Ante la difusión de información sobre la intención de la provincia para efectuar un recorte salarial sobre las trabajadoras y trabajadores del sector público provincial el gremio de Judiciales de Córdoba expresa que rechaza enfáticamente dichos planes. Es inadmisible cargar sobre las trabajadoras y trabajadores el peso de esta crisis sanitaria con un recorte salarial cuando ya venimos soportando un atraso salarial frente a la inflación de los años anteriores. Es más, sumado al atraso salarial a las y los judiciales se nos debe salario desde fin del año 2019 y en lo que va del 2020 ello no ha sido cumplido. No se nos ha abonado aún el 10 % de aumento al básico establecido a partir de diciembre con los correspondientes retroactivos. Tampoco han sido pagados los retroactivos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y proporcional de aguinaldo por el aumento del 10 % de noviembre que recién comenzó a percibirse en febrero de 2020. Todo ello configura una deuda con cada empleada y empleado judicial de más de medio sueldo.

Sumado a ello nuestro sector está cumpliendo la tarea que le toca en la prestación del servicio de justicia en medio de la pandemia de coronavirus. Es así que las unidades judiciales, los cuerpos operativos de Policía Judicial, personal médico, de equipos técnicos y tribunales de turno están funcionando en toda la provincia coadyuvando al funcionamiento del Poder Judicial y exponiéndose a un eventual contagio. Las trabajadoras y trabajadores judiciales no le sacamos el cuerpo a la responsabilidad social que nos toca asumir en esta penosa e inédita situación en el país y en el mundo, al igual que lo hacen tan dignamente los trabajadores de la salud y la policía en el sector estatal. Pero también somos sostén de familias y no podemos seguir soportando el ajuste en personal y la deuda salarial que arrastramos, como ya dijimos desde el año pasado, y que en esta situación se torna aún más injusto para con nosotras, nosotros y nuestras familias.

Conforme lo venía solicitando el sindicato- y se hizo público el pasado sábado 21 de marzo por nota periodística de La Voz del Interior- hoy miércoles 25 de marzo el MPF formalizó la creación de una Unidad Fiscal sólo para causas con presos que se ubicará en el edificio de Tribunales dos que en principio, estaría gestionada exclusivamente por Magistrados y Funcionarios.

En diversas comunicaciones dirigidas al MPF se expresó que las causas con presos son el principal motivo –por su tiempo de tramitación- que provoca una gran aglomeración de personas en las unidades judiciales a espera de poder radicar su denuncia. Por ello, con esta medida se disminuirá sensiblemente el tiempo de espera y por ende la presencia de muchas personas en las Unidades Judiciales, aligerando también el desempeño de las empleadas y empleados de las unidades judiciales.

Se rescata la decisión de las máximas autoridades del MPF de avanzar en esta decisión que convoca al servicio a magistrados y funcionarios, tomando nota de la sobrecarga de trabajo que las compañeras y compañeros sumariantes están padeciendo. Con ello se corrige el despropósito de que hasta ahora, en el fuero penal casi las únicos y únicas que ponen el cuerpo a la crisis sanitaria son sumariantes.

Lamentablemente la Resolución 13/20 de Creación de la Unidad Fiscal Inmediata, que tramitará las causas con persona aprehendidas deja fuera de esta operatoria a la Unidad Judicial de Delitos Especiales (Jefatura) y Unidad Judicial del Polo Integral de la Mujer. No parece lógica y explicable tal determinación ya que asisten para estas unidades judiciales y sus trabajadores y trabajadoras las mismas razones por las cuales oportunamente AGEPJ pidió la medida. Por tal motivo, hoy mismo inmediatamente conocida la resolución la Comisión Directiva solicitó al MPF la rectificación de dichas exclusiones y reiteró el pedido de cumplimiento en las dependencias judiciales de las medidas de bioseguridad dispuestas en el protocolo del ministerio de salud de la provincia para organismos con atención al público. Solicitud que abarca también a los cuerpos operativos de Policía Judicial que siguen realizando las tareas más duras y penosas asistiendo a los hechos de violencia urbana que no cesan aún en medio de la pandemia.