Desde la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) informamos que continúa sin resolución la investigación sumarial iniciada a partir de la denuncia presentada por nuestro gremio en octubre de 2024 contra la fiscal Isabel Reyna, titular de la sede de Bell Ville.

La denuncia impulsada por AGEPJ documentó conductas graves y sostenidas en el tiempo, entre ellas malos tratos, amenazas, comentarios ofensivos y expresiones discriminatorias hacia trabajadoras y trabajadores judiciales. Asimismo, se señalaron manifestaciones gordofóbicas, xenófobas y situaciones de maltrato hacia personas que acudían a la Fiscalía como usuarias del servicio de justicia.

En la causa dieron su testimonio empleadas y empleados judiciales, funcionarias/os e incluso abogadas y abogados que fueron víctimas y testigos de sus conductas, porque su accionar se extendió desde el personal de ordenanzas hasta magistrados.

Han transcurrido más de dieciséis meses desde la presentación formal, y a la fecha —marzo de 2026— aún no existe una resolución definitiva.

El trámite permaneció durante meses en la Fiscalía General a la espera de dictamen, y recién en esta etapa se encuentra pendiente de resolución final por parte del Tribunal Superior de Justicia. Esta dilación resulta inadmisible frente a la gravedad institucional de los hechos denunciados.

Durante todo este tiempo, la magistrada continuó en funciones dentro de la oficina. La situación fue de tal magnitud que debió trasladarse a prácticamente la totalidad del personal, ante la imposibilidad de sostener condiciones mínimas de convivencia laboral. Sin perjuicio de la necesaria y oportuna intervención del Equipo Interdisciplinario de prevención de Violencia Laboral, quien acompañó a las personas afectadas mientras se tramitaba el sumario.

Desde AGEPJ reiteramos que la violencia laboral no puede naturalizarse ni relativizarse, menos aún cuando proviene de quien ejerce una función de conducción. La demora en la adopción de decisiones también impacta en la calidad institucional y en la confianza de quienes trabajan y de quienes acuden al servicio de justicia.

Esperamos que el Tribunal Superior de Justicia dicte una resolución ejemplar, acorde a la gravedad de los hechos acreditados, y que se envíe un mensaje claro: en el Poder Judicial no hay lugar para la violencia, el maltrato ni la discriminación.

AGEPJ continuará acompañando a las personas afectadas y sosteniendo el reclamo hasta que exista una definición.

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), a través de su Secretario General, Federico Cortelletti, presentó una nota formal al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Dr. Domingo Juan Sesín, solicitando una reunión institucional de inicio del año judicial 2026.

El pedido tiene como objetivo establecer una agenda de trabajo común que permita abordar de manera integral la situación salarial, previsional y las condiciones laborales de las y los trabajadores judiciales, en un contexto signado por la pérdida sostenida del poder adquisitivo y el impacto de la reforma previsional.

Desde AGEPJ se planteó como eje central el cumplimiento integral del acuerdo de equiparación salarial, incluyendo los porcentajes pendientes, la compensación del incremento de aportes personales dispuesto por la Ley Provincial N° 11.087 y la definición de plazos y modalidades concretas de implementación. El sindicato reafirmó que la equiparación constituye una herramienta estructural de defensa del salario, indispensable tanto para trabajadores activos como para jubiladas y jubilados judiciales.

Además de la urgencia salarial, AGEPJ propuso avanzar en una agenda institucional que incluya:
• Medidas vinculadas a la Carrera Judicial como herramienta complementaria de recomposición salarial (adelanto de la permanencia, completar los ascensos para toda la planta, participación en Tasa de Justicia).
• Regulación estable del teletrabajo o modalidad híbrida de trabajo, con criterios de voluntariedad, derecho a la desconexión y provisión de equipamiento.
• Abordaje de la sobrecarga y el estrés laboral.
• Participación y control gremial en la reformulación de las nuevas formas de organización del trabajo que se prevean a partir de TGAs, procesos de automatización y/o de incorporación de nuevas tecnológicas. Ampliación y creación de licencias de cuidado
• Mejora de infraestructura, insumos y herramientas institucionales de trabajo.
• Implementación de horario flexible.
• Descentralización territorial de los exámenes jerárquicos.
• Situación de Jueces y Juezas de Paz.
• Institucionalización de espacios de diálogo periódico con actas y seguimiento de compromisos.
• Puesta en funcionamiento del Observatorio previsto en el Protocolo de Violencia Laboral y de Género.
• Creación del Comité Mixto de Salud Laboral de Policía Judicial.

Desde AGEPJ venimos sosteniendo una agenda gremial intensa que no se interrumpió en la feria en reclamo por la reforma previsional y exigiendo recomposición salarial. La reunión con el TSJ constituye una instancia propicia para consolidar canales formales de diálogo institucional y anticipar conflictos en un escenario económico particularmente complejo.

El jueves 19 de febrero, el Gremio de judiciales de Córdoba adhirió al Paro General Nacional contra la reforma laboral convocado por la Confederación General del Trabajo. El viernes 20 se decretó también un paro provincial a partir de las 10.00 con movilización junto a todos gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones para la presentación del amparo colectivo contra la Ley 11.087. El paro provincial es en defensa de los derechos jubilatorios y salariales y para exigir al Gobierno provincial la derogación de la misma.

Con un muy alto nivel de acatamiento, los gremios de Córdoba protestaron este jueves 19 de febrero contra el proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. Sobre la avenida Vélez Sarsfield, frente a la Casa Histórica de la Confederación General del Trabajo (CGT), numerosos gremios se dieron cita para compartir una concentración en el marco del paro general contra la reforma laboral del gobierno nacional.

La concentración en la ciudad de Córdoba y en otras capitales del país estuvo marcada por la ausencia de colectivos en las calles debido a la adhesión nacional de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA).

El próximo viernes 20 de febrero se realizará un paro provincial de empleadas y empleados judiciales a partir de las 10:00 sin retorno. La medida de fuerza es en defensa de los derechos jubilatorios y salariales para exigir al Gobierno provincial la derogación de la jubilatoria 11087. AGEPJ junto a los gremios aportantes a la caja realizaremos una movilización conjunta para la presentación de un amparo colectivo. Dicho amparo es una de las estrategias de lucha que venimos llevando adelante los gremios aportantes y los respectivos equipos jurídicos, articulando esfuerzos gremiales y legales para consolidar un plan de acciones común frente al ajuste previsional.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti afirmó “Las trabajadoras y trabajadores estamos demostrando en las calles la unidad y organización para rechazar tanto en el plano nacional como provincial todas las iniciativas, leyes y proyectos que bajo distintos eufemismos intentan esconder lo que verdaderamente significan: recortes de derechos y ajustes que impactan de lleno en nuestras familias trabajadoras, quitándonos derechos adquiridos que han llevado  décadas de lucha y esfuerzo colectivo de todo el movimiento obrero argentino”.

Por su parte Adrián Valán Secretario Gremial de AGEPJ expresó “El próximo viernes 20 las trabajadoras y trabajadores judiciales volvemos a parar y movilizarnos contra la mal llamada ley de “Equidad Jubilatoria”. Presentaremos junto a los gremios aportantes a la caja un amparo colectivo. Esta acción judicial es parte de una estrategia gremial integral para defender los derechos previsionales y laborales de trabajadoras y trabajadores activos/as y jubilados/as frente al ajuste del gobierno provincial.