Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

La Comisión Directiva de AGEPJ, convoca a asamblea general extraordinaria para el lunes 20 de septiembre de 2021 a las 13 hs., con una hora de tolerancia estatutaria, en la sede gremial del SMATA sita en calle 27 de abril 663 (el cambio de sede es a los fines de poder garantizar el distanciamiento social) a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

2- Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para la Junta Electoral. En este punto, y por la facultad que confiere el art. 85 del estatuto de AGEPJ, la comisión directiva propone como miembro titular al compañero Juan Manuel Nieto y como suplente a la compañera Ruth Guillen.

3- Designación de dos compañeros y/o compañeras a los fines de refrendar el acta.

El jueves 9 de septiembre la compañera Gabriela Arribillaga, los compañeros Adrián Valan y Mateo Castellani representando a nuestro sindicato se reunieron con el Director de Policía Judicial Anibal Amuchastegui y los funcionarios del MPF Ignacio Mancilla y Néstor Gutierrez.

El encuentro fue solicitado por AGEPJ para plantear diversos problemas referidos a condiciones de trabajo que requieren una urgente solución de parte del MPF.

En primer lugar se plantearon las deplorables condiciones de los móviles de Policía Judicial utilizados para las cooperaciones. Los vehículos padecen de falta de mantenimiento, tienen desperfectos mecánicos y además adolecen de una mínima higiene. Al respecto se citó el inadmisible caso de un equipo, cuyo vehículo sufrió la pinchadura de un neumático y cuando quisieron cambiarlo se encontraron con la desagradable sorpresa que no tenían cubierta de repuesto, debiendo permanecer varias horas a la vera de la ruta esperando un auxilio. Como problema adicional se alertó sobre la muy escasa cantidad de unidades lo que conduce a la demora de los equipos en realizar las salidas a los lugares del hecho y con ello lentitud, desde el inicio de la respuesta judicial.

AGEPJ le expresó a las autoridades que el gremio dispuso, en defensa de la integridad física de las compañeras y compañeros que los mismos se abstendrán de salir a cooperar en vehículos que no tengan condiciones mínimas de seguridad, manteniéndose a disposición de la patronal para ser trasladados a los lugares del hecho en vehículos que si cumplan un estándar mínimo.

También se planteó que en algunas secciones falta equipamiento como computadoras, ruletas métricas, elementos de higiene etc. Asimismo que en la sección huellas y rastros es insuficiente la cantidad de personal, reclamo que ya ha sido presentado previamente.

Respecto a las nuevas condiciones de presencialidad se planteó que las disposiciones que establecen guardias pasivas en forma presencial (tal como era previo a la pandemia) en los actuales momentos no permiten cumplir con el distanciamiento social, lo cuál si podría lograrse manteniendo rotaciones y teletrabajo de una parte de las compañeras y compañeros en su sus domicilios.

Por último se solicitó que en forma perentoria se instale un basurero patógeno en el ingreso del subsuelo menos dos.

Desde AGEPJ repudiamos el accionar llevado adelante por el Jefe de RRHH Edgardo Dainotto que de manera prepotente, el día 2 de septiembre, hizo una recorrida por las Salas de la Cámara Única del Trabajo obligando a vocales, funcionarias y funcionarios que incumplan con la normativa sanitaria vigente.

En efecto, pese a que es obvio que aun transitamos una pandemia, y que siguen vigentes los protocolos de funcionamiento, el TSJ dispuso aumentar el trabajo presencial en las oficinas dejando que sean los y las titulares de los Juzgados y Cámaras, quienes evaluaran si los espacios físicos permitían respetar la distancia de 2 metros consagradas por el protocolo de funcionamientos para la Cámara Laboral, sancionado por el propio TSJ.

En razón de esto, es que la inmensa mayoría del fuero laboral (8 de 11 salas y 7 de 10 Juzgados de conciliación) habían decidido conservar algún sistema de rotación que permitiera no sólo garantizar la distancia -con el beneficio preventivo que esto supone para la salud- sino inclusive conservar trabajadoras y trabajadores en teletrabajo, dispuestos a rotar y/o reemplazar a quienes pudieran contagiarse y así evitar los cierres completos de oficinas.

Por otro lado, es unánime en el fuero que el sistema de rotación y teletrabajo, no sólo no ha perjudicado sino que ha significado un aumento en la productividad, haciendo incluso que vocales de la misma sala puedan tomar audiencia de manera simultánea, hecho casi imposible en la presencialidad absoluta. Ante esta situación en la que la mayoría decidió de manera sensata aumentar la presencialidad pero (repetimos, amparándose en la propia normativa del TSJ aún vigente) con determinados cuidados, el jefe de RRHH decidió darse una vuelta por las diferentes Salas, apretando jueces para que den marcha atrás con la decisión.

Hacemos responsable a Dainotto y al TSJ de cualquier brote de contagios que pudiera presentarse en el fuero y en cualquier otro lugar donde no se esté cumpliendo la normativa. Además de, en esa eventualidad las respuestas que deberan dar a la sociedad por el cierre completo de juzgados entorpeciendo así el funcionamiento normal de la justicia.

En el día de la fecha (03/09/2021) se llevó a cabo asamblea en la policía judicial.

Se informó y debatió sobre la situación salarial, el reclamo histórico por la declaración de insalubridad, la falta de insumos, el mantenimiento de móviles y los cambios horarios por el aumento de presencialidad.

El gremio de Judiciales de Córdoba presentó hoy (01/09/2021) ante la Administración del Poder Judicial un recurso de Reconsideración en contra del Acto administrativo que fija fechas de los próximos concursos. Además solicitó la urgente concreción de una audiencia a los fines de arribar a una solución justa para el conjunto de empleadas y empleados judiciales.


Desde el gremio se argumentó que la disposición tomada por la Administración del Poder Judicial en cuanto a la fijación de las fechas – notificadas el pasado 30 de agosto de 2021- afecta al colectivo de los trabajadores y trabajadoras judiciales.


En la presentación realizada por Agepj se puntualizó que el problema fundamental radica en el exiguo plazo desde la publicación hasta la fecha del examen en un contexto que no hace falta explicar que no es normal pandemia mediante. Al respecto se expresó que las y los aspirantes deben contar con un tiempo prudencial de preparación para sortear de la mejor manera esta etapa del concursos puesto que un evento de tamaña trascendencia en la vida profesional y la carrera administrativa de los agentes requiere de la mayor dedicación posible, al tiempo que ello debe coordinarse y compatibilizarse con las cotidianas obligaciones laborales y familiares.
También se señaló que las y los aspirantes que residen en el interior de la provincia, de forma intempestiva, deben sumar, a los inconvenientes mencionados, el planeamiento de un viaje y su estadía en este delicado y peligroso contexto sanitario. En su lugar y garantizando una mayor igualdad de condiciones con eje en el cuidado de la salud de todos y todas, podría idearse con tiempo y en forma planificada que los exámenes para el interior puedan organizarse por departamentos y evitar así el traslado de las y los concursantes del interior hacia la capital provincial.

Finalmente, y en el convencimiento de la entidad gremial en que no existe una razonabilidad en el plazo dado entre la comunicación y la recepción del examen, se solicitó se revea el mismo y se lo amplíe garantizando, como mínimo, un lapso de treinta y cinco días corridos entre los actos mencionados y se brinde una respuesta operativa en forma razonada para las y los aspirantes a rendir del interior de la provincia.

Hoy entraron en vigor las nuevas disposiciones de la Administración del Poder Judicial que aumentan la presencialidad en tribunales. Compañeras y compañeros de la Comisión Directiva de AGEPJ estuvimos controlando el cumplimiento del distanciamiento social, que como lo expresáramos sigue siendo obligatorio y regla directriz para la nueva situación de mayor presencialidad.

Ello porque continúa vigente la resolución N° 152 del 21/07/2021. Esta última dispone que “…la presencialidad en los espacios cerrados de las distintas dependencias del Poder Judicial debe asegurar que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos (2) metros y el resto de medidas de cuidado: como el uso permanente del tapabocas, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies y ventilación de los ambientes”.

En el recorrido se verificó que en algunos edificios se mantiene el sistema de rotación y burbujas debido a que las dimensiones de las oficinas no permiten una presencialidad total, lo cual demuestra sensatez en el marco de la presente situación epidemiológica que por más que haya avanzado enormemente el proceso de vacunación no deja de ser crítica.

AGEPJ continuará verificando, mientras se mantengan vigentes las actuales disposiciones sanitarias. En los lugares donde se presenten críticas o incumplimiento se denunciará la situación en resguardo de la salud de las compañeras y compañeros. Además de ello, apelamos a seguir utilizando las herramientas del teletrabajo para compatibilizar las obligaciones laborales con las tareas de cuidado debido sobre todo a que las escuelas aún no han recuperado presencialidad plena.

 

El conflicto laboral que afecta a las oficinas del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que se ocupan de las notificaciones judiciales continúa sin resolverse. En la asamblea del día 27 de agosto pasado las trabajadoras y trabajadores resolvieron por unanimidad continuar con el reclamo y ante la negativa de la patronal intensificar la protesta sumando una hora más de paro por turno.


El conflicto se originó por el reiterado incumplimiento por parte del TSJ de la ley provincial 9.807 que establece que quienes cumplen la función de notificador, notificadora o ujier deben tener el cargo de jefe de despacho mayor. Dicha renuencia del empleador a cumplir con el mandato legal es lo que habilita legítimamente a disponer las medidas de fuerza.

El Secretario Adjunto de AGEPJ Adrián Valán expresó que: “Es verdaderamente indignante y lamentable que el Tribunal Superior continúe sin dar respuesta al legítimo reclamo del sector. Estamos demandando ni más ni menos que el Superior Tribunal cumpla con una ley que ellos mismos propiciaron se sancionara, lo cual de su parte es el colmo de la incoherencia.

Ante la publicación en el día de la fecha 30/08/21, un lunes distinto a los días de la semana previstos para la publicación de novedades por Ac nro. 184 del 09/03/2021 (que reza: “las notificaciones y avisos se publicarán los días martes y jueves”), respecto de la fecha de los concursos para aspirantes a cubrir cargos jerárquicos en distintos fueros del Poder Judicial de Córdoba; la AGEPJ repudia lo precipitado de la selección de las fechas para dichos exámenes por parte del TSJ.

Desde hace tiempo venimos planteando el alto nivel de angustia y desorganización que genera la extensión en el tiempo respecto de la incertidumbre de las fechas, bregando por garantizar alguna planificación al respecto que logre darle previsibilidad a los compañeros y compañeras para organizar su estudio, vidas familiares y tareas laborales.

Sin embargo, lejos de ese objetivo, hoy se publica en forma intempestiva una fecha para tan solo de 18 días de anticipación para los fueros Penal, Penal Juvenil, Ejecución Penal Y Auxiliar Colaborador del interior y menos de 25 días para el resto de los fueros.

No menos relevante y preocupante es la situación en la que se pone a los compañeros y compañeras del interior que desean rendir. En el marco de una pandemia mundial en la que se recomienda bajar la circulación, hoy el TSJ les exige virtualmente a aquellas personas que, en menos de 18 días, compren pasaje, se trasladen, paguen alojamiento y rindan en ese marco. En su lugar y garantizando una mayor igualdad de condiciones con eje en el cuidado de la salud de todos y todas, podría idearse con tiempo y en forma planificada que los exámenes para el interior puedan organizarse por departamentos y que el personal de administración sea el que se traslade a esas ciudades.

El vacío de información institucional genera que ocurran las desopilantes situaciones como las vividas la semana pasada con las noticias falsas circulando en la planta. La falta de previsibilidad en una institución pública como el Poder Judicial también exige pensar y preguntarse de qué forma se organiza el gasto público judicial, ya que se adquirió un software privado para la toma de exámenes virtual sin que a la fecha se sepa cómo ni para qué situación se va a utilizar. Todo ello va en contra de la claridad en las reglas que debe primar en un proceso de concursos públicos.

Como entidad gremial siempre bregamos y seguiremos sosteniendo la bandera de los concursos públicos y transparentes y que el acceso a cargos jerárquicos se de en base al cumplimiento de un estricto orden de mérito vigente. Sin embargo, lamentamos que las actuales directivas del TSJ en la materia redunden en criterios poco planificados y anticipados. Por ello, presentaremos una impugnación a lo informado hoy solicitando se posterguen las fechas determinadas y se dé una respuesta razonable al reclamo de los compañeros y compañeras del interior.


La Doctora en Derecho y Especialista en Derecho de Familia por la UBA,  Marisa Herrera felicitó a las trabadoras y trabajadores judiciales de Córdoba por la conquista que significó la reciente aprobación del protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género que comenzará a regir en la justicia Provincial.

Cabe recordar que el Gremio de judiciales presentó el 8 de marzo de 2019 al Tribunal Superior de Justicia un proyecto de protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral y de género. El 19 de Agosto de 2021 finalmente aprobó el instrumento y lo plasmó en la Acordada  1706 Serie A del 8/06/2021.

Marisa Herrera destacó fundamentalmente “la construcción absolutamente colectiva del protocolo ya que fue consensuada con la participación de los principales actores y actrices que se ven interpelados por la violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial Provincial”.  Además sostuvo que este tipo de iniciativas son herramientas concretas que “ayudan a profundizar la mirada de género en el Poder Judicial y en especial en los ámbitos de trabajo”. Concluyó.

 

Creemos que es necesario reiterar esto porque como entidad sindical hemos detectado, que hay funcionarios que parecen interpretar la resolución N° 1712 del 20 de agosto pasado  como una carta blanca para convocar a todo el personal obviando la resolución N° 152 del 21/07/2021. Esta última dispone que “…la presencialidad en los espacios cerrados de las distintas dependencias del Poder Judicial debe asegurar que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos (2) metros y el resto de medidas de cuidado: como el uso permanente del tapabocas, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies y ventilación de los ambientes”.

 

Con ese juego de normas vigentes apelamos a la sensatez de los funcionarios y/o magistrados a cargo de la convocatoria de equipos de trabajo. El llamado a “la mayor presencialidad posible” se debe interpretar correctamente convocando solamente a la cantidad de personal que permita mantener el distanciamiento en el espacio de trabajo y articulando con los trabajadores y trabajadoras, de manera que la asistencia a los lugares de trabajo pueda ser compatibilizado con la organización familiar, puesto que el Sistema educativo casi integramente aun se encuentra funcionando bajo la modalidad de burbujas.

AGEPJ advierte que si esa sensatez no se verifica y se incumple la norma sanitaria se denunciará tal situación, como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Instamos a las compañeras y compañeros a seguir denunciando estas irregulares situaciones allí donde se presenten.

El Salario no se toca

Es necesario también enfatizar el total rechazo a la disposición de la patronal que amenaza asignar compulsivamente la licencia sin goce de sueldo a quienes hayan decidido no vacunarse. En los hechos esto implica la obligación de vacunarse aun cuando la OMS no lo recomienda, y autoridades sanitarias aun no dispusieron que así sea.

Es sabido que nuestra organización, ha tomado posición en cuanto a que la vacunación es la única salida posible a la pandemia en curso. Es así que ha solicitado reiteradamente la inmunización de todo el personal, lo cual se consiguió tempranamente, con el concurso de las autoridades del MPF para los cuerpos operativos de Policía Judicial. No se trata sólo de una declamación  puesto que la totalidad de la Comisión Directiva Provincial se aplicó la vacuna, al igual que la inmensa mayoría de la planta del Poder Judicial. Además, año tras año nuestro sindicato realiza un gran esfuerzo para inmunizar a sus afiliados y afiliadas contra la gripe, cuya campana participa de los mismos objetivos socio-sanitarios  de proteger la salud de la población.

En esta línea creemos que hay que profundizar la concientización y explicación sobre los efectos positivos de la inmunización, apelar a la persuasión o medidas de estímulo positivo más que la coerción contra quienes aún no dieron el paso, convenciéndolos de que se trata de una cuestión de solidaridad social.

Rechazamos esa medida y aún sin estar de acuerdo con la posición individual de quienes optan por no inmunizarse el gremio está a disposición de dichos afiliados o afiliadas para canalizar sus planteos administrativos a la patronal.