Las compañeras y compañeros sumariantes de la Unidad Judicial de Villa Dolores suspendieron el pasado 13 de noviembre las medidas de fuerza que venían llevando adelante desde el 19 de octubre. La decisión se adoptó luego que la Fiscal Adjunta Betina Croppi se hiciera presente en la unidad judicial constatando en persona el grave estado edilicilio del edificio y se reuniera con empleados, empleadas y las autoridades de AGEPJ Villa Dolores Pablo Sabas y Fernanda López.

Ante el requerimiento gremial la representante del MPF se comprometió a mejoras paulatinas y planificadas de la cuestión edilicia, a la incorporación de más personal policial (que en el interior realizan las tareas de sumariantes), a la incorporación del rol de orientación judicial al público y al establecimiento de pautas de trabajo coordinadas con las fiscalías y Juzgado de Violencia Familiar en cuanto a las tareas específicas que corresponden realizar dentro de cada ámbito para no sobrecargar a la unidad judicial con tareas correspondientes a otros ámbitos.

La delegación Villa Dolores, en particular las empleadas y empleados de la unidad judicial continúan en alerta con la expectativa del cumplimiento de los compromisos asumidos, valorando positivamente la actitud de diálogo de la Fiscal Adjunta.

 

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AGEPJ participó del control del desarrollo de las entrevistas de diferentes concursos para Coordinación de Equipos técnicos tanto de capital como del interior. Lo hizo a través de las veedoras gremiales, compañeras Alejandra Raya, Lucia Bonafe, Andrea “Negra” Machado, Fernanda López, Romina Carandino, Laura Almada y Patricia Bernardi. Las mismas, integrantes de Comisión directiva, delegadas de capital e interior y afiliadas, participaron como veedoras de las distintas entrevistas que se desarrollaron para evaluar a las y los postulantes para los cargos de Coordinación de Equipos Técnicos y para el cargo de Pro Secretario/a Administrativo/a de Servicios Judiciales.

Estos concursos cristalizan una demanda histórica de nuestro sindicato ya que se trata de un pedido de larga data del sector. Desde su creación, los equipos técnicos del Poder judicial, con pocas excepciones han carecido de este tipo de instancias que garantizan un fortalecimiento institucional para el área. Además, en esta oportunidad y por primera vez se llevaron a cabo también concursos para Coordinaciones de equipos del interior provincial. Es así que se concursaron cargos de coordinación para los equipos técnicos de Bell Ville, Marcos Juárez y Cura Brochero (convocatoria Ac. Nro. 594), de San Francisco., Morteros, Las Varillas y Arroyito (convocatoria Ac. Nro. 592), de Alta Gracia, Cosquìn y Carlos Paz (convocatoria Ac. Nro. 591) y de Villa María y Oliva (convocatoria Ac. Nro. 593). Ello en un marco donde los equipos técnicos del interior son quienes ostentan más necesidades tanto de logística, personal, infraestructura y seguimiento por la sencilla explicación que con ligeros cambios mantinenen su conformación orgánica histórica frente a una creciente demanda generalizada a través de los años.

AGEPJ celebra estas instancias y continúa bregando por fortalecer el sector y obtener el reconocimiento profesional por firma, como sucede en la gran mayoría de los Poderes judiciales del país y el llamado a concurso para ingresantes en los equipos.

Luego de varias semanas de reclamos de los gremios estatales a la obra social provincial esta se comprometió a solucionar diversos problemas de atención e incluso impuso sanciones a empresas prestadoras y profesionales efectores. No obstante la alerta gremial continúa ya que hay varios reclamos pendientes de solución. Habrá nuevas instancias de negociación al respecto.

En reunión con los gremios aportantes a la obra social, el directorio de APROSS se comprometió a brindar soluciones respecto a una serie de problemas que se vienen planteando desde semanas previas. Específicamente se trata de los puntos relativos a:

1. Atención en la Unidad Sanatorial Hospital Raúl A. Ferreyra y Anexo.

2. Denuncias a prestadores, institucionales, de acceso directo y médicos de staff.

3. Cobertura en odontología.

4. Provisión de tiras reactivas.

Respecto al Hospital Ferreyra se toman una serie de medidas que son a) aplicar una multa de 1.500.000 pesos al Hospital Privado (encargado de la gestión del Ferreyra), decidió aplicar una multa al hospital, b) reducción de los tiempos de otorgamientos de turnos para especialidades hasta un máximo de 45 días corridos, c) incremento de profesionales para atender especialidades médicas y guardia, d) atención de especialidades e imágenes los días sábados y e) reparaciones y refuncionalizaciones edilicias varias.

Respecto a las denuncias a prestadores por cobros de plus indebidos o montos que no corresponden para efectuar prestaciones médicas se decidió rescindir el contrato con las clínicas Chutro, Del Salvador, Córdoba e Instituto médico Río IV y con una lista de 12 profesionales médicos de diversas especialidades.

Respecto a odontología se informó que las prestaciones debidas a las y los profesionales se encuentran en proceso de pago para ser abonadas en los tiempos contractualmente pactados.

Por último respecto a la provisión de tiras reactivas la misma se encuentra regularizada hasta noviembre 2023 estando en curso una negociación de la obra social con la industria farmacéutica para la provisión subsiguiente.
Los gremios solicitaron respuesta referida a 1. Servicio de médico a domicilio, 2. Plazos de pagos de reintegros por hogarizados y 3. Actualización de vademécum medicamentos ambulatorios que serán abordados en nueva reunión a realizarse próximamente.

El gremio de  judiciales de Córdoba informa que se firmó un convenio con la Cooperativa Horizonte con el objetivo de brindar a las afiliadas y afiliadas un sistema de acceso a la vivienda propia. Este convenio permite además la construcción de vivienda en lotes propios.

La Cooperativa Horizonte se fundó en 1982 en Córdoba Capital, arrancando de cero, basándose en un Sistema de Vivienda Registrado exclusivamente autofinanciado por sus Asociados. En la actualidad celebra su 41º Aniversario con 18.000 viviendas adjudicadas mas un Segundo Plan Bienal por 3.131 viviendas más.

Horizonte opera a endeudamiento cero y con importantes reservas, lo cual elimina riesgos ante sobresaltos de la economía. Una Cooperativa que lleva 41 años construyendo para los Asociados sin problemas económicos ni técnicos que, a lo largo de su historia fue creciendo en eficiencia, confianza pública y en resultados visibles hasta convertirse en la mayor experiencia nacional en Vivienda Social autofinanciada.

Horizonte compra insumos, fracciona y urbaniza tierras, auto-produce materiales, construye viviendas y también elabora numerosos productos y servicios de uso interno. Todo ello administrando aportes del Asociado, quien es a la vez el legal propietario de la Institución y el destinatario de las viviendas. En suma, es el verdadero protagonista de la Cooperativa quien elige a sus autoridades adoptando las principales decisiones y controlando todo tipo de balances y cuentas en las Asambleas, anualmente o en cualquier momento.

También puede controlar la construcción de su propia casa. La Cooperativa publica periódicamente, a través de los medios masivos, los precios a los que está comprando para que éstos puedan ser controlados y/o mejorados por proveedores y Asociados. Además, y conjuntamente con los interesados, pueden recorrer regularmente en Visitas Guiadas la Planta Fabril, tierras disponibles y fracciones.

 

 

El gremio de Judiciales de Córdoba le solicitó al Tribunal Superior de Justicia otorgar la distinción de “Héroes de Malvinas” a los empleados judiciales que se desempeñaron como combatientes en las islas durante el conflicto armado que enfrentó a nuestro país con el Reino Unido desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982.

Asimismo el gremio solicitó la construcción en el nuevo Polo Judicial de un memorial reivindicatorio de la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Como fundamento el gremio plantea seguir los lineamientos de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y la ley 20561 de reafirmación de los derechos soberanos sobre las Malvinas, islas y sector antártico.

El Secretario General de AGEPJ Federico Cortelletti expresó que: “No sabemos cuándo, pero tenemos la certeza que nuestro pueblo argentino va a recuperar en algún momento la soberanía sobre Malvinas e islas del Atlántico Sur que hoy, en pleno siglo veintiuno todavía se encuentran bajo un estatuto colonial.”. “Hay muy pocos argentinos que en un lamentable espectáculo minimizan las legítimas reclamaciones argentinas y hasta enaltecen a criminales de guerra como Margareth Tatcher, la responsable del hundimiento del crucero general Belgrano y muerte directa de 323 jóvenes durante el conflicto de 1982, en cambio como gremio estamos orgullosos de ser parte de la corriente abrumadoramente mayoritaria del pueblo que mantendrá vivo el reclamo hasta conseguir la plena soberanía nacional.


A su vez la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli sostuvo que: “La causa de Malvinas no es materia opinable sujeta a posibles vaivenes políticos hay un claro mandato constitucional que impone un compromiso político al pueblo Argentino y a sus gobernantes, sean del color político que sean de mantener el reclamo de soberanía sobre Malvinas.”, “Específicamente estamos solicitando al tribunal superior que siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional y leyes inferiores se sume al Poder Judicial a ese reclamo por soberanía.”

En tanto que el Secretario Gremial Adrián Valán expresó que: “Es imprescindible que las empleadas y empleados judiciales sepan y conozcan que tenemos compañeros que fueron combatientes en Malvinas. Nunca se ha efectuado ese reconocimiento dentro del Poder Judicial y a 40 años de recuperada la democracia y 41 años del conflicto bélico tenemos que saldar esa deuda. Nuestros compañeros son verdaderos héroes y pedimos ese reconocimiento público por parte de uno de los tres poderes del estado como lo es el judicial.”

 

El gremio de Judiciales de Córdoba realizó el pasado jueves 9 de noviembre una nueva acción gremial pública con el objetivo de visibilizar ante la ciudadanía de Córdoba la lucha por la declaración de insalubridad en los cuerpos operativos de Policía Judicial. Este reclamo ya tiene mas de 30 años.

En esta ocasión se llevó adelante una Asamblea y se realizó una proyección audiovisual artística sobre la fachada del emblemático edificio de Tribunales I a cargo del reconocido artista audiovisual Gabriel Orge. Esta intervención artística pública narró con imágenes y sonidos el reclamo de las trabajadoras y trabajadores de policía Judicial. Fue expuesto a todo el público desde las 19:30 hasta las 21:00 horas.

El gremio sostiene que la defensa de la salud de las trabajadoras y trabajadores es constitutiva de su estrategia político-sindical, por ello la declaración de insalubridad para los cuerpos operativos de Policía Judicial es una de las principales banderas de lucha..

 

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Federico Cortelletti Secretario General de AGEPJ sostuvo: “Venimos exigiendo al Ministerio de Trabajo de la Provincia que declare la insalubridad de las tareas que realizan los cuerpos operativos de Policía Judicial. Los lugares del hecho en los que las trabajadoras y trabajadores recolectan las pruebas que son llevadas luego a la justicia condensan toda la violencia de nuestra sociedad: crímenes, femicidios , suicidios, accidentes, etc., son la tarea cotidiana y un entorno laboral que sin lugar a duda afecta la salud psicofísica de las y los trabajadores”

Gabriela Arribillaga prosecretaria de agrupamientos especiales expresó : “El objetivo de la proyección audiovisual fue mostrar a la ciudadanía las tareas que realizamos día a día las trabajadoras y trabajadores de Policía Judicial que en gran parte son desconocidas por la sociedad en general. Creemos que el arte es una potente herramienta de lucha para conseguir derechos y poder llevar a la opinión pública los fundamentos principales de nuestro reclamo gremial por la declaración de insalubridad. Una lucha que ya lleva mas de 30 años.”

 

Finalmente Adrián Valán Secretario Gremial de AGEPJ afirmó: «Las acciones gremiales para exigir la declaración de insalubridad para policía judicial han sido innumerables, paros, movilizaciones, retención de tareas. En esta oportunidad estamos reclamando de otra manera para que la sociedad sepa cuales son las tareas que realizan las y los trabajadores que deben lidiar día a día con la violencia más extrema de nuestra sociedad. Está comprobado científicamente y debidamente acreditado en el expediente abierto en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, el fuerte impacto que estas tareas producen en la salud psicosocial de nuestros compañeros y compañeras.”

AGEPJ participó en la audiencia pública para el presupuesto 2024. La intervención estuvo a cargo del Secretario General Federico Cortelletti y la Secretaria Adjunta Agostina Noccioli. El planteo se estructuró en tres ejes: Carrera, infraestructura y salarios. A modo de síntesis no exhaustiva respecto al primero se hizo centro en el pedido de efectivizaciones para el pase a planta de todas y todos los contratados y el respeto al derecho a la carrera administrativa consagrado en la constitución provincial.

Referido a la infraestructura AGEPJ ponderó el amplio listado de obras que se encuentran en ejecución en el interior provincial pero lamentó que se hayan frenado los procesos licitatorios de los edificios para Dean Funes y Alta gracia. Respecto a Villa María se manifestó que una remodelación no resolverá los problemas estructurales que esa sede tiene, sino que es necesaria también la construcción de un edificio nuevo. Referido a dicha ciudad se hizo público el apoyo de su nuevo intendente electo Eduardo Acastello hacia nuestro gremio expresando adhesión a la legítima aspiración de contar “con un edificio que cumpla con la normativa vigente y no ponga en peligro la vida y la salud de los y las trabajadoras y los vecinos y vecinas que transitan diariamente por allí.”
En tanto que sobre salario se volvió a plantear la responsabilidad de la legislatura en el mantenimiento de la situación de doble estándar salarial hacia dentro del Poder Judicial con la atribución de la equiparación al sector de funcionarios y magistrados habiendo dejado fuera a las empleadas y empleados.

El Secretario General  de AGEPJ Federico Cortelletti, refiriéndose a la equiparación salarial expresó que “Es imposible de justificar, a más de una década de sancionada la ley, que se siga sosteniendo una inequitativa distribución de la masa salarial hacia dentro del Poder Judicial. Se tiene con nuestro sector una deuda que es necesario comenzar a saldar.”

En tanto que la Secretaria Adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó, referida a la situación de contratadas y contratados que es “imperioso que desde los Poderes del Estado se envíe una señal inequívoca a la sociedad de no seguir profundizando la precarización en el trabajo. En ese sentido debe haber una fuerte previsión presupuestaria para que en 2024 no exista más esa categoría de trabajadoras y trabajadores dentro del Poder Judicial.”

 

AGEPJ denunció hechos de violencia y discriminación en la UJ de Carlos Paz y la Oficina de Sumarios del TSJ dispuso un severo llamado de atención a los dos Ayudantes Fiscales de la misma, la orden de realizar cursos de capacitación en materia de gestión y la recomendación de que sean trasladados a otra sede judicial.

El 15/08/2023 AGEPJ le informó a la Presidencia del TSJ que en la Unidad Judicial de Carlos Paz se venían sucediendo hechos “de suma gravedad funcional catalogables como violencia laboral por parte de los Ayudantes Fiscales Maximiliano Edgar Maldonado y Betiana Beatriz Bettini”. En esa presentación, el sindicato hizo mención de “prácticas humillantes hacia el grupo de trabajo” en donde “en particular, Maldonado acostumbra a dirigirse a los sumariantes desde el maltrato, con gritos y con tratos discriminatorios”, en connivencia con un comisionado policial; y que Bettini también trasladaba órdenes con gritos, malos tratos u hostigamiento a empleados y empleadas. Estas prácticas sostenidas, habían creado “un clima de trabajo muy particular, en donde se trabaja con miedo por parte de los y las sumariantes”, “generando en los y las afectadas notables afectaciones a su autoestima y bienestar.”

A raíz de esta presentación, como primera medida se ordenó el traslado del comisionado que también ejercía violencia a compañeras y compañeros de trabajo y luego se inició en la Of. De Sumarios una investigación preliminar la que, luego de tomar testimonios, el 26/10/2023 se resolvió con celeridad “I) Efectuar un severo llamado de atención a los Sres. Ayudantes Fiscales de la Unidad Judicial de Carlos Paz, Dres. Maximiliano Edgar Maldonado y Betiana Beatriz Bettini a fin de que, en lo sucesivo, extremen los recaudos en orden al trato  y manera de conducirse respecto del personal bajo su dependencia y con quienes comparten la órbita laboral, a fin de lograr un ambiente de trabajo respetuoso y armónico que posibilite la labor diaria. Ello, bajo apercibimiento de iniciárseles las correspondientes actuaciones disciplinarias. II) Los funcionarios deben realizar cursos (…) dentro del plazo de seis (6) meses, a fin de lograr la no repetición de las conductas que ameritan el presente severo llamado de atención. III) Sugerir al Sr. Fiscal General (…) que tenga a bien a disponer el pronto traslado de los Ayudantes Fiscales (…) a otra sede distinta a la de Villa Carlos Paz”.

Cabe resaltar que existían desde hace un tiempo, varios indicadores de violencia laboral como por ejemplo el alto índice de pedidos de traslados por parte de los sumariantes, como así también manifestaciones sobre lo que sucedía en dicha dependencia. Ante ello como gremio venimos sosteniendo que existen lugares dentro del ámbito judicial con estructuras de trabajo más vulnerables hacia la violencia que otras y las Unidades Judiciales son una de ellas. Es por ello que la actitud preventiva y alerta de los organismos de seguimiento de personal – específicamente el área de RR HH – debieran ser más estrictos y constantes frente a este panorama. Son aspectos que ya se han advertido en anteriores denuncias de mucha gravedad también y que el propio Protocolo ordena.

Además de la actitud preventiva, desde AGEPJ ya solicitamos al MPF que instrumente el traslado que recomienda la Of. De Sumarios de los Ayudantes Fiscales para desarticular la complicidad y connivencia mutua y evitar que en un futuro inmediato estas prácticas hostiles se reediten. Seguimos sosteniendo que es fundamental un trabajo coordinado de todas las áreas del Poder Judicial y que actúen articuladamente en el mismo sentido para erradicar la violencia laboral existente.

Integrantes de la Comisión Directiva de AGEP continúa realizando un recorrido por diferentes Unidades Judiciales. El objetivo principal es relevar las condiciones de trabajo y edilicias en las mismas.

Además en cada edificio se entregaron a las nuevas afiliadas y afiliados los compendios de Normas Penales elaborados por la editorial “Judiciales Córdoba Ediciones” de AGEPJ.