AGEPJ denunció públicamente el nombramiento irregular –ya que no aprobó el concurso correspondiente- de la abogada Marcela Carrera como Secretaria de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno. También desde el gremio hemos puesto en conocimiento que la funcionaria en cuestión se encuentra denunciada, por malos tratos contra sus empleados y empleadas habiendo incluso dejado sin su fuente laboral a un compañero violando todas las normas de estabilidad laboral que lo protegían.

 

AGEPJ sostiene que es inadmisible que el Tribunal Superior de Justicia designe en un cargo de tal magnitud a una funcionaria que, mientras se desempeñó como Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial de Accidentología Vial de esta ciudad, fue denunciada en reiteradas oportunidades, tanto por los propios empleados y empleadas como por la Asociación Gremial, por tener un trato humillante para con los agentes, a quienes se dirigía de forma agresiva, burlesca y ridiculizándolos en público en cada oportunidad que tenía. Las diversas situaciones de abuso de poder, maltrato, violencia verbal y simbólica fueron señaladas a la Dirección de Policía Judicial en su oportunidad, sin haberse obtenido respuesta alguna. Con posterioridad y a raíz de pedidos de pases masivos desde esa unidad judicial, de amenazas por parte de esta funcionaria de desvincular a personas que se encontraban contratadas -sin estabilidad laboral- y de constatarse secuelas en la salud psicofísica de los trabajadores y trabajadoras que sufrían hace años la violencia laboral allí desplegada, se efectuó la formal denuncia ante el TSJ quien habría derivado la cuestión a la oficina de Sumarios de la institución habiéndose abierto la correspondiente investigación.

 

Pero en la actualidad, no sólo que la Dra. Carreras no fue apartada de su cargo mientras durara la investigación (como corresponde hacer ante estos casos) sino que profundizó el maltrato hacia los trabajadores y trabajadoras como represalia por la denuncia y hoy es “premiada” por el Tribunal Superior al designarla “a dedo” para un cargo superior, para el cual no ha demostrado la idoneidad suficiente. Un detalle que merece ser valorado, es que Carreras es hija de un ex vocal del TSJ, por lo que podría interpretarse este gesto como un accionar más de corporativismo judicial que siempre está exento del cabal cumplimiento del derecho. Vale destacar que en el futuro, la funcionaria va a desempeñarse en una fiscalía cuyo objeto es la investigación de los delitos contra la integridad sexual, siendo estos una de las mayores expresiones de violencia contra las personas, para lo cual se requiere de mucha especialización y por sobre todo empatía para comprender la gravedad de los hechos, nada de lo cual pareciera abundar en Carreras.

El Secretario General de Agepj Federico cortelletti expresó que “Repudiamos la actitud del Tribunal Superior de Justicia de premiar a una funcionaria judicial con un cargo de mayor jerarquía, para el cual no ha aprobado el concurso correspondiente y ante quien pesan sendas denuncias por maltrato laboral. Es inadmisible este accionar de la patronal que al no haber apartado a Carreras de su lugar de trabajo luego de la denuncia, permitió que la violencia laboral continúe y se profundice. No sólo no combaten la violencia laboral, sino que además son cómplices de ella.”

El Secretario Adjunto Adrian Valan Sostuvo que  «Desde Agepj se hace responsable al Tribunal Superior de Justicia por el doble discurso que mantiene ante la problemática de la violencia, existente tanto dentro del Poder Judicial como en la sociedad toda. Es una gran incongruencia pensar que se puede brindar un efectivo servicio de justicia a las víctimas que acuden a los tribunales, cuando puertas adentro se sostiene y se premia a funcionarios violentos, desoyendo a las personas afectadas por este flagelo, desconociendo toda la normativa legal sobre la materia y no atacando al problema desde la raíz, que no es otro que un entramado institucional históricamente atravesado por la violencia laboral desde las altas jerarquías que ha permitido la naturalización de prácticas humillantes y denigrantes para con sus trabajadores y trabajadoras.»

La Prosecretaria de Cultura y Capacitación de Agepj Agostina Noccioli sostuvo que: “Resulta insostenible que en un contexto donde la sociedad tiene el ojo puesto en el sistema judicial por su falta de respuestas efectivas ante la problemática de la violencia de género, internamente se proteja a funcionarios y magistrados violentos y peor aún se los recompense con cargos de mayor jerarquía, nada más y nada menos que para abordar delitos de violencia sexual, para lo cual, claramente, no cuentan con la idoneidad suficiente. Es urgente que la cabeza del Poder Judicial asuma un compromiso serio para erradicar todos los tipos de violencias, reclamo que tanto la organización sindical de sus trabajadores/as y la sociedad toda viene haciendo hace mucho tiempo.”