El conjunto de gremios estatales, entre los que se encuentra AGEPJ envió nota al gobernador referida a las cuestiones previsionales y del seguro de salud APROSS que afectan al sector público provincial. Se efectuó además un pedido de audiencia.

En concreto, en lo previsional los gremios exigieron el fin del diferimiento salarial que pesa sobre el cobro de jubilaciones y pensiones de la caja provincial, elevación de la base salarial para aumento de aportes y tomar la mínima previsional (pesos 230.000) para el descuento del 20 por ciento a quienes cobran, de acuerdo a la ley vigente una jubilación y una pensión.

En tanto que en lo atinente al seguro de salud APROSS se reitera la oposición y se pide eliminación del denominado «FOSAET», que se continúe utilizando el índice de variación salarial del sector público para actualizaciones ( y no el IPC ) y se cumpla con lo acordado sobre la normalización progresiva de prestaciones y atención por parte de APROSS.

Las y los profesionales psicólogas, trabajadoras sociales y psiquiatras del poder judicial de la provincia reclaman el reconocimiento de su responsabilidad profesional ya que, al igual que funcionarios y magistrados “firman” sus informes y requieren para ello la matrícula profesional habilitante.

Las profesionales de los Equipos técnicos del Poder Judicial comenzaron el pasado lunes 10 de junio retención de tareas en reclamo por el reconocimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, de la responsabilidad de su tarea. La retención se continuará toda la semana de no mediar respuestas favorables y consiste en la no realización de las tareas propias del sector por 2 hs. cada día, de 12 a 14 hs.
El reclamo data de mediados de los años 90 y nace a raíz de una desigualdad estructural que se generó en perjuicio de los y las profesionales que ingresan a trabajar en los Equipos Técnicos de toda la provincia. Para ingresar al Poder Judicial a los equipos técnicos se les exige, además del concurso público de oposición y antecedentes como la gran mayoría de la planta, acreditar el título habilitante, matrícula profesional vigente, experiencia en el ejercicio profesional y conocimiento y formación especializada. Teniendo en cuenta los requisitos formales de postulación, las y los profesionales de los equipos técnicos ingresan con una edad promedio de 30 años como peritos oficiales al mismo agrupamiento administrativo que el resto de la planta jurisdiccional, a quienes actualmente solo se les exige tener aprobado el 40% de la carrera de abogacía, quienes ingresan con menos de 25 años. Eso a la larga genera que la mayoría de profesionales del sector no llega con el cargo más alto a la edad jubilatoria.
Pero, además, los equipos técnicos realizan tareas que conllevan responsabilidad por la firma en sus pericias. Pueden recibir sanciones graves por ejemplo por incurrir en mora injustificada en el desempeño funcional, retacear colaboración, no brindar diligencia debida, y no guardar el debido secreto profesional, como así también se prevé la posibilidad de ser excusadas y recusadas, conforme las normas de procedimiento en la materia tal como sucede con quienes integran la magistratura.
El encuadramiento profesional de los equipos técnicos viene reclamando desde hace años un escalafón o estructura administrativa propia, acorde a las funciones y responsabilidades que asumen las profesionales, como así también el reconocimiento económico por la responsabilidad de la firma de los informes, dictámenes y pericias.
El Secretario Gremial de AGEPJ Adrian Valan expresó que “ya es hora que el Poder Judicial ponga fin a la discriminación que sufren las compañeras de equipos Técnicos y se avance en el reconocimiento del carácter profesional de sus tareas.”
En tanto que Alejandra Raya, integrante de la comisión directiva de AGEPJ y referenta del sector agregó que: “Ante las dilaciones del empleador en ofrecer soluciones a nuestro legítimo reclamo o siquiera constituir una mesa de negociación sectorial hemos iniciado medidas de fuerza que van a resentir el servicio.”