La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó hoy miércoles 27 de mayo un pedido formal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba para que gestione ante la Municipalidad la exención del pago del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido y Controlado para todo el personal judicial en las zonas lindantes a las dependencias tribunalicias provinciales.
En la nota dirigida al TSJ, desde el gremio de judiciales se advierte que la Ordenanza Municipal N° 13.645, que implementa el sistema tarifado, afecta directamente las inmediaciones de edificios judiciales, incluido el complejo del Polo Judicial, sin contemplar exenciones ni tarifas preferenciales para quienes deben cumplir funciones presenciales. AGEPJ sostiene que la medida representa una carga económica adicional que reduce el poder adquisitivo de los salarios y constituye una detracción patrimonial indirecta.
El gremio señala además la ausencia de infraestructura de estacionamiento provista por la patronal y la deficiencia del transporte público que conecta con el Polo Judicial, lo que convierte al pago obligatorio del estacionamiento en una penalización para quienes deben asistir diariamente a sus puestos de trabajo. Por otra parte, advierte que la medida impacta no sólo a trabajadores y trabajadoras, sino también a más de 3.000 personas que circulan a diario por el Polo Judicial: abogados, víctimas, testigos, imputados y ciudadanos que concurren a defensorías y juzgados.
AGEPJ alertó además sobre el agravamiento de la situación con la proyectada mudanza del Fuero de Familia al Polo Judicial, dado que este fuero convoca a personas en situación de vulnerabilidad que podrían verse obligadas a transitar distancias inseguras por la zona si no hay alternativas de estacionamiento o transporte.
Ante este escenario, la asociación solicitó al TSJ que gestione: 1) la exención del pago del estacionamiento medido para todo el personal del Poder Judicial en los cuadrantes adyacentes a las dependencias judiciales; 2) la extensión de franjas horarias liberadas o tolerancia para ciudadanos citados a procesos y abogados litigantes; y 3) en caso de imposibilidad de una exención total, la implementación de una tarifa diferencial, bonificada o un abono mensual social acreditable con credencial oficial.
AGEPJ concluye que garantizar condiciones laborales adecuadas y un acceso seguro y económico a los tribunales es una responsabilidad institucional del Poder Judicial para preservar la plena administración de justicia. El Tribunal Superior de Justicia aún no emitió respuesta oficial al pedido.
