La Comisión Directiva de AGEPJ en su sesión de ayer 10/08/2022 declaró el estado de Alerta y Movilización por la reconversión que el empleador realizará de 40 cargos pertenecientes a la planta de la carrera judicial para producir el nombramiento de 40 prosecretarios en el fuero civil de capital con el objeto de implementar la oralidad en el proceso civil.

Dicho cambio de destino de los cargos de planta trae consecuencias perjudiciales para la evolución de la carrera judicial de empleados y empleadas ralentizando su avance y lo que también es grave provoca menor cantidad de pases a planta para las compañeras y compañeros contratados. En efecto, la medida de los 40 nuevos prosecretarios tiene directa relación con que durante este año no hubo aún tanda de ascensos ni pases a planta.

En ese marco AGEPJ le reiteró al empleador  se determinen de manera urgente ascensos y efectivizaciones con los cargos vacantes, que proporcione la información pública sobre que cargos de la planta de empleados planean reconvertir para transformar en prosecretarios y que en el proyecto de presupuesto a elevar se incluya la restitución de los cargos perdidos. Gestión esta última que AGEPJ por su parte también ha iniciado ante la legislatura provincial.

Respecto a la política subyacente, la declarada intención del empleador de implementar una modernización al proceso civil, nuestro sindicato como organización de la sociedad civil deja en claro que está de acuerdo con la oralidad en el proceso ya que ello, entre otras cosas agiliza el trámite, permite la inmediatez del juez con la causa, empodera al justiciable que tiene un conocimiento más acabado de su situación procesal y facilita la conciliación entre las partes. Sin embargo nuestra organización se haya sumamente preocupada por la forma en que dicha reforma se piensa aplicar siendo que su principal falencia, la falta de presupuesto para ejecutarla acarrea como se dijo consecuencias negativas sobre el derecho a la carrera administrativa consagrado por la constitución provincial para las empleadas y empleados del Poder Judicial. Además de estafar las legítimas expectativas de compañeras y compañeros que han rendido concursos de oposición y antecedentes manteniéndolos en la precaria situación de contratados.

Otra cuestión que como actoras y actores diarios y principales de la labor tribunalicia nos hace dudar de los resultados esperados por la reforma planteada es que existe en el Poder Judicial una masiva y extendida práctica de “delegación de tareas” a través de la cual el funcionariado y la magistratura “descargan” en la planta la ejecución de tareas que por ley les corresponde a aquellos. En efecto, esta lamentable práctica en el marco del nuevo esquema planteado provocará mayor atraso del existente ya que se verá reducida la planta de personal para llevar a cabo un cúmulo de tareas siempre creciente.
Otra cuestión importante que nuestra organización se permite señalar, en base a su presencia en todas las sedes judiciales de la provincia es que el empleador no ha valorado adecuadamente las prioridades y necesidades concretas de la provincia en materia de demora de causas, sobrecarga de trabajo y ausencia de personal. Hay en este punto un gran olvido del interior provincial, ya que es allí donde estas falencias se ven con mayor urgencia y necesidad, potenciadas por la modalidad multifueros. Es en ese interior profundo, con sedes desbordadas por la cantidad de tramites a resolver diariamente donde urge reforzar en materia de personal a los fines de llevar a cabo el creciente volumen de causas, principalmente en aquellas áreas que abordan los conflictos de violencia, familia, laboral y niñez. Esto porque no deberían únicamente ser las causas patrimoniales las que reciban la mayor atención, sino sobre todo aquellas donde se dirimen con una urgencia aplastante, los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente quienes se encuentran alejados de las grandes urbes. Todo esto sin haber hecho referencia al viejo reclamo de mejorar la situación edilicia que afecta a varias de las sedes provinciales.

AGEPJ repudió la resolución de la administración sobre los recursos por retroactivos de 2019 que cierra la vía jurídica de su reclamo y exigió su pago.

El Poder Judicial comenzó a contestar los “pronto despacho” presentados por las y las judiciales por la falta de pago de los retroactivos correspondientes al aumento otorgado a partir de noviembre de 2019. Lo está haciendo de manera negativa desconociendo la vía administrativa elegida. Plantea en la contestación, invocando jurisprudencia totalmente adversa a todas y todos los trabajadores del estado que debió haberse planteado “recurso” dentro de los 10 días de publicados los recibos de haberes y no un reclamo administrativo como efectivamente se hizo.

Después de un gran trabajo de organización en toda la provincia, dichos reclamos fueron iniciados por alrededor de 1000 compañeras y compañeros judiciales durante 2020 cuando se nos debían 7 retroactivos del año 2019. Luego de la presentación y medidas de fuerza efectuadas se pagaron sucesivamente 5 retroactivos. AGEPJ planteó que se está ante una bochornosa situación donde el empleador reconoce la existencia de la deuda pero a través de una resolución dice “no te voy a pagar por un argumento formal”.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que “En una sucesión de actos sumamente cuestionables, en primer lugar el estado, a través de uno de sus poderes –el judicial- otorga un aumento salarial a través de una resolución que aún está vigente, luego, en segundo lugar el mismo Estado a través de otro poder –el ejecutivo- decide no pagar lo que corresponde; y en el último acto cuando se hace el reclamo correspondiente, el Poder Judicial que había otorgado el aumento, convalida que el Poder Ejecutivo decida sin dar ningún tipo de explicación, no pagar los retroactivos derivados de ese aumento, desconociendo el principio republicano de división de poderes.”

En tanto que la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli agregó que “en una nueva arbitrariedad el Poder Judicial está cerrando la vía jurídica para reclamar los retroactivos que nos corresponden ya que considera que las y los judiciales debimos haber presentado recursos en 2019, casi en los mismos momentos que estábamos ocupando el salón de pasos perdidos en defensa del sistema salarial que tanto nos costó conseguir. Consideramos que independientemente de este cierre de los reclamos administrativos el Poder Judicial tiene que cumplir su obligación natural y política y abonar los retroactivos de 2019 que el mismo reconoce deber. Es lo que esperamos todas y todos los judiciales.