense eso), lo que el medio no dice, por ignorancia o malicia, es que en la actualidad el 70% de la planta de trabajadores se encuentra en las tres primeras categorías del escalafón, que están verdaderamente lejos del promedio que publica el diario. Pero no solo eso, al día de la fecha entre el TSJ y el MPF, en complicidad con el Poder Ejecutivo, han decidido que casi el 20% de este colectivo de empleados y empleadas se encuentren absolutamente precarizados revistiendo la calidad de contratadxs. No obstante, el tema no termina allí.

Lo descripto, sumado a la nuevas condiciones de ingreso dispuestas por la patronal, esto es, cada vez más jóvenes para ahorrarse las bonificaciones por título y por inhabilitación de matrícula, hace que una persona que ingresa a trabajar al Poder Judicial lo hace bajo la línea de la pobreza. Y esto sin contar a compañeros y compañeras que no están en la planta jurisdiccional y cuya situación es aún peor, como el caso de los sectores de mantenimiento y obrero y maestranza.

 

La ignorancia sobre estas particularidades pueden subsanarse comunicándose con AGEPJ. Es tan simple como realizar una llamada telefónica o mandar un correo electrónico. Lo que es más difícil o casi imposible de enmendar, es la malicia con la que vuelven a sostener que “Cuando la Corte Suprema de Justicia dictamina un aumento, Córdoba se los otorga de modo automático”. El diario no desconoce, porque ha realizado cobertura de cada uno de los más de 10 paros (con ocupación de tribunales incluida) que este Gremio dispuso durante 2019 y los 5 paros que realizamos este año, hasta la irrupción de la pandemia por coronavirus. Todas estas medidas se hicieron porque el poder ejecutivo se niega a otorgar los aumentos que se comprometió expresamente desde el año 2016.

Solo a manera de sugerencia, y puesto que el diario parece muy preocupado por la administración del dinero público, podría investigar cuánto se ahorra el Ejecutivo con el recorte del 10% dispuesto sobre este colectivo de trabajadores y trabajadoras desde diciembre del 2019. O cuanto se ahorra con un nuevo ajuste sobre nuestros jubilados y jubiladas estatales.

 

Las empleadas y empleados judiciales recibimos el domingo 3 de mayo un amargo regalito. Un artículo periodístico del principal diario provincial textualmente dice que “La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”. Como siempre, ponen a las trabajadoras y trabajadores en el mismo barco que magistrados y eso, sabemos que no es así. Nuestros bolsillos son la prueba más elocuente. Sí se enuncian correctamente los privilegios que detenta ese sector (magistrados), pero erran cuando se refiere a empleadas y empleados. Nosotros si tenemos un ajuste salarial a la baja de hecho. A diferencia de los demás sectores públicos de la provincia, los judiciales tenemos desde hace 6 meses un recorte salarial del 10% de facto, con una deuda creciente y somos el único sector público que no tuvo aumento en el año 2020.

En el apartado previsional es más que forzado el intento de asimilar nuestra situación a los magistrados. Nosotros aportamos un 18% para cobrar la misma jubilación que el resto del sector público y poniendo en relación tomando los aportes de empleados y empleadas con las jubilaciones que para el sector paga la caja somos superavitarios. El déficit se visualiza si se suma al sector de magistrados. Dicho más claro: el déficit de la caja respecto del poder judicial lo generan los magistrados. Sector que por otra parte hace un esfuerzo previsional del 12% y para acceder a otro régimen jubilatorio con exigencias menores en cuanto a años de aportes y menor edad jubilatoria.

Para nosotros, al contrario de lo que dice el artículo no hay ninguna “máquina de la felicidad”. Cada aumento que por derecho nos corresponde al haber un acuerdo firmado en la misma mesa por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y nuestro gremio judicial desata una cadena de incumplimientos y dilaciones por parte del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial. La inmensa cantidad de paros, ocupaciones del salón de los pasos perdidos y movilizaciones en los años recientes son la consecuencia de ello. Si existiera el artefacto infelizmente evocado por la autora del libelo las y los judiciales no hubiéramos desarrollado tal nivel de conflictividad.

La falacia se agiganta más aún si ponemos en contexto histórico el ya mencionado fragmento del texto (“La crisis otra vez pasa de largo en tribunales”). Todo lo contrario, a las trabajadoras y trabajadores las crisis NO nos pasan de largo, nos impactan una y otra vez. Es así que aún estamos bajo la emergencia establecida por el gobernador Ramón Mestre en 1995 y desde ese año se nos adeuda aun el uno por ciento por año de antigüedad. Distinto es el caso de magistrados que en muy poco tiempo salieron de esa emergencia otorgándose antigüedad en el título y obteniendo la devolución de los montos recortados.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que «No aceptamos el recorte de nuestro salario, a las empleadas y empleados judiciales nos deben la última parte del aumento de 2019 y todos los retroactivos. No estaba la excusa de la pandemia en ese momento y es lo que por la firma de los Poderes Ejecutivo y Judicial nos corresponde. Cuando las evidentes restricciones de la cuarentena en curso lo permitan reanudaremos el mismo plan de lucha interrumpido en marzo».

El Secretario Adjunto Adrián Valan acotó que: Los únicos que no pierden en ninguna crisis son los magistrados, no perdieron en el 95’, no perdieron en 2001 y ahora tampoco. Con la anuencia del Poder Ejecutivo desde 2005 iniciaron un proceso por el cual fueron tomando tajadas de dinero cada vez mayores de la masa salarial en detrimento de los salarios de empleadas y empleados, el cual fue coronado con la equiparación de la que dejaron al margen a las y los trabajadores. Por eso no aceptamos recortes ni descuentos en nuestros salarios.

 

El gremio de Judiciales de Córdoba decretó un nuevo paro para los días 12 y 13 de marzo del corriente al no tener novedades de cumplimiento de las sumas adeudadas por el TSJ.
El conflicto salarial en el Poder Judicial comienza a escalar y a los tres paros ya realizados se suma ahora la nueva convocatoria a un paro de dos días con la novedad de que se ha previsto una movilización hacia el ministerio de finanzas de la Provincia de Córdoba.

Para la semana siguiente, día 17 de marzo la Comisión directiva de AGEPJ ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria que con la presencia de todas las sedes y delegaciones de la provincia evaluará la marcha del conflicto y dispondrá nuevas medidas de fuerza si a la fecha no hay ofertas de pago de lo adeudado.
En el Interior el paro comienza a las 0 hs. del día 12 de marzo y termina a las 24 hs. del día 13 de marzo o a la finalización del turno donde exista trabajo nocturno. Es sin marcación ni asistencia con la convocatoria el día 12 a trasladarse hacia la capital para participar de la movilización programada.
En capital el paro comienza a las 10 hs. del día 12 de marzo y termina a las 24 hs. del día 13 de marzo o a la finalización del turno donde exista trabajo nocturno. Con Marcación y asistencia el 12 y sin marcación ni asistencia el día 13.
La movilización será el 12/03 al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, previo abandono de tareas a las 10:00hs. y concentración a las 11:00 hs. en el edificio de tribunales I.

 

 

El Sec. General Federico Cortelletti  y Secretario Administrativo Javier Planas participaron de la reunión del Programa «rutas seguras” con distintos actores sociales y funcionarios públicos. La propuesta realizada por el gremio de los judiciales a los responsables de la ejecución del programa “Rutas Seguras” procura garantizar mayor seguridad en ingresos y egreso de lxs judiciales en sus lugares de trabajo (tribunales 2, accidentología vial, tribunales 1), haciendo lugar al pedido de mayor seguridad que viene realizado desde hace tiempo nuestro gremio a partir de situaciones de inseguridad.

Desde el Gremio de Judiciales planteamos en la reunión la problemática de inseguridad que padecemos empleadas y empleados judiciales. Solicitamos medidas concretas para revertir una situación que venimos reclamando desde hace ya mucho tiempo. En esta oportunidad trasladamos nuestros reclamos a los responsables de diferentes áreas municipales y provinciales involucradas en la instalación de luminarias led, distribución de agentes de policía barrial y reubicación de paradas del trasporte urbana más cercanas a los diferentes edificios de tribunales

¿Cómo se definen los recorridos de estas rutas seguras? El equipo  analiza mapas de recorridos de transporte urbano y equipamiento social y comunitario de cada sector de la ciudad y a partir de estos datos se traza un borrador del recorrido, que se somete a dos consultas clave: la Policía Barrial, que lo cruza con las zonas de calor del delito y los propias vecinos y organizaciones de la sociedad civil que son convocados a opinar en el Consejo Barrial.

En la reunión estuvieron presentes el Director General de Coordinación los Centros de Participación Comunal  Jorge Navarro; El Subsecretario de Participación y Convivencia Oscar Arias; el Director de Participación ciudadana Gastón Baena; el Director de Gestión Comunitaria julio Chit;  Referentes de la Policía Barrial, y el Director del CPC Centro Gerardo Chacón.

 


Con un altísimo índice de acatamiento se desarrolló el paro provincial de actividades en el Poder Judicial hasta las 24 hs. de hoy 21 de febrero. De no mediar novedades respecto al cumplimiento de la deuda salarial continuará el desarrollo del plan de lucha delineado por la última Asamblea General Extraordinaria. Además de prever asambleas sorpresivas por fueros o edificios, resolvió la presentación de un reclamo administrativo individual con movilización y abandono de tareas el próximo 28 de febrero y un nuevo paro provincial para la primera semana de marzo.

El Secretario General Federico Cortelletti expresó que “El empleador debe registrar que el malestar de las trabajadoras y trabajadores judiciales es muy grande y va en aumento con el correr de los días que llevan incumpliendo nuestro acuerdo salarial. Esto, de seguir así conducirá irremediablemente a una parálisis total y prolongada del servicio de justicia. El regreso a la senda de la normalidad está en manos del Tribunal Superior y el Gobierno de la Provincia de Córdoba que deben cumplir los acuerdos firmados”


Por su parte el Secretario Adjunto Adrián Valán afirmó que “decir que estamos indignados es poco, es inconcebible que la cabeza del Poder Judicial, el Tribunal Superior que es el guardián del cumplimiento de la constitución y las leyes incumpla de esta manera los acuerdos que firmaron pisoteando los derechos de las empleadas y empleados judiciales. Y todavía peor, que habiendo resuelto otorgar los aumentos no pueda exigir al Poder Ejecutivo que liquide nuestros salarios como corresponde”

 

 

Con la presencia de sedes y seccionales de la provincia de Córdoba, se realizó en la sede de AGEPJ este Viernes 14 de Febrero la Asamblea General Extraordinaria  en la que se decidió por unanimidad convocar a un paro provincial de actividades de 24 hs., sin asistencia ni marcación para el para el día 21 de febrero.  La medida se toma tras haber agotado el reclamo al Tribunal Superior y al Gobierno Provincial para que cumplan con la deuda salarial que mantienen. La asamblea votó también un plan de lucha que ratifica el estado de alerta y movilización, Asamblea y movilización de cuerpos orgánicos en Tribunales I para el próximo jueves 20 de febrero. 

 

Además se acordó la presentación de un recurso administrativo individual por los montos salariales adeudados, con movilización el 28 de febrero a partir de las 12 hs con un abandono de tareas de 2 hs . También asambleas sorpresivas por edificios o sectores y de persistir el incumplimiento,  un nuevo paro provincial en la primera semana de marzo. 

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “Nuestro empleador y la Provincia que proporciona los fondos deben cumplir inmediatamente con el pago de la deuda salarial. Es lo que corresponde y sería el justo reconocimiento al trabajo diario de las empleadas y empleados sosteniendo el servicio de justicia. En general la población no sabe que la mayor parte de los actos judiciales, incluso los más importantes como redacción de sentencias, tomar declaraciones a imputados, audiencias laborales descansan sobre los hombros de empleadas, empleados y funcionarios de bajo rango. Y así asumen las tareas que corresponden a funcionarios y magistrados.
En vez de reconocer ese trabajo el Tribunal Superior continuamente incumple con nuestro sistema salarial. Manteniendo para su sector #privilegios que no revisten racionalidad ni resisten la más mínima exposición pública como son por #ejemplo distribuir de manera desproporcionada la masa salarial en su favor y autodevolverse una parte de los aportes previsionales, un escandaloso beneficio que no detenta ningún trabajador o trabajadora de la República Argentina.” 

A su vez el Secretario Adjunto Adrián Valán advirtió que “de continuar el grave incumplimiento del Tribunal Superior y el Gobierno Provincial el gremio desplegará un  intenso plan de lucha que incluirá nuevos paros y movilizaciones para obtener el pago de lo que nos deben. La responsabilidad del consiguiente deterioro del servicio de justicia es de exclusiva responsabilidad del empleador que es muy rápido de reflejos en adjudicarse privilegios para su sector pero un incumplidor serial con los derechos de empleadas y empleados.”