AGEPJ pone en marcha el proceso electoral para constituir el cuerpo de delegados y delegadas de capital que se efectuaran con modalidad escalonada tal como sucediera en su anterior conformación. Conforme las previsiones estatutarias el proceso eleccionario estará conducido por la secretaría gremial que contará con la colaboración, veeduría y fiscalización de una comisión electoral para cuya integración plural y democrática AGEPJ convoca a las agrupaciones gremiales a nominar a una o un titular y un o una suplente dentro de los siguientes 5 días hábiles a esta publicación.

Se convoca a elección de 4 delegados o delegadas titulares y 4 delegados o delegadas suplentes para el personal jurisdiccional y administrativo del fuero laboral, 1 delegado o delegada titular y 1 delegado o delegada suplente para personal de maestranza del fuero laboral, 2 delegados o delegadas titulares y 2 delegados o delegadas suplentes para el personal del fuero de familia, 1 delegado o delegada titular y 1 delegado o delegada suplente para equipos técnicos en fuero de Familia (ETIRC y CATEMU) para el día viernes 12 de septiembre de 2025 pudiendo las o los interesados, que reúnan los requisitos previstos por la ley 23551 de asociaciones sindicales presentar su candidatura desde el día de la fecha (22/08/2025) hasta el 29/08/2025 por escrito, en la sede de AGEPJ de Arturo M. Bas 339 de 8 a 15 hs.

Para descargar la ficha de postulación de delegadas/os HACER CLICK ACÁ

AGEPJ recuerda que están vigentes las circulares 1/2019 y 2/2019 denominadas protocolo de actuación en unidades judiciales. Las cuales tuvieron un proceso participativo de elaboración por parte de sumariantes quienes, en el seno de AGEPJ, deliberaron y propusieron. Estas instancias, luego se convirtieron en resolución por parte del MPF, previa negociación bilateral con el sindicato.

  • Si bien una parte de las mismas ha quedado desactualizada por los cambios en el tratamiento de los delitos en flagrancia, el resto del articulado es pertinente y debe ser cumplido.
  • Si te desempeñas en una unidad judicial esas circulares son parte de tus derechos.
  • Instamos también a quienes dirigen las Unidades Judiciales a acompañar a las y los sumariantes e intervenir ante situaciones de destrato de las y los usuarios del sistema de justicia hacia los operadores judiciales.
  • Ante cualquier duda o problemática en tu lugar de trabajo comunícate con el sindicato.

 

Arturo M Bas 339   Horario: de 8 a 15 hs

(0351) 4282384 / 4282389

Whatsapp: 3513098786

Whatsapp: 3517656464

Como resultado de las gestiones de los gremios estatales, el directorio de APROSS decidió dejar sin efecto el aumento en los valores de los aportes de las afiliadas, afiliados y beneficiarias y beneficiarios voluntarios que el organismo había aprobado para el mes de julio y agosto.La medida se da en respuesta al reclamo sostenido del conjunto de los sindicatos estatales que en unidad venimos reclamando, ya que estas medidas afectan el salario de los trabajadores y trabajadoras estatales.

Seguimos reclamando mejoras en las prestaciones médicas y en el funcionamiento de APROSS.

Desde AGEPJ valoramos esta medida, pero insistimos en que no resuelve la grave situación que afrontamos las y los afiliados de seguro médico obligatorio provincial. Continuamos reclamando un mejor funcionamiento de APROSS especialmente en el interior provincial.
Desde nuestra organización, y junto a los gremios estatales, seguiremos defendiendo el poder adquisitivo quienes estamos adheridos y adheridas al APROSS y continuaremos exigiendo que se regularice la crítica situación que atraviesa el sistema de salud.

APROSS  informó al conjunto de los gremios que presentaron el reclamo que los montos fueron reintegrados a las cuentas sueldos de las y los adherentes. Si existiera alguna duda o dificultas pueden comunicarse al mail recaudaciones@apross.gov.ar

La Federación Judicial Argentina (FJA) recibió un respaldo internacional significativo a su denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que exige al Estado argentino que garantice el derecho constitucional a la negociación colectiva para las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial. Organizaciones regionales destacan que se vulneran compromisos internacionales

 

La presentación, realizada en abril de 2024 con el acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores, se encuentra actualmente en etapa de análisis de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Cuatro destacadas organizaciones regionales avalaron formalmente el reclamo ante la Comisión: la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE) y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL)

 

En relación con este apoyo, Matías Fachal, secretario General de la FJA, señaló: “Nuestro reclamo va más allá de la negociación colectiva en cada provincia, que es fundamental extender en todo el país. También buscamos una paritaria nacional donde no sólo la Corte Suprema, como parte empleadora, deba rendir cuentas, sino que podamos sentar a todos los Superiores Tribunales provinciales para discutir condiciones mínimas comunes: un escalafón único, mecanismos de concursos entre jurisdicciones y un ingreso verdaderamente democrático, no discrecional. Por esto acudimos a la CIDH: porque este derecho nos es negado tanto por el Estado nacional como por los provinciales.”

 

Desde la CLATE, su secretario General Julio Fuentes subrayó que el Estado argentino incumple instrumentos internacionales con jerarquía constitucional al no garantizar este derecho derivado de la libertad sindical. En ese sentido, instaron a la CIDH a avanzar con el tratamiento de la denuncia para asegurar el respeto de los derechos fundamentales del sector judicial.

 

Por su parte, la ALAL, a través de Guillermo Ferriol Molina y Matías Cremonte, destacó que el planteo de la FJA se fundamenta en el sistema interamericano de derechos humanos y en obligaciones internacionales asumidas por Argentina, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y la Declaración de Principios de la OEA.

 

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), con la firma de su presidenta Vanessa Ramos, sostuvo que la posibilidad de negociar colectivamente es una garantía esencial de la libertad sindical, y que su negación en el ámbito judicial argentino representa una vulneración de los compromisos internacionales del país.

 

Finalmente, la CSA —que agrupa a las principales centrales sindicales del continente— fue contundente en su apoyo: “Exhortamos a esta Comisión a avanzar con la denuncia presentada y a considerar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores judiciales en Argentina”, expresa el documento firmado por su secretario General, Rafael Freire Neto.

 

La denuncia ante la CIDH fue elaborada por el equipo jurídico de la FJA, conformado por Guillermo Gianibelli, Marcelo Bustos Fierro y Ulises Gorini, con el asesoramiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde la Federación destacaron que este respaldo internacional fortalece un reclamo histórico por condiciones laborales justas y por el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva en el Poder Judicial argentino.

El pasado martes 12 de agosto se concretó una reunión institucional entre integrantes de AGEPJ y el equipo interdisciplinario responsable del abordaje y prevención de la violencia laboral y de género en el Poder Judicial. Esta oficina, contemplada en el Protocolo de Violencia Laboral y de Género del Poder Judicial de Córdoba, es el resultado de un largo proceso impulsado por nuestro sindicato. 

Por parte de AGEPJ participó la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli; La Secretaria de Capacitación Daniela Bergesio; la Secretaria de Organización Lucia Bonafe, la Pro secretaria de Prensa y difusión Gabriela Arribillaga y la Pro Secretaria Administrativa María Jose Braseras.

En la reunión se compartieron apreciaciones sobre las distintas expresiones de violencia laboral y de género presentes en el Poder Judicial. Se abordó también la trayectoria del gremio acompañando esta temática que significó la aprobación y puesta en marcha del protocolo de Violencia. Además se realizó un diagnóstico actual y se transmitieron las inquietudes que se expresaron desde el cuerpo de delegados/as de capital que se desarrolló la semana pasada. En dicho plenario se manifestó la preocupación por diversas situaciones de maltrato y violencia laboral especialmente en el Fuero Civil y Laboral. Este conjunto de situaciones fueron planteadas ante las referentes del equipo interdisciplinario.

Por otra parte, durante el encuentro se acordó la necesidad de realizar campañas de visibilización sobre la temática.
Desde AGEPJ celebramos nuevamente la puesta en marcha de esta oficina, encargada de aplicar el protocolo de violencia laboral y de género en el Poder Judicial. Además destacamos que el equipo ha sido designado siguiendo las pautas establecidas en el protocolo: mediante concurso público, antecedentes y órden de mérito. Reafirmamos nuestro compromiso en continuar abordando cada uno de los casos de violencia laboral y de género que se susciten en el marco del trabajo porque estamos convencidos y convencidas que sólo en espacios de trabajo armoniosos se puede desarrollar de una mejor manera nuestras tareas y así brindar un mejor servicio de justicia para toda la ciudadanía.

 

En un reclamo conjunto que ponen en evidencia el malestar creciente entre los trabajadores estatales, la Intersindical de traslasierra se reunió en la sede de UEPC de Villa Dolores para exigir el acompañamiento activo de los legisladores provinciales en el pedido de fondos que la Nación le adeuda a Córdoba.

El planteó se realizó ante los legisladores provinciales Edgardo Russo, Mariano Ceballos, Enrique Rébora, solicitando que intercedan ante el ejecutivo provincial y a la legislatura para que se exija el envío de partidas correspondientes a la caja de jubilaciones, obras públicas, coparticipación, educación, trasporte y salud.

 

El Secretario del Interior de AGEPJ  Pablo Sabas señaló “ Hemos expresado a los legisladores presentes nuestras preocupación por el deterioro de los servicios de atención en salud de la obra social provincial, especialmente en el interior y advirtieron que la falta de recursos repercute directamente en los municipios, debilitando la prestación de servicios esenciales y frenando obras claves para la reactivación económica local”

El pasado jueves 7 de agosto se llevó a cabo reunión del cuerpo de delegados y delegadas de capital de AGEPJ. En la misma se realizó un balance del gran conflicto salarial por la equiparación y los resultados obtenidos. También se anticipó que se pondrá en marcha el proceso eleccionario para un nuevo cuerpo de delegados y delegadas de Capital.

Se planteó el tema de los ascensos y pases a planta informando la secretaría gremial que ya se están realizando las gestiones ante el empleador para que se acelere ese proceso. Se debatieron también los temas concernientes a los aportes extraordinarios a la Caja y Apross, la creciente violencia y recarga laboral en las oficinas de varios fueros, y los distintos conflictos sectoriales en marcha por condiciones de trabajo como el caso de la pretendida mudanza de la DIO o la problemática de los Equipos Técnicos.

En ese sentido el cuerpo de delegados y delegadas expresó su solidaridad con la lucha de los compañeros y compañeras de la DIO que están resistiendo la mudanza provisoria justamente porque el espacio físico al que se los pretende llevar no reúne condiciones mínimas. Asimismo, el cuerpo resolvió enviar también un mensaje de solidaridad hacia la lucha de las y los trabajadores de petroquímica Rio Tercero contra las cesantías producidas y el cierre productivo expresando el deseo colectivo que las y los trabajadores de todo el país debemos construir mayor unidad a lo largo y ancho del país para resistir el ajuste, la pérdida de poder adquisitivo del salario y los despidos.

Mediante un comunicado de prensa los gremios estatales de Córdoba expresaron su rechazo a la decisión del Ejecutivo Nacional de vetar las leyes de aumento a jubilados y jubiladas, moratoria previsional y emergencia en discapacidad recientemente sancionadas por el Congreso de la Nación. Además, AGEPJ celebró la insistencia legislativa con media sanción del pasado miércoles de la Ley de financiamiento universitario dispuesta por la Cámara de Diputados. En este marco los gremios estatales exigieron a los diputadas y diputados cordobeses que no acompañen el veto presidencial a las leyes de discapacidad y de aumento a jubilados/as.

El conjunto de gremios estatales insistimos que el veto del gobierno nacional agrava las dificultades cotidianas de miles de familias en todo el país. En este contexto de crisis actual, los derechos de las personas mayores y las personas con discapacidad deben ser una prioridad.

En el caso de la emergencia en discapacidad la ley establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad y es una respuesta a la crítica situación que atraviesan las organizaciones, instituciones, profesionales, docentes y trabajadores que acompañan procesos de inclusión social, cultural y educativa de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Por otra parte, el veto al aumento de las jubilaciones es una muestra más del abandono al que somete este gobierno a las y los adultos mayores.

Es en ese marco también que desde AGEPJ reiteramos una vez nuestro rechazo a los aportes extraordinarios a la Caja de Jubilaciones impuestos discrecionalmente a las y los estatales en diciembre del 2023 por la provincia, como así también la ley de diferimiento de los aumentos a las y los jubilados estatales.

El Gremio de Judiciales de Córdoba presentó formalmente un pedido de audiencia al Director de Servicios Judiciales Licenciado Pablo Duje con motivo de retomar una agenda de diálogo y resolución en torno a problemáticas específicas del sector en resguardo de los derechos de las y los profesionales del sector.

Entre las problemáticas y situaciones relevadas por la organización gremial se encuentran la situación de las coordinaciones de equipos, las modalidades de intervención en el territorio, el pago de movilidad y gestión de cobro de viáticos, nombramientos, orden de mérito, capacitaciones, espacios físicos de Trabajo y de entrevistas tanto en interior como capital.

La Secretaria de Acción social de AGEPJ María Cristina Bussone expresó que “desde el sindicato sostenemos nuestro compromiso con la defensa de las condiciones y medio ambiente de trabajo saludables para todos los sectores del poder judicial, en este caso particular referido a las y los profesionales de equipos técnicos cuya tarea requiere atenciones especificas»

El gremio, junto a las y los trabajadores de la DIO (Dirección de Investigaciones Operativas del Ministerio Público Fiscal) estamos rechazando una mudanza provisoria de la repartición por no cumplirse condiciones laborales mínimas, ni de seguridad. Referido a ello alertamos por el riesgo para pruebas judiciales en causas penales sensibles. La mudanza provisoria afecta de forma directa no solo las condiciones laborales del personal, sino también el resguardo de pruebas judiciales sensibles y los elementos de trabajo específicos de la Dirección.

 

En el petitorio acompañado al Fiscal General, en el que también solicitamos audiencia se ha dejado constancia de múltiples irregularidades en relación al edificio propuesto, como por ejemplo que no cuenta con ascensores habilitados, los sanitarios son insuficientes para la dotación de más de 70 personas, hay un estado de abandono y falta de higiene, incluyendo la presencia de aves y nidos, el espacio es disfuncional para el desarrollo del trabajo y no garantiza ni privacidad ni seguridad para el tratamiento de causas complejas.
También, algo que no desconocen las autoridades del MPF pero que parece ser soslayado con estos erráticos y poco estratégicos intentos es que la DIO, como parte de la Policía Judicial, realiza investigaciones sensibles, incluyendo delitos complejos, ciberdelitos, análisis de material vinculado a abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y hechos vinculados a organismos estatales. La mudanza entonces afectaría gravemente el desarrollo normal de estas tareas, al distanciar a la Dirección de otras áreas con las que trabaja de forma articulada, entorpeciendo la dinámica investigativa diaria. Pero que por sobre todo el nuevo edificio no ofrece condiciones adecuadas para el almacenamiento de material probatorio delicado ni para el ingreso y egreso del personal fuera del horario habitual, tal como sucede con frecuencia por la naturaleza del trabajo.

AGEPJ reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud y seguridad en el trabajo, y la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía. Exigimos al Ministerio Público Fiscal que, en caso de ser inevitable una mudanza la misma se haga a un lugar definitivo que reúna condiciones dignas y seguras de trabajo, tanto para las personas como para la actividad que se desarrolla y que no se insista en el actual intento de mudanza provisoria.

El Secretario General de AGEPJ Adrian Valan expresó que: “Nos oponemos a la mudanza provisoria porque las condiciones edilicias no están dadas para resguardar los derechos de las y los trabajadores: no hay sanitarios adecuados, espacios seguros ni instalaciones mínimas para el trabajo cotidiano. Pero además —y esto es igual de grave— se está poniendo en riesgo el servicio de justicia: no hay garantías para el resguardo de pruebas judiciales en causas muy sensibles, ni para el almacenamiento seguro de elementos de trabajo indispensables, como chalecos antibalas o equipamiento técnico especializado”.